EL CASO MARI LUZ, EL JUEZ TIRADOS Y LOS POLITICOS

El caso Mari Luz está dejando al descubierto, al menos para los que conocemos algo el funcionamiento de la Administración de Justicia, hasta qué punto los miembros de la clase política, empezando por Zapatero, pueden ser tan demagogos y tan sinvergüenzas. La indignación con la que nos están obsequiando la casta dirigente porque el CGPJ haya considerado como grave la actuación del Juez Tirados, se puede calificar de cínica, mentirosa y de una total desfachatez. Cínica, por su reacción; mentirosa, porque están engañando a los españoles, en general, y a la familia de la niña, en particular; y desfachatez, han elegido como cabeza de turco al citado Magistrado, cuando nuestra diligente clase política, entiéndase la ironía, es mucho más culpable que el Sr. Tirados.

Todos los problemas con la Justicia tienen un origen y no es otro que un reiterado interés por el control político de los órganos constitucionales del CGPJ y del TC, de hecho ya se ha visto cómo se han vuelto a repartir las vocalías del órgano de gobierno de los Jueces. Pero lo que es la Administración de Justicia, esa que utiliza la plebe, a la que tratan como borreguinos para que voten el día de las elecciones, queda completamente relegado a un segundo o tercer lugar en la acción política diaria, a lo que se añaden los bodrios legales que aprueban, en no pocos casos, guiados por la demagogia. De ahí tenemos los siguientes ejemplos:

- Una Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado un 14 de septiembre de 1882, con sus sucesivos parches.

- Una Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado un 3 de febrero de 1881, que estuvo vigente hasta enero de 2001, que fue cuando entró en vigor la nueva Ley procesal civil, pero que se sigue aplicando para los procedimientos de Jurisdicción Voluntaria.

- Una Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 1998, que, entre otros “aciertos”, está la de hacer una distribución competencial absurda como la de atribuir las de Tráfico a los Juzgados de lo Contencioso, pero si proviene de un Ayuntamiento, al TSJ. Por esto no es de extrañar que el Tribunales Superiores estén tan saturado que tarde en resolver en primera instancia tres años, cuando los Juzgados lo hacen en aproximadamente seis meses.

- Hasta no hace mucho, que se aprobó la nueva Ley Concursal, se aplicaba el Código de Comercio de 1885 (que sigue en vigor), e incluso el derogado de 1829, para procedimientos de quiebra.

- Los expedientes de dominio, que sirven para registrar fincas, reanudar el tracto sucesivo interrumpido o corregir las dimensiones que constan en el Registro de la Propiedad se rige por la Ley Hipotecaria de 1946 y su Reglamento de 1947.

- Un Código Penal de 1995 que ha sido reformado en numerosas ocasiones utilizando la improvisación, el oportunismo y la demagogia como principios básicos de actuación, resultando una legislación penal sin ningún criterio en las penas señaladas, al que la Ley de Violencia de Género ha dado la puntilla calificando como delitos lo que nunca fue y que además ha facilitado la saturación de los Juzgados con denuncias presentadas por mujeres deseosas de partir con ventaja en un procedimiento de divorcio.

- Sigue pendiente la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la previsión de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de que los Recursos Extraordinarios de Infracción Procesal los resuelvan los Tribunales Superiores de Justicia, por lo que actualmente los resuelve el Tribunal Supremo. Previsión, por cierto, que tenía la finalidad de desviar trabajo del Alto Tribunal en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, que actualmente tienen poquísima carga de trabajo.

- La Ley Penal del Menor, de cuyos resultados tenemos sobrado conocimiento, sigue sin previsión de que pueda mejorar.

A estos ejemplos le añadimos que muchas reformas legales no van acompañadas de financiación suficiente, nos encontramos con problemas serios para su correcta aplicación. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Violencia de Género supuso una escasa dotación de medios materiales y personales, a lo que se añade la falta de previsión, hizo que tanto los nuevos Juzgados de Violencia de Género como, en los partidos donde éstos no existen, los de Instrucción y, finalmente, los Juzgados de lo Penal, que son los que encargados de enjuiciar las causas penales remitidas por aquellos Juzgados, se han visto desbordados.

En cuanto al asunto del Sr. Tirados, decir que no conozco el funcionamiento de su Juzgado, ni si actuó como debería haberlo hecho, pero de lo que yo conozco, a buen seguro que padece los mismos problemas que los que tiene cualquier otro Juzgado de lo Penal en España. Por eso existen más y mayores responsables, empezando por el Gobierno, que estuvo toda una legislatura centrado en enredar con asuntos de escaso o nulo interés social, en lugar de crear nuevos Juzgados; a la Junta de Andalucía por no dotar de mejores medios materiales, que para algo tiene transferidas las competencias de Justicia, y siguiendo con la oposición que se dedicó a entrar al trapo en todas las polémicas, sin olvidar que también ocupó el poder no hace muchos años. Ahora, ya que presume el Sr. Zapatero de dar la cara, y se le ve muy decidido en depurar responsabilidades, podría predicar con el ejemplo y dimitir puesto que podría haber colocado a menos amigotes en puestos de confianza y haber gastado más en mejorar la Justicia española.