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lunes, 9 de enero de 2012

LA SUBIDA DEL IRPF APROBADA POR RAJOY

La decisión del Gobierno de subir el IRPF, de manera progresiva a todos los contribuyentes, a través del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado, ha generado un enorme malestar, principalmente expresado en los medios de comunicación de derechas. Estas crítica se centran en que se han sentido engañados ya que, afirman, esa subida impositiva contradice el programa electoral presentado antes del inicio de la campaña electoral. Aunque en honor a la verdad, en dicho programa no habla de que no iban a subir los impuestos, incluso en su página 43 se habla de que “el ritmo de aplicación de las reformas se acompasará al cumplimiento de los compromisos con los socios europeos de reducción del déficit y a los objetivos de reducción del gasto público”. Bien es cierto que, por las continuas manifestaciones emitidas por dirigentes del PP, así como sus continuas y aceradas críticas al anterior Gobierno en esta materia, hace pensar justo lo contrario a lo realmente prometido, que es lo que su programa contiene.

A esto se suma las dudas originadas por la afirmación realizada por parte del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de que se encontraron con un déficit superior al sostenido por sus antecesores, del 6 al 8%, y que ello les ha obligado a tomar las medidas drásticas acordadas en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre. De este déficit, el Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas, Cristóbal Montoro, buena parte ha sido originado por las Comunidades Autónomas. Pues bien estas dudas se basan en que deberían conocer el dato puesto que el PP controla el poder autonómico. Efectivamente, debería conocer los datos de Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Extremadura, Murcia, G. Valenciana y Baleares, pero no lo hace en Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Canarias, y, por tanto, no tiene forma de conocer los datos económicos de estas últimas.

En cuanto a la efectividad de las medidas, sobre todo la subida impositiva en el IRPF, añadiendo ese gravamen complementario, que van del 0,75 al 7%, por un lado, la capacidad recaudadora es incuestionable porque grava a las rentas, y éstas se van a seguir percibiendo; por otro lado, no es menos cierto que esta decisión, como ya manifesté en otras ocasiones, no va a favorecer la recuperación económica del país, ya que los ciudadanos tendrán menos cantidad de dinero disponible para seguir consumiendo, y si no se aumenta el consumo, no va a aumentar la demanda con lo cual no se precisará más mano de obra para satisfacerla. ¿Hay alternativa a estas medidas que se aprobaron para paliar el déficit heredado? Pues no lo sé, dejemos actuar al Gobierno un tiempo prudencial. Lo que si sería un error grav­ísimo es optar por otra subida del IVA, puesto que, como ya denuncié en 2009, penalizaría aún más el consumo, necesario fomentar para que la recuperación comience, y no lograría tanta recaudación como se podría esperar.


Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, la aprobación de este nuevo gravamen complementario a través de un Real Decreto-Ley podría viciarlo de inconstitucionalidad, no por no concurrir unas circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, que exige el art. 86.1 CE, que, en este cao, si concurre porque no había tiempo material para aprobarlo mediante una ley formal, en los pocos días que faltaban para acabar el año desde la toma de posesión, y la imperiosa necesidad de cumplir con los compromisos de déficit. La inconstitucionalidad radica, más bien, en la materia que regula, ya que existe reserva de ley formal. En un caso prácticamente idéntico, el Tribunal Constitucional se pronunció, en recurso presentado presentado por 103 diputados del Grupo Popular contra el RDLey 5/1992, originando la STC 182/1997, y entre sus extensos razonamientos que sirvieron para declarar el art. 2 de la citada norma, nos encontramos con “conforme a la propia literalidad del art. 31.1 C.E. Queda claro. pues. que el Decreto-Iey no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo. Lo que no significa otra cosa que dar cumplimiento a la finalidad ultima del limite constitucional de asegurar el principio democrático y la supremacía financiera de las Cortes mediante la participación de los ciudadanos en el establecimiento del sistema tributario. de modo que de la regulación de un determinado ámbito vital de las personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes». como se afirmó en la STC 19/1987. fundamento jurídico 4.° De manera que vulnerara el art. 86 C.E. cualquier intervención o innovación normativa que. por su entidad cualitativa o cuantitativa. altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario”. Por cierto, diario El País la rescató no hace mucho, aunque lamentablemente no tuvo esa misma diligencia con el Real Decreto-Ley13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece Impuesto del Patrimonio. Cosas del servilismo político. Pero volvamos a la subida del IRPF, lo que seguidamente tiene que hacer el Gobierno, aprovechando la ventaja de su amplia mayoría parlamentaria, es, una vez convalidado el Decreto-Ley por el Congreso de los Diputados, es convertirlo en ley formal lo antes posible, para evitar tentaciones de recursos de inconstitucionalidad que puedan originar una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, por no hablar de las posibles cuestiones de constitucionalidad planteadas por los tribunales ordinarios ante los posibles recursos contenciosos planteados por los contribuyentes, sobre todo por los más afectados por la subida impositiva.

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Twitter: @josecarrerob

viernes, 11 de noviembre de 2011

SUBIR IMPUESTOS NO ES LA SOLUCION A LA CRISIS

En efecto, como reza el título, subir impuestos no es la solución a la crisis, aunque adorne mucho los discursos de algunos partidos denominados de izquierdas. ¿Por qué no es la solución? En primer lugar, porque parten de una premisa falsa, y a la vez contradictoria, que consiste en que los causantes de la crisis, el mercado, los especuladores, los bancos y los ricos, van a aceptar por las buenas pagar más impuestos en un acto súbito de patriotismo. ¿Pero no quedamos en que son tan malos que sólo buscan lucrarse a toda costa? ¿Por qué de manera súbita les van a entrar valores patrióticos?¿Miedo a una inspección de Hacienda? En absoluto, son tan ricos que tienen bastante fácil deslocalizar sus negocios o irse a vivir a otro país e invertir en él. El que no lo tiene tan fácil es el ciudadano de clase media que es el acabará recibiendo la mayor presión fiscal, ya que la clase alta se habrá marchado.

En segundo lugar, cuando el dinero no circula, subir los impuestos lo que va a conseguir es paralizar más la economía. En cambio si se aplican deducciones fiscales a la inversión (p.e., en I+D+I), vendrá más inversores que quieran enriquecerse en España. No pidamos a un norteamericano, alemán, ruso o francés que lo haga por patriotismo español, porque no son españoles. Si subimos los impuestos, lo que vamos a conseguir es que decidan no meter su dinero en nuestro país. Así que, lanzo esta pregunta, ¿queremos como país ahuyentar a los inversores extranjeros? Creo que no, lo sensato es recibirlos con los brazos abiertos, como hacen los piloñeses a la productora de MAGNOLIA, que realizan su reality "Acorralados" en Piloña. No nos vendría mal usar la empatía, es decir ponernos en el lugar del quien tiene el dinero. Si no hacemos este ejercicio, cualquier política que se intente aplicar desembocará en un absoluta fracaso y en una pérdida de tiempo y dinero. España necesita de los ricos, para que inviertan su dinero. Si los ahuyentamos o desmotivamos, el gasto público va a ser insostenible, y es cuando al final habrá que hacer recortes en donde más duele.

Lo que he dicho es un vaticinio basado en las nefastas consecuencias para nuestra economía como lo fue subir el IVA. Subir este impuesto supuso una ralentización de nuestra economía (y así lo manifestó, según el diario El Comercio, el Instituto Nacional de Estadística), porque cuanto menos dinero se tiene en el bolsillo menos se gasta y menos se mueve el dinero, con lo cual se recauda menos por Hacienda. En fin, esta es mi opinión, y sé que habrá quien no esté de acuerdo, aunque me gustaría que su disconformidad no se basase en dogmatismos ni en premisas falsas, ni en atizar falsamente el miedo a crear otra burbuja inmobiliaria (digo falsamente porque si aplicas deducciones o beneficios fiscales para invertir en I+D+I, no se corre el riesgo de crear ninguna burbuja).

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Twitter: @josecarrerob

martes, 8 de noviembre de 2011

SE HA DE APOSTAR POR EL AUTOEMPLEO

Hace tiempo que quería tratar el tema de los autónomos y pequeñas empresas, pero principalmente por cuestiones profesionales lo he demorado, y, al final, hoy lo puedo tratar. Este es un tema importante, sobre todo de cara a buscar soluciones a la crisis económica que estamos padeciendo. Creo que todos podemos llegar a un acuerdo de la necesidad de apoyar a este sector porque, de ello, dependerá de la rapidez de la que salgamos de esta situación angustiosa para muchísimos españoles y extranjeros residentes en nuestro país. El motor de la recuperación económica dependerá de las políticas que se apliquen en apoyo a los autónomos, ya que éstos son los que generan el empleo que nuestro país necesita, porque cuantos más autónomos se den de alta menos paro habrá y más ingresos tendrá la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Pero el primer trabajo que tiene que hacer el nuevo Gobierno es pedagógico, puesto que la España castellana, la de la Corona de Castilla, ha sido tradicionalmente muy poco emprendedora y muy dado al pelotazo desde tiempos inmemoriales. Muchos hijodalgos castellanos, acostumbrados a vivir de las luchas contra los musulmanes en el período de la Reconquista, pasó a hacer las Américas, pero no para ganar dinero a través del establecimiento de negocios, sino de hacer dinero fácil por medio de las aventuras en las que se embarcaban, buscando el deseado El Dorado. No significa que no hubiera emprendedores, pero la Corona no hacía otra cosa que poner trabas al comercio. Por ejemplo, se impedía comerciar fuera de la Casa de Contratación de Indias. No es de extrañar que se acabaran independizando los territorios de ultramar, o que la colonización en América del Norte fuera una odisea. En los territorios en los que España no fue capaz de hacer nada más que perder dinero, EEUU ha logrado de ellos lugares prósperos, como California.

Pues esa mentalidad poco emprendedora de la España castellana -a diferencia del carácter fenicio de la España de la Corona de Aragón, en concreto de Cataluña- sigue predominando y nos sigue lastrando. Se sigue haciendo política no con bases pragmáticas sino desde el dogmatismo y los prejuicios. En efecto, sigue extendida la idea de que todos tienen que ser licenciados y que el objetivo debe ser sacarse una oposición, que te asegure un puesto de por vida. El progreso de la sociedad parte de los emprendedores, de los que quieren ganar dinero, no a través de pelotazos, llámese aventuras o timos cualquiera, a través del establecimiento de un negocio. Cuando no hay condiciones adecuadas, incluso hay retroceso como cuando el Imperio Romano no pudo garantizar la seguridad en el tráfico comercial por su extenso territorio, que acabó desembocando en una de las épocas más oscuras de la humanidad, la Edad Media. Cuando se volvió a salir a comerciar, y con ello ganar dinero, volvieron a resurgir las ciudades y a avanzar la sociedad.

Si no asumimos que el que decide montar su negocio es para ganar dinero, no para hacer caridad ni ser un primo, lastraremos la recuperación económica. Y al que quiere ganar dinero en nuestro país, le hemos de dar facilidades. Recordemos que el Estado vive, sobre todo en una sociedad globalizada, de los recursos que el sector privado genera. Si se invierte en nuestro país, se crecerá económicamente y el Estado recaudará más. El Estado no puede generar riqueza, no tiene capacidad para ello, pero no la tiene, no porque no pueda hacerlo económicamente sino porque desde lo público no se tiene la mentalidad para sacar rendimiento al dinero que se invierte, a diferencia de lo que hace uno con su patrimonio. El Estado ha de prestar una serie de servicios, como la seguridad pública o garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, ya sea a través de servicios directos o de servicios de control. Pero lo que no puede hacer es meterse a empresario, porque, como ocurrieron con las economías socialistas en el Este de Europa, acabaron por caer por insostenibles, y ha obligado a la China comunista a pasarse a la economía de mercado. Los países del COMECON cayeron porque obviaron que, por mucho que vivamos en sociedad, el ser humano es un individuo libre, y que funciona a través de estímulos. Si a uno le van a pagar lo mismo haga lo que haga, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué fabricar ordenadores más baratos, Ipad´s o tabletas si no tienes quien te los compre o te impiden venderlos?

Por todo lo expuesto, en España debemos apostar decididamente por el autoempleo, a través de beneficios fiscales como de bonificaciones en la seguridad social y facilitando la contratación laboral. Lo que no se puede hacer es que se paguen un 20% de los beneficios netos en pagos trimestrales a Hacienda, más el IVA que en muchos casos, sobre todo en sector servicios, corre a cuenta del profesional; ni tampoco, cuando se inicia una actividad, se debe pagar esas cantidades excesivas en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), porque al inicio, cuando se tienen pérdidas, hay que ahorrar lo máximo posible; ni tampoco equiparar a un autónomo o una pequeña empresa con las grandes multinacionales, sobre todo porque no tienen muchos empleados y no están para andar despidiendo y contratando a trabajadores, porque pierde tiempo en enseñar cómo funciona su pequeño negocio, y desde luego, y más ahora, prefiere no contratar a nadie que hacerlo y tener que arruinarse en pagarle el finiquito. Ya sé que algunos, para no salirse de su dogmatismo, se empeñan en comparar al dueño de una pequeña tienda u oficina, con el promotor caradura que se ha dedicado a hacer pelotazos. Pero se equivocan, y deberían saberlo.

Además, si sale rentable el autoempleo frente a trabajar por cuenta ajena, ¿no preferirán los que están en paro montar su propio negocio que estar muriéndose de asco en el paro cobrando un mísero subsidio? ¿No preferirán montar su propio negocio frente a trabajar 40 horas semanales por 1.000 €? Todo ello sin contar con que si no hay menos mano de obra disponible, porque se prefiere ser autónomo, ¿no mejorarán las condiciones de trabajo las empresas que buscan trabajadores?

En cuanto al miedo a los pelotazos urbanísticos y las burbujas inmobiliaria, para evitarlo deberían empezar por perseguir la corrupción de manera decidida, principalmente lo relacionado con las recalificaciones. Algunos hablarán de lo que sucede en el levante español, pero también en el norte se ha hecho negocio, como por ejemplo en Llanes, cuyo último PGOU fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Por cierto, aprovechando que el río Piloña pasa por Infiesto, sería interesante que algunos dejaran de mentir echándole la culpa la Ley del Suelo del 98, porque fueron tres preceptos declarados inconstitucionales, el 16.1, el 38 y la Disposición Final Única en sus referencias a los preceptos citados y reinterpretados los 9; 11; 14.2 a) y b); 15; 17.1; 18.1, 2 y 3, por la STC 164/2001, ya que invadía competencias de las CCAA, porque, entre otros motivos, "Será entonces cada Comunidad Autónoma -y en los términos que cada una disponga, el órgano encargado de la ordenación o planificación urbanística- quien determine en qué forma y a qué ritmo el suelo urbanizable debe engrosar la ciudad." o "...será cada Comunidad Autónoma, al fijar los criterios de consolidación por urbanización, quien determine también qué suelo urbano soporta deberes de cesión y cuál no".

Twitter @josecarrerob

viernes, 16 de septiembre de 2011

OTRO CAMBIO DE CRITERIO: RECUPERAN EL IMPUESTO DEL PATRIMONIO

Hoy el Consejo de Ministros va a recuperar el Impuesto del Patrimonio para, según tengo entendido, gravar los patrimonios que excedan de 700.000 € con la exención de 300.000 € por la vivienda habitual. Es, sin lugar a dudas, otro giro de la veleta que tenemos por Presidente del Gobierno, que, mediante la Ley de 4/2008, lo suprimió atendiendo a que "Sin embargo, desde el momento de su establecimiento, las transformaciones, tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado." Añadiendo que "En el actual contexto, resulta necesario suprimir el gravamen derivado de este impuesto mediante la fórmula más idónea para asegurar su eliminación efectiva e inmediata. Dicha eliminación del gravamen se produce tanto para la obligación real como para la obligación personal de contribuir." En casi tres años han vuelto a cambiar de criterio, como lo hicieron cuando estimaron conveniente subir el IVA normal y el reducido en dos y un punto respectivamente, con fecha de entrada en vigor 1 de julio de 2010, y ahora nos encontramos con una reducción del IVA para la adquisición de vivienda nueva del 8 al 4%.

Esta nueva medida, de carácter electoral puesto que así lo ha estimado oportuno A.P. Rubalcaba para evitar una gran sangría de votos, perjudica seriamente a la imagen de nuestro país, porque no se puede estar constantemente cambiando de criterio. Como bien dijo Felipe González de sabios es rectificar pero de necios es hacerlo a menudo. No se puede estar gobernando cambiando constantemente de criterio, no se puede negarse a hacer recortes y en menos de una semana aplicar los recortes que en Bruselas le han pedido; no se puede estar en contra de la reforma constitucional, calificándolo de ocurrencia, y ahora acabar aceptándolo; no se puede subir el IVA y en algo más de un año aprobar la reducción del 8 al 4% para la vivienda nueva; no se puede quitar el Impuesto de Patrimonio y ahora casi tres años después volverlo a establecer para cumplir con las peticiones electoralistas del candidato socialista. Todos esta política basada en la rectificación perjudica seriamente la salud económica de nuestro país.

Además, huelga a decir que este impuesto se lo van a comer las clases medias, dudo mucho que los Botin, Koplovich y demás fortunas españolas, vayan a pagar este impuesto porque sus propiedades figuran a nombre de sociedades. Así que, al final, los primos van a ser los de siempre, penalizando el ahorro y el consumo que requiere nuestro país para que empiece a fluir el dinero y es el que dará empleo a los españoles. Si realmente quisieran que los verdaderos ricos pagaran más impuestos, ¿por qué no tocan las SICAV?

Twitter: @josecarrerob

miércoles, 21 de noviembre de 2007

LA POLEMICA SOBRE LA PROPUESTA DEL PP DE SUPRIMIR EL IRPF

Es sorprendente cómo se llega a utilizar la demagogia para desacreditar una propuesta. La promesa de suprimir el IRPF a los que cobren menos de 16.000 € brutos al año puede ser más o menos acertada, más o menos viable, pero, desde luego, lo que no es de recibo es la clase de argumentos que se han utilizado para criticarlo. El mejor de todos, que yo sepa, es el del inefable Llamazares, que cada día se supera así mismo. Cuando uno piensa que mayores necedades no se pueden decir, viene Gaspar y demuestra que estábamos equivocado.

Para resumir lo que el lider de la coalición (no digo de los comunistas porque hay una fractura considerable con el Partido Comunista que dirige Frutos), el día de ayer, para reincidir en su crítica a la propuesta del PP, basta con decir que, según él, y corríjanme si me equivoco, beneficia a los ricos, perjudica las políticas sociales y favorece el fraude fiscal

No sé cómo llegó a la conclusión de que perjudica las políticas sociales, ¿Acaso no hay mejor política social que los que menos tienen no paguen impuestos? ¿O es que, en su planteamiento progresista, los que menos ingresos tienen sean los que tengan que sostener las arcas públicas, metiéndoles unas retenciones anuales de unos 1.000 €, para que luego se destine parte de ese dinero en utilizar a las Administraciones como agencia de colocación?

Tampoco sé, cómo dedujo que la propuesta supone aumentar el fraude fiscal. Que yo sepa, como con todas las nóminas, las rentenciones las hace el pagador o empleador, no las hace la persona en cuestión. Así que no sé como va a haber fraude, y si me equivoco que me lo explique alguien.

Por último, ¿beneficiar a los ricos? Que yo sepa la propuesta es que los que cobran una nómima o pensión de menos de 16.000 € brutos al año no pagan el IRPF. ¿No sabía que había tantos ricos en España?

Me gustaría dejar claro que lo que pudiera dejar de ingresar las arcas públicas con la medida propuesta se compensaría, en parte, con el IVA, ya que, al tener más dinero lo que menos tienen, pueden gastar más, y esto implica una mayor generación de riqueza, haciendo que, a su vez, haya más ingresos públicos porque tanto las PYMES como grandes empresas tendrían mayores beneficios, con lo que a más beneficios, más dinero para el Estado. Esto es así, y siempre ha sido así, a más dinero que tiene el contribuyente, más dinero puede gastar, y esos gastos acaban repercutiendo en un mayor crecimiento de la economía. Para saber esto no hace falta ser un licenciado en Economía, hasta un simple Licenciado en Derecho lo entiende.

Para finalizar, si pese a eso el Estado dejase de ingresar dinero, lo que habría que hacer es reducir gastos superfluos de las Administraciones, como el exceso de asesores que tiene Presidencia del Gobierno o la Consejería de Educación del Principado; los viajes con aviones del Estado para ir a comprar a Londres. Así, departamento por departamento, se pueden reducir mucho los gastos y eso supone un ahorro tremendo para las arcas del Estado.