PROPUESTA ARRIESGADA ¿POR QUÉ?

El País titulaba "Propuesta arriesgada" al editorial en el que se cuestionaba el nombramiento de Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, como nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por parte de Zapatero. Pero antes quisiera dejar clara mi posición sobre cómo se designan a los nuevos vocales de este órgano constitucional, cuya definición la realiza el art. 122.2 CE y cuya composición la establece el apartado tercero del citado artículo 122 que dice:
"El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión."

No voy a entrar a interpretar lo que el constituyente quiso decir cuando redactó el precitado apartado. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que voy sí voy a hacer es mostrar mi disconformidad por el actual sistema de designación. Creo sinceramente que se hace un flaco favor a la Justicia y a los propios ciudadanos con un sistema de elección excesivamente politizado, en el que cuentan más las simpatías o afinidades políticas que la propia valía profesional de cada candidato. A veces no es de extrañar que acaben desembarcando de lleno en la política, véase los casos de Juan Alberto Belloch Julbe, María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Cristina Alberdi Alonso o Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Entonces, ¿Por qué extrañarnos que ahora incluyan a Fernando de Rosa, un ex consejero valenciano, o a una ex diputada del PNV, Margarita Uría? Con este modus operandi para la elección de vocales, resulta difícil encuadrarles en la categoría de juristas de reconocida competencia. Por eso creo que, para la buena salud de nuestras instituciones, es imprescindible operar una reforma de dicho sistema. Por ejemplo, elegir un solo vocal cada cinco años por una mayoría de 3/5 del Congreso y Senado, evitándose los repartos de cuotas por partidos y forzando la elección de un profesional no señalado políticamente.

En cuanto al editorial de El País, he de decir que me sorprende negativamente cómo fundamenta su objeción al Magistrado Carlos Dívar, sobre todo cuando sostiene que “no pasa por ser un jurista de reconocida competencia y no se le conoce afinidad alguna con las opciones de política judicial del partido gobernante; aunque tampoco se le conoce afinidad de signo contrario” y “se le reconocen virtudes que adornan al buen juez: prudencia, discreción y distanciamiento de opciones políticas concretas. Y como presidente de la Audiencia Nacional, cargo al que fue promovido en 2001 por los vocales afines al PP del anterior Consejo, ha dado pruebas de sentido institucional”, aunque no sea Magistrado del Tribunal Supremo. Pues bien, el mayor reparo para El País es que “Puede ser incluso imprudente promover a la máxima instancia jurisdiccional del Estado a un juez que ha realizado manifestaciones públicas en las que vincula sus creencias religiosas a un ideal de justicia -la justicia divina como paradigma de la humana- más propio de una teocracia que del Estado de derecho que consagra la Constitución.”

Sólo le faltó afirmar que Dívar era abiertamente partidario de quemar herejes por la gloria de Dios. Si no fuera porque es un editorial de un diario con una tirada tan importante, era para tomarlo a broma. Esa afirmación demuestra una ignorancia absoluta de los conceptos básicos del catolicismo. ¿Cómo se puede confundir el concepto que tenemos los católicos de justicia divina, referente a la que va a haber después de esta vida, con la justicia en este mundo?¿No se han mirado un pasaje evangélico, entre otros muchos, en el que Jesús dice que “a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”? ¿O cuando dice que “mi Reino no es de este mundo”? Por eso lo que afirmó el señor Dívas no es nada anormal en una persona creyente y, desde luego, es totalmente falso que tenga ningún concepto teocrático del Estado.

Prefiero creer que es un comentario desafortunado, producto de su ignorancia, que pensar que al editorialista le ha dado un ataque de intolerancia similar, por ejemplo, a la de los visigodos, cuando eran arrianos, con la población católica, la mayoritaria; o cuando dejaron el arrianismo por el catolicismo, con los judíos, que eran los que, en ese momento, les rompían los deseos de unidad nacional a través de una sola religión. De todas maneras, tenemos la suerte de estar en un Estado democrático y de Derecho, en el que se reconocen una serie de derechos fundamentales como el de la libertad de conciencia y una prohibición de discriminación por motivos religiosos, entre otros.