SOBRE LA CAUSA CONTRA GARZÓN (PARTE I)

Con respecto a la causa abierta contra Garzón por prevaricación, me gustaría que se analizase desde la perspectiva correcta, que no es otra que la jurídica, dejando de lado la vertiente histórica, porque esto es meramente secundario. El análisis correcto es comprobar que si un juez en un Estado de Derecho se salta la ley a la torera, aunque lo hiciera con toda la buena intención del mundo, debe responder por sus actos. Idea que, por cierto, todo demócrata debe compartir, porque la Constitución y las leyes en una democracia son fruto de la voluntad popular, recordando que el art. 117.1 constitucional dispone expresamente que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley”. Mandato que entronca directamente con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, art. 9 del mismo texto. Porque, de lo contrario, ¿de qué serviría que los ciudadanos eligiésemos a nuestros representantes cada cuatro años si admitimos que los jueces y demás funcionarios aplicasen la ley cuando y como les diese la real gana? Por eso tienen que aplicarla les guste o no, y si hay algún juez o funcionario que tenga problemas de conciencia a la hora de aplicar una ley de manera razonable, que se abstenga y que sea otro el que se haga cargo.

Por cierto, resulta llamativo que algunos denominados demócratas les parezca justo que procesen a un juez que prevarique cuando se tratan de determinadas leyes, pero en otros casos su criterio cambia. Lo que me lleva a preguntarme ¿hay leyes en España que se puedan saltar a la torera y otras no? ¿Cuál es el criterio para dicha discriminación? ¿No será que nos encontramos ante hipócritas ideologizados?

Volviendo al tema de Garzón, y habiendo apuntado unas nociones generales sobre el imperio de la ley, conviene insistir que este magistrado no se le procesa por instruir una causa contra el franquismo, sino por dictar resoluciones injustas a sabiendas, en concreto por el apartado 3 del 446 del Código Penal. Para que no se entienda incorrectamente el concepto de “ resolución injusta”, decir que no tiene nada que ver con el concepto ordinario de injusticia, ya sea el metafísico o el subjetivo, sino acepción objetiva. Algo lógico puesto que de no ser ésta la aplicable, nos encontraríamos con un tipo penal en blanco y con la consiguiente inseguridad jurídica porque cada uno en un Estado democrático tiene su propio concepto. Así pues la jurisprudencia entiende como concepción objetiva por la que una resolución no se encuentra dentro de los parámetros jurídicamente defendibles.

Desde mi punto de vista profesional, Garzón prevaricó, como ya dejé constancia en mis escritos de 2008 y eso que sólo tenía un conocimiento muy limitado de los autos instruidos por el querellado. Ahora desde la lectura del recurso del Fiscal Zaragoza y del auto del Magistrado Varela, se confirmó mi sospecha, aportándome además más datos de una instrucción que se puede calificar de interesada. En efecto no se puede calificar de otra manera puesto que, como consta en el auto del Magistrado Varela, desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2008 no promovió “la más mínima actuación procesal de investigación, ni dispensa la más mínima protección a denunciante o víctima alguna”, ¿por qué no hizo nada en esos casi dos años desde que el 19 de diciembre de 2006 incoara diligencias previas? Porque a su agenda mediática no le interesaba. Y no es la primera vez que paraliza procedimientos por intereses personales, así hizo cuando entró en política y así está haciendo en el caso Faisán.

Continuación:
LA CAUSA CONTRA GARZÓN (PARTE II)