viernes, 16 de marzo de 2018

CARTA DE APOYO A LOS ABOGADOS HERNANDEZ THIEL Y BEATRIZ GAMEZ

Desde estas líneas, quiero mostrar mi apoyo a los compañeros, Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez Salcedo, que por designación de la oficina del turno de oficio, tienen que defender a Ana Julia Quezada, la presunta asesina de Gabriel Cruz, que han recibido injustos ataques por parte de algunos internautas, motivo por el cual Hernández ha tenido que borrar sus últimas publicaciones en la red social de Facebook. Es lamentable que haya personas que no entiendan que estos abogados están cumpliendo con su deber, lo mismo que un médico, siguiendo el juramento hipocrático, tiene la obligación de salvar la vida a cualquier persona, aunque el paciente sea un genocida.

Lo que estas personas desconocen, ni interés tienen, porque les mueve las reacciones más primitivas y viscerales, cuyo deseo no es que se haga justicia sino en aplicar la ley del Thalión, es que la función del abogado es muy importante para salvaguardar el Estado democrático y de Derecho. Si por estos jueces de las redes sociales dependieran torturarían a la presunta asesina hasta matarla. Reacción que sería lógica en los padres del niño, pero que, por el contrario, nos han dado ejemplo de entereza, fortaleza y de sentido común. Pero estamos en el S. XXI y vivimos en sociedades civilizadas en la que los crímenes deben ser castigados, pero deben ser los Tribunales de Justicia los que condenen a los responsables, no los usuarios de las redes sociales.

Y, como bien apunté anteriormente, nuestra labor como abogados va más allá de defender en un juicio a una determinada persona, sino en garantizar que se respetan los derechos y las garantías procesales. Nuestra misión consiste en garantizar que si alguien es condenado lo sea con todas las de la ley. Estas garantías procesales no están para beneficiar a alguien que es culpable sino para evitar que un inocente sea condenado por un delito que no ha cometido. Bien es cierto que de estas garantías el culpable también se beneficia.

Puede que el que lea esto piense que nunca le va a pasar, que nunca le van a procesar y condenar por algún delito que no ha cometido. Puede que tenga suerte y nunca le pase, pero puede que le ocurra. Recordemos el crimen de Cuenca, caso que fue llevado al cine en 1981 por Pilar Miró.

Año 1910, en un lugar entre Tresjuncos y Osa de la Vega. Desaparece un pastor José María Grimaldos López, alias El Cepa. Este joven pastor era objeto de burlas por parte de León Sánchez Gascón, apodado "El pastor", y también por parte del guarda, Gregorio Valero Contreras, apoedado "El Varela". Estos dos tenían fama de anarquistas. Los primeros sospechosos del crimen fueron ellos, a los que la Guardia Civil torturó y les sacó la confesión de que lo habían matado. El Jurado popular emitió veredicto de culpabilidad. El abogado defensor se limitó a impedir que les impusieran como pena el garrote vil.

Lo curioso es que en 1926, el desaparecido José María Grimaldos dio señales de vida. Puesto que el cura de Mira (Cuenca) mandó una carta pidiendo la partida de bautismo porque José María tenía intención de casarse. Así que dos personas fueron torturadas y condenadas, aunque indultadas en 1925, por un crimen que no cometieron. Bien es cierto que los tiempos han cambiado, y la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se dedican a torturar a los detenidos para sacarles una confesión ni a actuar de manera deshonesta, pero, como en todas las profesiones, siempre hay ovejas negras, y pueden abusar del empleo que desempeñan y atribuirles delitos a inocentes. De ahí de la importancia de que se respeten las garantías procesales de cara a la obtención de pruebas que lleven a una condena.

Por otro lado, esta tan denostada socialmente profesión nuestra, es la que ha conseguido a través de compañeros, que lo han peleado, que ahora los ciudadanos estén reclamando los gastos de hipoteca y cláusulas suelos, que se reclamen contra los comportamientos abusivos de las grandes compañías, que se hayan cambiado las normas procesales en las ejecuciones hipotecarias, etc. Y el que firma estas líneas se empeña en que las resoluciones judiciales estén motivadas o que se comuniquen previamente los cambios que haya en el Tribunal que va a juzgar un asunto. Un trabajo duro pero necesario si queremos que el sistema funcione correctamente.

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martes, 6 de marzo de 2018

LA REALIDAD DE LA PRISION PERMANENTE REVISABLE

Últimamente se está hablando mucho sobre la prisión permanente revisable, que está siendo utilizada por cierto partido político para lograr recuperar músculo electoral, con su campaña de recogida de firmas con el logo al fondo, pero como jurista creo conveniente explicar la realidad de esta pena que esa formación política quiere extender la regulación actual, o vender esa intención aunque sabe que no tiene mayoría para sacarlo adelante.

Bien es cierto que, en mi opinión, puede salvarse la constitucionalidad de la pena, teniendo en cuenta que la pena es revisable, aunque el Tribunal Constitucional tendrá que hacer encaje de bolillos para salvar algunos aspectos muy dudosos, como la ausencia de límite mínimo y máximo de la condena, además de que puede  incumplir un principio de derecho penal que es la proporcionalidad de las penas. Aunque bien es cierto que el legislador ha ido cargándose este principio con su diarrea legislativa, en la que aprueban parcheos según conveniencia política. 

A día de hoy la pena de prisión permanente revisable se impondría:

- Art. 140 Código Penal: en casos como el asesinato cuya víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; que se hubiera cometido el asesinato habiendo mediado delito contra la libertad sexual o que pertenezca el autor a grupo u organización criminal. Además de cometer, al menos, dos asesinatos.

- Artículo 485: El que matare al Rey o Reina o al Príncipe o Princesa de Asturias.

- Artículo 605: El que matare a un Jefe de Estado extranjero o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España.

- Artículo 607: Los delitos de genocidio, en especial si mataren a miembros de un grupo nacional étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad; también si agredieran sexualmente a alguno de estas personas o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artr. 149 del Código Penal.

Con carácter previo, resulta necesario explicar brevemente la finalidad del principio de proporcionalidad que debe regir el Derecho Penal. Este principio tiene como objetivo que las penas más graves sean impuestas a los hechos más graves, bajo el riesgo de que si un hecho menos grave se castiga con similar dureza a un comportamiento o conducta más grave se le está mandando un mensaje a los que pretenden cometer un delito que tal vez compense cometer el más grave. Además de que por principio de equidad debería la pena debería ser consecuente al delito cometido. 

Pues bien, la prisión permanente revisable se puede observar que hay supuestos desproporcionados. A modo de ejemplo, si matando a una persona especialmente vulnerable se le impone prisión permamente revisable, lo mismo que cometer ese mismo delito habiendo medidado una agresión sexual, ¿qué le impide al autor ya que va a matar a esa persona vulnerable agredirle sexualmente? La pena es la misma. Por no mencionar la desproporción que existe en el caso de un delito castigado a una pena de prisión de 6 a 12 años, consistente en mutilar a la víctima quitándole un miembro un órgano principal o causar esterilidad (el citado art. 149), por ejemplo, sea castigado con pena de prisión permamente revisable si se trata la víctima de un miembro de un grupo nacional étnico, racial, o religioso. Bien podría imponerse una pena superior en grado, es decir de 12 a 18 años, pero de ahí a cumplir un mínimo de 25 años. Amén de que si la misma pena supone matarle que amputarle un brazo, ¿por qué no hacer las dos cosas? La pena es la misma.

A todo lo anterior, hay que añadir que, como bien pone el art. 92.1.a) del Código Penal, puede obtener la libertad condicional a los 25 años. En cambio, con una condena de 40 años, como por ejemplo, el responsable de asesinar a los Reyes eméritos, cuya condena por cada uno de ellos sería entre 20 a 25 años, saldría en libertad condicional cuando cumpliese las 3/4 partes de la pena impuesta. Es decir, a los 30 años. Cumpliría más pena el autor de la muerte de los Reyes eméritos que por la del Jefe del Estado. Lo mismo pasaría si unos terroristas secuestran a dos personas, cuando no se dé con su paradero, para poder aspirar a tener la libertad condicional tendría que cumplir una pena de 30 años, cinco años más que si les imponen la pena de prisión permamente revisable por asesinar a una persona. Y cuando se dice una persona, a estos efectos da lo mismo uno que trescientos.

Ya para acabar, nos encontramos con la chapuza legislativa en varios aspectos:

1º ¿cuál es la pena inferior en uno o dos grados que le correspondería al autor de un delito castigado con prisión permamente revisable en grado de tentativa si no se sabe cuál es la pena inferior? Lo mismo pasa con los cómplices de uno de esos delitos, cuya pena es inferior en grado a la que le corresponde al autor del hecho. ¿Cómo se calcula la pena que les corresponde?

2º Los que sean condenados a esta pena y salen en libertad condicional, ¿cuándo se le podrían cancelar los antecedentes penales? Porque, según el art. 136 del Código Penal, tendría que contarse los 10 años desde el día que hubiera cumplido la condena si no hubiera disfrutado de la libertad condicional. Y eso ¿cuándo sucedería en el caso de este copia de la cadena perpetua?

Desde luego, va a ser entretenido cómo los Tribunales tendrán que hacer ingeniería jurídica para intentar suplir las carencias legislativas que, para colmo, luego vendrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a tumbarlo.

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lunes, 29 de enero de 2018

CLAUSULAS HIPOTECARIAS: PUBLICIDAD ENGAÑOSA


En nuestra profesión, una de las cosas que no se deben hacer es prometer un resultado que no depende exclusivamente de la actividad del abogado, como así dispone el art. 7.2.c) del Código Deontológico de la Abogacía. De ahí que, tanto en el caso de muchos compañeros como en el mío propio, no prometemos obtener un resultado cuando depende de la decisión de terceras personas. Aunque el asunto esté de cara, sólo podemos dar, a lo sumo, porcentaje de éxito. Incluso es aconsejable rebajar las expectivas, para que el cliente, en el caso de venir mal dadas, no se lleve una decepción.

En el caso, de los gastos de hipoteca y cláusula suelo, que tan de moda está, hay famosos despachos de abogados que se anuncian en prensa escrita, en radio y televisión dando a entender que se van a conseguir recuperar lo abonado por los llamados gastos hipotecarios. Pues otros que, con su publicidad, inducen a error al público, son los del Grupo Espacio Finanservice. Una publicidad que se puede calificar de engañosa.

 Y es engañosa, en tanto en cuanto obvia lo siguiente:

1º No distingue entre consumidores y PYMES y profesionales. Las diferencias son sustanciales, en tanto en cuanto los primeros se benefician de la inversión de la carga de la prueba, ya que sólo les hace falta alegar que no han negociado los términos del préstamo hipotecario. Los segundos, al no estar amparados en el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, lo tienen mucho más complicado para que las cláusulas hipotecarias sean declaradas nulas.

2º Se obvia que los Juzgados especializados y las Audiencias Provinciales no tienen un criterio uniforme. Por ejemplo, en Asturias no se reconoce la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que es, por cierto, el concepto de mayor importe. Por eso, y a la espera de que el Tribunal Supremo confirme o no su Sentencia 705/2015, en mi caso, he pasado de reclamar todos los gastos a los que seguro que, en Asturias, va a reconocer la Audiencia Provincial. Y ello, es debido a que, después de que, en las primeras Sentencias en las que se reclamaban únicamente los gastos de hipoteca, fueran estimadas parcialmente, decidí, y así se lo expliqué a mis clientes, reclamar todos los gastos menos el Impuesto, y así facilitar la condena en costas del banco. Con lo que, el cliente el gasto que se reclama sería para él en su integridad más el interés legal del dinero desde la fecha en la que el consumidor las abonó. Que, en casos de unos 900 €, podrían ascender en intereses a más de 300 €, si en la época en la que constituyeron la hipoteca es del año 2008.

3º Se obvia que el propio Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no niegan la validez de las cláusulas en cuestión, sino, en palabras del propio Alto Tribunal, por "la falta de transparencia en el caso de este tipo de condiciones generales provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con "cláusula suelo" en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado". Las relacionadas con determinados gastos de hipoteca, refiere que "El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto "La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables" (numero 2º), como "La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario" (numero 3º)".

Por lo que, es factible que, en algunos casos, entiendan los Tribunales, si la entidad financiera acredita que hubo negociación y fueron transparentes, no procede estimar la demanda presentada por el consumidor.



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jueves, 25 de enero de 2018

LA NULIDAD DE LAS COMISIONES DE POSICIONES DEUDORAS

Otro de los asuntos que el público general suele desconocer es, en el ámbito de los consumidores y usuarios, es el relativo a ciertas cláusulas que imponen las entidades financieras a sus clientes, como son las comisiones por descubierto. Esas que te cobran los bancos por estar unos días con un descubierto en la cuenta bancaria y que oscila el importe entre 30 y 39 €. Y sobre ellas trataremos en esta entrada.

Para empezar, hay que dejar claro que, a continuación, voy a exponer se refiere a los consumidores, que según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 3, son "las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión." Este concepto de consumidor y usuario se amplia a "las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial."

Este concepto hay que dejarlo claro en tanto en cuanto la normativa vigente sobreprotege a los consumidores en aras de procurar atenuar las prácticas abusivas que llevan a cabo las grandes empresas, que imponen sus condiciones a los clientes cuando les ofrecen bienes y servicios. De ahí que, por ejemplo, ciertas presunciones que son normales en el ámbito civil, como el de la carga de la prueba recae en quien sostiene unos hechos (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En cambio, en el ámbito de los consumidores y usuarios, se produce una inversión de la carga de la prueba. Motivo por el que si un consumidor en un procedimiento judicial afirma que el contrato que ha firmado ha sido impuesto y no ha sido negociado, la empresa tiene que demostrar que sí lo ha sido. 

Dicho lo precedente, los Tribunales han venido declarando nulas las comisiones por descubiertos o reclamación de posiciones deudoras en base a que no han justificado que el importe que imponen se corresponda con un gasto que realmente el banco haya tenido por ese concepto. De hecho, ni siquiera realizan ninguna reclamación y automáticamente giran el cobro. A veces por unos míseros céntimos. Dicho criterio, lo hemos utilizado en nuestras demandas de gastos de hipoteca para solicitar la nulidad, entre otras cláusulas, las cláusulas que imponen las comisiones de reclamación de posiciones deudoras, y en los Juzgados nos han dado la razón. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo, en su Sentencia de 5 de Octubre de 2017 (PO 431/2017), que, con cita de otras resoluciones judiciales, "Es por ello que cuando la cláusula fija la imposición de un precio fijo por reclamación, con independencia del acto de gestión a que se refiere, sin vinculación frente a él ni económica ni jurídica, se está atentando al principio de equilibrio y por tanto, causando el desequilibrio al que se refiere el art. 82-1 TRLGCU que es un déficit jurídico y por tanto, referido a derechos y obligaciones y no al contenido económico del contrato.
 
La cláusula produce desequilibrio y es abusiva porque no hay reciprocidad dado que a la prestación de una parte no sigue, necesariamente, una contraprestación de la otra, resultando indiferente cual sea la cuantía o valor económico real de la prestación -gestión de cobro- y contraprestación -precio de la gestión-" Por ello, declaró "la nulidad de los cargos relativos a comisiones por reclamación de impagados."

Dicha declaración fue mantenida por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias, en Sentencia de 5 de diciembre de 2017, por el que desestimaba el recurso de apelación formulado por la entidad bancaria, recordando que "En lo atinente a la comisión por reclamación de posiciones deudoras, alega la parte apelante que la cláusula 4.4 que la establece, y que ha sido transcrita en líneas precedentes, es válida, aunque efectivamente dicha comisión debe responder a servicios realmente prestados" y, en el caso en cuestión, "Por tanto, sea o no que fue aplicada al saldo por el prestamista, dicha cláusula se declara nula."

El mismo recorrido tuvo la cláusula de comisiones deudoras en el PO 1148/2017, que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo (el especializado para las hipotecas), que declaró su nulidad en Sentencia de 17 de octubre de 2017.

Y, como colofón, en nuestras demandas siempre citamos, entre otras, la Sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de septiembre de 2004, en el que manifiesta que: “No cabe considerar justificada la existencia de los servicios que el demandado dice prestados a la demandante, pues como queda dicho las gestiones realizadas para atender la financiación de clientes se remuneran mediante los intereses de demora; y librar determinados apuntes contables se perciben por las comisiones de mantenimiento (1.800 ptas. mensuales) y administración (30 ptas. por apunte).” 

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viernes, 19 de enero de 2018

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS DE SERVICIOS TELEFONICOS

Últimamente, a raíz de que cierta famosas empresas de recobro están reclamando facturas de teléfono de hace más de 7 años, se está consultando si esas deudas están prescritas. A este respecto ,mencionar que las facturas telefónicas, de la misma manera que otros suministros como luz, agua o gas, prescriben a los 3 años desde su emisión (véase por ejemplo la Sentencia dictada por la sección 1 de la Audiencia Provincial de Gerona, de 2 de febrero de 2007, o la de la sección 8ª de la Audiencia de Madrid de 1 de marzo de 2010), en aplicación de la regla cuarta del art. 1967 del Código Civil. 

No obstante, ha de quedar claro que la prescripción de cualquier acción sometida a plazo puede interrumpirse, volviendo, en caso de que ocurra, a reiniciar el plazo en cuestión. Para que se interrumpa la prescripción es necesario, como señala el art. 1973 del Código Civil, que exista una reclamación extrajudicial (es necesario que conste que la reclamación la recibe) o un reconocimiento de deuda por parte del deudor. Por ello se aconseja que, en las llamadas telefónicas que realicen desde esas empresas de recobro, no se reconozca la deuda, porque, como avisan antes de empezar la conversación, las graban y las pueden utilizar como prueba en un juicio. 

¿Qué se puede hacer en caso de que esas empresas de recobro empiecen a llamar incesantemente para exigir el pago de la deuda? Pues, existen varia vías, la primera, dependiendo de la intensidad de las llamadas, puede ser considerado como un delito de coacciones en la forma de acoso telefónico, por lo que se podría interponer denuncia en la Guardia Civil, Policía Nacional o en el Juzgado de Guardia, aportando la lista de las llamadas recibidas por parte de dicha empresa. No obstante, es aconsejable utilizar la APP "call blocker" y bloquear cada uno de esos números tóxicos. Otra opción es presentar denuncia en la Oficina de Consumo en la localidad de residencia, denuncia en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o en la Agencia Española de Protección de Datos. También existe la posibilidad de presentar una demanda civil a los efectos de interesar la cesación del acoso telefónico, sin perjuicio de exigir daños y perjuicios por daños morales o inclusión indebida en fichero de morosos. 

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jueves, 21 de diciembre de 2017

DESMONTANDO MITOS SOBRE EL RECUENTO ELECTORAL

Hoy día de elecciones, aunque sea sólo en Cataluña, y ante la previsión de que se puedan difundir bulos sobre el escrutinio, conviene recordar lo siguiente: 

1º Tenemos una legislación electoral de 1985, por lo que existe un predominio del papel en todo el proceso electoral. 

2º El escrutinio de las mesas se hace de manera pública. Se levanta acta de constitución, sesión y escrutinio. Dichas actas son firmadas tanto por el Presidente y Vocales como por los interventores de los partidos. Se da copia de cada una de estas actas a cada partido a través de sus representantes (interventores y apoderados). Se tienen que rellenar tres sobres, conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la LOREG, En el primero, contendrá el original del acta de constitución de la mesa, el original de la sesión, los documentos a que haga referencia el acta de sesión, en concreto, lista numerada de votantes y papeletas a las que se hubiera negado validez o que hubiera sido objeto de alguna reclamación, lista del censo utilizada y las certificaciones aportadas. Los sobres 2 y 3, copia del acta de constitución y de sesión. Los dos primeros sobres se lo lleva el Presidente de Mesa al Juzgado de Paz o de Primera Instancia que corresponda. El tercer sobre es para el funcionario de correos. Es importante recalcar que: "Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e interventores pondrán sus firmas en ellos, de forma que crucen la parte por la que en su día deban abrirse." Se hace así para evitar que nadie pueda abrirlos y cambiar su contenido sin que se pueda saber.

3º El escrutinio general, el oficial y legal, se realiza en las Juntas Electorales correspondientes (en caso de Cataluña, las provinciales) al tercer día después de las elecciones, en sesión pública, en el que se abre uno por uno cada uno de los sobres 1 de cada mesa electoral, leyendo delante de los representantes de cada partido (teniendo ellos su copia de cada acta) las actas de cada mesa, en el que se resolverá las impugnaciones realizadas en el día de las elecciones. De dicho escrutinio se levantará acta y se dará copia a cada representante. Y de lo que se llevará al boletín oficial correspondiente.
 
4º Dicho lo precedente, se ha de mencionar que ni Indra ni otra empresa interviene en el proceso legal del escrutinio. Su labor es meramente informativa. Repito, informativa. Se encarga de que en el día de las elecciones se puedan conocer quién ha ganado las elecciones. Por eso en la página web del Ministerio o de la CCAA se menciona que son resultados provisionales. De ahí que los representantes de la Administración asignados a cada mesa tengan una PDA en donde introducen los datos que les dan en la mesa electoral, que se procesa electrónicamente y son los que luego aparecen en la web o en la APP. Pero repito esos datos son de carácter informativo. Antiguamente se daban los datos por teléfono, el funcionario llamaba para dar los datos y luego el Ministro o el Consejero del ramo daba la información. Pero estos datos NO son llevados al BOE o al Boletín autonómico, estos datos quedan en el servidor donde están alojados. Y como es de carácter INFORMATIVO es bastante plausible que puedan no concordar con los resultados proclamados por las Juntas Electorales, además de que éstas son las que resuelven las impugnaciones que haya podido haber en cada mesa, y votos que han sido declarados válidos por la mesa son anulados por la Junta Electoral y viceversa.

 5º El que diga lo contrario a lo que marca la ley, que lo acabo de resumir, MIENTE o es CÓMPLICE DE UNA MENTIRA. De todas maneras, para los incrédulos les animo que hoy vayan al escrutinio de una mesa y al escrutinio general de la Junta Electoral Provincial al tercer día. Que son públicos.

SECCIÓN 15.  Escrutinio general de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

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lunes, 2 de octubre de 2017

SE CONSUMÓ LA FARSA DEL 1-O: YA TIENEN LA FOTO

 Ya lo expresé en mi anterior entrada EL REFERÉNDUM DEL 1-O ES UNA ESTAFA MAS, todo lo sucedido ayer era una pantomima de cara a unas próximas elecciones autonómicas, porque, desde luego, la intención de los políticos que se autodenominan independentistas, aunque más bien son de la poltrona, no era que el pueblo catalán ejerciera un supuesto derecho a la autodeterminación, ya que si esta hubiera sido la intención pues habrían aprobado una ley de referéndum con garantías electorales, no montar un bodrio con menos de un mes de antelación, sin que se pueda ni ver el censo, ni impugnar la no inclusión en él o rectificar datos personales, tampoco se ha establecido un procedimiento por voto por correo, ni del voto de los residentes ausentes. Eso sin olvidar que se aprobó saltándose el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento del Parlament. A esto añadimos que no había un órgano electoral independiente, y el que había fue disuelto porque, claro, una cosa es decir que son independentistas y otra que los amigos se coman las multas de un Tribunal al que le niegan la validez de sus decisiones.
 
















Ya dentro del esperpento de ayer, en el que se ha visto cómo las pocas normas que aún tenían se las saltaban permitiendo el censo universal, por el que cualquiera podía votar en cualquier mesa, pudiendo votar cualquiera varias veces, como así ha ocurrido, e incluso votando gente que ni está empadronada en Cataluña. De ahí que tampoco les importe dar resultados en el que se demuestra claramente el pucherazo, como es que, una vez escrutado los votos, hayan votado más del 100% de los votos, en concreto el 100,88% de los votos. Lo que me resulta sorprendente que quienes cuestionan la ley electoral española bajo el bulo de que el escrutinio oficial lo hace Indra y no las Juntas Electorales, no hayan dicho nada sobre este pucherazo.

Todo esto, en definitiva, que lo que buscaban era lo que pretendían el 9N, que eran fotos de Guardias Civiles sacando urnas de Colegios electorales, cargas policiales y víctimas de esas agresiones, algunos reales, otros ficticios y otros rescatados de las hemerotecas, aquí algunos ejemplos:

 1º Señora que se pone sangre falsa: 
 












2º Utilizar imágenes de hace 5 años.












No voy a entrar a valorar la actuación policial porque cumplían con su deber, ya que tenían una orden judicial emanada por la Magistrada del TSJC, y si hay quienes impiden a los agentes cumplir con deber, e incluso tiran vallas a los agentes, como se ha podido ver en vídeos, lo normal es que la Policía se vea obligada a actuar. Pero si quiero cuestionar la actuación de nuestra clase política, que piensa más en sus réditos electorales que en solucionar problemas. Todo esto no habría ocurrido si los grandes partidos no hubiesen estado jugando con los nacionalistas. Si, en lugar de venderse a ellos, para lograr su respaldo parlamentario, hubiesen hecho un pacto de caballeros en el que el partido que gane las elecciones gobierna, pues otro gallo nos habría cantado, ya que sólo se habrían conformado con pedir más competencias en lugar de acabar pidiendo un referéndum de autodeterminación. Porque el político nacionalista nunca va a dejar de reivindicar, y si consigue un objetivo pedirá otro. Si se le da un referéndum de independencia, querrán otro, y cuando se le dé el segundo, querrán el tercero. Y así hasta que les digas que no o hagas como Chretien, el que fuera primer ministro canadiense, estableciendo el principio de que si Canadá es divisible, también lo es el Quebec. Por eso, la única solución para España es implantar ese mismo principio. y así se acabarán los cuentos ya que no volverán a pedir ningún referéndum más, no vaya a ser que se queden con una República catalana sin los territorios más españolistas. Y hasta que no hagamos eso, esto va a ir a peor.

Twitter: @josecarrerob.

jueves, 14 de septiembre de 2017

EL REFERENDUM DEL 1-O ES UNA ESTAFA MAS

En efecto, el referéndum del 1-O es una estafa más del nacionalismo catalán. Aunque algunos piensen o crean, o nos quieran hacer creer, que los Puigdemont, Junqueras y demás tropa lo que realmente quieren es la independencia, si se analizan objetivamente todos los hechos, y para eso es necesario mirar un poco la hemeroteca, llegaremos a la conclusión de que lo que se esconde detrás de todo el sarao que han montado es ganar votos de cara a unas próximas elecciones autonómicas, para así todos estos individuos seguir trincando a los catalanes, tal y como lleva demostrando Convergencia a lo largo de los años, y así tenemos como ejemplo, el molt honorable Jordi Pujol y  familia o el famoso 3%, motivo por el que a CdC les han embargado hasta las sedes. Así se entiende el porqué fundar un nuevo partido, pero con todos los sinvergüenzas dirigiendo el cotarro de la nueva formación. 

No obstante, he de decir que los Puigdemont y demás sean unos golfos, que mienten a los catalanes para el beneficio propio no significa que en las demás formaciones no haya otros golfos, que utilizan la política para el lucro personal. Si no es todos los días, muy a menudo, nos desayunamos con escándalos de corrupción. Pero la gran diferencia es que estos sinvergüenzas están generando un odio cada vez mayor en el resto de España, que, en el caso de que hubiera un referéndum nacional por el que se decidiera la posible  independencia de Cataluña, habría más votos favorables que en la propia Comunidad autónoma afectada. Y hacer política a base de generar odio es lo peor que se puede hacer, porque las consecuencias pueden ser catastróficas. Miremos, si no, en el pasado. Por esto, es por lo que he decidio escribir unas líneas tan duras.

A continuación pasemos a desmontar mitos y falsedades vertidas por estos estafadores (si, lo son, y con todas las letras):

1º Es rotundamente falso que el derecho internacional reconozca el derecho de autodeterminación de Cataluña. Como se puede comprobar leyendo las Resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El derecho de autodeterminación corresponde a las colonias. Cataluña no es una colonia sino una Comunidad Autónoma, cuyos ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes que el resto de españoles.





















2º Es falso que en caso de independencia, Cataluña seguiría formando parte de la UE. Es saber un poco de Derecho internacional público y mirarse los tratados constitutivos de la UE.

Pero es más, no quieren si quiera la independencia. Recordemos, como así lo hizo Inés Arrimadas en el Parlament, y que poca publicidad se le hace incluso a nivel nacional, lo siguiente:

1º Ya se convocó un 9N, con el resultado que se tuvo. ¿Y qué pasó? Nada.

2º El 27S, según palabras del Sr. Mas, eran unas elecciones plebiscitarias, en el que si ganaban en escaños iniciarían el procés. Si el procés de independencia. La desconexión con el Estado. Es más, como recordó la lider de la oposición catalana, no venía en el programa otro referéndum. Y casi dos años después nos sacan otro referéndum, cuando lo que tenían que haber hecho es independizarse ya. ¿O es que toman estos sinvergüenzas a los catalanes por tontos?

Pero es que además la aprobación de las leyes de referendum como la de transitoriedad jurídica fueron aprobadas conculcando los derechos de los diputados de la oposición, en el que se les impidió hasta presentar enmiendas.. SiCoscubiela les afeó esta cacicada. Pero la ley de reférendum, la que da base al 1-O es una aberración jurídica, en el que se convoca una consulta sin las mínimas garantías. Si un proceso electoral ordinario desde la convocatoria hasta la fecha de las elecciones transcurren 54 días, todo esto lo resumen en menos de 30 días. En una convocatoria en el que ni se exponen públicamente los censos electorales para que los ciudadanos puedan comprobar si están o no correctamente censados, las sindicaturas electorales son elegidas a dedo, no por sorteo entre magistrados como ocurre en cualquier proceso electoral a la hora de constituir las Juntas Electorales. Toda una serie de disparates que demuestran que realmente no quieren que se celebre el referéndum dichoso. Lo que quieren es que el Gobierno impida esa convocatoria, y si puede ser con una foto de un agente de la Guardia Civil quitando una urna mejor. Porque esa foto es su foto de campaña. No le demos más vueltas a este paripé, por mucho que haya ingenuos fuera de Cataluña que apoyen lo que es una aberración democrática, como es aprobar leyes obviando todos los trámites procedimentales y una proceso electoral que no es equiparable con ningún país moderno y democrático.
hasta

Por todo lo anterior, reitero mi afirmación de que esta gentuza son unos simples ESTAFADORES.

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jueves, 30 de marzo de 2017

SOBRE LA CONDENA A LA TUITERA CASSANDRA: CONSIDERACIONES PERSONALES

Con respecto a la libertad de expresión, estoy muy de acuerdo con la opinión de Miguel Presno, tal vez por haber sido alumno suyo. Entiendo en el caso del art. 578 CP no estaba pensado para que castigar a un tuitero que le dé por hacerse el gracioso o por buscarse notoriedad, sino para luchar contra el terrorismo, en especial contra el entramado de las organizaciones criminales que buscan perpetuar su actividad delictiva menospreciando, persiguiendo y acosando a sus víctimas y a sus familiares. No estoy tampoco de acuerdo con la propuesta de Pablo Iglesias de derogar este artículo, aunque sí modificar su redacción para mantener la finalidad que tenía. Además, en lo que respecta a mi como nieto de Luis Carrero Blanco, considero que es más lógico que, para este tipo de casos, deberíamos ser nosotros los que, si estimamos que nos ofende una manifestaciones de alguien por las redes sociales, ejerzamos las acciones legales pertinentes, no encontrarnos en medio de ningún circo mediático que no hemos buscado.

En efecto, aquí incluso la condenada parece que va a sacar tajada, ya que pese a ser condenado a un año de prisión (que no va a cumplir y que a los dos años desde que se cumpla el plazo de suspensión de la condena se le van a cancelar) ha facilitado una cuenta de pay pal para que le hagan donaciones, cosa que no dudo va a recibir en bastante cantidad. Tampoco quiero prestar mucho más atención a una persona que ha quedado retratada cuando en el programa de Onda Cero, Más de Uno, Carlos Alsina, le preguntó sobre si eran ciertos algunos tuits que le atribuyen, y ella después en su cuenta de Twitter manifiesta que se sintió acosada por el entrevistador. 

Por otra parte, nosotros, la familia, en cambio, nos hemos encontrado en medio de esta polémica sin querer, y para colmo una serie de sinvergüenzas para, supuestamente solidarizarse de la susodicha Cassandra, han empezado la campaña de chistes hacia mi abuelo, sin ponerse a pensar siquiera en que nos puede molestar. Seguramente les da igual, pero qué se les va a pedir a unos hipíocritas (ya lo denuncié en mi muro de facebookLucía Carrero, que fue quién públicamente manifestó su oposición a que la juzgasen, y a la que tanto aplaudieron en su momento.


) que mientras que piden libertad de expresión para unas cosas son los primeros en pedir que les caiga todo el peso de la ley a los que exponen ideas que les molestan a ellos. Y es que además ni siquiera han tenido el respeto ni consideración por mi prima

A uno ya le cansa ya que por el hecho de ser nieto de alguien tenga que ser objeto de desprecios, de ofensas e incluso de amenazas (en Piloña ya vimos la famosa pintada de que "volarás como tu güelo"). Si encabezo o lidero una formación política, y da igual que tenga en mi equipo a gente de izquierdas, ya se nos moteja como formación de extrema derecha o fascista. No se molestan en analizar nuestras propuestas o nuestra trayectoria política, somos fascistas porque tengo un determinado apellido. Ese es el gran nivel intelectual de algunos. Y esa es la "democracia" que quieren algunos, una "democracia" en donde se discrimine a la gente por razón de familia. Ahora por no tener nada que ver en el caso, tenemos esta recompensa. Así que, muchas gracias por el bonito detalle. Sé ve claramente qué tipo de personas son.


Estas son algunas de las pruebas gráficas de lo que digo:

 
 
























La pregunta es, ¿hay derecho a esto?

Twitter:  @josecarrerob

martes, 20 de diciembre de 2016

EL MANTENIMIENTO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS EN LOS MAYORES DE EDAD

Uno de los asuntos que lleva a confusión es el relacionado con los alimentos de los hijos menores de edad, cuya cantidad se establece en Sentencia de Divorcio o Separación, y, en su caso, las sucesivas de Modificación de Medidas, es la idea equivocada que tienen algunos padres (rara vez los no custodios son las madres) de que cuando su hijo cumple la mayoría de edad se extingue la pensión de alimentos. Pues nada más lejos de la realidad puesto que la obligación subsiste, en primer lugar, hasta que haya otra Sentencia que acuerde su extinción. Proceder por la vía de hecho a dejar de abonarlos puede conllevar graves consecuencias jurídico penales, como es la de incurrir en un delito de abandono de familia tipificado en el art. 227 del Código Penal, castigado con penas de prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses (traducido: en que si se impone una cuota diaria de 10 €, que es lo habitual, -aunque puede ir de 2 € a 300 € diarios, según la capacidad económica del penado- oscilaría entre 1800 € a 7200 €, además de abonar los alimentos que no ha satisfecho como responsabilidad civil. Debiendo en todo caso abonar primero la responsabilidad civil si es que se quiere luego pagar la multa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 126 del Código Penal. Y si no se abona la multa, se transformaría en pena de prisión a razón de 1 día de prisión por cada 2 días de multa impagada.



En segundo lugar, para proceder a su extinción no es suficiente con alegar que su hijo ya es mayor de edad, porque esa obligación legal subsiste hasta que pueda tener una formación o titulación académica que le facilite su acceso al mercado laboral. En ningún caso se le va a premiar a un joven que no quiere estudiar ni trabajar, siendo ésta causa suficiente para extinguirla. Así la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias, en Sentencia de 4 de noviembre de 2016 afirma que "Por su propia naturaleza la pensión de alimentos fijada en sede de un procedimiento matrimonial necesariamente tiene vocación temporal y una vez que los hijos finalizan o cesan en sus estudios y se incorporan al mundo laboral o están en condiciones de acceder al mismo, la pensión otorgada en dichoprocedimiento, carece de fundamento y se extingue." Para, a continuación, reiterar que "Como ya ha señalado esta Sala en numerosas resoluciones aun en el caso de que un hijo mayor de edad se encuentre cursando estudios es necesario que mantenga una actitud diligente que ponga de manifiesto su aplicación". De lo que se deduce lo que se expuso con anterioridad, en el sentido que no se tolerará a un mayor de edad prolongándose innecesariamente en los estudios que esté cursando, y menos que ni estudie ni haga esfuerzo alguno para acceder al mercado laboral.

Por otro lado, tampoco se puede argumentar para mantener la pensión de alimentos que el hijo se encuentre en una situación laboral precaria o que esté en paro, porque como razonó la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, en Sentencia de 14 de noviembre de 2016: " (el demandado) se halla incorporado al mercado laboral desde el año 2009, desempeñando trabajos esporádicos y temporales, y de forma más estable desde el 6 de marzo al 15 de octubre de 2015, con ingresos cercanos a los 600 euros, pasando a percibir prestación por desempleo desde el 16 de octubre de 2015 al 15 de febrero de 2016, por importe de 570,88 euros, en situación actual de paro, reflejado, entre otras, en la Sentencia de fecha 8 de julio de 2016 , por citar una de las más recientes, donde dijimos "... tratándose de alimentos de hijos mayores no es sólo que se limiten a los estrictamente indispensables del artículo 142 del Código Civil sino que al valorar la procedencia de su mantenimiento, cuando se constata que el mayor ha accedido a la vida laboral, debe tenerse presente que no cabe exigir, dada la inestabilidad laboral actual y el régimen de contratación temporal predominante en el mercado, que aquel obtenga un trabajo fijo, lo que obligaría en la mayor parte de los supuestos a mantener las medidas de alimentos...". En su caso, en caso de necesidad, el hijo deberá acudir a la vía del art.  142 del Código Civil reclamando los alimentos, hasta que se solucione, a ambos padres. 

Espero, pues, que esta entrada sea de utilidad para los lectores de este blog.

Twitter @josecarrerob