lunes, 24 de septiembre de 2018

ENTREVISTA EN LA NUEVA ESPAÑA: "DEBERIA HABER UN JUZGADO ESPECIALIZADO EN EL ORIENTE"

JOSÉ ENRIQUE CARRERO-BLANCO | Abogado del turno especial de violencia de género

"Debería haber un Juzgado especializado en violencia de género en el Oriente"

"Es vergonzosa la falta de medios materiales y personales para combatir el machismo en la zona rural"

21.09.2018 | 00:42
José Enrique Carrero-Blanco. 
El abogado José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre (Cartagena, 1981), con despacho en Infiesto, se encarga desde 2012 del turno especial de violencia de género en el oriente asturiano, cuyo ámbito de actuación comprende desde Nava hasta Ribadedeva. Carrero-Blanco denuncia que la falta de recursos hace que el machismo "campe a sus anchas" en la comarca.
- Defiende que las mujeres víctimas de violencia de género están más desprotegidas en la zona rural. ¿Por qué?
-Sí, creo que son tratadas como ciudadanas de segunda desde el momento en que sólo se crean Juzgados de Violencia contra la Mujer en Oviedo y Gijón. En las ciudades hay un servicio de atención a la familia en la Policía Nacional, pero en la zona rural no.
- ¿Faltan medios materiales para combatir el machismo?
-Es vergonzosa la falta de medios materiales y personales en los juzgados y en los puestos de la Guardia Civil de la zona rural. Con dos vehículos que tienen cada puesto no pueden velar por todas las mujeres con orden de protección sin descuidar las labores de vigilancia ordinaria. Pueden tardar más de media hora en llegar a un aviso de quebrantamiento.
- ¿Cómo repercute esa falta de medios en el día a día?
-Un ejemplo: el fin de semana tuve dos avisos casi simultáneos en Arriondas y Llanes y pedí el favor a un compañero de que asistiera a una de las denunciantes. Te ves solo para cubrir más de 1.824 kilómetros cuadrados. Me encontré casos de mujeres que fueron a denunciar maltrato por la tarde y les mandaron volver al día siguiente porque no había quien lo tramitara. Por no hablar de que sólo hay un centro asesor de la mujer para todo el Oriente. Si no se invierte en la zona rural no es por falta de dinero, sino por falta de voluntad política: en los pueblos no hay tantos votos.
- Desde su experiencia, ¿qué propone para mejorar la atención a mujeres maltratadas?
-Debería de haber al menos un juzgado especializado en violencia de género en el Oriente. En la actualidad los tres juzgados que tenemos -en Infiesto, Cangas de Onís y Llanes- son mixtos, es decir, llevan asuntos civiles y penales, además de los casos de violencia contra la mujer. A veces tenemos que esperar cinco horas para que decidan dar una orden de protección desde que nos citan porque la jueza está solventando juicios leves y el fiscal no está.
- ¿Alguna propuesta más?
-Tener dos abogados de oficio por turno para tratar los casos de violencia de género en la comarca. O se podría dividir el territorio en dos para atender mejor a las mujeres del Oriente. El Decano nos contó hace un año la posibilidad de llevar a cabo la primera medida, pero la falta de presupuesto por parte del Principado la ha dejado estancada. Debería de haber un centro asesor de la mujer por cada uno de los tres partidos judiciales y no sólo en Llanes. No es normal que una mujer de Nava tenga que desplazarse a Llanes para poder ser asesorada.
- ¿Ha notado un incremento de las denuncias por violencia machista en los últimos años?
-En mi turno de oficio he atendido en estos años a unas 17 y, según mi experiencia, puedo decir que va por rachas. Estadísticamente el número de mujeres fallecidas no ha disminuido desde que se aprobó la ley integral contra la violencia de género española. El problema es que tal como está configurada la legislación sólo ha servido para judicializar la vida familiar, llegando al Juzgado peleas puntuales entre hermanos que acaban con orden de protección. Los cachetes que me daba mi madre, y merecidos, cuando era pequeño, ahora serían violencia familiar. En cambio las mujeres que realmente son maltratadas durante años por sus parejas quedan completamente abandonadas porque se detraen importantísimos recursos en otras cuestiones que deberían resolverse en el ámbito privado.
- ¿Cuáles son las principales quejas de las víctimas de violencia machista en el Oriente?
-La falta de humanidad durante el proceso. Muchas veces las juezas son duras y las hacen sentirse mal y llorar. No es el caso de la de Infiesto, que debo resaltar que les proporciona un trato exquisito. Yo aconsejo que no vayan a denunciar solas porque muchas veces se acaban echando para atrás, retiran la denuncia y entran en un bucle con el maltratador. Son vergonzosas situaciones como cuando solicité un psiquiatra forense para que analizara si una clienta sufrió malos tratos durante treinta años y, como no lo dieron de paso, a él sólo le pusieron una falta. En los pueblos pequeños está también el problema de que los testigos no quieren declarar por no meterse en líos.
- ¿Las denuncias sobre violencia machista se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la guardia y custodia de menores?
-Si hay una orden de protección sobre la madre la custodia se la dan a ella. Se corre el riesgo de que proliferen denuncias falsas para evitar que el padre vea a los niños. Creo que cada caso es único y que no se debe legislar sin consultar a los abogados que vivimos día a día ese problema.
- ¿Se legisla sin perspectiva de género?
-El código penal es bastante feminista. La condena a una mujer por golpear al novio es de tres meses a un año y a la novia de seis meses para arriba, independientemente de su complexión.

martes, 18 de septiembre de 2018

DESPRECIO ABSOLUTO DE LOS POLITICOS POR LA ZONA RURAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO

Puede que estas líneas no sienten muy bien a nuestros políticos, tanto regionales como nacionales, pero resulta necesario hacerlo, sobre todo porque se les llena la boca diciendo que están realmente en contra del machismo y de la violencia de género. Pero no es cierto o al menos no lo demuestran, más allá de los fuegos de artificio con los que nos obsequian de vez en cuando. Último gran ejemplo el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que no sólo no cumple con los requisitos del art. 86 de la Constitución, sino que además, a la vista de su contenido, no se entiende la urgencia, amén de ser otra chapuza legislativa más.

Pero antes de continuar quisiera presentarme, sobre todo para que sepan los motivos de lo que he dicho. Hay gente que sabe que soy abogado, y que llevo ejerciendo desde hace más de 9 años, pero no todos saben que llevo en el turno especial de violencia de género desde mayo de 2012, cuyo ámbito de actuación territorial es el Oriente de Asturias, que se extiende desde el concejo de Nava, perteneciente al partido judicial de Piloña, hasta el de Ribadedeva (partido judicial de Llanes), exluyendo Villaviciosa, Caravia y Colunga, lo que supone cubrir 1824,01 kilómetros cuadrados con una población de más de 50.000 habitantes. Los 19 abogados que estamos en este turno hacemos guardias semanales, con sus 24 horas diarias, y todo ello cada cuatro meses.  

Pues bien ya el año pasado, por el mes de abril, en Ser Oriente ya denuncié las deficiencias que había en el sistema, como, por ejemplo, la falta  considerables de medios materiales y personales tanto en los puestos de la Guardia Civil como en los Juzgados, que además son mixtos (es decir, llevan asuntos civiles y penales, además de los casos de violencia contra la mujer). Queda muy bien para el marketing político crear Juzgados de Violencia contra la Mujer en ciudades como Oviedo y Gijón y Servicios de Atención a la Familia en las Comisarias de la Policía Nacional. Pero la realidad es que abandonan literalmente a las mujeres de la zona rural. ¿O acaso piensan que con dos vehículos de la Guardia Civil que tienen en cada puesto pueden proteger a todas las mujeres con órdenes de protección que tienen a su cargo sin tener que descuidar las labores de vigilancia ordinaria? De ese olvido o desprecio hacia la zona rural, se entiende que ahora haya solo una asesora para todo el Oriente que atiende tres días a la semana en Llanes y uno en Ribadesella. Dile a una mujer que vaya de Nava o Cabrales a Llanes para hablar con la asesora y a ver si realmente va. Dicho sea de paso, la asesora está haciendo un magnífico trabajo. Y estas carencias, como dije, ya las manifesté públicamente hace un año ¿Creen que algún político o política se hizo eco de ello? Pues no, y a las pruebas me remito. Eso sí, se les puede ver en las concentraciones cuando asesinan a una mujer o cada 25 de noviembre.

Y alguno se preguntará, ¿y esto a qué viene un año después? Pues sencillamente porque acabo de salir de mi última guardia y al final me encontré en una situación que estaba previendo hace tiempo, y es que, aunque he tenido muchas guardias en las que no tuve ningún aviso, en esta me he encontrado con prácticamente dos simultáneas. Tenía que estar a las 9:30 para asistir a una denunciante en Arriondas y a otra a las 12:00 en el Juzgado de Llanes (11 horas antes la Guardia Civil me mandó el aviso). El protocolo dice que la asistencia tiene que ser anterior a que ella denuncie lo que te obliga desplazarte a las dependencias policiales. En ese caso tuve que asistirla por teléfono, cosa que no me gustó nada hacer, pero no me quedó otra ya que suponía tener que ir desde Infiesto a Llanes, estar allí al menos dos horas y luego volver, para que el día siguiente esté a las 9:30 en Arriondas. Y al día siguiente tuve que pedir a un amable compañero del turno que me supliera porque sabía que no iba a llegar a las 12:00 ni en las previsiones más optimistas. Al final, salí a las 11:50 del puesto de la Guardia Civil de Arriondas. Si no le hubiera pedido al compañero que me sustituyera tendría sólo 10 minutos para llegar a Llanes. El problema es que nuestros políticos piensan que con un solo abogado para cubrir 1824,01 kilómetros cuadrados es suficiente. Debe ser que es demasiado caro gastar en dos. Lo mismo que les resulta caro financiar Centros Asesores de la Mujer en cada partido judicial del Oriente. Bien es cierto que desde el Colegio se comentó la posibilidad de ampliar a dos letrados en las guardias, pero llevamos casi un año y el Gobierno del Principado, que es el que financia el servicio, aún no ha hecho nada. 

Dicho esto, si nuestros políticos quieren demostrar que realmente les preocupa el problema de la violencia machista ya saben lo que tienen que hacer. 

Twitter: @josecarrerob
Facebook profesional: Carrero-Blanco abogado.

viernes, 14 de septiembre de 2018

ANALISIS DE LA MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: FRACASO ABSOLUTO. PRIMERA PARTE.

La violencia de género es un asunto que es muy preocupante. Algo que se debería erradicar de nuestra sociedad de una vez por toda. Un problema que sigue estando muy presente en nuestra sociedad, sobre todo en la zona rural, que es donde ejerzo mis funciones como abogado del turno especial de Violencia de Género desde el año 2012 en el Oriente de Asturias,  asistiendo a 15 mujeres desde entonces (9 de ellas obtuvieron una orden de protección, 1 ya lo tenía e incluso el sistema reconoció riesgo extremo; 2 acabaron retirando sus denuncias, de las que 1 tenía orden de protección y contra consejo mío por presión de su propia familia; y cuatro fueron archivadas sin mediar renuncia, una de ellas porque la denunciante no acudió al Forense para lo que fue citado en dos ocasiones). Además de los casos que he llevado por el turno especial, también he estado presente en casos de Violencia de Género debido a que también estoy adscrito al turno de oficio de penal. Todo ello sin olvidar lo que otros compañeros de profesión comentan.

Todo  este bagaje profesional que tengo, me ha llevado siempre a cuestionar la efectividad de las medidas que se aprobaron en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es más, esta ley no sólo no ha servido para solucionar el problema sino, en muchos casos, crear más problemas. Ha sido un inútil intento de solucionarlos a base de cañonazos, aprobándolo desde la atalaya sin consultar a los profesionales que conocemos la realidad a pie de calle. El problema de la violencia de género no se va a solucionar si nos basamos en exclusiva en datos estadísticos y menos cocinándolos. Pero si analizamos fríamente las estadísticas, que es lo que gusta a nuestros políticos tenemos que desde que se aprobara la citada ley no ha servido para reducir la tasa de asesinatos u homicidios en el ámbito de la violencia de género.



La primera tabla (la segunda tabla es el gráfico de los datos anteriores), se puede ver que, desde 1999 a 2002 hubo un promedio de 55 mujeres muertas a manos de sus parejas. Bien es cierto que, en 2003 y 2004 hubo un importante repunte a 71 y 72 respectivamente. Pero si analizamos desde 2005 (entró en vigor toda la ley a lo seis meses), el promedio se eleva a 60 al año. Si añadimos las 57 que perdieron su vida en 2017 pues se mantendría ese mismo promedio. Es más, si contamos el período comprendido entre 1999 y 2004, el promedio sería el mismo: 60 al año. ¿Ha habido alguna mejora? Pues no. ¿Oirán a nuestros dirigentes políticos reconocer que se han equivocado? Tampoco. La solución tirar para adelante y seguir aplicando las mismas recetas equivocadas. 



A día de hoy, como llevo diciendo de manera reiterada, tal y como está configurada la legislación ha servido para judicializar la vida familiar, llegando a los Juzgados peleas entre hermanos que acaban con uno con orden de protección con respecto al otro. Es decir, lo que ocurría entre mis hermanos y  yo y quedaba en nada, ahora mismo sería delito en el ámbito familiar (art. 153.2 del Código Penal) siempre y cuando compartan domicilio. Los cachetes que mi madre me daba, y con merecimiento, ahora mismo es delito de maltrato en el ámbito familiar (el art. 153.2 citado). Y ya vimos en la prensa casos de madres condenadas por castigar a sus hijos con un cachete, incluso el Magistrado del Juzgado de lo Penal 4 de Oviedo tuvo que condenar a una madre aunque recomendó su indulto. Una pelea en una pareja si los dos llegan se golpean recíprocamente, uno castigado de 6 meses a 1 año de prisión y la otra de 3 meses a 1 año (art. 153.2 en el primer caso y el 153.1 en el segundo). En cambio, las mujeres que realmente son maltratadas por sus parejas, quedan completamente abandonadas por falta de medios materiales y  personales, además de falta de apoyo. Y todo porque se detraen importantísimos recursos en cuestiones que deberían resolverse en el ámbito privado. Se gasta mucho en Juzgados especializados en las ciudades pero en la zona rural, donde el machismo sigue campando a sus anchas, un juzgado mixto. En las ciudades hay un Servicio de Atención a la Familia en la Policía Nacional, pero en la zona rural no lo hay. No hay patrullas suficientes y hay demasiado territorio que tienen que cubrir los agentes. Pueden tardar incluso más de media hora en atender un aviso de un quebrantamiento. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces.

En otra entrada ya entraré a analizar más a fondo el Real Decreto Ley que el Gobierno se ha sacado de la manga o un fenómeno que estoy viendo que se está reproduciendo mucho que es que los agresores se acaban suicidando después de acabar con la vida de la pareja, que, en este tema, hay mucha tela que cortar y analizarlo con más objetividad.

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