EL ABORTO, LA IGLESIA, UNA POLEMICA QUE NO ES NUEVA

Los socialistas, medios afines e izquierda oficial ya tienen lo que querían: una polémica con la Iglesia Católica por el tema del aborto para distraer, de esta manera, la atención del ciudadano de un tema más importante que es el de la crisis económica. Ya venía intentándolo hace tiempo la titular del Ministerio inútil de la Igualdad, la Srta. Aído, incluso con algún disparate como el de que las mayores de 16 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres. Toda una provocación en regla que, al final, tuvo los frutos deseados gracias a la campaña de la Conferencia Episcopal, que, por otra parte, es absolutamente normal. ¿Qué esperaban? ¿A los Obispos defendiendo públicamente el aborto?

Por otra parte, observando los argumentos y razonamientos, si se pueden llamar así, de la izquierda oficial que utilizan en un tema tan delicado como es el aborto, se ha de llegar a la conclusión de que defienden el aborto libre o la reforma de la Aído, no porque crean en lo que dicen, sino porque, de una manera u otra, cobran o viven de tener contento al patrón. Por ejemplo, ayer Gabilondo, en su editorial de las 21:00 en noticias cuatro, se salió. No tuvo reparos en afirmar que la propuesta del Gobierno estableciendo una ley de plazos era necesaria porque el famoso supuesto de despenalización del aborto por motivos terapéuticos (el que no tiene plazos) era un coladero y que así nos evitábamos tanta hipocresía de médicos que objetaban en los Hospitales públicos pero practicaban abortos en sus clínicas privadas, etc. Primero hay que decir que si fuera cierto, ¿por qué no hizo nada la Administración para perseguir estos comportamientos? Segundo, su argumento es hipócrita, porque nunca le he visto pedir que se deroguen ciertas normas que bien sabemos todos que no se cumplen, véase los casos relacionados con la propiedad industrial o intelectual, en el que incluso se ha llegado a aprobar un canon digital porque no son capaces de perseguir a los que vulneraban la propiedad intelectual. Pero la diferencia es clara, no es lo mismo un feto que la SGAE y otras sociedades de autores. Y tercero, cuando se comete una ilegalidad lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos posibles para castigar a los responsables. En resumidas cuentas, es un disparate el planteamiento de Gabilondo.

Otro que se lleva la palma fue el Juez en excedencia y portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. Este señor no se cortó un pelo a la hora de soltar una trola como la de que la Iglesia quiere que las madres abortistas vayan a la cárcel. ¿De dónde se ha sacado esa información tan burda y tan falsa como el duro de 4 pesetas? Creo que la Iglesia como cualquiera de los que estamos en contra del aborto no pedimos que las madres vayan a la cárcel, que bastante tienen con las secuelas de su decisión, sino que persigan con todo el peso de la Ley a las clínicas abortistas que permiten abortar en fraude de ley, y que han conseguido convertir a España en un paraíso para las madres abortistas.

Por último, el que se lleva el gran premio es el Director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, en el que descalifica la comparación entre el feto humano y el lince porque "que probablemente sufre un problema de superpoblación". De esta manera se puede fundamentar perfectamente el genocidio. Se lanzan unas cuantas bombas en África, matamos a millones de personas y dormimos luego con la conciencia tranquila porque estamos convencidos de que esa pobre gente ya no pasará más hambre. ¿Este señor se habrá enterado que la vida humana es superior a cualquier otro tipo de vida animal? Pues parece ser que no.

En el tema del aborto lo que hay hacer es establecer científicamente cuándo se puede considerar que existe vida humana. Cuando se determine, el Estado ha de garantizar la protección de cualquier vida humana, sobre todo la dependiente, que es, a la postre, la más indefensa. En nuestro ordenamiento jurídico se establece el Derecho a la vida, art. 15 de la Constitución, y el feto, según el propio Tribunal Constitucional es un bien jurídico protegible dada su condición de vida humana dependiente. El mismo Tribunal Constitucional sólo considera legalmente admisible el aborto en tanto en cuanto entra en colisión con otros bienes jurídicos de mayor importancia, como también ocurre con otros casos que el ordenamiento despenaliza, como es el de quitarle la vida a alguien siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Código Penal, como son la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber. Con otras palabras, que existan estas eximentes no implica conceder un derecho, porque si fuera un derecho se ha poder ejercitar en condiciones normales. En cambio si aceptamos relativizar el derecho a la vida o, a la inversa, si otorgamos un derecho a matar una vida humana siempre y cuando se encuentren dentro de los límites de la ley ¿qué impide establecer, en otro momento, un criterio distinto como el de haber cumplido el año o la mayoría de edad? ¿Una norma jurídica? Bien se sabe que las normas son contingentes y se cambian según crea conveniente el legislador. ¿La moral? ¿Pero no estamos en un Estado aconfesional?