DESPUES DE TODO, AHORA GARZON SE INHIBE

El Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Baltasar Garzón, dictó Auto de fecha de ayer, por la que, entre otras cosas, declara extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento de Franco y otros muchos más, y se inhibe a favor de los Juzgados de Instrucción de los partidos judiciales donde radican las fosas comunes. Con este Auto, que consta de 152 páginas, se pone fin a todo el esperpento que ha montado el magistrado, y de paso intenta sacarle los colores al Fiscal Zaragoza, que fue el que le ha impedido ser recordado en los libros de Historia como el que consiguió desenterrar a García Lorca. Otra justificación no se me ocurre.

Este Auto, que le eché un vistazo rápido, salvo algunas partes, que leí con más detenimiento, sólo tiene una justificación, y no es otra que salir del lío en el que se había metido antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictase un Auto revocatorio, como ya se intuía cuando se ordenó paralizar unas excavaciones. De esta manera, al inhibirse en favor de los Juzgados de Instrucción mencionados por el Auto de Garzón, el objeto del recurso de la Fiscalía decae. No tiene sentido ya que la Sala de lo Penal lo resuelva. Y si no hay revocación, es difícil sostener ninguna denuncia contra Garzón por un presunto delito de prevaricación judicial, art. 446 del Código Penal.

¿Por qué pudo haber cometido un presunto delito de prevaricación judicial? Para empezar, por haberse declarado competente, y así consta expresamente en su Auto de 16 de octubre de 2008, cuando no lo era. Además el mismo se contradice de manera palmaria, cuando ahora se inhibe y más cuando él afirma que se estaban practicando diligencias de aseguramiento de pruebas. Pero más contradictorio aún es cuando previamente declara su competencia en virtud del art. 65.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el que establece la competencia de la Audiencia Nacional), puesto que el Alzamiento se produjo para acabar con la forma de Gobierno establecida en 1936. Si era competente cuando dictó Auto de 16 de octubre, lo es ahora; si no lo era, después de haber practicado las diligencias de aseguramiento, se tenía que haber inhibido antes.

Si esto no fuera poco, Garzón no tuvo reparo en saltarse la Constitución española, la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, que establece, en su art. 9.3, la garantía, entre otras, de la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. Además, por mucho que alegue el Derecho Internacional, bien claro es el art. 95 que dice "La celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional." Este precepto deja bien claro que la Constitución es superior a cualquier Tratado Internacional, que, para que pueda aplicarse éste último es necesario la reforma de aquél. Ademas si fuera inferior, esta declaración constitucional sobraba por el principio de jerarquía normativa, aparte de que sería un fraude democrático porque, para modificar la Constitución, exige unas mayorías cualificadas y procedimiento complejo, en cambio, para adoptar un Tratado Internacional, es suficiente que las Cortes lo autoricen. Así que las normas internacionales anteriores a nuestra Constitución, tienen dos opciones, una aplicar la disposición derogatoria de nuestra Carta Magna; y, la otra, interpretarlas de tal manera que encajen en nuestro ordenamiento jurídico.

Tampoco quiero aburrir con una disertación doctrinal, ni tampoco quiero contestar el largo y prolijo Auto de Garzón, por lo que, junto a lo manifestado en artículos precedentes, mi opinión sobre este asunto ha quedado suficientemente clarificada. Sólo añadir que la culpabilidad de Garzón no se ciñe sólo en lo anteriormente expuesto, sino en crear a las familias de las víctimas, cuyos restos están enterrados en las fosas comunes, unas expectativas falsas, que les va a llevar, a buen seguro, a una profunda decepción. Y esto sí que es lamentable.


Artículos precedentes:
Garzón se declara competente
¿Hasta cuándo Garzón?
Análisis jurídico sobre las medidas de Garzón

ANALISIS JURIDICO SOBRE LAS MEDIDAS DE GARZON

Si ayer critiqué a Enric Sopena y María Antonia Iglesias, hoy toca analizar la decisión de Baltasar Garzón sobre dar trámite a querella, según dicen los medios de comunicación, presentada por un familiar de una víctima de la guerra civil. De esta manera, a ver si somos capaces de dejar la fiesta en paz y volvemos a los problemas actuales y, sobre todo, se despolitiza de una vez por todas.

Para empezar, como cuestión principal a resolver, es la de determinar la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción (mal llamado Audiencia Nacional aunque, junto con los Juzgados Centrales de lo Penal, es la que juzga las causas instruidas por estos Juzgados) para instruir causas por los crímenes cometidos durante la guerra civil, para su posterior enjuiciamiento, o si, como alguno dice, sirve para elaborar listas de fallecidos y de su posterior identificación. Sobra decir que la única misión de cualquier Juzgado de Instrucción, ya sea de cualquier partido judicial, o ya sean los centrales, es averiguar la comisión de un delito y de su autor o autores, para que, una vez recabadas todas las pruebas, se remitan al Juzgado o Audiencia competente para que se juzguen a las personas que, antes de la apertura de juicio oral, han sido acusadas. Cualquier otra actuación que no vaya encaminada a lo anteriormente expuesto es incumplir con sus obligaciones.

A priori, sin otro pronunciamiento más, serían los Juzgados de Instrucción los competentes de investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil. Pero, ¿deberían ser los de cada partido judicial o los centrales? Independientemente de su calificación, ni siquiera el de lesa humanidad, el competente es el Juzgado de Instrucción de lugar en donde se cometieron los hechos, puesto que no ha sido legal y expresamente atribuido su enjuiciamiento a la Audiencia Nacional, véase el art. 65 Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otro lado, existen otros dos aspectos más que hay que mencionar. El primero de ellos, es que nunca se podría juzgar a ningún responsable vivo de los crímenes cometidos en aquella época por prescripción de los delitos, puesto que la calificación de delitos imprescriptibles de los delitos de genocidio es a partir del Código Penal 1995 y, a partir de 2003, "los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso". Y, como expliqué en anteriores ocasiones, nuestra Constitución prohibe la retroactividad de las normas sancionadores, penales o administrativas, desfavorables. Y el segundo aspecto es el de que existe una Ley de indulto de 1977, que, por cierto, no tuvo Garzón ningún reparo en aplicar para archivar una querella contra Carrillo.

Todo esto hace que Garzón, por interés personal, junto con un claro deseo de ayudar a Zapatero, se haya saltado la Ley a la torera. Personalmente creo que personajes como éste hacen un tremendo daño a la judicatura, especialmente a esos jueces que cumplen con su obligación y, por tanto, deberían ser expulsados de la carrera judicial.


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Después de todo, Garzón se inhibe
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¿Hasta cuándo Garzón?

SOBRE SOPENA E IGLESIAS

Si la semana pasada mencionaba, a modo de ejemplo, a La Noria, presentada por Jordi González, esta semana voy a centrarme en esos paradigmas de la sensatez, imparcialidad y decencia, cuyos nombres son Enric Sopena y María Antonia Iglesias, entiéndase la ironía, que participan como comentaristas políticos en dicho programa de T5. Pues bien el pasado sábado, cuando se trataba el asunto de la última garzonada, volvieron a dejar patente su manera de ser que no es otra que, en el caso del primero, levantar la ceja cuan erudito fuera, dándoselas de listo y mirando por encima del hombro a los demás, aparte de ser bastante sectario; en caso de la segunda, se resume en que necesita calmantes en una dosis de caballo, porque no lleva con paciencia que nadie le lleve la contraria.

Tampoco me gusta, por otra parte, la actitud de algunos de los tertulianos, que el presentador denomina de la otra España, por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del primer Gobierno de Aznar, debería decir las cosas con más seriedad. Y sobre todo no interrumpir cuando están en el uso de la palabra otras personas, principalmente porque con qué cara se le puede recriminar a nadie que te interrumpa. Esto no debería ser la aplicación de la ley del embudo, lo más estrecho para ti y lo más ancho para mí.

Como no vengo a analizar los pormenores de las tertulias de La Noria, sino a hablar de Enric Sopena y María Antonia Iglesias, que presume de ser católica, en la tertulia política del pasado sábado. En primer lugar, en consonancia con mi último artículo, han demostrado de manera palmaria que no les interesa las víctimas de la guerra civil más que para levantar un tupido velo sobre asuntos más importantes, como la odiosa crisis económica. Por eso no es de extrañar que el irracional partidismo de la Sra. Iglesias le lleve a caer, no sólo en comportamientos antidemocráticos, como es faltar el respeto a la gente de derechas, sino que además el Estado de Derecho le importa bien poco, como cuando a los argumentos de tipo jurídico Isabel Durán sobre la no competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción, que si esa lista le correspondía hacerla al Gobierno o que si ya archivó una denuncia o querella contra Carrillo alegando la Ley del indulto de 1977, salió como es típico en ella, bramando, arremetiendo contra la derecha y su poca caridad cristiana, cuando lo normal es hacerlo desde el mismo plano. Así que es normal que uno deduzca que para la periodista, a la que tanto debe al PSOE, la Ley puede ser soslayada o infringida cuando interesa.

En cuanto al señor Sopena, destacó por ser un mentiroso o un manipulador cuando seguía con los manidos estereotipos, los buenos de los republicanos y los malos de los alzados. No es que sea un experto en Historia, pero, en COU aprendí cómo se debe estudiar cualquier suceso histórico: unos antecedentes o causas, el desarrollo y, por último, las consecuencias. El defender la tesis del señor Sopena es caer en un reduccionismo histórico en el que unos están ociosos y deciden dar un golpe de Estado. Por eso, para entender la Guerra Civil española hay que conocer sus causas, lo mismo ocurre con la II Guerra Mundial o con la Revolución Rusa. En efecto, en el caso español, las causas de la Guerra civil provienen de los errores cometidos por la clase política española, principalmente por el papel desempeñado por el Presidente del República, Niceto Alcalá Zamora, que estuvo más preocupado por sus intereses políticos que por consolidar el régimen republicano. Para mayor información, recomiendo "El colapso de la República" de Stanley G.Payne.

Para finalizar quisiera insistir en que la Historia en los libros o en la Universidad, no en la arena política, sobre todo para aprender del pasado y no caer en los mismos errores. En cuanto a las fosas comunes, donde están enterrados víctimas de la guerra civil, si sus familiares quieren darle un entierro digno, que lo hagan pero que no se les utilice políticamente.

MUCHA HIPOCRESIA POR PARTE DE ALGUNOS QUE PIDEN EL BOICOT DE LOS JUEGOS DE PEKIN

Ayer en Londres algunos se dedicaron a boicotear el paseo de la antorcha olímpica, como si con ello consiguiesen que el Tibet volviese a ser libre después de 58 años. En primer lugar, ¿no saben que los boicots no sirven para lo que realmente se pretende? ¿Acaso EEUU ha conseguido que en Cuba deje de estar gobernada por el régimen comunista? Sólo han conseguido, gracias al lobby cubano de Florida, que el castrismo se perpetúe. ¿Acaso consiguió la Comunidad Internacional deponer a Franco con aislar a España internacionalmente? Pues tampoco, sólo sirvió para consolidarlo. ¿Son tan ingenuos los que apelan por fastidiar los Juegos Olímpicos de Pekín que creen que de esta manera el Tibet recuperará su independencia? Y si no lo creen, ¿por qué lo promueven? Porque, en todo caso, lo único que van a conseguir es que todos los chinos, incluso la disidencia, apoyen a su Gobierno y, con ello, puedan acabar con un retroceso en los pocos avances que disfrutan.

En segundo lugar, es triste que se acuerden del sometido pueblo tibetano a estas alturas. Tuvo que ocurrir una revuelta para que la conciencia internacional despertara. ¿Dónde estaba la gente cuando el ejército chino ocupó las tierras gobernadas por el Dalai Lama? ¿Por qué esperaron hasta ahora? Y ya que hay un movimiento solidario, cuando tenía catorce años vi en TVE un documental sobre lo que hacía el Gobierno chino con las pobres criaturas a las que los padres se veían obligados a abandonar por la aplicación de la política antinatalista y por eso ¿dónde estaba esa conciencia internacional cuando el Gobierno chino masacraba, con sus políticas antinatalistas, a cantidad de niños, sobre todo niñas, que acaban sus pobres vidas en unos centros públicos atados de pies y manos? ¿Dónde se metieron cuando se llevan vulnerando desde hace tiempo los derechos humanos más elementales?. Al contrario, acabaron, pese a tan "impoluto" expediente, concediendo esos Juegos que algunos, ahora, no quieren que se celebre. Pues, lamento decirlo, demasiado tarde.


Volviendo al Tibet, soy partidario de que recupere su independencia perdida por la invasión de las tropas chinas hace 58 años, pero no estoy en absoluto de acuerdo con plantear boicots, de hecho estoy en contra de todos los boicots, porque producen efectos totalmente contraproducentes. Así que me gustaría que, al respecto, se produjese una reflexión sobre las formas de conseguir un objetivo y, sobre todo, pensemos en no perjudicar, en este caso, al pueblo chino que no tiene la culpa de padecer un régimen dictatorial.