EL ULTIMO ESCANDALO EN EL TC

Quisiera comentar la última polémica que ha protagonizado la Presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas. A esta persona, que ostenta tan alto cargo, no se le ha ocurrido otra cosa que, incluso después de saber que la interlocutora ha sido imputada por un delito de asesinato, sugerirle que cuando llegue al Tribunal Constitucional, vía Recurso de Amparo, que se ponga en contacto con ella.

Esto demuestra que es totalmente indigna para ocupar el cargo de Presidenta del Tribunal Constitucional. Es más, su permanencia mancilla la institución. Tal vez su comportamiento no sea penalmente punible porque aún no encaja en los elementos esenciales del delito de prevaricación (art. 446 CP), ya que falta que se consume dictando una Sentencia. Y, para poder considerarse en grado de tentativa, tendría que estar en disposición de poder dictarla y, por ahora, ni siquiera ha llegado al Registro General del Tribunal Constitucional el famoso recurso de amparo de la imputada por un delito de asesinato.

No obstante, su comportamiento puede suponer desatender de manera flagrante los deberes del cargo, que tiene que atender con diligencia (art. 23.1, Apartado Quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional-LOTC), y el órgano competente para resolver sería el Pleno del Tribunal Constitucional, como marca el art. 10 de la Ley reguladora de dicho órgano. En ningún caso el Consejo General del Poder Judicial está habilitado para instruir ningún procedimiento disciplinario de ningún Magistrado del Constitucional, por la sencilla razón de que este órgano no pertenece al Poder Judicial.

Pese al comportamiento de María Emilia Casas, no voy a generar alarmismo alguno, por la sencilla razón de que el Tribunal Constitucional tiene un mal que proviene de su propia génesis. Y, a lo largo de su corta vida, nos han regalado actuaciones muy poco aforrtunadas, cuando menos bochornosas, como la polémica Sentencia que amparó la expropiación de RUMASA, que tuvo, entre otras consecuencias, el exilio voluntario del entonces Presidente del Constitucional.

La solución de este mal es relativamente fácil, si hay verdadera voluntad en la clase política. Y en mi opinión pasa por cambiar el procedimiento de nombramiento de los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional por un sistema similar al de los EEUU. Lo primero de todo es la total renovación de su actual composición. Para ello, cada tres años se nombraría un nuevo magistrado de manera vitalicia por 2/3 de ambas Cámaras hasta llegar a completar los 12 puestos del Pleno. Posteriormente, cuando se jubile voluntariamente o fallezca un Magistrado, para cubrir la vacante, se verán obligados los dos principales partidos a llegar a un acuerdo. Así nos evitamos el circo que se monta cada tres años en el que los grandes partidos se reparten los cargos, unos eligen al conservador y el otro al progresista, con la consiguiente politización de dicho Tribunal. Y exactamente lo mismo haría con el CGPJ.