FALSEANDO UN DECRETO LEY A TRAVÉS DEL BOE

Como bien sabéis esta semana se produjo una polémica en el que el Boletín Oficial del Estado está implicado, en concreto con el Real Decreto Ley que se publicó este lunes, con la correspondiente corrección de errores del día siguiente, entre las que se encontraba la referente al plazo a partir de la cual los Ayuntamientos no podría solicitar créditos. En principio, creí que, en efecto, era un simple error de transcripción, que suele ocurrir, y así lo manifestaba la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, como podrán comprobar los que la escucharon (véase a partir del minuto 4:19 de la primera Edición del Telediario de TVE del 25 de mayo de 2010). Pero mi posición no era por el crédito que le concedo al Gobierno, sino porque, de lo contrario, nos encontraríamos ante una falsedad en documento público, tipificado como delito en el art. 390 del Código Penal. Algo que es sumamente muy grave y muy propio de repúblicas bananeras.

Para mi sorpresa, el día siguiente Manuel Chaves, Vicepresidente Tercero de Gobierno, no tuvo reparo en afirmar lo siguiente -S.E.U.O. en la transcripción-:

...lo importante es ir al fondo del tema y el fondo del tema es la preocupación que tenían los ayuntamientos para financiar obras durante el año 2010 y el Gobierno ha sido sensible y ha resuelto esa preocupación... (Véase a partir del minuto 8:48 de la primera edición del Telediario de TVE del 26 de mayo del corriente)

Si TVE no ha manipulado las declaraciones, suponen una confesión de la comisión de un delito de falsedad en documento público. Es reconocer que han falseado lo aprobado en Consejo de Ministros, que es el competente para aprobar los Reales Decretos Leyes, de acuerdo con el art. 5.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, del Gobierno. Es decir, en lugar de convocar otro Consejo de Ministros para aprobar otro Real Decreto-Ley modificando lo que tengan que modificar, han utilizado, en mi opinión, indebidamente la vía de la corrección de errores. Pero, si esto, per se, ya es de suma gravedad, porque dinamita los pilares básicos de un Estado de Derecho a base de tipex, no lo es menos que lo confiesen públicamente como si fuera algo loable y positivo, como si fuera una demostración de lo majos que son porque han rectificado. ¿A qué grado de degradación de la política hemos llegado? Esto, sin ninguna duda, es lamentable y vergonzoso.

A raíz de esta confesión, y viendo que el principal partido de la oposición se ha limitado a formular la correspondiente crítica política, ayer puse en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía a través de su página web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no obstante no descarto que la próxima semana remita el mismo escrito por correo certificado administrativo al Registro General de la Fiscalía General del Estado. Con casi toda la probabilidad, el Ministerio Público, por órdenes del señor Conde-Pumpido, no va a hacer absolutamente nada, pero yo puedo decir que he cumplido con mi obligación.