jueves, 28 de abril de 2011

IMAGENES DE LA ETAPA DE LA VUELTA A ASTURIAS POR INFIESTO






Fotos realizadas por el dueño del blog con el Sony Ericsson Vivaz

lunes, 25 de abril de 2011

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA QUE LAS DEUDAS GANANCIALES DEBEN SER ASUMIDAS POR CADA UNO DE LOS CONYUGES AL 50%

Creo que el día de ayer, Domingo de Resurrección, salió en todos los medios una noticia, que para mi no lo es, sobre una Sentencia del Tribunal Supremo en relación a las deudas de la sociedad de gananciales. Esta Sentencia no hace otra cosa que confirmar otras resoluciones, que incluso referí en el escrito de contestación a la demanda en un proceso de divorcio que llevé el año pasado. Bien es cierto que la parte contraria pretendía que mi cliente asumiera íntegramente las deudas de la sociedad de gananciales, pretensión que no la fundamentó en ninguna norma ni en ninguna sentencia. Pues bien, a lo que se pretendía de contrario, repliqué de la siguiente manera:

(...)en tanto en cuanto cada uno de los dos cónyuges tendrán que hacer frente del 50% hasta su completa liquidación, conforme a las reglas establecidas en los arts. 1392 y ss. del Código Civil. Es más, no se debería haber traído a colación a este proceso puesto que no son cargas del matrimonio. Así podemos remitirnos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2008, en referencia a la hipoteca y, por extensión a otros gastos de la misa consideración, que “La hipoteca que grava el piso que constituye la vivienda familiar no debe ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el Art. 90 del C.C ., porque se trata de una deuda de la sociedad de gananciales y por lo tanto, incluida en el Art. 1362, 2ª C.C .", y a dicho pronunciamiento se han acogido, por ejemplo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, dictadas por la sección 1ª el 2 de enero y 26 de febrero de 2010. No obstante, esta parte tampoco se opone a su inclusión siempre y cuando se limite a establecer la obligación de cada una de los cónyuges de sufragar al 50% las deudas generadas constante la sociedad de gananciales.

Alguien podría preguntarse, ya que lo saco a colación, es si logré lo que pretendía, pues le respondo que no sólo logré esto para mi cliente sino algo más difícil para cualquier padre como es la guardia y custodia compartida.

viernes, 15 de abril de 2011

EL CASO MAREA SE TRASLADA A OVIEDO: EL AUTO DE LA AUDIENCIA

En la Operación Marea, con fecha 8 de abril de 2011, la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, revocó el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 que rechazaba inhibirse en favor de los Juzgados de Oviedo. Asimismo acordó rechazar la petición de nulidad solicitada por las representaciones procesales de María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez.

Con respecto a la petición de nulidad, lo rechazan los Magistrados en base a que "... se compartan o no los argumentos de la Juez a quo, hay que decir que su auto está motivado: contiene un relato de hechos que, aunque no detalla el resultado de las investigaciones —por el secreto sumarial declarado para las partes (previsto en el artículo 302, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)—, sí refiere el contenido de la denuncia (...) menciona expresamente los delitos que se investigan —prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales— y expone de forma comprensible y rebatible —como lo demuestran los cinco recursos planteados— las razones jurídicas en las que basa su decisión,...".

En cuanto a la inhibición que rechazó la Juzgadora de instancia, entiende la Sección 8ª que debe conocer los Juzgados de Oviedo porque, después de las investigaciones realizadas por el Juzgado gijones, se averiguaron que presuntamente los delitos que se investigan se cometieron en la capital asturiana. En efecto, "porque de todos los delitos investigados el delito que tiene señalada pena mayor es el de malversación de caudales públicos —hasta 8 años de prisión (art. 432.2 del Código Penal)— y este delito sólo pudo cometerse en Oviedo que es donde tiene su sede la Administración defraudada (El Principado de Asturias), donde trabajaban tres de las personas imputadas (José-Luis Iglesias Riopedre, María-Jesús Otero Rebollada y Marta Renedo Avilés), y desde donde necesariamente se ordenaron los supuestos pagos, por lo que la norma aplicable es la del nº 1 del apartado 1." Además, contra el razonamiento de la Juez a quo, "porque aun en el caso de que un delito de cohecho se hubiera cometido en Gijón —como supone la Juez de instancia— y todos los demás se hubieran cometido en otro lugar de Asturias (no nos consta indicio de que alguno de los delitos investigados se cometiera fuera de esta provincia), el Juez competente lo sería el del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, Oviedo (artículo 80.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ciudad donde además se consumaron los delitos de malversación de caudales públicos (por lo expuesto anteriormente), de prevaricación (porque las supuestas resoluciones arbitrarias e injustas tuvieron que dictarse en Oviedo, sede de la Administración en la que José-Luis Iglesias Riopedre, María-Jesús Otero Rebollada y Marta Renedo Avilés ejercían las funciones propias de sus cargos) y de fraudes y exacciones ilegales (porque las supuestas contrataciones se tenían que autorizar en Oviedo y la supuesta defraudación se tenía que producir en Oviedo, sede de la Administración defraudada)." Estos razonamientos tienen su razón de ser en lo dispuesto en el art. 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"1. Son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

  1. El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.

  2. El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena.

  3. El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero.

2. No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial."

Expuesto lo precedente, hay que tener en cuenta que "Si cuando se iniciaron las actuaciones judiciales, tras la interposición de la denuncia presentada en Gijón por AVF el día 9 de febrero de 2010, conforme al artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 1º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito…”), norma invocada en el auto recurrido, estaba plenamente justificada la competencia del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, pues se desconocía de qué delito o delitos se trataba, dónde se habían cometido, qué personas habían participado, etc.," Por lo tanto, la Audiencia considera que si bien la competencia del Juzgado gijonés estaba fundada al principio, una vez averiguado qué delitos se pudieron cometer, ya no tiene sentido que siga asumiendo la instrucción de la causa, y más teniendo en cuenta los razonamientos anteriormente referidos.

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Artículo relacionado:
LA OPERACION MAREA: PRESUNTO CASO DE CORRUPCION EN ASTURIAS

viernes, 8 de abril de 2011

LA VERDADERA INTENCION DE LOS PLANES "E" Y "A "



Lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir: los Planes E y A fueron creados por los Gobiernos estatal y autonómicos para utilizarlos de manera partidista y electoralista. Y así se demuestra con la foto que he colgado, en el que se ve el cartel del Plan A, que fue colocado justamente hoy en la Plaza del Ganado de Infiesto, porque justamente, después de la convocatoria de las elecciones autonómicas y locales, han decidido empezar las obras. Además de esta obra, van a reurbanizar las calles Covadonga y Pelayo, a cargo del mismo Plan, como se puede comprobar leyendo la noticia de La Nueva España publicada hoy. Por cierto, el cartel colocado en el Orrín (Infiesto), sigue ahí pese a que hace semanas acabaron las obras, aunque hicieron una chapuza puesto que poco tiempo después salió un socavón que tuvieron que asfaltar como se acredita con la siguiente foto:





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martes, 5 de abril de 2011

GARZON PRETENDE ENGAÑAR A LOS ESPAÑOLES...OTRA VEZ

Baltasar Garzón hace unas semanas se ha quitado la careta, y nos ha enseñado lo que le importan realmente la justicia y los derechos humanos al anunciar que va a demandar al Tribunal Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como así se puede comprobar leyendo distintos medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia:

Garzón demanda al Tribunal Supremo ante La Haya (antena 3)

Garzón demanda al Supremo ante Tribunal de Derechos Humanos (La Vanguardia)

Garzón demanda al Supremo en Estrasburgo (El Mundo)

Garzón demanda al Supremo ante el TEDH por vulnerar sus derechos (El confidencial)

Seguramente habrá otros temas de actualidad que pudieran tratarse antes que hablar otra vez de Garzón, y más cuando la noticia que voy a comentar ya ha quedado desfasada, pero considero procedente sacarlo a colación para que los profanos en la materia se den cuenta de que sólo se trata de un engaño más del magistrado. Lamentablemente cada vez tengo menos tiempo para dedicarle a este blog. Pero bueno, yendo al tema, reitero que sólo se trata de un ardiz propagandístico para hacerse la víctima. Pero bien sabe él que no se puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos humanos si no se ha agotado previamente los recursos internos, como así exige el art. 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece como condiciones de admisibilidad:

1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de laresolución interna definitiva.

Y como todos sabemos ni siquiera le han condenado por ninguna de las tres causas, con lo cual no ha podido recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto no se demanda al Tribunal Supremo sino al Estado español. Esto debería ser más que suficiente como para que los creen en Garzón sepan que a él sólo le importa vender su imagen de superhéroe defensor de las causas justas, que, en ese sentido, es un maestro. Y hace tiempo publiqué un dato revelador relacionado con la causa contra el franquismo, como es el hecho de que incoara Diligencias Previas en 2006, pero que, como no le convino seguir adelante en ese momento, lo congeló hasta julio de 2008 (véase Los hechos por los que Garzón será Juzgado).

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