LA HONESTIDAD Y LOS PRINCIPIOS EN LA POLITICA, UN OBJETIVO NECESARIO

Hace unos meses compré, a buen precio, la colección completa de El Ala Oeste de la Casa Blanca, en versión original West Wing, en la que se cuentan las andanzas, aventuras y desventuras, de los miembros que trabajan en el Ala Oeste, desde el propio Josiah Bartlet, como Presidente de los EEUU, encarnado por Martin Sheen, hasta Donna Moss, la Asistente del Josh Lyman, Ayudante del Jefe de Gabinete, Leo McGarry. Una serie entretenida, con buenos golpes y con momentos que te hacen reflexionar sobre la realidad de la clase política, sobre la que ya comenté pasajes de algunos capítulos.

Pues bien, hoy finalicé la sexta temporada, con el visionado del capítulo 2162 votos, en el que Matthew Santos, es nominado como candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos. Creo que la sexta temporada, aunque algunos afirman que la serie perdió calidad a partir de la quinta, cuando Aaron Sorkin dejó la serie, pero sinceramente, he de valorar positivamente las dos últimas por el perfil que le han dado a los candidatos a la Presidencia de los EEUU de los dos partidos, el Republicano y el Demócrata, bien es cierto que es poco creíble, aunque, creo que John Wells creó los personajes interpretados por Alan Alda y Jimmy Smits, Vinick y Santos, para intentar cambiar la manera de hacer política en los EEUU basada en la honestidad de sus políticos.

El primero en entrar en acción fue Matt Santos, un congresista demócrata, que fue Alcalde de Huston, y que decidió dejar la política porque no era capaz de aportar nada más al país, viendo que su plan sanitario era, una y otra vez, saboteado en la Cámara de Representantes, y al que, un Josh Lyman -deseoso por pensar en quién sucedería al Presidente Bartlet, al que su enfermedad, la esclerosis múltiple, agravada por el ritmo estresante del cargo que desempeña, le llegó a sufrir temporalmente parálisis en brazos y piernas cuando realizaba un viaje de Estado a China- vio en el político texano un digno sucesor y al que decide apoyar, dejando su cargo en la Casa Blanca. Santos demuestra ser un candidato de carácter y de principios, que quiere centrarse en hablar de temas que cree importantes para la sociedad, incluso suponiendo, con su plan educativo, ir contra el poderoso sindicato de profesores, aliado tradicional de su partido, y con el que todos los cargos demócratas, se han visto obligado a apoyar; negándose a jugar sucio en las primarias demócratas, pese a que él estaba sufriéndolas de sus rivales, por mucho que su jefe de campaña, Lyman, perro viejo en el mundo de la política le intentaba convencer, aunque con buena intención, de que era necesario hacerlo si quería llegar al cargo; ni tampoco, como se puede ver en el último capítulo de la sexta temporada, a aceptar la táctica de ofrecer lo que querían escuchar los delegados de la Convención Demócrata, para así lograr su apoyo. Tampoco aceptó las presiones de la Casa Blanca para que, con el fin de paralizar el espectáculo que se estaba dando en la Convención, en la que no eran capaces de lograr que uno tuviese los 2162 votos necesarios para la nominación, a fin de que el partido no se viera dañado públicamente, frente a un Partido Republicano que ya tenía hace tiempo a su candidato, para que se retirara de la carrera. Aún así, aprovechando una intervención, por él pedida, ante todos los delegados, dijo que, aunque le habían presionado para insistía en que el partido les pertenecía a ellos. En fin, otra muestra de su carácter y de honestidad, en la que prefería perder que retirarse, ser candidato a Vicepresidente del actual Vicepresidente, Bob Russell, al que no ven capaz de ganar a Vinick, y con la promesa de ser nominado para las siguientes elecciones.

Con un perfil similar, es el del personaje interpretado por Alan Alda, el candidato a la Presidencia de los EEUU por el partido del elefante, Arnold Vinick, que tuvo el valor de defender, en las primarias republicanas, sus principios en Ohio en lugar de defender las subvenciones al etanol, contra la opinión de sus asesores que le insistían, y que tenían preparado un discurso en defensa de este combustible. Posteriormente, cuando fue nominado como candidato republicano, frente a que le aconsejaron hacer un guiño, con el fin de atraerse al electorado más conservador, a uno de sus compañeros de partido, rival en las primarias, y pastor de una iglesia, de ir allí a rezar, dijo ante los medios públicos que por respeto a él no iba a ir a su iglesia para hacer política y pedía a los votantes que no pidan hacer cosas a los políticos cosas en las que no creen, ya que lo conseguirán es que les acaben engañando.

Pues este tipo de comportamientos sería exigible, no sólo a los políticos de los EEUU, sino a los de nuestro país, y para ello debemos exigir a nuestros políticos que nos digan siempre la verdad, no lo que queremos oir. Yo no quiero políticos que vayan haciendo ruta y prometiendo lo que cada uno quiere oir. Yo quiero políticos que tengan principios y que sean capaces de defenderlos, con argumentos, ante cualquier concurrencia. Ya está bien de prometer mantener el mismo estado de las cosas aunque eso sea perjudicial para el país; ya está bien de discursos basados en lo políticamente correcto. En mi opinión, regalar a los oídos a los votantes con promesas para lograr su voto a cualquier costa es faltarles al respeto y una indignidad personal. Aunque el votante que aplauda ese comportamiento no queda tampoco en buen lugar. Me pregunto, por ejemplo, ¿votarían a alguien que dijera, por ejemplo, que lo mejor para Asturias es cerrar la minería y destinar los recursos que quedarían liberados a crear una industria del Siglo XXI? En algún lugar leí que si alguien te engaña una vez, la culpa es de esa persona, si te vuelve a engañar otra vez, la culpa es tuya. Ahí lo dejo.

Por eso, porque creo firmemente en lo que he dicho, y ante continuas peticiones que estoy recibiendo de gente de donde vivo para presentarme en las próximas elecciones, y como, no sé si me ha influido vivir en un ambiente castrense o han sido mis creencias cristianas, por el sentido de servicio que tengo, aceptaré meterme en política pero no a cualquier costa, ni en partidos, ni formaciones políticas cuyas ideas sean completamente distintas a las mías. Tampoco aceptaré ir en ninguna lista con un programa electoral cuyo único objetivo sea conseguir votos orquestando un engaño masivo, ni recurrir al voto del miedo, al voto útil ni a otras artimañas. A este respecto, yo prefiero llevar sólo un punto, pero que ese único punto se vaya a cumplir, que cien puntos y no cumplir ninguno. El objetivo no será ocupar el poder con engaños por muy buenas intenciones que se tengan. Dicho esto, el que quiera contar conmigo ya sabe a lo que atenerse. Si no, me quedo en casa.

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SE BUSCA A QUIROS ESTREMERA, EL ESTAFATORE

Algunos pueden no saber quién es ese señor, el tal Quirós Estremera, pues es un señor, con un considerable patrimonio personal, que lleva muchísimos años haciendo una campaña contra Emilio Botín, por el embargo por parte del Banco Santander de uno de los coches de su considerable colección por no pagar un préstamo que solicitó a la entidad. También se le conoce por cargar contra Gabino de Lorenzo, ex Alcalde de Oviedo, ahora Delegado del Gobierno, por, supongo, no pagar alguna que otra viñeta. Aunque no lo sé, ni me importa. No obstante, el que quiera profundizar más sobre este señor sólo tiene que utilizar el buscador de google y el de YouTube. Yo me niego a hacerle publicidad más allá de lo que este jeta ya ha tenido gratis y a costa de una asociación sin ánimo de lucro, como es la Asociación Vecinal de San Juan de Berbio, con la que se comprometió a abonar 3.400 € para patrocinar la Subida Benéfica a Lozana y que, a día de hoy, no sólo no ha pagado un euro sino que no ha dado señales de vida. 

Este señor que vino a Infiesto con su patrocinio excepcional, y que bien se aprovechó de una asociación vecinal, para hacer, sin ningún tipo de reparo, su campaña mediática contra Botín y el Banco Santander. Y con estas capturas de pantalla, de su propia página web, se puede comprobar con qué desparpajo se aprovechó del patricinio excepcional que prometió a la Asociación Vecinal San Juan de Berbio y que no tiene intención alguna de abonar.

Por cierto, los carteles que se colgaron en Infiesto con sus lemas y consignas anti Botín y Banco Santander, como el que se puede ver con una oficina del Banesto al fondo, fueron sufragadas por la Asociación Vecinal de San Juan de Berbio. Aquí tienen, por otra parte, las declaraciones que efectuó el Presidente de la Asociación en Onda Cero y el comunicado que publicaron en su muro de Facebook:

DESDE LA ASOCIACION VECINAL Y EN BOCA DE SU PRESIDENTE, SE QUIERE DECIR LO SIGUIENTE:

1. Agradecer a todos los Piloñeses su implicación y felicitaciones por el evento que celebramos esta semana pasada.

2. La Asociación Vecinal ha obtenido un beneficio de 400 euros por la celebración de este evento.

3. El Sr. Quiros Estremera, a la hora de abonar su "patrocinio excepcional" como nos obligó a poner, SE DIÓ A LA FUGA CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSIA A LA HORA DE PAGAR. 

4. Gracias a Bar Restaurante La Pérgola, Disfrutastur y otra empresa que prefiere que no digamos su nombre, se ha cubierto los 3.400 euros que ESTE SIN VERGÜENZA nos DEJO SIN PAGAR.

5. Solicitamos a cualquiera de vosotros, que si lo veis, nos comuniqueis donde está repartiendo pasquines con su dichoso camión, ya que nos desplazaremos donde esté, para que ya que llama a Botín ESTAFADOR, sepa que el no queda muy lejos, ya que somos una organizacion sin ánimo de lucro, y que lo que recaudamos es para hacer cosas en nuestra parroquia y hacer la vida mejor a nuestros vecinos.

6. Como Presidente de la Asociación de vecinos, y como hay papeles, pruebas y testigos de este acuerdo, y si en una semana no paga lo adeudado, SE VA A PROCEDER A DENUNCIARLO.

7. Ya estamos con la mente en la Subida a Lozana 2014, este tipo de GENTUZA no va a quitarnos nuestra ilusión de traer gente a Piloña, de hacer cosas, y de que el nombre de nuestra parroquia y nuestro concejo se escuche cuanto más lejos mejor.

8. MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO DURANTE ESTE PRIMER FIN DE SEMANA DEL MOTOR EN PILOÑA.

SAN JUAN DE BERBÍO SE MUEVE, PILOÑA SE MUEVE!!! AHORA A APOYAR EL DESCENSO DE PILOÑA!!

 El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el que iba de víctima del pirobanco, ha quedado en evidencia como un sinvergüenza y un caradura que se aprovecha de quien sea para hacer lo que le viene en gana. A este señor le aconsejo que dé la cara y abone lo que debe, porque, de lo contrario, si así lo desea la Asociación, seré su peor pesadilla, porque le perseguiré legalmente hasta que abone el último céntimo que adeude a la Asociación más intereses legales y daños y perjuicios causados.

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SOBRE EL AUTO DE IMPUTACION DE LA INFANTA CRISTINA Y EL RECURSO DE LA FISCALIA

Con respecto al recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 3 de abril de 2013, dictado en la Pieza Separada nº 25 (caso Noos) de las Diligencias Previas 2677/2008 del Juzgado de Instrucción nº 3, creo que debería, en mi opinión, salvo opinión mejor fundada en derecho, desestimarse por la Audiencia Provincial de Baleares, por los motivos que expondré más adelante. Pero quisiera comentar, como elemento ajeno a lo estricamente jurídico, que el recurso hace un daño incalculable a la Corona, ya que está dando la sensación de que el Rey ha llamado al Gobierno, y éste al Fiscal General del Estado para evitar que la Infanta Cristina declare como imputada. Y eso está calando, con más fuerza, que la justicia no es igual para todos. Y si, al final, lograse la Fiscalía su propósito, el descrédito de la Administración de Justicia sería prácticamente irreparable, y, en cuanto a la Casa Real, me temo que tendrá que acabar con la abdicación del Rey en favor del Príncipe Felipe porque el crédito de Su Majestad acabaría completamente agotado. Pondría a Su Majestad en la tesitura de salvar a la Corona o mantenerse firme dando munición a los republicanos, que están, por cierto, creciendo en número.

En cuanto, a lo estritcamente jurídico, creo que el Fiscal llega a cometer errores de estudiante de Derecho, dicho sea con el respeto que me merece, como pretender meter en esta fase del procedimiento el principio acusatorio. En primer lugar, porque la decisión tomada por el Juez para citar como imputado a alguien no precisa de petición realizada por ninguna parte acusadora. En efecto, ya que las normas que regulan el Procedimiento Abreviado nada disponen al respecto y el art. 385 LECrim., dispone que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o querellante particular, hará que los procesados presten declaración cuantas veces sean necesarias. Y para procesar a alguien, el art. 384 del citado cuerpo legal, no empece que el Juez lo acuerde de oficio cuando exista algún indicio criminal contra la persona a la que se va a procesar.

Además a tenor de lo dispuesto en los arts. 780 y ss. de la Ley rituaria, cuando el Juez considera que la instrucción ha finalizado, dará traslado a las partes acusadoras, incluidas, por supuesto, el Ministerio Fiscal para que, y ahora sí, propongan la apertura de juicio oral, soliciten el sobreseimiento que corresponda, o, de manera excepcional, soliciten la práctica de alguna diligencia complementaria. Pero esta fase aún no ha llegado en la pieza separada de referencia. Y no me parece procesalmente descabellado imputar a otra persona, mediante Auto de procesamiento, por cierto, contra lo habitual en la práctica forense, ya que, salvo la imputación inicial en Auto de incoación de Diligencias Previas en la típica resolución estereotipada que vale para un roto y para un descosido, se lleva a efecto mediante providencia, como en este caso, 

Además me parece, cuanto menos que imprudente, anticiparse a lo que las acusaciones particulares, y más obviando que fue una de las acusaciones particulares las que, en su momento, solicitó la imputación de la Infanta. ¿Qué le hace pensar al Fiscal que esta misma acusacion solicitaria el sobreseimiento con respecto a ella?

En cuanto a la existencia de indicios, tampoco me voy a aventurar demasiado ya que sólo cuento de lo que Fiscal y Juez han exteriorizado en sus escritos, que son los que tienen acceso a los 42.000 folios, junto con las otras partes personadas, y, por eso, me ceñiré a los datos que obran en dichos escritos. 

Como primer elemento a tener en cuenta, el reproche que el Fiscal le hace al Juez de tener en cuenta los indicios que previamente le había servido como para no atender la petición realizada por Manos Limpias de que se la imputase, sería acertada si sólo se limitase a reproducir los mismos. Pero el Juez a los anteriores hay que añadirle cinco nuevos indicios. Estos nuevos indicios puede perfectamente hacer cambiar su opinión. Por eso creo que su crítica es desafortunada.

Por otra parte, el Fiscal, sorprendentemente, pretende elevar a la imputación a la categoría de condena. Lo que contraviene claramente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido me acuerdo de una Sentencia del Tribunal Supremo que explicaba que los indicios y pruebas que no tienen la suficiente fuerza como para desvirtuar la presunción de inocencia son suficientes como para que sobre esa persona se abra juicio oral. Y, por supuesto, menos exigencia probatoria se precisa para imputar a alguien, que, como ya se ha acreditado anteriormente, sólo basta con una providencia de un Juez. No olvidemos que la imputación sirve para que se pueda comparecer en el Juzgado a los efectos de garantizar sus derechos constitucionales de defensa. Por eso, en muchas ocasiones, muchos ciudadanos son imputados judicialmente en base a una denuncia formulada por cualquier persona y, después de declarar ante el Juez, se sobresee la causa con respecto a él. En el caso de la Infanta Cristina, creo que le conviene poder hablar en el Juzgado y desvirtuar todos esos indicios que pesan sobre ella. Si al final no declara porque la Audiencia estimase el recurso, ante la opinión pública ya estaría condenada, sin poder defenderse de lo que se acusa. Y eso me parece, no sólo injusto, sino un linchamiento público.

Dicho esto, me resulta difícil que la Infanta Cristina no conociera los manejos de su esposo, Iñaki Urdangarin, y, partiendo de esa base me parece extraño que no se desligase de las empresas en las que participaba. Porque, una cosa es que pueda conocer lo que estaba haciendo su marido, cuyos hechos no está obligada a denunciar como cónyuge es, y otra cosa es seguir participando, jurídicamente cooperando (art. 28.b CP), permitiendo que su marido se aproveche de que la Infanta perteneciera a Noos. No es lo mismo que el Instituto Noos tenga en su Junta Directiva a la Infanta Cristina y a García Revenga, como asesor de la Casa Real, que sólo al marido de la Infanta Cristina.

Por cierto, resulta extaño que el Fiscal no recurriese la imputación de García Revenga, ya que sobre éste expone que no acreditado que Iñaki Urdangarin tuviera un trato de favor de las Administraciones Pública. Sería bueno que explique cuál es la diferencia.

Por último, antes de acabar, no quisiera obviar, con las prevenciones ya realizadas, que el hecho de que la Infanta se aprovechase de los hechos delictivos cometidos por su marido, entre ellos, adquiriendo un piso, pudiera constituir un delito encuadrado, según el Código Penal vigente, en la época en la que creo que se cometieron los hechos, en la receptación y conductas afines.

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LA DOCTRINA PAROT Y EL TEDH

Ante la posible ratificación mañana por el Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de su primera Sentencia, en la que se declaraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos la Doctrina Parot, se ha producido un profundo malestar en la sociedad española. Hasta cierto punto podría estar completamente de acuerdo, en tanto en cuanto cualquier beneficio penitenciario que pudieran tener unos individuos que, no sólo han cometido actos atroces, sino que además no han mostrado arrepentimiento alguno. Pero lo que tampoco voy a aceptar es que se engañe a los ciudadanos desde los medios de comunicación con demagogia y discursos baratos, teñidos de emotividad. 

Al que escribe estas líneas ya le harta que, cuando las resoluciones judiciales no son de su agrado, buscan cualquier excusa o pretexto para desacreditar, no la decisión judicial, sino al que la dicta. Y si tienen que acudir a las teorías conspiranoicas, se acude sin ningún tipo de problemas; si hay que compararse con otros países, pues se hace. Todo lo que sea necesario para mostar su indignación. Pero razonamientos jurídicos, ninguno.

A mi como ciudadano, la Doctrina Parot se me queda hasta corta, porque esa gentuza, como ya dije, no se merecen pisar la calle lo que les queda de vida. Pero como jurista, mis opiniones han de basarse en las normas que configuran nuestro ordenamiento jurídico, no en mis filias y fobias personales, por eso hay que hacer un análisis jurídico con el mayor rigor jurídico y honestidad profesional. No soy de esos juristas que acomodan sus planteamientos jurídicos a las necesidades políticas, porque considero, como elemento esencial de un Estado de Derecho, es que los jueces y magistrados han de aplicar la ley, según su tenor literal, de conformidad con lo que el legislador ha querido disponer. Si una ley es injusta o no se ajusta a la realidad social, lo que procede es que el legislador, cuyos miembros los elegimos los ciudadanos mediante sufragio universal, lo cambie. Lo que no es admisible es que un juez se crea por encima de la ley, ni tampoco podemos pedirle es que suplante al legislador en sus funciones. A lo mejor al político de turno le conviene que haya un juez que haga el trabajo sucio, pero, desde luego, esto atenta contra el espíritu constitucional.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en STS 197/2006, sumándose al clamor social que se originó a raíz del cambio de política antiterrorista llevado a cabo por Aznar, sobre todo, en su segunda legislatura, donde se aprobaron numerosas medidas que sirvieron para acogotar a ETA, realizó una interpretación que sirvió para que aquellos terroristas que fueron condenados bajo la vigencia del Código Penal de 1973, en el que se disponía que, por cada dos días de trabajo, se redimía uno de prisión. Ha de mencionarse que la redención por trabajo, vigente en España desde 1944, se suprimió en el Código Penal de 1995. Esta nueva interpretación del máximo interprete de la legalidad ordinaria, según recordó el Tribunal Constitucional, en su STC 39/2012, decidiendo no resolver sobre la Doctrina Parot, suponía un cambio radical al que se venía aplicando hasta entonces. Ya no se aplicaba sobre el máximo a cumplir, esos 30 años, sino que pasaba a efectuarse sobre cada una de las condenas que tuviera el penado, con lo cual quedaba en prisión hasta esos 30 años.

No obstante, muy a mi pesar, dicha interpretación chirría con el art. 9.3 de la Constitucion, en lo referente a la prohibición de la retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. De hecho el propio legislador era conocedor de la situación, y así en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2003, se dice: "La Ley reforma el artículo 78 del Código Penal para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crímenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias."

Y pretendía su aplicación a casos que estaban bajo la vigencia del Código Penal de 1973 a través de su Disposición Transitoria Única: "Lo dispuesto, conforme a esta Ley, en los artículos 90 y 93.2 del Código Penal, respecto a las circunstancias para acceder a la concesión de la libertad condicional, y en el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respecto a la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario, será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena." 

Esto demuestra que el legislador sabía que, conforme al CP de 1973, no cabía otra interpretación posible. 

A modo de conclusión, las quejas de los ciudadanos no deberían ir dirigidas hacia los Jueces y Tribunales, y menos cuando cumplen la ley, sino más bien a la clase política por no haber hecho en su momento lo que tenía que hacer, en lugar de jugar a lo políticamente correcto con el tema de la reinserción social de los presos.

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HOY SE VA A PRODUCIR UN GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA

Con la jura como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Vicepresidente, Nicolás Maduro, el día de hoy se va a consumar un golpe de Estado por el cual alguien que no estaba legitimido constitucionalmente para ostentar la Presidencia de la República va a acabar, y en sentido estricto de la palabra, detentando el cargo. ¿Por qué digo esto porque el Sr. Maduro va a usar fraudulentamente lo que dispone el tercer párrafo o, más bien, el quinto del art. 233 de la Constitución Bolivariana:

Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.
 
En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.

Obviando con ello, lo dispuesto en el segundo párrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Para llevar a cabo este fraude, el Sr. Maduro en lugar de empezar a contar, como debiera, el plazo de esos cuatro años del período constituyente que se aprobara la Constitución mediante referendum el 15 de diciembre de 1999, lo hará contando la aprobación de la primera enmienda el 15 de febrero de 2009. ¿Por qué el Sr. Maduro realiza esta interpretación fraudulenta? Porque el  Artículo 229 dice lo siguiente:

No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección.

Pero claro, si el Presidente de la Asamblea Nacional ostentase la Presidencia de la República, éste sería el candidato oficialista a la reelección, y Maduro se quedaría con dos palmos de narices, a parte de que tendría que dejar el cargo de Vicepresidente para optar al cargo, sino fuera cesado por el legítimo Presidente.

Este es el sistema al que cierto dirigente de IU de Andalucía pretende para España, un sistema idílico en el que se cierran medios de comunicación contrarios a la línea oficial del Gobierno o se expropia utilizando criterios arbitrarios sin contar con un procedimiento legal, ni nada que se le asemeje. Con esa mentalidad es normal que hayan imputado a un diputado de IU por un delito de prevaricación por no hacer caso del funcionario de turno a la hora de realizar contrataciones administrativas, y que tampoco haya dimitido, ni lo han cesado la dirección regional de IU Asturias en base a que no es corrupción política. Luego exigen dimisiones a los demás, como también hablan de perseguir a los defraudadores de impuestos cuando no pagan lo que les corresponde a Hacienda. En fin, lo que hay que ver.

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de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

¿QUIEN PAGA LOS PLATOS ROTOS?

No sólo la corrupción afecta de manera negativa la imagen de un país, de una región o de un municipio, sino el mal funcionamiento de sus Administraciones sin tener que llegar a los extremos de la comisión de un delito. En efecto, las personas foráneas que quieren invertir su dinero en un determinado lugar o, incluso, desee cambiar su residencia, si no saben con seguridad a qué normas legales acogerse, si tardan en exceso en concederle los permisos, o no sabe bien qué criterios tienen, infundiéndoles temor a que puedan perder mucho dinero de manera innecesaria, les animará, de manera consecuente, a desistir de sus iniciales pretensiones, además de hacer una publicidad negativa a sus conciudadanos.

El mal funcionamiento de las Administraciones Públicas debe erradicarse de manera inmediata, así evitamos hacer perder tiempo y dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando estaba aprendiendo mi oficio en el despacho de Lugones, tuvimos la oportunidad de comprobar cómo los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo no sabían tramitar conforme a la ley un procedimiento administrativo. Un buen día llegó un Decreto dictado por el Concejal de Medio Ambiente obligando al cliente a abonar el coste de limpieza de unos vertidos. Como primera noticia, no está mal. Eso sí, a los funcionarios de la concejalía se les olvidó dar siquiera el trámite preceptivo de alegaciones. Esa omisión implica la nulidad de pleno derecho. Como era obvio se presentó el recurso potestativo de reposición, al cual no sólo no contestaron sino que decidieron, de manera inexplicable, incoar expediente sancionador. Y en este expediente sancionador, que tampoco supieron tramitar, porque, si lo anterior era un error por defecto, ahora lo cometen por exceso, dando por duplicado el mismo trámite de alegaciones.

En la concejalía de tráfico tampoco es que andasen mucho mejor. El trámite de audiencia no sabían ni lo que es. ¿Por qué digo esto? Por la cantidad de sentencias Tribunal Superior de Justicia de Asturias, anulando las multas impuestas por el Ayuntamiento de Oviedo por defecto de forma. Me quedé perplejo al encontrarme cantidad de Sentencias en las bases de datos anulando sanciones impuestas por el Ayuntamiento de la capital asturiana. No olvidemos tampoco qué es lo que sucedió con el affaire Palacete de Villa Magdalena y su continuación con la empresa COMAMSA, y lo que ha supuesto para las arcas municipales.

Por desgracia, sobre todo, por lo que he podido ver recientemente, el Ayuntamiento de Piloña dista mucho de ser una Administración Pública ejemplar en su funcionamiento. Echando un vistazo a cualquier expediente administrativo y te encuentras algún error. Aunque los peores son los que pueden suponer un coste a las arcas municipales, que huelga decir no pasa precisamente por su su mejor momento, como así no cesa de repetirlo la propia Alcaldesa. Como ejemplo de lo que afirmo tenemos que no se concede debidamente los trámites de audiencia al interesado, cuando es preceptivo legalmente concederlo, debiendo practicarse antes de dictar cualquier resolución. Pero si es pero si es omitido o dispuesto a la vez que notifican una resolución que pone fin a la vía administrativa, el interesado logrará, como así viene recogiendo la jurisprudencia, la nulidad de lo actuado. ¿Y quién paga los platos rotos? Pues, como va a ocurrir en Llanes, como consecuencia de la nulidad del último Plan General de Ordenación Urbana, será el contribuyente, que es quien tendrá que soportar la subida de los impuestos y tasas municipales y/o bajada de la prestación de los servicios.

Con el tema de la subestación de Esteli, y la polémica que ha surgido, me voy a limitar a hacer unos breves apuntes. En primer lugar, cuando un interesado pide copia completa del expediente, se le ha de dar la copia completa del expediente, salvo que existe motivos para su denegación, para lo cual el art. 37.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, ordena al órgano competente a dictar resolución motivada. Y cuando dice la ley que ha de ser motivada implica que el interesado pueda conocer los motivos reales, aunque sea de manera sucinta, de la Administración sobre la cual ha dictado una determinada resolución. El ciudadano no tiene por qué adivinar las intenciones del funcionario. Posteriormente, con apoyo de un informe de la Secretaria, la Alcaldía inadmitió el recurso presentado por Jorge Muntadas, excediéndose en sus funciones. ¿Por qué afirmo que se ha excedido en sus funciones? Porque ningún Alcalde puede entrar a resolver el fondo de la cuestión planteada cuando se trata de un recurso de reposición de una decisión plenaria, salvo que medie delegación por parte del propio Pleno, algo que no concurre en este caso. Se tenía que haber limitado a inadmitir a trámite el recurso bajo los únicos criterios procesales correspondientes, como lo afirmado en su primer fundamento de derecho, en el que se aducía que la decisión plenaria recurrida sólo lo es ante los órganos jurisdiccionales. Con eso habría sido más que suficiente. Pero no se conformó con eso, sino que incluso se esgrimió el hecho de que se interpuso antes de la apertura del plazo de impugnación. Con todo el respeto a la Secretaria del Ayuntamiento pero esto es un disparate, puesto que la apertura del plazo de impugnación, como lo es la fecha de notificación de las resoluciones, sirve para establecer el dies a quo a partir del cual empieza a contar el plazo señalado por la ley para realizar alegaciones o interponer recursos. Pasado el último día de ese plazo, precluye la posibilidad de que se tengan por efectuadas las alegaciones, así como de recurrir una resolución. Pero nunca jamás me ha sucedido, y no he tenido conocimiento de otro precedente similar en cualquier otra Administración o Juzgado. Por algo será que no se hizo referencia normativa en la resolución.

Por cierto, quisiera aprovechar estas líneas, para denunciar la actitud que han tenido tanto Laura Gutiérrez Naredo como José Antonio Cuevas en la reunión que mantuvieron con Jorge Muntadas y otras dos vecinas, a la que asistí por petición expresa de mi cliente, por no olvidar de lo sucedido en la reunión de la Junta Vecinal de San Juan de Berbio. Podría pasar las pocas ganas que tuvieron de querer llegar a una solución amistosa con los interesados, dando muestras claras de que les molestaba mi presencia o acudiendo, como quien dice, en paños menores, al limitarse a repetir las mismas consignas; pero lo que me parece más grave es que, cuando se les enseñó sobre el plano que había viviendas a unos 11 metros del tendido eléctrico (según afirmó Alejandro Cantora en el Pleno de 29 de noviembre de 2012 ninguna vivienda iba a estar a menos de 125 metros), en lugar de mostrar interés porque eso supone que se cometieron errores muy graves, pasó olímpicamente, bajo la premisa de que lo importante es el desarrollo del concejo a cualquier costa. Pero el Sr. Cuevas no se quedó ahí, sino que tuvo la osadía de llamar mentiroso a un vecino que acudió a la reunión de la Junta Vecinal. Y digo bien que fue osado porque hay que serlo cuando se va a una reunión sin tener ni idea de lo que se habla, a parte de ser una indecencia en quien ostenta responsabilidades de gobierno. Por eso, si tuviera algo de dignidad, habría presentado su dimisión hace ya tiempo. En mi opinión, personajes como estos, hacen un daño terrible a la Alcaldesa.

En fin, dando por cerrada la mención a ciertos miembros del equipo de gobierno, quisiera recalcar que lo que he venido a denunciar en este escrito, es a los únicos fines de realizar una crítica constructiva con el fin de mejorar los servicios que presta el Ayuntamiento. Creo que a nadie, con sentido común, le debería ofender porque errar es de humanos, y yo soy el primero que los comete. No me importa reconocerlo, y agradezco las críticas sinceras que me puedan hacer, porque tengo la ambición de mejorar día a día. 

Publicado en la edición de febrero de la publicación mensual de LA CRONICA DE PILOÑA

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE OVIEDO, SOBRE ALCOHOLEMIA

Aquí reproduzco la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo que resulta de interés desde el punto de vista doctrinal, eso sí con los oportunos cambios realizados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:

S E N T E N C I A Nº 510/12

Oviedo a 21 de diciembre de 2012.

Don Francisco Javier Rguez. Santocildes, Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo ha pronunciado la siguiente sentencia en el Juicio Oral nº 337/12 dimanante del procedimiento abreviado nº 119/12 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo seguido por DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL siendo partes: el Ministerio Fiscal como titular de la acción pública, y como acusado ESTEBAN, representado por la procuradora Sra. Fernández Carro y defendido por el letrado Sr. Carrero-Blanco Martínez-Hombre.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos como constitutivos de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 CP siendo autor el acusado, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando las penas de nueve meses de multa con ocho euros de cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria según el art. 53 CP y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante un año y tres meses, con imposición de costas.

SEGUNDO.- La defensa del acusado solicitó la libre absolución por no ser autor de delito alguno. Subsidiariamente para el caso de considerarle autor del delito del artículo 379.2 CP procederían las penas de un año y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores y multa de seis meses con dos euros de cuota diaria.

HECHOS PROBADOS

Sobre la 1,00 horas del día 12 de julio de 2011 cuando el acusado conducía el vehículo matrícula 0000-XXX asegurado en Allianz por la Urbanización Soto de Llanera, a la salida de una curva de proyección a la derecha invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el vehículo 1111-YYY propiedad de Estefanía y conducido por Ramón quienes, junto con los ocupantes del mismo León y Graciano, han renunciado a las acciones penales reservándose las civiles. El acusado fue sometido a las pruebas de alcoholemia a las 3,31 horas y 3,48 horas obteniéndose un determinado resultado, no constando que fuera informado de su derecho al contranálisis. Si bien el acusado había ingerido bebidas alcohólicas, no consta que por tal motivo tuviera sus facultades psicofísicas negativamente afectadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos probados son el resultado de la valoración en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral conforme a lo previsto en el artículo 741 LECrim y deben dar lugar a un fallo absolutorio por las siguientes razones:

1.- El testimonio del agente de la Guardia Civil cohonestado con los tiquets del etilómetro obrantes en autos acredita que el acusado fue sometido a las pruebas de alcoholemia. No obstante, no consta que fuera informado de su derecho a contrastar los resultados obtenidos con una analítica de sangre u orina, tal y como se establece en el artículo 23.3 del Reglamento General de Circulación. Nada se dice en ese sentido en el atestado extendido con ocasión de los hechos. Si bien el agente actuante afirma que siempre se proporciona esa información y que así se hizo en este caso, la ausencia de toda mención al respecto en el atestado -lo que el agente justifica en que consideraron que el hecho se tramitaría por vía administrativa, si bien cuando se le recuerda que ello no empece a que se brinde dicha información matiza que quizá por olvido no lo reflejaron- impide asegurar sin género de duda que realmente el acusado fuera informado al respecto, no pudiendo excluirse que cuando el agente asegura que sí se ofreció el contranálisis esté en la creencia de que así se hizo porque es la práctica habitual. Ello impide tomar como prueba de cargo los resultados de las pruebas de alcoholemia ya que, como recuerda la STC 3/1990 de 15 de enero, es constante y uniforme doctrina que la consideración del test alcoholométrico como prueba está supeditada a que se haya practicado con las garantías formales establecidas al objeto de preservar el derecho de defensa, especialmente, el conocimiento del interesado a través de la oportuna información de su derecho a un segundo examen alcoholométrico y a la práctica médica de un análisis de sangre.

2.- A todo evento, si se otorgara valor probatorio a los resultados obtenidos en las pruebas, el margen de error del etilómetro impediría afirmar que el acusado conducía con una tasa superior a la que se menciona en el artículo 379.2 CP para definir este delito contra la seguridad vial, cosa que ha admitido en el plenario el agente actuante que señala que precisamente por esa razón cursaron la denuncia que obra a folio 13 para que la conducción con esas tasas de alcohol se sancionara como una infracción meramente administrativa. La regulación de los márgenes de error del etilómetro viene prevista en la Orden Ministerial de 22 de noviembre de 2006 que distingue según se trate de etilómetros nuevos que no han sufrido reparación o modificación en el primer año de servicio o etilómetros que lleven más de un año en servicio y/o que hayan sido reparados o modificados. Para el primer caso el Anexo III de la citada Orden Ministerial se remite a la Recomendación Internacional nº 126 de la Organización Internacional de Metrología Legal que para concentraciones entre 0,4 y 2,00 miligramos de alcohol por litro de aire espirado como las aquí obtenidas prevé un margen de error del 5% del valor de la concentración; y para el segundo supuesto el Anexo II de la Orden Ministerial prevé que en concentraciones entre 0,4 y 2,00 miligramos de alcohol por litro de aire espirado el margen será del 7,5%. Dado que en nuestro caso consta a folio 10 que el etilómetro había sido revisado por un periodo de un año que finalizaba el 14 de junio de 2012 pero no se ofrecen datos que permitan situar el etilómetro en uno u otro supuesto, habrá que optar por el margen de error más favorable al acusado, esto es, el 7,5%. Y así las cosas, aplicando ese porcentaje reductor a las tasas de 0,65 y 0,59 que se obtuvieron en etilómetro se llega a índices respectivos de 0,60125 y 0,54575 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (resultado de multiplicarlas por 0,925). De manera que la primera de las tasas sólo rebasaría el límite de 0,60 en una milésima (siendo de tener en cuenta además que cuando el artículo 379.2 CP alude a la tasa a partir de la cual el hecho es delito sólo contempla dos decimales) y la segunda se situaría por debajo de dicho límite, medición ésta segunda que al ser la menor de las dos que se obtuvieron es en la que debemos centrar nuestra valoración por exigencias del principio in dubio pro reo, ya que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.1 del Reglamente General de Circulación la exigencia de que que se realicen dos pruebas con el etilómetro no es sólo a efectos de contraste del resultado inicialmente obtenido sino también “para una mayor garantía”, garantía que se vería obviada si de los dos resultados que se obtengan se concede plena suficiencia probatoria para fundar la condena por este delito al más elevado. Ciertamente, el hecho de que el resultado obtenido en la segunda prueba sea inferior que el que arrojó la primera podría hacer pensar que en el momento en que se realizaron el acusado estaba en la tercera y última fase de proceso de metabolización del alcohol, en la que la curva de alcoholemia traza una linea descendente hasta su total eliminación, de modo que hubiera que deducir que cuando conducía el vehículo la tasa de alcohol había de ser como mínimo la que se detectó en la primera de las pruebas. No obstante, la diferencia entre uno y otro resultado es tan corta –seis centésimas- que no es posible asegurar sin género de duda –menos aún sin el pertinente respaldo pericial- que en esos momentos el acusado se encontrara en la fase descendente y no en la fase central o de meseta, no pudiendo excluirse ante un descenso tan reducido la incidencia de otras variables o la posible interferencia del aparato medidor. Por ende, habiéndose practicado las pruebas dos horas y media después de los hechos, tampoco cabría excluir que encontrándose el acusado en la fase de meseta cuando se realizaron, en el momento de la conducción la curva de alcoholemia se encontrara aún en la fase ascendente del proceso metabolizador, de forma que la tasa de alcohol en el torrente sanguíneo fuera incluso inferior a la que se obtuvo en la primera prueba.

3.- Ciertamente, el hecho de que no conste que el acusado condujera con una tasa superior a la prevista en el artículo 379.2 CP no implica necesariamente que su conducta deba quedar extramuros de la órbita punitiva, ya que con arreglo a la dicción literal del precepto el delito ha de entenderse cometido siempre que se conduzca con las facultades negativamente afectadas por la previa ingesta de bebidas alcohólicas, aunque no se exceda esa tasa. No obstante, siendo los síntomas externos que presentara el acusado con ocasión de la conducción los que mejor nos van a informar sobre si aquejaba esa negativa afectación provocada por el alcohol, la prueba practicada en el acto del juicio no permite concluir sin género de duda -tal y como el derecho penal exige- que en esos momentos el acusado tuviera síntomas de embriaguez. El agente de la Guardia Civil deponente en la vista oral declara que cuando ellos se entrevistaron con el acusado dos horas y media después del accidente no apreciaron una sintomatología que evidenciara afectación etílica. Aun cuando el agente añade que las personas que viajaban en el vehículo contra el que colisionó el acusado manifestaron que en los momentos subsiguientes al accidente el acusado sí mostraba síntomas -en el atestado se mencionaba el fuerte olor a alcohol- el agente es a ese respecto un testigo de referencia ya que no percibió el dato probatorio de manera directa -no vio al acusado en esos momentos- sino que nos dice lo que esas personas le habrían referido. Y no constando causa o razón que impidiera que estas personas a quienes alude el agente como fuente de la noticia depusieran en juicio (no es justificación suficiente para ello el hecho de que puedan encontrarse en el extranjero, dadas las opciones que para tales supuestos brinda el artículo 229 LOPJ y concordantes de la LECrim) ha de recordarse la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional según la cual que la presunción de inocencia no puede entenderse válidamente desvirtuada con la apoyatura en testimonios de referencia si pudo oírse a quien presenció el hecho delictivo o a quien percibió el dato probatorio directo, debiendo limitarse el recurso al testimonio referencial a aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo o principal, como sucede cuando el testigo directo ha fallecido o se encuentra en paradero desconocido habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas en su citación judicial (STC 261/1994, de 3 de octubre y del TS de 20 de septiembre de 1996, 10 de febrero de 1997, 16 de junio de 1999 etc).

4.- Quien sí ha depuesto en el plenario es la persona que acompañaba al acusado en el vehículo con ocasión del accidente, Sr. Alvarez, que no ha sido interrogado sobre la sintomatología del acusado pero sí sobre lo que éste había bebido -dice que dos copas- y, más extensamente, acerca de la forma en que el acusado ejercía la conducción, señalando el testigo que iba a velocidad normal -ni muy deprisa ni muy despacio- y que por estar el suelo mojado derrapó cuando iban tras una furgoneta con cuyos ocupantes habían tenido un incidente. Cierto es que estas manifestaciones que efectúa el testigo no se corresponden exactamente con lo que consta en la declaración que le tomó la Guardia Civil obrante en el atestado, folio 8, donde habló de que el acusado había tomado “cuatro cacharros” y que circulaba “rápido”. No obstante, como recuerda entre otras la STS 4 de abril de 2012 con cita de precedentes de la propia Sala 2ª y del TC, cuando se aprecian contradicciones entre lo que el testigo declare en el plenario y lo que anteriormente hubiera manifestado en las actuaciones, el artículo 714 LECrim sólo faculta para rescatar las declaraciones previas al juicio que se hayan prestado en sede judicial, no las ofrecidas ante los funcionarios de policía que en principio no tienen más valor que el de una denuncia (art. 297 LECrim). No podemos por tanto basar un fallo condenatorio acudiendo a esas declaraciones efectuadas por el Sr. Álvarez ante la Guardia Civil, ya que no han sido ratificadas a presencia judicial. Y en cualquier caso, aun si obviando esa hermenéutica jurisprudencial diéramos entrada en la formación de la convicción judicial a la declaración del Sr. Álvarez prestada ante los agentes, en lo que respecta a la cantidad de alcohol ingerido por el acusado seguiríamos sin saber a ciencia cierta si por las horas a las que tomara esas cuatro copas -lo que no se precisa en dicha declaración- y la cantidad de alcohol que incorporaran determinaban inexcusablemente una negativa afectación con ocasión de la conducción del vehículo. Y en cuanto al dato de que el acusado circulaba “rápido” -en lugar de atemperar la velocidad no sólo a la que venía fijada en la señalización existente sino al hecho de que, según alegó el propio acusado en el Juzgado, el suelo se encontrara mojado por efecto de la lluvia- sería insuficiente para concluir que tenía sus facultades negativamente afectadas pues, si bien cuando a un comportamiento incorrecto al volante se adicionan unas tasas de alcohol cuantitativamente importantes o una sintomatología expresiva de afectación etílica la conducción anómala vendrá a corroborar la embriaguez que estos otros elementos probatorios acreditarán, cuando como es el caso no se ha probado válidamente la tasa de alcohol que presentara el acusado ni que ofreciera síntomas que evidenciaran dicha afectación, cabrán otras explicaciones para esa manera de conducir ya que, al igual que existen conductores que no habiendo bebido una sola gota protagonizan accidentes como este (invasión del carril contrario porque no adecuan la velocidad al estado de la calzada) es perfectamente posible que un sujeto que sí bebió incurra en esta misma desatención pese a que no se encuentre afectado.

5.- Para concluir es evidente que, ante las importantes carencias probatorias que concurren en el caso presente, el dato de que el acusado se ausentara del lugar de los hechos cuando supo que se iba a personar la Fuerza actuante no puede servir para, despejando las dudas que se han dejado expresadas, concluir que se encontraba bajo los efectos del alcohol pues, con independencia de la mayor o menor fiabilidad que pueda merecer la excusa que dio el acusado para escapar y que ha reiterado el Sr. Álvarez en el plenario (refiere que los ocupantes del vehículo contrario adoptaron una actitud amenazante con el acusado), cabría perfectamente que el acusado huyera porque, sabedor de que había bebido, temiera que si era sometido a las pruebas pudiera arrojar un resultado positivo superior al límite reglamentariamente permitido -0,25 miligramos de alcohole por litro de aire espirado- con la consiguiente multa administrativa, pero no porque el alcohol que hubiera ingerido estuviera incidiendo negativamente en sus facultades, que es lo que se tiene que probar aquí.

SEGUNDO.- En atención a todo lo expuesto procede concluir en el anunciado fallo absolutorio, con declaración de oficio de las costas (art. 240.2 párrafo 2º LECrim) debiendo comunicarse la sentencia a la Jefatura Provincial de Tráfico a los efectos administrativos que sea menester.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos

FALLO

Que debo absolver y ABSUELVO al acusado ESTEBAN de cuantos cargos se han dirigido contra él en méritos de esta causa con declaración de oficio de las costas procesales.

Firme que sea la presente, remítase un testimonio a la Jefatura Provincial de Tráfico a los efectos administrativos que sea menester.

Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el original al libro de sentencias y testimonio a las actuaciones.

Notifíquese asimismo a Estefanía, Ramón, León y Graciano, no personados como parte procesal, a los solos efectos de que tomen conocimiento de la misma. Remítaseles copia por correo con acuse de recibo.

Así por esta mi Sentencia que no es firme y contra la que las partes personadas podrán interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de su última notificación, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

SIN NOTICIAS DE LOS PRESUPUESTOS

A 14 de diciembre y el equipo de gobierno local, presidido por Carmen Barrera, no ha presentado los presupuestos para el año 2013. Algo que, en mi modesta opinión, no habla bien de la alcaldesa ni de la concejala de Hacienda, Patricia Ferrero. Alguien que asume las tareas de gobernar una institución, una de sus responsabilidades es, al menos, intentar presentar los Presupuestos para el correspondiente ejercicio, porque ellos, conforme a lo dispuesto en el art. 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente”.

Además, como, a buen seguro, tanto la Secretaria como la Interventora le habrán informado, el art. 164 del citado texto refundido, en su primer apartado, ordena que “Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán (...)”. Y, por lo tanto, no cumplir con lo preceptuado, podría la alcaldesa y la concejala de Hacienda, a parte de en responsabilidades políticas, en las legales que correspondan. No quiero llegar al extremo de insinuar que pudiera incurrir en prevaricación administrativa, pero no es menos cierto que es posible incurrir en el delito de prevaricación administrativa por omisión (Sentencia de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Toledo de 28 de junio de 2005 o la dictada por la sección 1ª de 30 de julio de 2007, haciéndose eco del acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1997), y “queda consumado en la doble modalidad de acción o comisión por omisión con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, y por tanto arbitraria”. Pero, como decía con anterioridad, la responsabilidad puede ser de orden civil, a parte de la penal, en caso de la comisión de un delito, y es así de conformidad con el art. 78.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando los miembros de las corporaciones causen perjuicio por sus acciones u omisiones.

Es obvio que dejar a la deriva el Ayuntamiento, con unos presupuestos prorrogados desde el año 2009, puede generar perjuicios porque la realidad municipal no es la misma ahora que cuando se aprobaron los últimos presupuestos. Así que insto a nuestros representantes municipales a que cumplan con su obligación negocien y aprueben un presupuesto, el que sea, so pena de poder incurrir en un delito tipificado en el art. 404 del Código Penal.

Cuestiones legales aparte, rogaría que dejasen de jugar a costa del erario público y de la paciencia de los ciudadanos convocando plenos absurdos de 49 puntos en el orden del día con el claro fin de demostrar lo desleal que es la oposición que no aprueban las subidas de las tasas conforme al IPC. Mira que el Grupo Popular, a través de su portavoz, se lo dejó en bandeja instando a la Alcaldesa a presentar un presupuesto y sobre él se negociarían las subidas de tasas, y aún así, no ella no se ha molestado en elaborar los Presupuestos Generales del Municipio.

Por último, aunque no estuve en el último pleno ordinario ya que fui a la reconstitución de COSERVI, me gustaría que las próximas mociones sobre violencia contra la mujer, ya que se trata, en mi opinión, de una política de Estado, las fuerzas políticas las consensuaran. Es algo muy serio, un problema muy grave que necesita de comportamientos responsables por parte de los políticos, escuchando, para empezar, a los profesionales que trabajamos asistiendo a las víctimas de violencia de género. Nosotros, los que somos abogados del turno de violencia de género, tenemos un conocimiento directo de la problemática, sabemos cómo está funcionando la legislación vigente en la materia y los instrumentos que han articulado los poderes públicos, y, para colmo, cuando una mujer que sabes que está sufriendo maltrato de verdad y decide retirar la denuncia, te sientes frustrado por no ser capaz de convencerla para que prosiga con lo que ha iniciado e impotente porque, una vez tomada esa decisión, careces de margen de maniobra. Por todo ello, me indigna enormemente cómo los políticos juegan con este tema a tirarse los trastos a la cabeza, porque así, puede que consigan titulares, pero, a buen seguro, no se buscan las mejores soluciones para erradicar este drama.

Publicado en la edición de enero de 2013 de la Crónica de Piloña

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LOS POLITICOS INDEPENDENTISTAS CATALANES SON UNOS ESTAFADORES

Después de haber escuchado a Oriol Junquera, líder de ERC, hoy en Herrera en la Onda, me ha animado a refutar algunas de sus falacias que ni él mismo se cree, como si se le ha notado por la inseguridad y poca solvencia de sus afirmaciones. Le noté dubitativo, por el tono de voz que empleaba, y poco seguro, porque hacía tiempo para defender sus posiciones.  Un poco más y pide perdón por ser independentista.

Así de paso, contesto al correo electrónico que me llegó a mi cuenta de correo colegial antes de las elecciones catalanas, en el que se adjuntó un documento pdf elaborado por la Fundació Catalunya Estat, que más bien es un libelo, con un diseño muy bonito pero sin ningún tipo de rigor, cuya gran fuente que han utilizado, a parte de otras de igual credibilidad, es la de la obra colectiva "Catalunya: Estat de la nació 2008", coordinada por el arquitecto Carles Lladó. De ahí que lo considere un libelo. Este tipo de documentos, junto con las declaraciones de los dirigentes políticos, contribuyen a perpetuar un engaño manifiesto a los ciudadanos catalanes, a los que tanto dicen estimar y defender. Son, con otras palabras, unos estafadores, que, mediante el engaño, pretenden perpetuarse en el poder y en las moquetas del Parlamento catalán. Les importa, como ya dije en otras ocasiones, Cataluña, el catalán y los catalanes, más bien poco, sólo utilizarles para así seguir ostentando su actual nivel de vida.

Pues a diferencia de ellos, voy a hablar, de lo que sí tengo conocimiento dada mi formación académica y profesional, desde el punto de vista jurídico. Sobre temas económicos, y las repercusiones sobre una hipotética independencia, así como de otros aspectos, dejaré que otros hablen si así lo estiman oportuno.

A todos estos cantamañas, que ya me tienen harto, cuando hablan de las consecuencias jurídicas, no hacen mención a un sólo artículo de ningún tratado internacional. Sólo realizan afirmaciones pseudocientíficas que apelan a los sentimientos. Y por mucho que lo adornen apelando a los derechos humanos y a la democracia, la realidad jurídica es otra. Por ejemplo, apelan al derecho de autodeterminación, que es muy bonito, pero conforme al Derecho Internacional sólo es aplicable a las colonias, y así reza la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625 (XXV) al respecto: "poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos a la subyugación de que se trate; y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas." A continuación prosigue: "El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta  y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color."

Este derecho de autodeterminación, por algo que se llama seguridad jurídica, no se puede extender a cualquier situación, puesto podríamos llegar, si se fomentan los hechos diferenciales, podrían, en primer lugar, acabar independizándose hasta los barrios de las ciudades, que, por supuesto, su propia entidad. No hablemos ya de esos barrios que lo ocupan comunidades extranjeras. Ya me imagino yo los barrios chinos de los EEUU pedir la independencia. Otro factor es que el derecho a la autodeterminación implicaría que se decidiese formar parte de un Estado o salir de él al libre albedrío de los gobernantes de turno. Así los ciudadanos no sabrían que normas rigen en cada momento porque no saben cual es la nacionalidad que tienen, lo que es perjudicial para la economía de un país. ¿Quién narices va a invertir su dinero si cada poco tiempo su estatus cambia? Nadie, con un mínimo sentido común. Por algo es aconsejable tener constituciones fruto del consenso y cuya modificación requiera un amplio consenso.

Segundo disparate jurídico. Se afirma que Cataluña nunca dejaría de pertenecer a la Unión Europea en base a que como son ciudadanos de la Unión las instituciones comunitarias nunca les expulsaría. Pero la manipulación más grosera es que dicen que la ciudadanía se la dieron a los catalanes. FALSO. La ciudadanía de la Unión Europea es es consecuencia de la condición de españoles, porque la adhesión, así como los sucesivos tratados, fueron firmados por el Reino de España. Ya lo disponía el art. 17.1 del TCE: "será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro". Siendo además complementaria y no sustitutiva a la ciudadanía nacional. Y, por supuesto, dicha condición, al estar aparejada la ciudadanía de la Unión a la condición de nacional de un Estado miembro, si se renuncia o se pierde la nacionalidad de dicho Estado miembro, se pierde automáticamente dicha condición. A modo de ejemplo, un francés va a EEUU y obtiene el pasaporte americano, y renuncia a su condición de francés, deja de ser ciudadano de la Unión.

Tercer disparate soltado por el dubitativo Oriol Junqueras. En caso de la independencia de Cataluña, habría doble nacionalidad. El catalán que quiera seguir siendo catalán, además puede ser también español. Además este señor es un atrevido porque sobre este tema ni siquiera hay un tratado internacional sobre el derecho a la nacionalidad en el caso de sucesión de Estados, salvo que se haya aprobado, y no me haya enterado, el Proyecto de Artículos de Nacionalidad de Personas Naturales. Y aún así, lo que puede ocurrir es que a los ciudadanos afectados se les dé por parte de los dos nuevos Estados un derecho de opción, art. 26 de dicho Proyecto. Y es lo que ocurrió cuando España abandonó el protectorado español de Marruecos.

Cuarto disparate. El futuro Estado catalán sería automáticamente Estado miembro de la Unión Europea. Sostienen esto en base a que sus ciudadanos ya son ciudadanos europeos y que no hay precedente al respecto, que disponen del Euro, que hay convicción colectiva y que la sucesión es automática. Esta afirmación la sostiene uno de los suyos, un tal Antoni Abat, profesor de la Universidad de Stanford. Bien es cierto que, conforme a la Convención de Viena de Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978, por regla general, con respecto a los Tratados multilaterales, el art. 17.1, sucederá en todos los tratados, notificando su condición de parte, que en el momento de la sucesión estén en vigor, pero se le olvida lo que dispone el art. 17.3, sólo podrá ser considerado parte de un Tratado, que, por razón de número, objeto y fin debe entenderse que debe contar con el consentimiento de todas las partes, podrá el Estado independizado ser Parte sólo contando con tal consentimiento. Y huelga decir que el Tratado de la Unión Europea requiere unanimidad de todas los Estados miembros. Así el segundo párrafo del art. 49 dispone: "Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales."

Todo lo que he dicho no va por el que, de buena fe, se sienta independentista, sino por esa caterva de manipuladores y estafadores, cuya única intención es seguir viviendo del cuento. Y que no voy a retirar dichas afirmaciones a no ser que refuten con argumentos jurídicos todo lo que he expuesto. Es decir, que busquen otras normas de derecho internacional aplicables y que yo haya podido omitir. Mientras tanto son, y seguirán siendo, unos estafadores. En fin, echo muy en falta políticos honestos que digan la verdad a los ciudadanos.

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TODOS A UNA, LEVANTAMOS PILOÑA

La unión hace la fuerza. Esta es la premisa que todos teníamos que tener presentes si queremos que Piloña salga adelante. Debemos desterrar, de una vez por todas, las actitudes egoístas y las cuitas personales. Este concejo no se puede permitir el lujo, en la situación en la que nos encontramos, de perder oportunidades tirando cada uno de los vecinos por el lado que le conviene a él. Porque, de esta manera, con esta visión cortoplacista, lo único que se va a conseguir es perjudicar a todos. En otras palabras, un municipio muerto, no da beneficios a nadie.

Por fortuna, estoy viendo que algunos comerciantes han decidido reaccionar y poner remedio a la situación crítica que padece el concejo. Mención especial se merecen que Nacho y Ángel hayan tirado del carro para conseguir que tuviéramos, y gratis, orquestas en las fiestas de octubre. Todos deberíamos felicitarles. Y más aún que se haya decidido rescatar la Asociación de Comerciantes de Piloña, porque todos los que tenemos negocio tenemos que aunar esfuerzos y tirar del carro, como muchos hicimos colaborando económicamente para la Feria de Abril y la del Ganado. Todos debemos partir de una posición responsable y generosa, debemos estar dispuestos a no ganar tanto como pretendemos, porque, de esta manera, a largo plazo, recogeremos los frutos del esfuerzo. Debemos hacer, entre todos, un esfuerzo, no para competir por el mercado local, que es cada vez menor por la crisis económica y por los efectos de la despoblación, sino para atraer el mercado comarcal e incluso regional. Para ello, debemos hacer, entre todos, una oferta atractiva, que al vecino, por ejemplo, de Parres o de Nava, y, por qué no, de Oviedo, vengan a Infiesto, Villamayor o Sevares. Que les compense, de una manera u otra, el desplazamiento.

A lo anterior, es necesario saber sacarle el máximo rendimiento a todo nuestro patrimonio, no sólo el ecológico, religioso, gastronómico o cultural, sino el de los éxitos de nuestros vecinos. Y en esto último, es donde Piloña ha flaqueado porque no ha sabido apoyar, como debiera haberlo hecho, a dos de sus mejores exponentes, como lo son las gemelas Marta y María. Algunos nos hemos quedado solos, o, al menos, con esa sensación, cuando nos pusimos a hacer campaña en favor de ellas. Por parte del Ayuntamiento, ni una sola palabra de apoyo, ni siquiera después de comentárselo a la propia alcaldesa en persona. Ningún bando, ni una mísera nota de prensa. Incluso algún concejal del equipo de gobierno, en su cuenta de Twitter sigue a Paula Rojo, pero no a Marta y María. Pero, aún así, lo más triste, es la actitud de algunos vecinos que, más bien estuvieron haciendo campaña en contra de ellas, y aprovechando el anonimato que le daba un “nick” para dejar sus opiniones en la web oficial de Telecinco. Algunos prefirieron desahogarse contra ellas en la red antes que tomarse la molestia e ir a preguntárselo a ellas mismas sobre las dudas que tenían sobre quién fue el que decidió Ribadesella como emplazamiento para darles la sorpresa, y ellas habrían dicho, que fue propio Telecinco porque les convino a ello, y que de todo ello no sabían nada; o por qué eligieron a Bisbal y no a Melendi. Lo más curioso es que, si ellas, al final, logran su sueño de conseguir una carrera discográfica, esos que tanto las criticaron, se querrán sumar al carro y pretenderán convertirse en sus amigos de toda la vida, e intentar sacar tajada del asunto. Pero se equivocan, los apoyos, ahora, no cuando ellas saboreen las mieles del éxito. Y lo más triste aún es que, por envidias y fobias personales, Piloña esté desaprovechando el tirón que tienen ellas. Fuera de Infiesto están muy valoradas y el fenómeno fan podría repercutir positivamente a nuestro concejo, porque querrán conocer el Maybe de Marta y a María José y a Manín. De hecho, algún que otro turista/fan se ha dejado caer por Infiesto para conocer a Marta.

Ejemplos, como el que acabo de exponer, hay más y lo estamos viendo, como lo que ha motivado que la SOFEIN desaparezca o que Sabino haya convocado elecciones en la Asociación de Jubilados y que aún no haya nadie que le sustituya. No me quiero olvidar de la Deportiva Piloñesa, club del que soy socio y directivo. Estoy seguro de que se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se está haciendo y es verdad que es una lástima que no haya jugadores piloñeses en el equipo y a mí tampoco me gusta que se entrenen en Gijón, pero no es menos cierto que, nadie de los que le censuran a Pepe por ello, y a la directiva por extensión, se ha dirigido a él para ofrecerse a sustituirle. De hecho, estoy seguro que si alguien se animase a ser Presidente del club, Pepe no tendría reparo alguno en ceder el testigo. Pero si nadie lo hace, cuando Pepe canse, un equipo que en 2017 será el centenario, desaparecerá.

Por eso, debemos de cambiar la mentalidad, dejar de ser autodestructivos, y ponernos todos a remar en la misma dirección. Como reza el título de este artículo: “todos a una, levantamos Piloña”.

Publicado en la edición del mes de noviembre de la Crónica de Piloña

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