EL FRACASO Y MALA UTILIZACION DE LA LO 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

La Ley Orgánica 1/2004 modificó, entre otras cosas, el Código Penal, en concreto, sus arts. 83, 84, 148, 153, 171, 172, 468 y 620. Pues bien, esta Ley no sólo ha resultado ineficaz para erradicar los maltratos y asesinatos en el ámbito doméstico, sino que se ha convertido en un instrumento utilizado por algunas mujeres para imponerse o someter a sus parejas.

En el tiempo que llevo de pasante, he podido comprobar lo desafortunado que ha sido la reforma, que no sólo no consigue reducir el número de muertas, sino que ha judicializado de manera innecesaria el ámbito privado de la familia, en el que las disputas conyugales han traspasado el ámbito del Juzgado de Familia y han echado raíces en el Derecho penal. En efecto, tal y como ha quedado redactado el Código Penal (por cierto, empieza a ser aconsejable un nuevo Código Penal que ponga sentido a la proporcionalidad de las penas), ha dado pie a que sea utilizado por algunas mujeres que maltratan psicológicamente a sus parejas que, aunque las acaben denunciando por maltrato psicológico o agresiones físicas, tanto a él como a familiares suyos, no son capaces de reiterarse en la vista; o también hay casos de que, siendo inocentes, son condenados por maltrato de obra, sin causar lesión alguna, por su sola declaración ella ante el Juez.

Las modificaciones efectuadas por el legislador han sido totalmente desafortunadas y totalmente inútiles, como ya mencioné, en la lucha contra la violencia de género, sólo hay que ver los datos de las asesinadas en este año. Como ejemplo de todo esto, está en que la LO 1/2004 ha convertido en delitos lo que antes eran faltas, como la falta de maltrato de obra (art. 617 CP), se han convertido en delitos cuando se circunscribe al ámbito familiar. La diferencia en las penas previstas salta a la vista para cualquiera: mientras que la falta de maltrato es castigada con una pena de arresto de 3 a 6 fines de semana o multa de uno a dos meses (si se fija la cuantía diaria en 10 € , el total es de 600 €); en cambio, si la víctima es esposa o mujer que hubiera estado ligado sentimentalmente al agresor, la pena es de 6 meses a un año de prisión (no cumpliría pena prisión conforme al art. 80 del mismo texto legal) o de 31 a 80 días de trabajo para la comunidad; y sin son personas referidas en el 173.2 (familiares o cónyuges o persona con la que conviva) , pena de prisión de 3 meses a un año o trabajos de 31 a 80 días. Pero, en cambio, no se ha modificado en nada los delitos de homicidio y asesinato con sus respectivas penas de prisión de 10 a 15 años y de 15 a 20 años, al menos no hay nada al respecto en los artículos 33 a 42 de la LO 1/2004.

Por otra parte, no cabe duda alguna de que las alteraciones efectuadas por la susodicha Ley resultan del todo contrarias al art. 14 de la Constitución que prohíbe la discriminación, entre otros supuestos, por razón de sexo, sin obviar que esto cambios van en contra del principio del Derecho Penal que es el de proporcionalidad, pero este pecado ya se venía acarreando con las sucesivas modificaciones de la legislación penal.

Lo que se debería hacer, sobre todo para ser eficaz en la lucha contra la violencia de género, es, en lugar de judicializar la vida familiar, contar con la colaboración responsable de todos los sectores sociales. Por ejemplo, los medios de comunicación deberían tratar de otra manera los asesinatos de mujeres, eliminando, sobre todo, el sensacionalismo del que se desprende en sus informaciones; y, sobre todo, asesorarse a través de juristas, tanto abogados penalistas, jueces o fiscales con experiencia, que conocen la realidad jurídica del fenómeno. Porque, sin el adecuado asesoramiento, se llegan a transmitir a la opinión pública informaciones inexactas, como aquel caso en el que un Tribunal sentenció que 70 puñaladas no constituían ensañamiento. De conocerse lo estipulado en el apartado 3º del art. 139 que dice que hay ensañamiento cuando se aumenta deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima, se sabría que las puñaladas que se dé a un cádaver no constituye ensañamiento. Pues bien, sin haber conocido lo preceptuado en el vigente Código Penal, se procedió a un linchamiento público contra los magistrados. Y así ejemplos como el de una famosa, de esas que frecuentan los programas del corazón, que acudió a un plató de TV para denunciar que iba a ir a la cárcel por no poder satisfacer una responsabilidad civil. En este último caso lo que dijo ese personaje es radicalmente falso, sobre todo teniendo en cuenta lo dispuesto por en el art. 35 del Código Penal, que raza del siguiente modo: “son penas privativas de libertad la prisión, el arresto de fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa”. Lo que sí puede ser es que haya sido condenada, como es bastante previsible, lo digo sin conocer los autos, a una pena de multa, a parte de la responsabilidad civil. Lo que esa persona debió pensar al pagar la multa era que la pagaba, pero dicho pago, sin previa satisfacción de la responsabilidad civil o las costas del juicio, se computa a éstos últimos antes que a la multa, conforme a la regla dispuesta en el art. 126 de dicho Código. Pues todo ello, hace que los ciudadanos piensen que la realidad judicial es la que incorrectamente aparece en los medios de comunicación, favoreciendo que los maltratadotes decidan acabar con la vida de sus parejas.