LA NUEVA PLUSVALÍA: OTRA NORMA VICIADA DE INCONSTITUCIONALIDAD

 A raíz de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional y, por lo tanto la nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que dejaba en la práctica a los Ayuntamientos sin una fuente importante de financiación, el Gobierno de España ha decidido cometer intencionadamente otro grave error, cuyas consecuencias no las padecerán sus actuales miembros, ni tampoco el Ejecutivo que le toque asumir una más que probable declaración de inconstitucionalidad que dicte el citado Tribunal, cuando le venga en gana resolver, claro, pero si se verán perjudicados los Ayuntamientos y, sobre todo, muchos ciudadanos.

¿Por qué digo que los Ayuntamientos y los ciudadanos? Por los motivos que expondré más adelante, pero antes considero necesario exponer por qué el Tribunal Constitucional declarará el decreto ley que mañana saldrá en el BOE inconstitucional. Grosso modo por vulneración del ámbito material establecido en el art. 86.1 de la Constitución. Dicho precepto limita, y, por lo tanto, prohíbe que los decretos leyes regulen aspectos que puedan "afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general". Es decir, no basta con alegar la extraordinaria y urgente necesidad, sino que, aunque se den esos supuestos formales, no puede regular, entre otras materias, nada que tenga reserva de ley orgánica, por ejemplo. ¿Y por qué el constituyente incluyó esta limitación? Porque se aprendió del pasado y, con ello, se pretendía impedir que un Gobierno pudiera modificar normas fundamentales por Decreto, sin contar con la aprobación del Parlamento, sede de la soberanía popular y del poder legislativo. El ejemplo más conocido fue cuando los nazis quemaron el Bundestag y empezaron a gobernar por decreto.

La pregunta siguiente es, ¿por qué es inconstitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno? Por lo que dispone el art. 31 de la Constitución (que se encuentra en el título 

"1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

Y ya no es que lo diga yo, sino que existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, recientemente en la STC 156/2021, de 16 de septiembre, la recordó con motivo del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Grupo Parlamentario de Podemos contra el decreto ley 1/2017. En esa sentencia se citaba otras anteriores como la STC 182/1997 por la que se declaró inconstitucional el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes.

El TC, en dicha resolución recuerda que "Es cierto que inmediatamente después, en el mismo fundamento jurídico, se añadía: "pues ya hemos dicho que en el sistema constitucional español no rige de manera absoluta el principio de legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria y que la reserva de Ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración, dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cualquier otra regulación de ellas ni la supresión de las exenciones o su reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de los elementos esenciales del tributo". Ello, sin embargo, se dijo porque era imprescindible para dar respuesta al órgano judicial, que en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad había esgrimido la reserva de Ley tributaria (arts. 133.1 C.E. y art. 31.3 C.E.) como ámbito constitucionalmente vedado al Decreto-ley, y para rechazar que dicho precepto constitucional (el art. 31.3 C.E.) pudiera ser traído allí a colación, dado que la medida adoptada en el Decreto-ley cuestionado [Real Decreto-ley 11/1979, Disposición transitoria segunda, letra b) que reducía los beneficios fiscales de las viviendas de protección oficial en la Contribución Territorial Urbana] quedaba fuera del ámbito de la reserva de Ley tributaria."

Con ello, no está diciendo el TC que no se pueda modificar por Real Decreto Ley normativa tributaria, sino que lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es afectar a elementos esenciales del tributo. Y en el caso en cuestión afirmó que "Con independencia de que es discutible el carácter "moderado" de la elevación de las tarifas, ya hemos dicho que la indagación acerca de si un Decreto-ley afecta o no al deber de contribuir debe atender, no sólo a la cuantía de la modificación que introduce, sino también a otros aspectos distintos, entre los que cobra especial importancia la naturaleza del tributo sobre el que incide. Y, desde esta perspectiva, dado que el tributo que ha resultado alterado por el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992 es el I.R.P.F., no puede negarse que el aumento de su cuantía mediante dicho instrumento normativo ha afectado sensiblemente al deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, tal y como éste se configura en el art. 31.1 C.E."

Pues, mutatis mutandi, y dado que ahora mismo, y aunque el impuesto en sí subsiste, lo que ha desaparecido por la declaración de inconstitucionalidad es la posibilidad de determinar la base imponible del impuesto y, por lo tanto, de la cuota tributaria. En consecuencia, dado que el Gobierno pretende aprobar elementos esenciales del tributo no debería hacerlo por Decreto ley. Y digo que no debería porque, como se ha visto, poder puede hacerlo.

Y qué va a pasar, a partir de mañana, cuando se publique en el BOE, pues que muchos ciudadanos acabarán pagando un impuesto que es inconstitucional pero que no se van a meter en pleitos por los costes que va a traer. Además de que dependerá del Juzgado o Tribunal de lo Contencioso en el que caigan los recursos judiciales y que estén dispuesto a hacer lo mismo que hizo el TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, que no es otra cosa que elevar otra cuestión de inconstitucionalidad. Y, salvo que sea alguien que quiera pelear por el concepto abstracto de justicia,  por 800 o 1000 € no compensa meterse en gastos de abogado y procurador. Desde luego, por cantidades mucho más elevadas, claro que sí compensa. Porque, esa es otra, cuando el TC se pronuncie va a hacer exactamente lo mismo que hizo en esta ocasión: impedir los efectos retroactivos. Por supuesto los otros perjudicados, aunque en menor medida, son los propios Ayuntamientos que se verán avocados a gastar en los procedimientos judiciales en los que se van a ver envueltos por esta chapuza y por el dinero que van a tener que reintegrar o dejar de cobrar.

Pero lo más sorprendente de este Gobierno es su alta capacidad de despreciar las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Ha recibido unos cuantos reveses por parte del TC, además de por otros tribunales, y, en lugar de enmendar el error, sigue empeñado en persistir en los mismos errores.

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LA REFORMA PRETENDIDA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL PSOE Y PODEMOS

 En la anterior entrada de este blog ya trataba sobre un tema de candente y polémica actualidad, en el que explicaba en A VUELTAS CON LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, desde un plano jurídico, a los efectos de que el lector profano pudiera tener información más fidedigna que la que dan los medios de comunicación y, por supuesto, los interesados partidos políticos. Dicho sea de paso, lo que escribí no es dogma de fe ni una verdad absoluta, ya se sabe que en Derecho hay distintas tesis sobre un mismo asunto, aunque los que ejercemos la abogacía nos tenemos que ceñir a lo que resuelven los de las puñetas, en especial el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque muchas veces nos limitamos al criterio de las Audiencias Provinciales, ya que muchos asuntos mueren en ese Órgano Judicial.

Pues bien, a raíz de la Proposición de Ley Orgánica presentada por los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos, que pueden leer en el siguiente enlace que ha facilitado El País: proposición de ley orgánica, se ha montado una enorme polvareda ya que pretende modificar el artículo 572 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial por el que, si en segunda vuelta no se obtienen 3/5 de la Cámara para nombrar a los nuevos vocales se nombrarán por mayoría absoluta. Algo que obviamente no ha gustado a los partidos de la oposición, pero tampoco a la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales y a la Unión Europea. Incluso Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, ha apelado a la necesidad de ponerse a dialogar antes de reformar la ley. Y todo esto porque al Presidente del Gobierno no le ha gustado que el actual Consejo haya nombrado a Magistrados del Tribunal Supremo, aunque lo haya hecho con una amplia mayoría de 18 vocales de 20. Sólo Álvaro Cuesta, elegido por el PSOE, y la vocal de IU se abstuvieron. Los demás vocales progresistas votaron a favor. Personalmente me da la sensación de que esta reacción ha sido debido a que le ha molestado no participar en el nombramiento de los nuevos Magistrados, algo que contraviene la separación de poderes, porque, aunque se hubiera renovado el Consejo, el Gobierno no debe sugerir, proponer, ni dar el visto bueno al nombramiento de ningún juez o magistrado para el ejercicio de la actividad jurisdiccional. La función de las Cortes se debe limitar a nombrar a los vocales, y una vez nombrados ellos tienen que tener la suficiente autonomía e independencia para hacer su trabajo sin que tenga que recibir la llamada de nadie del poder ejecutivo ni legislativo.

En el sentido anteriormente expuesto, y como ya dije que el criterio interpretativo válido es el de los Tribunales, el Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, validó la forma de elección llevada a cabo por el propio PSOE en 1985, que es el que se ha perpetuado a lo largo de los años hasta el día de hoy, en base, entre otros, al siguiente razonamiento:

"Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial."

Como se puede observar la elección por parte de las dos Cámaras de las Cortes Generales de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es admisible siempre y cuando no se politice el órgano de gobierno de los jueces. De ahí la necesidad de la mayoría de 3/5 lo que obliga a un consenso entre las fuerzas políticas. Aunque dicho sea de paso que este planteamiento ha sido obviado en lo sucesivo por el PSOE y el PP, ya que se han limitado a repartir el número de vocales entre ellos, cuando deberían haber pactado uno a uno el nombre de los nuevos vocales, analizando su valía profesional en lugar de sus simpatías políticas. Si hubieran procedido por su valía profesional, no habrían elegido como vocales, por ejemplo, a Álvaro Cuesta, cuya trayectoria como abogado es prácticamente inexistente; o Enrique López, actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que fue elegido como vocal en la segunda legislatura de Aznar.

Pues bien, esta reforma que pretende los partidos del Gobierno, que saben que es inconstitucional -por eso los grupos parlamentarios que lo sostienen han sido los que han presentado la proposición de ley, ya que así obvian los informes preceptivos que tienen que pedir, y que le dirían a Sánchez lo que no quiere- de aprobarse acarreará consecuencias nefastas para nuestro país. Primero porque va a suponer una mayor politización del poder judicial, en el que todos los vocales serán elegidos por la mayoría parlamentaria, ya no sólo en esta legislatura sino en las sucesivas, que, puede que tenga otro color político. Porque dudo mucho que, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ninguna futura mayoría parlamentaria va a tocarlo ya que se querrán beneficiar de ello eligiendo a los suyos en el órgano de gobierno judicial. Ya se vio como el PP, que recurrió la LOPJ, y que prometió de manera sucesiva volver al sistema anterior, que era el que respetaba, según mi criterio, el espíritu del art. 122.3 de la Constitución, al final aceptó la reforma de González porque le beneficiaba políticamente. Así que, una vez elegidos por el Gobierno de turno, a través de su mayoría parlamentaria, éstos, cuan dóciles, nombrarán a los magistrados afines a los efectos de impedir que se les juzgue, teniendo en cuenta que están aforados, y parece que van a seguir estándolo. A esto, hay que añadirle que podemos acabar siendo sancionados por la Unión Europea. 

Los afines al Gobierno lo justifican en la actitud del PP, pero una cosa es, dada la situación modifiquen la LOPJ para reducir las funciones de un Consejo en funciones en caso de bloqueo, algo que ya plantean los promotores en la reforma que pretenden, pero otra cosa es pasarse de la raya, con su intención de modificar la forma de elección que va a conllevar a una mayor politización del Poder Judicial y con ello un deterioro de la calidad democrática de nuestro país.

Existe, por último, otro intento del Gobierno de modificar la justicia, en concreto la instrucción de las causas criminales, por el que pasará a manos de la Fiscalía la responsabilidad de instruir la causa, pero eso es harina de otro costal, y del que dio cuenta de manera muy certera mi paisano y ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas Cerezuela, en su blog, en su entrada "El libro negro de la justicia", sin perjuicio de que pueda desarrollar mi opinión en otra entrada en este mi blog.

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DESMONTANDO MITOS SOBRE EL RECUENTO ELECTORAL

Hoy día de elecciones, aunque sea sólo en Cataluña, y ante la previsión de que se puedan difundir bulos sobre el escrutinio, conviene recordar lo siguiente: 

1º Tenemos una legislación electoral de 1985, por lo que existe un predominio del papel en todo el proceso electoral. 

2º El escrutinio de las mesas se hace de manera pública. Se levanta acta de constitución, sesión y escrutinio. Dichas actas son firmadas tanto por el Presidente y Vocales como por los interventores de los partidos. Se da copia de cada una de estas actas a cada partido a través de sus representantes (interventores y apoderados). Se tienen que rellenar tres sobres, conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la LOREG, En el primero, contendrá el original del acta de constitución de la mesa, el original de la sesión, los documentos a que haga referencia el acta de sesión, en concreto, lista numerada de votantes y papeletas a las que se hubiera negado validez o que hubiera sido objeto de alguna reclamación, lista del censo utilizada y las certificaciones aportadas. Los sobres 2 y 3, copia del acta de constitución y de sesión. Los dos primeros sobres se lo lleva el Presidente de Mesa al Juzgado de Paz o de Primera Instancia que corresponda. El tercer sobre es para el funcionario de correos. Es importante recalcar que: "Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e interventores pondrán sus firmas en ellos, de forma que crucen la parte por la que en su día deban abrirse." Se hace así para evitar que nadie pueda abrirlos y cambiar su contenido sin que se pueda saber.

3º El escrutinio general, el oficial y legal, se realiza en las Juntas Electorales correspondientes (en caso de Cataluña, las provinciales) al tercer día después de las elecciones, en sesión pública, en el que se abre uno por uno cada uno de los sobres 1 de cada mesa electoral, leyendo delante de los representantes de cada partido (teniendo ellos su copia de cada acta) las actas de cada mesa, en el que se resolverá las impugnaciones realizadas en el día de las elecciones. De dicho escrutinio se levantará acta y se dará copia a cada representante. Y de lo que se llevará al boletín oficial correspondiente.
 
4º Dicho lo precedente, se ha de mencionar que ni Indra ni otra empresa interviene en el proceso legal del escrutinio. Su labor es meramente informativa. Repito, informativa. Se encarga de que en el día de las elecciones se puedan conocer quién ha ganado las elecciones. Por eso en la página web del Ministerio o de la CCAA se menciona que son resultados provisionales. De ahí que los representantes de la Administración asignados a cada mesa tengan una PDA en donde introducen los datos que les dan en la mesa electoral, que se procesa electrónicamente y son los que luego aparecen en la web o en la APP. Pero repito esos datos son de carácter informativo. Antiguamente se daban los datos por teléfono, el funcionario llamaba para dar los datos y luego el Ministro o el Consejero del ramo daba la información. Pero estos datos NO son llevados al BOE o al Boletín autonómico, estos datos quedan en el servidor donde están alojados. Y como es de carácter INFORMATIVO es bastante plausible que puedan no concordar con los resultados proclamados por las Juntas Electorales, además de que éstas son las que resuelven las impugnaciones que haya podido haber en cada mesa, y votos que han sido declarados válidos por la mesa son anulados por la Junta Electoral y viceversa.

 5º El que diga lo contrario a lo que marca la ley, que lo acabo de resumir, MIENTE o es CÓMPLICE DE UNA MENTIRA. De todas maneras, para los incrédulos les animo que hoy vayan al escrutinio de una mesa y al escrutinio general de la Junta Electoral Provincial al tercer día. Que son públicos.

SECCIÓN 15.  Escrutinio general de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

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DESPUÉS DEL 25S, HUNDIMIENTO DEL PSOE Y CIUDADANOS

Después de las elecciones del pasado domingo en Galicia y en el País Vascos donde el PP y PNV volvieron a ganarlas, y con incremento de votos con respecto a las anteriores autonómicas, en el que Feijoó revalidó su mayoría absoluta con 41 escaños y 15000 votos más. Urkullu ganó dos diputados 15000 apoyos electorales más. 

De los demás datos de las elecciones, podemos decir que el PSOE se sigue desangrando, siendo adelantados tanto en el País Vasco como en Galicia por Podemos y por  En Marea respectivamente. Adelantamiento que se produce no por mérito de las candidaturas apoyadas por Pablo Iglesias, que perdieron en Galicia con respecto al 26J 70.000 papeletas (140.000 con respecto al 20D), en el País Vasco, más de la mitad de las papeletas con respecto a las últimas generales, sino por el desplome de los propios socialistas. A esto se ha de añadir que Ciudadanos no ha entrado en ninguno de los dos Parlamentos, dejando por el camino, con respecto a las generales de junio, 86000 y 20.000 votos en Galicia y en el País Vasco respectivamente.

De todos estos datos se puede deducir las siguientes conclusiones:

1º Que la situación de bloqueo que vivimos, en el que llevamos con un Gobierno en funciones desde hace más de 9 meses, y con vistas a unas terceras, que los votantes han optado por la estabilidad, apoyando con una mayoría absoluta amplia a Feijoó en Galicia y a Urkullu con una mayoría simple pero en el que aumentó dos diputados.

2º Que debido a esta situación de bloqueo se ha llevado por delante a Ciudadanos, ya que, con independencia de que en algunas CCAA y Ayuntamientos son útiles, en las generales se ha comprobado que con sus votos no son suficientes ni apoyando a PSOE ni al PP. Y si hay terceras elecciones, el mayor perjudicado será la formación de Albert Rivera.

3º Que el PSOE se está desangrando por las luchas internas y sobre todo por la cerrazón de Pedro Sánchez de enrocarse como Secretario General. Los candidatos de la Xunta y a Lehendakari son afines a Sánchez.

4º Podemos sigue perdiendo votos, y muchos, aunque está satisfecho con haber logrado su objetivo que era adelantar al PSOE. Se confirma que las encuestas siempre les dan más de lo que al final obtiene, eso implica que sus potenciales votantes no dudan en reconocer su voto públicamente, aunque puede que al final no voten, a diferencia de otros que dicen que no dicen nada y al final votan.

Por otro lado, siempre dije que no había que confundir las elecciones generales con las autonómicas o locales, lo que hacen bien casi todos los partidos, por no decir todos, para apuntarse resultados que no son estrictamente suyos sino de otros compañeros de partido. Pero en el caso naranja y morado, no queda otra que contar con esos resultados para analizar la evolución del voto.

Por último, toda esta situación de parálisis institucional en la que nos encontramos desde hace más de nueve meses, tiene tres responsables, tres personas a los que considero un cáncer para España, como son Rajoy, Sánchez y Pablo Iglesias. Rajoy porque, aunque haya ganado dos elecciones, debería haber dado un paso atrás y ceder el testigo a otro. Bien se acaba de ver que Feijoó acaba de obtener unos resultados mucho mejores que los que él ha obtenido hace seis meses 30.000 votos menos. Rajoy, a día de hoy, es un lastre para el PP. Con otro candidato estaríamos ya con un gobierno. Pero no, se empeña en llevarnos a unas terceras elecciones para ver si, esta vez, consigue su objetivo. Siguiente personaje es Pedro Sánchez que debería haber dimitido a más tardar el 21 de Diciembre de 2015. Y, en mi opinión, está teniendo una actitud indigna que, pese a que le acaban de dimitir 17 miembros de su Ejecutiva, no se mueve en su actitud.

Y ya el último, Pablo Iglesias, ese personaje, inteligente, por supuesto, pero que tiene un enorme ego. Perdió 1,2 millones de votantes, y ni una sola autocrítica. Pero es más es otro de los interesados en el bloqueo de este país. A este señor no le interesa realmente quitar al PP del Gobierno, ni que el país tenga un nuevo Ejecutivo que empiece a hacer funcionar al país, sino en destrozar lo máximo posible al PSOE porque su objetivo verdadero no es echar al PP sino en adelantar y asumir el espacio electoral de los socialistas. Por eso no le interesa hacer Presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, lo que le interesa es que, una de dos, el PSOE se abstenga en la investidura de Rajoy o que haya terceras elecciones para así, a la tercera, adelantarle como ya hicieron en Galicia, País Vasco o Cataluña.

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ANALISIS DEL 26 J: SE VEIA VENIR.

Después de acabar el escrutinio de todas las mesas, en donde se han arrojado los siguientes resultados, en el que hubo una participación del 69,84% del Censo electoral, 24 millones de españoles (el 20D hubo una participación del 73% y 25 millones de votantes):

• PP: 137 escaños, 7,9 millones de votos (un aumento de 14 escaños y de 700.000 votos).
• PSOE: 85 escaños, 5,4 millones de votos (baja 5 escaños y pierde 100.000 votos).
• UNIDOS PODEMOS: 71 escaños, 5 millones de votos (mantiene los escaños, pero pierde 1 millón de votos).
• C´s: 32 escaños, 3,1 millones de votos (pierde 400.000 votos y 8 escaños).

A la vista de algunas reacciones, veo que en algunos comportamientos muy poco democráticos que no aceptan los resultados con expresiones muy poco afortunadas, y que no merecen la pena ser reproducidas, y otros que en lugar de analizar lo que han hecho mal culpan a la ley electoral. Pero vamos a ser un poco rigurosos y analicemos por qué se han dado estos resultados, que, por otro lado, se veían venir. Yo contaba con que el PP iba a tener más votos y que iban a superar los 130 escaños, también que Unidos Podemos no iba a aglutinar todo el voto que obtuvieron en las pasadas elecciones, aunque, bien es cierto, que no descartaba con que el cacareado sorprasso en votos podía darse, aunque no en escaños, sobre todo porque el PSOE en Andalucía tiene mucho peso electoral y se reparten 61 escaños. A C´s le iba a pesar el error político de firmar un pacto con el PSOE que no iba a ningún lado, sobre todo porque con 130 diputados votando a favor de Pedro Sánchez no iba a a lograr su investidura, algo que hizo perder a muchos de sus votantes de centro derecha. 

Pero la gran pregunta que muchos no se hacen, ¿por qué Unidos Podemos ha perdido 1 millón de votos? Un millón de votos que habría garantizado el cacareado sorprasso, que eso es lo que quería Pablo Iglesias en estas elecciones, y que forzó negándose a pactar con los socialistas , y así yendo de la mano de IU, y dando por hecho que todos sus votantes iban a votarle, se convertiría en el principal líder de la izquierda. Bien es cierto, que, como ya dije en su momento, era una buena jugada, que le salió bastante mal, pero que no tuvo en cuenta que iba a perder muchos votos, porque muchos votantes de IU no querían esa coalición además de que votantes de Podemos tampoco la querían, de ahí que 1 millón de votantes les retirase el apoyo, ya sea quedándose en casa o votando al PSOE. Pero para profundizar en el error, Pablo Iglesias mutó su ideología y pasó de ser comunista a ser socialdemócrata. Y, desde luego, ese cambio ideológico a muchos votantes de IU no les hizo ninguna gracia. Para votar socialdemócrata votan al PSOE. 

Por otro lado, este tipo de coaliciones, además de desmotivar al potencial votante propio (recordemos que, en el año 2000, el acuerdo pre electoral entre Almunia y Frutos perjudicó a ambos), moviliza al electorado de la derecha.  Y así ha ocurrido el día de ayer, con el aliciente de que el pacto de C´s con el PSOE no ayudó a que los naranjas consolidaran su electorado de centro derecha. Algo a lo que también ayudó la propia propaganda podemita vendiendo que C´s era lo mismo que el PP.

Y hablando de los de Albert Rivera, he de decir que no vengan ahora echando la culpa a la ley electoral, ni a la ley D´Hont (que, por cierto, no es culpa de este sistema de reparto, sino de las circunscripciones electorales), sino de que han perdido 400.000 votos y el PP ha ganado 700.000, por eso en circunscripciones pequeñas como Albacete, donde se reparten 4 escaños, C´s pierda 2000 hace que ceda el escaño a Unidos Podemos, que incrementó sus votos en un millar o en Toledo, donde se reparten 6, y si el PP sube en 9.000 y C´s baja en unos 5000 votos, lógico es que ese escaño lo pierdas en favor del PP. No obstante, aunque hayan perdido 8 escaños sorprendentemente, tienen más peso que cuando tenían 40.

Como conclusión, cuando se fuerzan unas nuevas elecciones, que por mucha gente se vio como una segunda vuelta, en el que se contraponía dos modelos, el del PP o el de Unidos Podemos, hizo que mucha gente, que había castigado al PP el 20 D ya sea votando a C´s o quedándose en casa, optase por el voto útil o del mal menor. Así que habiendo tenido la oportunidad de echar a Rajoy de la Moncloa después del 20 D, cuando venía de haber perdido 3 millones de votos y 63 escaños, ahora después de haber aumentado sus apoyos en 700.000 papeletas y 14 escaños, no es muy afortunado quejarse.

Por cierto, ¿cuándo piensa dimitir Pedro Sánchez por seguir haciendo Historia en el PSOE? ¿Incrementar la derrota sufrida el 20 D no es suficiente motivo para hacer un Almunia o es que se conforma con ganar a las encuestas?

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LA ACTITUD INDESEABLE Y ANTIDEMOCRATICA DE CIERTAS PERSONAS

En las anteriores entradas cuestionaba a la candidatura de Unidos Podemos por su programa electoral y por el tacticismo que ha utilizado Pablo Iglesias forzando las segundas elecciones con el fin de dar el cacareado sorpasso, etc, pero más allá que pretendan aplicar un modelo económico cuyo fracaso está garantizado, y hasta como demócrata que soy respeto que la gente apueste por ese modelo aunque suponga acabar como la Grecia de Tsipras, lo que más me preocupa es el comportamiento de algunos que son afines a esta candidatura, que dista mucho de ser el de un verdadero demócrata, que respete las opiniones de los demás. 

A modo de ejemplo, yo mismo cuando refutaba con datos a uno de estos hooligans, acabó realizando acusaciones gratuitamente falsas, como podéis ver a continuación:

 

Y en otra discusión, acaba de la misma manera, tildando el comentario de "vergüenza", como podéis ver:

Luego están los que te acusan de defender a los corruptos, de ser de un partido al que no perteneces, pero bueno este tipo de situaciones las toleras, pero lo más preocupante es lo que la madre de un amigo mío llegó a publicar en el facebook. A parte de tener unos malos modos ya anunciaban que iban a utilizar la violencia diciendo que cuando gobernasen ellos iban a quemar las iglesias y que todo será distinto. Y aquí la muestra:

Hace más de un año, en diciembre de 2014, apareció en Infiesto unas pintadas, entre las cuales estaba ésta

De todas maneras, justo es reconocerlo que los primeros en condenar estos hechos, y mostrar su solidaridad, fueron los miembros de Podemos Piloña, que, pese a las diferencias ideológicas, son buena gente, y como ellos tenían que ser todos los demás miembros y afines a Podemos. Pero mi preocupación no viene por la buena gente que hay en este partido, sino de los violentos que se arriman a este carro, violentos que no van a tener ningún tipo de dudas en utilizar la violencia, como ya demostraron atacando a los miembros de Ciudadanos que estaban haciendo campaña para su partido en Vallecas, si creen que los hechos van a quedar impunes. Algo que van a creer si el Gobierno lo controla Podemos. Con esto no quiero decir que Pablo Iglesias o Íñigo Errejón estén detrás de todo esto, y creo que no lo están (o así lo espero), sino que entre sus seguidores se encuentran gente no muy deseable y muy propensa al uso de la violencia. De todas maneras, en esto espero equivocarme.

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¿A QUIEN VOTAR EL 26J?

El próximo 26 de junio los españoles nos jugamos mucho, en la que los que creemos en que realmente hay otra manera de hacer política, basada en la honestidad y el sentido común, lo tenemos complicado a la hora de elegir la papeleta. Porque, en realidad, por unos u otros motivos, no me gusta ninguna opción, aunque habrá que decantarse por alguna, creyendo además que la abstención no da el derecho moral de luego quejarse de quien te está gobernando y es un deber moral acudir a las urnas aunque sea para votar en blanco. El voto en blanco no sería mala opción si no fuera porque no supone un castigo a los partidos políticos, lo único que perjudicas a las formaciones pequeñas a los que le vas a impedir pasar el corte que supone la barrera electoral, porque no van a llegar al 3% (en ciertas circunscripciones en los que se reparten 3 o 5 diputados da lo mismo). Si hubiese algún partido, más allá de Escaños en Blanco, que propusiera que los votos en blanco compitiesen con cualquier candidatura que se presente, tendría mucho ganado. Es decir, que si el número de votos en blanco diese para un diputado, éste no sería asignado a ninguno. Pero, por lo que se ve, ninguno está interesado en mejorar el sistema electoral, en dar la oportunidad a los votantes de que el voto en blanco tenga efectividad. 

Por otro lado, están esos partidos que nunca van a conseguir nada, por mucho que lo intenten, debido a que en la sociedad española predomina el voto útil. Así que, a priori, es un voto perdido. 

Ahora toca analizar a los cuatro grandes. A saber, PP, Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos. Con respecto al último, era un proyecto que me gustaba por el mensaje que tenía, pero el problema que tienen es que se han nutrido de trepas de UPyD, como Prendes y su cohorte de pelotas, que han destrozado el partido en Asturias, o que tienen al Lobo, el Sr. Hervías, que encubre al sinvergüenza del Grúas en lugar de mandarle a paseo por pretender colocar a su gente en FCC y en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo.

Con respecto a los socialistas, partiendo ya de que tienen un candidato que ha hecho Historia, pero no en lo positivo sino en el ridículo al bajar por primera vez desde 1977 a los 90 diputados y ser además el cuarto más votado por la circunscripción de Madrid. Estos resultados son, sin lugar a dudas, motivos más que suficientes para que Pedro Sánchez, si hubiera tenido un mínimo de dignidad habría dimitido el mismo día 20 D, pero no, en lugar de hacer eso aspiró a ser candidato a la presidencia del gobierno con el único apoyo de Ciudadanos, sumando 130 diputados. No obstante, para aquellos que son de izquierdas y no pueden votar a los naranjitos es preferible que voten al PSOE que a Unidos Podemos, por los motivos que pondré a continuación.

Y llegando a Unidos Podemos que, según todas las encuestas, le dan como segunda fuerza política, no es una candidatura (no hablo de partido porque son una amalgama de partidos que a saber como se entienden después del 26J) que represente la regeneración política sino más bien son más de lo mismo, que proponen, como dije en la anterior entrada, lo que saben que no van a poder cumplir, como subir el gasto en 60.000 millones, lo que, a todas luces, no le van a permitir en Bruselas. Proponen medidas como impedir desahucios incluso de inquilinos que no paguen la renta mientras que no tengan una alternativa habitacional, como podéis ver a continuación.

Lo que, por ejemplo, no es una buena noticia para esos propietarios que han decidido marchar con los padres alquilarlo para poder pagar la hipoteca, y así no perder el dinero que han invertido en un piso que tampoco pueden vender porque el mercado inmobiliario aún no se ha recuperado, porque se pueden encontrar con la situación de tener un inquilino moroso que no le pague la renta, y no puedan echarlo, con lo que le supondría un perjuicio enorme. Y ya no digamos esos jubilados que alquilan un piso para poder mantener con ellos a su familia en paro, que, de esos, también los hay; o los que lo alquilan porque han encontrado un trabajo en otro sitio y así pagar el alquiler del lugar donde tienen que residir, etc. Esto es una de esas propuestas que ningún otro partido se las ha sacado como ejemplo del disparate. Les parece más importante recordarles el vínculo con Venezuela que analizar algunas de estas propuestas.

Otra de las genialidades que nadie ha cuestionado, como es subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 € en los dos primeros años. Esta debe ser porque políticamente no es correcto, pero el análisis de esta medida que no se puede calificar de otra manera que de populista. Esta medida si no tuviera ningún de consecuencias lo habrían hecho los otros gobiernos. Bueno si, lo hizo Adolfo Suárez, como podéis ver en el gráfico

Como veis, Adolfo Suárez tuvo la idea, más bien desafortunada de subir el SMI un 23,2% en 1976, un 27,5% al año siguiente y un 24,2 en 1978. Por aquella época el paro estaba en el 5%. Consecuencia, un aumento del desempleo del 5% al 21,65% en el período comprendido entre 1976 a 1986. Si se quiere retroceder en la creación de empleo, lo mejor que se puede hacer es votar a Unidos Podemos. Si es que realmente quieren cumplir su programa electoral.

Otra medida populista: La renta garantizada. Una renta mínima de 600 € mensuales si no tienes cargas familiares, pero si las tiene puede llegar a un máximo de 1290 €. Dice Pablo Iglesias que no es una renta suficiente como para desincentivar el acceso de los parados al mercado laboral. Tal vez, y digo tal vez, no sea una renta suficiente como para vivir en ciudades como Madrid, pero ya te digo que si vives en un sitio como en Piloña, tienes de sobra, y más aún si te ahorras lo que es el alquiler. Por no mencionar que vivimos en el país que vio nacer la picaresca como género literario, y si hay gente que ahora mismo gana un sobresueldo en b, como complemento a los 400 €, o a esos mineros prejubilados con 42 años que cobran 2.000 o 3000 € al mes y luego se sacan un extra trabajando en alguna sidrería, todo ello sin declarar, por supuesto, por lo que  no va a ser difícil deducir que algunos van a tener ingresos mayores que esos 600 € mínimos (el A que son esos 600 €+ el B). Y luego al autónomo, que trabaja más de doce horas diarias, para salir adelante y al que se le acribilla a impuestos, se le critica porque no declarar alguna factura.

Otras medidas del mismo corte son la creación de un delito de enriquecimiento injusto por parte de cargos públicos. ¿Esto que es? Según se puede leer en su propuesta es otra manera de llamar a lo que jurídicamente se llama delito de receptación (propuesta 246), que es beneficiarte a sabiendas del resultado de un delito que no se ha cometido. Algo que ya está incluido en el Código Penal, pero no pasa nada por proponerlo como si no existiese. También quieren adscribir funcionalmente la Policía Judicial a los Juzgados, algo que no hace falta porque ya dependen de los Juzgados y Fiscales, por eso se llama Policía Judicial. 

En fin, no sé para qué seguir más analizando las propuestas de quien antes de las elecciones del 20D dijo que no iba a ser vicepresidente de nadie; que ha pasado de ser comunista a ser socialdemócrata y que no ha sido capaz de desmarcarse de las declaraciones de Monedero en las que decía que el Gobierno dará órdenes a los jueces para detener a los sinvergüenzas del PP. Lo cual encaja muy bien en lo que se llama separación de poderes, entiéndase la ironía.

Por último, el PP, el partido de Mariano Rajoy que ha incumplido unas cuantas promesas electorales en 2011, promesas algunas de ellas que no necesitaban de tener a favor el viento de la economía, aunque bien es cierto que ha logrado evitar que España, como país, fuera rescatada, ha logrado reducir el paro (podían ser de mayor calidad), ha reducido la prima de riesgo y crece un 3,4% la economía. 

En fin, ninguno gusta, aunque el que menos me gusta es lo que es a todas luces la mayor estafa electoral de la Historia, que es la que representa Unidos Podemos.

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¿DEBE UN GOBIERNO EN FUNCIONES SOMETERSE AL CONTROL PARLAMENTARIO?

Ante la situación política actual en la que, por falta de acuerdo por el que se pueda investir a un nuevo Presidente del Gobierno, nos hemos encontrado con el primer enfrentamiento entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno en funciones en torno a si éste debe o no comparecer en la Cámara para someterse a control parlamentario. Los últimos, a través del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha comunicado la decisión del Gobierno en funciones de no comparecer puesto que al estar en funciones desde el 21 de Diciembre, y, por lo tanto, no tener la confianza de la Cámara Baja, no está obligado a comparecer. Los primeros, apoyados por un informe de la Secretaría General del Congreso, opina lo contrario.

La polémica está servida, y lo que nos lleva a preguntarnos, ¿un Gobierno en funciones debe o no someterse al control parlamentario? La respuesta no es sencilla, puesto que, en efecto, nos encontramos ante un  Gobierno que está en funciones, dado que no tiene la confianza de la Cámara y, por lo tanto, que se encuentra limitado a llevar un despacho ordinario de los asuntos públicos. No puede, en otras palabras, adoptar medidas que supongan el establecimiento de nuevas políticas, pero esto no puede servir de justificación para escurrir el bulto y dar un plante al Congreso, órgano constitucional que representa al pueblo español, y menos comparar un Gobierno en funciones con alguien que fue en su época Presidente del Gobierno. En efecto, como afirmó el Catedrático Joan Vintró, no se puede comparar a quienes están ocupando el cargo, aunque sea en funciones, con quien ya no ejerce ninguna responsabilidad, como lo es Felipe González. (véase el artículo del catedrático).

No conviene mal recordar que en una democracia parlamentaria, por muy en funciones que se encuentre, y aunque no tenga el apoyo del Congreso, que, por respeto a los españoles, que son los que pagan su sueldo, y por sentido democrático, debería acudir a someterse al control parlamentario sobre todo en aquellos asuntos que son importantes, como las relacionadas con las decisiones que se adoptan en el seno de la Unión Europea. Por cierto, no viene mal recordar, como lo hace Vintró, que el art. 4 de la Ley 8/1994, obliga a comparecer al Gobierno después de cada Consejo Europeo. En dicho precepto no se exime del cumplimiento de dicha obligación por el mero hecho de estar en funciones. Tampoco la Constitución excluye de la obligación dimanante del art. 108 por el mero hecho de estar en funciones.

De todas maneras, lo que sería de rigor es ser consecuente con los argumentos que se utilizan. Pues bien, todo el que conozca el sistema constitucional español sabe que el Presidente de Gobierno sale investido si tiene la confianza del Congreso de los Diputados. Para nada es necesario del visto bueno del Senado para que salga adelante un candidato a la investidura, es más podría darse perfectamente la situación de tener un Senado hostil al Gobierno, como en el caso de que saliera investido Presidente alguien que no fuera alguien del partido que controla la Cámara Alta. ¿Esto justificaría que el nuevo Gobierno pasase olímpicamente de asistir a las sesiones de control del Senado? Creo que no, de hecho, el Sr. Rajoy pese a no tener la confianza expresa del Senado, aunque sí implícita, acudía cada martes a esta Cámara para someterse a las correspondientes sesiones de control. Por lo tanto, huelga recomendar al Gobierno en funciones que utilice otros argumentos para sostener su posición, aunque en puridad democrática debería acudir al Congreso.

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LA ABDICACION DE JUAN CARLOS I, UN HECHO HISTORICO Y TEMAS ADYACENTES

Hoy los españoles nos hemos levantado con un hecho histórico, con la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, lo que va a suponer el acceso de su hijo Felipe a la Corona con el nombre de Felipe VI. Por cierto, el segundo Felipe de la dinastía de los Borbones que reinará después del que instauró la Casa real de orígen francés en España. Después de casi 39 años después, tendremos un nuevo Rey. Lo que dure Felipe VI, Dios dirá. Y con el acceso al trono del actual Príncipe de Asturias, Leonor se convertirá, s.e.u.o., en la decimocuarta Princesa de Asturias (o decimotercera, si no se cuenta con Leonor de Castilla, 1424-1425, que sólo fue jurada por cinco grandes del Reino y dos Obispos) o la cuadragésima (o trigésimonovena), si contamos con los varones. 

Con la abdicación ponemos fin al reinado de quien capitaneó la transición democrática. Por eso, debemos todos los que somos demócratas de verdad agradecérselo, aunque, lamentablemente, su imagen ha sido dañada por causa de cuñado e hija que presúntamente han hecho lo que no debían hacer y de otros errores de mayor y menor gravedad. Creo que su abdicación, que ya tardaba en mi opinión, ha sido un gesto de responsabilidad hacia una institución que debería quedar alejada de cuitas políticas, ya que la Consitución ha configurado a la Corona, a través de su cabeza visible, el Rey, el Jefe del Estado, como "símbolo de su unidad y permanencia" que "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones", y "asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica". Recordemos que la Corona ha dado la estabilidad necesaria a nuestra aún joven democracia, facilitando que las alternancias en el poder no fueran traumáticas. Sobre todo recordemos la llegada al poder del PSOE de Felipe González en 1982, ante el temor que había de que los resultados electorales no pudieran aceptarse por parte de los militares. El Rey tuvo un papel primordial a la hora de aceptar de buen grado la alternancia en la Moncloa. Alguno podría mencionarme que constitucionalmente el Rey no tiene poder alguno, que sólo se limitaba a cumplir lo mandado por nuestra Constitución, pero se olvidan que, primero, renunció a los poderes que tenía como Jefe de Estado al impulsar junto con el recientemente desaparecido, Adolfo Suárez, una Constitución que, a diferencia de otras Monarquías parlamentarias europeas, le privaba por completo de funciones ejecutivas. Segundo, no es la primera vez en nuestra Historia que la Constitución vigente queda en papel mojado.

Con la decisión del Rey de abdicar volvemos al discurso maniqueo de contraponer Monarquía con República. Como si por el hecho de que por ser República debe ser sinónimo de democrático y la Monarquía por el hecho de serlo antidemocrática. Llegar a esta conclusión, sinceramente, es faltar a la verdad. No creo que sea de recibo insinuar que los británicos, belgas, holandeses, daneses, suecos o noruegos sean menos democráticos que los alemanes, franceses, austriacos, italianos y griegos, eso sin entrar a compararlo con, por ejemplo, la República Popular China o cualquier otra Dictadura republicana. Por otro lado, ha de recordarse que el Parlamentarismo no nació en una República sino en una Monarquía. Se podría mencionar como primer antecedente historico las Cortes de León de 1188. Para ver el segundo antecedente, hemos de viajar a tierras inglesas, en el reinado de Juan sin Tierra, creando un Parlamento, cuna del vigente, en aquella época en la que se aprobó la Carta Magna. Estas Cortes o Parlamentos servían para controlar el poder regio. De hecho, el Rey si precisaba financiarse para cualquier guerra, necesitaba de la aprobación del Parlamento. En España, podemos destacar como ejemplo de ese contrapoder está el ejemplo de las Cortes aragonesas, que le negaron a los Reyes como Carlos I y Felipe II cualquier subida de impuestos. Lo que les obligaba a los monarcas a tener que recurrir a los castellanos, siempre ellos muy dóciles a los designios regios.

Por otro lado, con respecto al reférendum que se pide. En un principio, no me parece mal. No obstante recordar que los españoles votaron favorablemente a una Constitución que instauraba una Monarquía parlamentaria en 1978. Lo que no podemos, por responsabilidad y sentido común, es cada poco tiempo reabriendo debates de manera innecesaria. Por ejemplo, si ahora se convocase un referéndum, y saliese favorable a la Corona. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en reabrir el mismo debate? Si sale no, ¿habrá posibilidad de volver a consultar a los españoles si quieren volver a la Monarquía parlamentaria? Si no es así, ¿por qué? Todo ello sin contar con que estar cada poco tiempo con referendos sobre monarquía y república es un claro atentado a la estabilidad que necesita cualquier país para desarrollarse. De todas maneras, si se quieren hacer bien las cosas lo que se ha de hacer, no es contraponer Monarquía con República sino plantear una alternativa. Es decir qué clase de República queremos para España, República parlamentaria, República presidencialista, República a la francesa...

En mi opinión, y esto es un mensaje a nuestros políticos, nuevos y viejos, debemos evitar tener la tentación de tirarse sin paracaídas, cuestionando lo que tenemos sin articular una alternativa seria. Se destruye lo que tenemos pero no tenemos nada con qué sustituirlo. Es como barrenar los cimientos de un edificio y no tener siquiera el plano del nuevo edificio. Pero el problema, en este caso, que entre el amplio sector republicano que hay, no se pondrían de acuerdo en la alternativa concreta a sustituir a lo que tenemos. Unos querrán un sistema a la americana, otros una de corte parlamentario, por no mencionar los que apuestan por instaurar una dictadura republicana. Ahora sólo les interesa hacer número, mañana ya se verá.

En fin, ojalá algún día primase el sentido común.

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XVI CONGRESO POPULAR ASTURIANO: REFLEXIONES (II)

El otro día acabé la entrada hablando sobre la lealtad. El verdadero concepto de la lealtad, no el que algunos en los aparatos entienden por tal. Esos que creen que la lealtad es reírle las gracias al jefe, convertirse en un bufón más de la Corte o convertirse en un simple ejecutor sin escrúpulos de las órdenes del superior. No señor, la lealtad no es eso. Porque, como define la RAE esta palabra, como cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien, o también como legalidad, verdad y realidad, en el comportamiento anteriormente mencionado, no se encuentra nada de honor, ni nada de persona de bien, ni mucho menos se puede predicar las palabras "verdad" y "realidad". Esas personas que así se comportan lo único que buscan es medrar para luego, cuando flaquee el jefe, hacerle la zancadilla para ponerse él. Una persona leal (Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo) le dice con respeto a sus superiores la verdad, porque lo que pretende es que su jefe lleve a buen puerto a su equipo. Porque el éxito del jefe es el éxito de todos. 

Además no olvidemos que un buen líder debe asumir las críticas formuladas desde la verdad y el respeto. Tampoco implica que haga caso a todas ellas, sino que las escuche y las medite. Por eso, la primera responsabilidad de un líder es escoger un buen equipo, gente que sea honesta y que sea capaz de decirle sus aciertos y sus fallos. Porque las personas que trabajan en equipo, no en sus propios intereses, actúan con honestidad y desde la verdad, que es justo lo contrario a regalarle al oído constantemente con piropos y alabanzas. Hacer eso es parasitar al líder. Chuparle la sangre hasta que caiga muerto desangrado, y así chuparle la sangre a su sustituto hasta que le toque a él. Esto recuerda mucho a la enfermedad de los godos (MORBVS GOTORVM).

Si ese líder opta por los aparentemente sumisos no sólo está demostrando su incapacidad para formar equipos sino que demuestra claramente el miedo a las críticas o tiene una concepción de sí mismo cercana al mesianismo, cercana a la divinización de su persona. Él es la verdad y sólo lo que precisa es de profetas que difundan su palabra.

El problema es que sus "profetas" actúan a sus espaldas y cuando el líder divinizado pide información te puedes encontrar con que sus "profetas" en más de una ocasión le hurtan la verdad. De esa manera, en lugar de decirle que hay un laguito hondo, le dicen que es un charco y que puede pasar por ahí. La sorpresa que se lleva es morrocotonuda. Lo más gracioso es cuando una vez defenestrada la divinidad, cuando uno de los profetas le sustituye se encuentra con que el equipo que tiene es bastante flojo, y a veces no le queda otra que acudir a sus rivales para salir del paso.

Por eso, no entiendo por qué Mercedes Fernández está tan ufana por salir elegida como Presidenta en un Congreso al estilo búlgaro, con nulas autocríticas, con unos masivos apoyos públicos de los compromisarios levantando el SI verde, perdiendo, en cambio, en las urnas, 136 votos de compromisarios que han le han avalado (o mejor dicho, más, porque algunos del sector pilarista en el Congreso le votó a ella). Debería haber estado más comedida, y con un discurso más responsable. En mi opinión, habría salido más reforzada haber ganado un Congreso con dos candidaturas, pero optó por ganar un Congreso amañado, imposibles de perder, sin adversario alguno, al que se le impidió presentarse acosando a los Presidentes de las Juntas Locales a que sus compromisarios la avalasen.

Por otra parte, por responsabilidad y honestidad, no es admisible, ni creíble, que prácticamente la totalidad de los compromisarios hubiesen votado SI al informe de gestión del Secretario General. ¿Cómo se puede votar favorablemente a una gestión, que en la siguiente entrada detallaré con más detalle, que ha llevado a empeorar en 2012 los resultados cosechados en 2011? ¿Cómo se puede apoyar el hecho de que en marzo se perdieron más votos que los que Isabel Pérez-Espinosa logró, no recogiendo ni uno de los votos que Cascos perdió? Insisto, ¿cómo se puede votar SI a esos resultados? De los que están en los organigramas, tanto locales como autonómicos, lo puedo entender, pero, ¿de los que nada van a sacar de ese Congreso ni en los venideros?Y como no lo entiendo salvo que la militancia que queda en el PP sean unos cobardes o unos pasotas. Que cada uno se quede con la opción que le encaje mejor.

Continuará...

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XVI CONGRESO POPULAR ASTURIANO: REFLEXIONES (I)

CONGRESO REGIONAL DEL PP: TONGAZO CONSUMADO

¿QUÉ ES LA LEALTAD?

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CONGRESO REGIONAL DEL PP: TONGAZO CONSUMADO

Después de dos entradas consecutivas, tres alternas, mostrando mi apoyo a las gemelas de Infiesto, Marta y María Pérez Fabián (ver más A VUELTAS CON NEW YORK NEW YORK VERSIONADO POR MARTA Y MARIA), hoy no puedo resistir la tentación de hablar sobre una noticia que ha sucedido hoy. Una muy buena amiga me ha aconsejado que pase de la noticia que no merece la pena, pero siento desatender el consejo, pero hay cosas que no las puedo tolerar, y no me da la gana callarme.

Esa noticia era que el candidato a presidir el Partido Popular de Asturias, Manuel Pecharromán, se ha retirado de la carrera electoral de cara al Congreso regional que se celebrará este sábado, día 3, en Oviedo. Si esa retirada fuese en condiciones normales, nada tendría que objetar. Pero esa retirada se debió a la imposibilidad del candidato a lograr los 200 avales necesarios para que pudiera haber una votación en el día del Congreso. Dicha imposibilidad devino, no en que fuera incapaz de convencer a los compromisarios, sino por el juego sucio que ha utilizado la dirección regional para impedir que los lograra amarrando a cualquier costa el número de avales de compromisarios necesarios que imposibilite al otro candidato reunirlos. Pero no lo hicieron con limpieza sino utilizando el acoso y derribo. Y no sé si, en algún caso, amenazas veladas a los Presidentes de las Juntas Locales. Cosa que, por cierto, no me extrañaría.

En mi caso, me vi, en cierta manera, obligado a avalar a Mercedes Fernández, la actual Presidenta, lo que no era mi intención inicial, aunque tampoco lo era hacerlo por el otro rival, como así se lo dije a él en persona. Lo hice no porque me presionaran a mí sino a la persona que me pidió que fuera como compromisario, y para no causarle ningún perjuicio, decidí firmárselo después de que me comentara el acoso a la que fue sometida por un dirigente regional del partido.

A parte de esta manera de actuar, muy poco democrática, no tuvo la deferencia, ni el respeto hacia los compromisarios el pedirnos personalmente el aval, presentando cuál era su proyecto de partido. A lo mejor si lo hiciera podría haberla avalado con gusto, pero cuando se me falta al respeto, y lo hizo al no reunirse con nosotros para explicar su modelo de partido, luego no pida ella que la respete y la respalde en el Congreso. De hecho, anuncio que votaré en blanco en el Congreso, así como un NO rotundo a todo lo que propongan. Por cierto, no es muy ético ni muy democrático, y una falta de respeto a los compromisarios, no facilitarles personalmente las ponencias, ni informarle de los plazos para presentar enmiendas, así como los modelos para presentar dichas enmiendas.

En fin, cada día estoy más desencantado con el Partido Popular de Asturias, aunque cada día me sorprende menos lo que son capaces de hacer para seguir amarrados en el cargo. Ya lo dije otras veces, y no se me ha hecho caso alguno, y así les ha lucido el pelo. Y con el camino que han tomado, la cosa no creo que vaya a mejorar. Es más, si siguen así, en Asturias van a acabar teniendo menos votos que IU.

No creo que valga para nada lo que he dicho, pero me he quedado tan a gusto desahogándome...

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CASCOS CONVOCA ELECCIONES PARA EL 25 DE MARZO

El decreto de disolución de la Junta General

El Presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, nos ha obsequiado con una lección magistral de estrategia convocando las elecciones autonómicas a los pocos meses de tomar posesión del cargo para el 25 de marzo. Todo un plan bien diseñado para lograr la mayoría que precisa. No lo sé si lo logrará, pero el mejor momento para conseguirlo es ahora, por los motivos que a continuación expondré.

En primer lugar, no seamos ingenuos pensando que Cascos es el salvador de la patria asturiana ni el adalid de la renovación de la clase política asturiana. Todos sabemos cómo es el personaje. Su trayectoria política le delata. Recordemos que más que Secretario General del Partido Popular fue el General Secretario, la mano dura del PP de Aznar, que controló que no hubiera ninguna fisura en el partido. Además, en el escenario asturiano, fue uno de los responsables de la ruptura del partido asturiano, y, sobre todo, fue el que dio el visto bueno a que Ovidio Sánchez fuera el Presidente del Partido durante tanto tiempo, así como fue uno de los que consintió que se presentara tantas veces como candidato a la Presidencia del Principado. Intentó sabotear al PP de Gijón sin dar la cara, siempre elegía a uno de los suyos para enfrentarse contra Pilar Fernández Pardo, la que, por cierto, acabó respaldando la investidura de Carmen Moriyón. Él, en resumidas cuentas, tiene buena parte de la culpa de la situación que padece el partido, por mucho que ahora venga denunciando el comportamiento de los populares asturianos.

Por eso, como buen animal político que es, y nadie debería menospreciarle, y, ante una situación que él no se esperaba como eran los resultados electorales del 22 de mayo, decidió actuar. Insisto en sus objetivos estaba lograr más diputados de los que realmente logró, pensaba aglutinar buena parte de los votos del PP, aparte de los descontentos del PSOE. Pero como no pudo lograr los 23 diputados deseados, y ante su poca propensión a llegar a acuerdos con nadie, ha optado por dos vías para lograrlo, la primera, la diferida a largo plazo, fue fallida. Él pretendió que Javier Fernández se postulase como candidato y así salir investido con la suma de los votos de IU y la abstención del PP. Así, echarle la culpa a los populares de no gobernar, lo que supondría un coste electoral enorme para sus antiguos compañeros. También los socialistas se verían perjudicados porque no tendría la mayoría suficiente para gobernar, y a lo mejor también se vería avocado a unas elecciones anticipadas. Pero los socialistas no cayeron en la trampa, decidieron aplicar la táctica de “que se cuezan en su propia salsa. versión 2”, y esperar a que la derecha asturiana se despelleje así misma, así volver como héroes en 2015. A los populares tampoco les interesaba este escenario por lo que dejaron bien claro que, si se hubiera presentado Javier Fernández, apoyarían a Cascos para evitar que los socialistas gobernase.

La segunda opción era, la que ha llevado a cabo, anticipar las elecciones. Se dedicó a buscar las cosquillas al PP en todo lo que pudo y lanzando todo tipo de trampas, en la que, como he dicho en otras ocasiones, cayeron como pardillos. Empezando por asumir la Presidencia de la Junta General con los votos del PSOE; no apoyar la investidura de los candidatos de Foro más votados, que, salvo en Siero, la instrucción del Comité Ejecutivo regional del PP fue desobedecida; empezar a criticar al nuevo Gobierno de Foro desde el minuto 1 sin dejar el margen de los 100 días de cortesía; sabotear la moción de censura contra el Alcalde de Siero, del PSOE expulsando a los ediles disidentes. En fin, han caído en todas y cada una de sus trampas para que puedan Cascos y los suyos atizar el victimismo.

Luego vienen una serie de decisiones que me costaba comprender en su momento, pero a la vista de los últimos acontecimientos, uno empieza a entenderlo. La primera decisión era presentarse en Madrid, pensaba que pretendía erróneamente lograr grupo parlamentario, pero reconozco mi error, este no era su objetivo. Era un simple señuelo para que los dirigentes del PP de Asturias se rieran de él, como así ocurrió, por no lograr más de 6.000 votos. Sumando esto a su diputado solitario por Asturias, que era de esperar, y al habitual error autojustificativo de los populares, en su tradicional discurso de mezclar las elecciones, como si en las generales los asturianos votasen en clave autonómica. Aprovecho y vuelvo a advertir que si cometen el error de despreciar a su rival nuevamente, que no es tonto, lo pagarán muy caro.

Otra de las extrañezas es que su único diputado votase a favor de la investidura de Rajoy sin condiciones. Recuérdese que previamente estuvieron diciendo en campaña que iban a respaldar a Rajoy si necesitaba de sus votos. Pero como no necesitaba el candidato popular, ahora Presidente del Gobierno, de su voto, porque obtuvieron 186 diputados (185 del PP más el de UPN), no entendía muy bien ese regalo, tampoco me cuadradaba mucho Foro Oviedo diera su voto favorable a los presupuestos presentados por su enemigo íntimo, Gabino de Lorenzo, antes de marcharse para la Delegación del Gobierno. Algo que ahora se entiende porque así podrá esgrimir que él si apoyó al PP a diferencia de lo que ellos hicieron con él. Por otra parte, si Cascos pretendía entenderse con el PP no es muy entendible atacar a Rajoy, Presidente del partido de cuyo apoyo precisaba para gobernar en Asturias. Esto concuerda, junto con mociones presentadas por su partido en algunos ayuntamientos. Estos ataques a Rajoy era sólo el comienzo de su precampaña.

Con este planteamiento, la devolución del proyecto de Presupuestos fue el pretexto ideal para convocarlas para el 25 de marzo. Echando así las culpas de todos los males al falaz pacto del duerno. Por cierto, unos presupuestos, cuyo contenido desconozco por completo, pero que he podido comprobar alguna falacia en los argumentarios que esgrimen los partidarios del ex Ministro de Aznar, como es sostener que las cuentas regionales contaban con los ingresos adicionales de la subida del IRPF acordada por Rajoy en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011. Algo materialmente imposible teniendo en cuenta que se presentaron en la Junta antes de esa fecha. De todas maneras, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular fue un error estratégico, que probablemente pase factura, como pretendía el Sr. Cascos.

Por último, la elección de la fecha, el 25 de marzo, no es casual. Ha pillado a todos por sorpresa. Incluso, para ser más gráfico, les ha dejado con el culo al aire. Al PSOE le pilla en muy mal momento después del batacazo electoral de las dos últimas elecciones y en plena renovación de sus órganos directivos. A día de hoy no tienen candidato. Tampoco el PP asturiano anda muy sobrado, pese al engañoso respiro que cogieron con las elecciones generales. No tienen candidato, y tenían programado para esas fechas el Congreso regional para proceder a la necesaria renovación de su aparato. A esto se le suma que FAC va a utilizar, y de hecho lo está usando, a su favor las medidas adoptadas por Gobierno de España, como la subida del IRPF y los supuestos recortes que van a afectar a Asturias. Por ello, hay que reconocer la brillantez de su estrategia, aunque eso perjudique a los intereses generales de Asturias porque no estamos para jueguecitos del estratego ni del Risk.

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LA SUBIDA DEL IRPF APROBADA POR RAJOY

La decisión del Gobierno de subir el IRPF, de manera progresiva a todos los contribuyentes, a través del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado, ha generado un enorme malestar, principalmente expresado en los medios de comunicación de derechas. Estas crítica se centran en que se han sentido engañados ya que, afirman, esa subida impositiva contradice el programa electoral presentado antes del inicio de la campaña electoral. Aunque en honor a la verdad, en dicho programa no habla de que no iban a subir los impuestos, incluso en su página 43 se habla de que “el ritmo de aplicación de las reformas se acompasará al cumplimiento de los compromisos con los socios europeos de reducción del déficit y a los objetivos de reducción del gasto público”. Bien es cierto que, por las continuas manifestaciones emitidas por dirigentes del PP, así como sus continuas y aceradas críticas al anterior Gobierno en esta materia, hace pensar justo lo contrario a lo realmente prometido, que es lo que su programa contiene.

A esto se suma las dudas originadas por la afirmación realizada por parte del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de que se encontraron con un déficit superior al sostenido por sus antecesores, del 6 al 8%, y que ello les ha obligado a tomar las medidas drásticas acordadas en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre. De este déficit, el Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas, Cristóbal Montoro, buena parte ha sido originado por las Comunidades Autónomas. Pues bien estas dudas se basan en que deberían conocer el dato puesto que el PP controla el poder autonómico. Efectivamente, debería conocer los datos de Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura, Murcia, G. Valenciana y Baleares, pero no lo hace en Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Canarias, y, por tanto, no tiene forma de conocer los datos económicos de estas últimas.

En cuanto a la efectividad de las medidas, sobre todo la subida impositiva en el IRPF, añadiendo ese gravamen complementario, que van del 0,75 al 7%, por un lado, la capacidad recaudadora es incuestionable porque grava a las rentas, y éstas se van a seguir percibiendo; por otro lado, no es menos cierto que esta decisión, como ya manifesté en otras ocasiones, no va a favorecer la recuperación económica del país, ya que los ciudadanos tendrán menos cantidad de dinero disponible para seguir consumiendo, y si no se aumenta el consumo, no va a aumentar la demanda con lo cual no se precisará más mano de obra para satisfacerla. ¿Hay alternativa a estas medidas que se aprobaron para paliar el déficit heredado? Pues no lo sé, dejemos actuar al Gobierno un tiempo prudencial. Lo que si sería un error grav­ísimo es optar por otra subida del IVA, puesto que, como ya denuncié en 2009, penalizaría aún más el consumo, necesario fomentar para que la recuperación comience, y no lograría tanta recaudación como se podría esperar.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, la aprobación de este nuevo gravamen complementario a través de un Real Decreto-Ley podría viciarlo de inconstitucionalidad, no por no concurrir unas circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, que exige el art. 86.1 CE, que, en este cao, si concurre porque no había tiempo material para aprobarlo mediante una ley formal, en los pocos días que faltaban para acabar el año desde la toma de posesión, y la imperiosa necesidad de cumplir con los compromisos de déficit. La inconstitucionalidad radica, más bien, en la materia que regula, ya que existe reserva de ley formal. En un caso prácticamente idéntico, el Tribunal Constitucional se pronunció, en recurso presentado presentado por 103 diputados del Grupo Popular contra el RDLey 5/1992, originando la STC 182/1997, y entre sus extensos razonamientos que sirvieron para declarar el art. 2 de la citada norma, nos encontramos con “conforme a la propia literalidad del art. 31.1 C.E. Queda claro. pues. que el Decreto-Iey no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo. Lo que no significa otra cosa que dar cumplimiento a la finalidad ultima del limite constitucional de asegurar el principio democrático y la supremacía financiera de las Cortes mediante la participación de los ciudadanos en el establecimiento del sistema tributario. de modo que de la regulación de un determinado ámbito vital de las personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes». como se afirmó en la STC 19/1987. fundamento jurídico 4.° De manera que vulnerara el art. 86 C.E. cualquier intervención o innovación normativa que. por su entidad cualitativa o cuantitativa. altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario”. Por cierto, diario El País la rescató no hace mucho, aunque lamentablemente no tuvo esa misma diligencia con el Real Decreto-Ley13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece Impuesto del Patrimonio. Cosas del servilismo político. Pero volvamos a la subida del IRPF, lo que seguidamente tiene que hacer el Gobierno, aprovechando la ventaja de su amplia mayoría parlamentaria, es, una vez convalidado el Decreto-Ley por el Congreso de los Diputados, es convertirlo en ley formal lo antes posible, para evitar tentaciones de recursos de inconstitucionalidad que puedan originar una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, por no hablar de las posibles cuestiones de constitucionalidad planteadas por los tribunales ordinarios ante los posibles recursos contenciosos planteados por los contribuyentes, sobre todo por los más afectados por la subida impositiva.

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