Hoy nos hemos despertado con el asesinato de una nueva mujera manos de su pareja. Y ya llevamos 7 mujeres asesinadas en este año. La
segunda cifra más alta desde que existen datos oficiales y aún no ha acabado
este mes. El año pasado murieron a manos de sus parejas 55 mujeres y este año
pinta que rondaremos una cifra similar. Un negro vaticinio que se respalda en
el historial de víctimas mortales desde que se aprobó la Ley Orgánica en 2004.
Una ley, junto con las reformas operadas a lo largo de estos años, que, como ya
he dicho en anteriores ocasiones, no sólo no ha solucionado el problema, como
ya se ha visto, sino que lo ha empeorado.
Pero si ya tenemos un grave problema por el hecho de que hay
quienes creen que sus parejas son de su propiedad y pueden decidir cuándo y
cómo vivir y hasta ponerle fin a su vida, nuestra clase política se está convirtiendo
en otro serio problema. En efecto, a nuestros políticos no están por la labor
de solucionar esta lacra, sólo les preocupa su propio bienestar y luego el de
su partido. De ahí que no muestren interés en preguntar a los abogados que
estamos en el turno especial de violencia de género, a los policías, guardias
civiles, jueces y fiscales y demás profesionales qué es lo que falla y qué mejoras
se necesitan. En cambio, se empeñan en insistir en recetas cuyo fracaso ha
quedado sobradamente demostrado, además de ser desproporcionadas. Ejemplo de
esto último es que el protocolo de actuación que consiste en obligar a los
agentes a detener al denunciado en cualquier circunstancia, como ocurrió en el
caso de un septuagenario que pasó la noche en el calabozo por una denuncia
basada en una discusión y que fue archivada por el Juzgado al día siguiente.
Otra cuestión que se niegan a ver nuestros políticos es la
existencia de claros abusos del sistema. Eso que desacreditan porque hay muy pocos
procedimientos de denuncias falsas, dato que es cierto. De hecho, en mi carrera
profesional solo he defendido un caso de una mujer procesada por denuncia falsa
y falso testimonio que acabó absuelta. Pero eso no quita que no haya más de las
que arrojan los datos oficiales. Se obvian las denuncias que han acabado en
archivo o esas Sentencias absolutorias que niegan la credibilidad a la víctima.
En efecto, esos casos en los que el Juez absuelve porque ve contradicciones o
motivos espurios pero que no ha sido tan grave como para iniciar un procedimiento
contra ella. Pues esa Sentencia absolutoria no se computa como denuncia falsa.
Y ya no entremos en un terreno más espinoso como es cuestionar algunas
sentencias condenatorias. Esos casos en los que se ha condenado a alguien
porque la denunciante es una consumada actriz, que llora delante del juez pero
que antes de entrar en sala se muestra con una absoluta frialdad. Lo mismo que
hay casos en los que se absuelve porque la mujer no sabe declarar o se pone muy
nerviosa. También tenemos casos de hombres desesperados que ya piden a Su
Señoría que les meta en prisión porque ya no pueden soportar más que su ex le
esté cada poco tiempo denunciando.
Cuestiones éstas que no se ven en los datos oficiales. De
ahí radica la importancia de consultar con los profesionales. De ahí que ruego
a nuestros políticos que asuman su responsabilidad en este grave problema.
Twitter: @josecarrerob
