Cuando estudias criminología, aprendes conceptos nuevos que antes, por los años de ejercicio profesional, intuías pero que no le ponías nombre. Por ejemplo, en introducción a la sociología te puedes encontrar con con conceptos como "el paradigma de la reacción social", en el que la criminalidad o criminal se concibe como una calificación atribuida a unas determinadas personas por las instituciones del control penal. La criminalidad se construye en la interacción con los demás. En el fondo, somos lo que somos gracias o por culpa del entorno en el que nos educamos. Esto no significa que tengas que actuar como los demás, por eso existe conductas que se llaman "desviadas", ya sea porque se produce una innovación, porque lo adaptas dentro del sistema (ritualismo), por renuncia o por rebelión. Por eso se explica que hermanos, que reciben la misma educación, tengan comportamientos distintos. La educación no lo es todo sino que es una parte importante, y existen otros elementos a tener en cuenta.
Pero no nos liemos con conceptos sociológicos o criminológicos, y vayamos al meollo de lo que quiero contar. Esta entrada viene a dar unas pinceladas a la preocupante situación que estamos viviendo en nuestro país. Situación en la que hemos normalizado la corrupción, siempre y cuando los corruptos sean los propios, y lo más preocupante aún es la degradación institucional que ha llegado a un punto que las Cortes Generales ya no ejercen su función constitucional. Se ha convertido en una especie de fedatario público que nos sale muy caro a los contribuyentes. Si se lleva al Congreso alguna iniciativa es siempre después de haberlo pactado con otros grupos parlamentario. No se presenta, no se debate ni se enmienda sin que fuera de las Cortes se haya acordado nada. Los que presentan enmiendas fuera de ese pacto no van a poder debatirlas y menos si no se quiere que una iniciativa legislativa se apruebe. Ya está la Mesa del Congreso para acordar ampliaciones indefinidas de plazos para dejar morir el asunto y que con la convocatoria de elecciones, decaiga. Y esto ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado dando la razón al Grupo Parlamentario Popular que recurrió en amparo por no dejarles la Mesa debatir en el Pleno sobre sus enmiendas.
Otro ejemplo, es la práctica contraria a la Constitución y a la ley de repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, en Sentencia 108/86 dijo: " Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial."
Y, pese a eso, tanto PP como PSOE se han dedicado a repartir vocales del CGPJ y así hablamos de vocales progresistas y vocales conservadores. Y lo peor es que los presidentes de las Cámaras incumplen con su obligación legal, ex 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de convocar los plenos para que los diputados voten. Lo que hacen es, contra legem, esperar a que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para iniciar los trámites. Mientras tanto no hacen nada, convirtiéndose en lacayos de sus respectivos partidos. Pero la cosa es peor cuando llegan a un acuerdo, y es que ni disimulan ni en Comisión ni en Plenario. Si algún diputado o senador hace alguna pregunta a los candidatos a vocales, se limitan a darles jabón. Luego en el Plenario nadie habla de si los candidatos son los adecuados. Solo sueltan su discursito sobre asuntos que no vienen a cuento.
Otro dato que acredita la degradación institucional. El abuso del decreto ley. Esta herramienta constitucional, regulada en el art. 86.1 de la Constitución está prevista para casos de extraordinaria y urgente necesidad (como la DANA, terremotos o circunstancias similares), siempre y cuando no afecte a materias con reserva de ley formal (es decir, que tiene que aprobarse una ley en las Cortes Generales o una ley orgánica). Pues, y mira que todos los Presidentes, en mayor o menor medida, han abusado de él. Pero el actual ocupante de La Moncloa, ha dictado 168 decretos leyes en ocho años que lleva en el Gobierno. El segundo, fue González, con 129 en casi 14 años, el tercero Rajoy con 109 en siete años y sobre todo en su primera legislatura que tenía mayoría absoluta. Luego va Aznar con 86, Calvo Sotelo con 53, Zapatero con 52 y Suárez con 45. Algunos dirán es que le tocó la Pandemia, la Guerra de Ucrania, el Volcán de la Palma... Pero eso justificaría algunos de los decretos leyes aprobados, no todos, empezando por los 25 que aprobó en 2018 desde el primero de 22 de junio, el RD Ley 4/2018, hasta el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre. O los 22 de la XIII Legislatura, que solo duró unos meses en 2019, desde la constitución de las Cortes salidas de las elecciones de abril de 2019 hasta la constitución de la XIV legislatura o los 17 que llevamos este año 2026. Decretos leyes que no son tan de extraordinaria y urgente necesidad que tienen hasta vacatio legis, como el RD Ley 6/2023, cuya entrada en vigor quedó en suspenso hasta marzo de 2024. Todo ello para impedir el debate de enmiendas. Es o lo convalidas todo o lo rechazas. No te dejan otra alternativa. Así meten en un mismo texto disposiciones que no tienen nada que ver con la finalidad de la norma, como introducir la posibilidad de meter a Pablo Iglesias en el CNI, o incluso el abuso de los decretos omnibus. Eso sí, muchos de esos decretos leyes se tramitan como proyectos de ley pero, la mayoría de las ocasiones, no se aprueban porque ahí está la Mesa para torpedear la posibilidad de enmendar el texto, tal y como ya se comentó.
Lo peor de todo esto, que no veo a ningún grupo político decir nada al respecto. No veo a nadie cuestionando esas prácticas. Y no lo hacen porque al final van a hacer lo mismo cuando estén en el poder. Lo peor de todo esto es que muy pocos somos los que lo denunciamos. Están todos ahora mismos enredados con la carnaza de la corrupción, pero eso será tema de la segunda parte de esta entrada.
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