Elecciones Generales 23 J: se decide si Sánchez sigue o no en la Moncloa, parte II

Continúo por donde lo dejé:

Pero más allá de su narcisismo o de su megalomanía, ya que está obsesionado con pasar a la historia como un héroe nacional, o incluso de su capacidad de traicionar a sus votantes pactando con quien sea para seguir en el poder, incluso cambiar la política internacional del país porque Marruecos sabe algo de él que no quiere que se sepa, es el daño que está haciendo no solo a su propio partido sino a la propia arquitectura constitucional. Así es, acuérdense que en 2016 estuvo a punto de llevar al país a unas terceras elecciones generales, con el consiguiente riesgo de que Podemos le diera el sorpasso. Con la repetición electoral no solo supuso que el PP de Rajoy subiera de 123 escaños a 137, sino que el PSOE bajó de 90 a 85. Otra repetición electoral habría supuesto que Pablo Iglesias le adelantase pero por la sangría socialista. Y, por eso, los barones socialistas promovieron su destitución. No querían volver a someter a su partido a otra repetición y al final que le pasase lo mismo que al PASOK. Pero a Sánchez le daba igual porque solo le importa él, y sabía que si facilitaba la investidura de Rajoy, su carrera política habría finalizado. Luego, desde fuera, vendió victimismo en las bases, así como reiteró un slogan muy vendible como el de "no a Rajoy". Susana Díaz, por mucho que controlase la mayor federación socialista, no pudo hacer nada en las primarias, y más teniendo en cuenta que ella estuvo con los que echaron a Sánchez, el que se negaba a facilitar la investidura del gallego. La jugada le salió bien pero porque contó con la involuntaria colaboración de Mariano, puesto que podía haber impedido que prosperase la moción de censura si hubiera dimitido. Y con Soraya como presidenta en funciones, candidata a la investidura en la investidura que se tendría que haber celebrado y como previsible candidata en unas generales como presidenta electa o en funciones (según si hubiera sido investida o no por el Congreso), Sánchez habría vuelto a perder. Pero, como todo el mundo sabe, la decisión de Rajoy de fumarse un puro y pasar absolutamente de todo, y dejar que el liderazgo del PP se lo peleasen quienes quisieran, y así llegó Casado a liderar torpemente el partido. A ello se le suma que a Sánchez o a su jefe de gabinete, Iván Redondo, se le ocurrió la idea de convertir al Gobierno en el mejor propagandista de Vox con doble intención:

1ª. Dañar al PP por su derecha. Fraccionar el voto del PP le beneficia al PSOE, lo mismo que al PP le interesaba Podemos para dañar a los socialistas por la izquierda.


2ª. Quitarse a su principal rival interna, Susana Diaz. Con un gobierno andaluz del PP, apoyado por Cs y Vox, se vengaba de ella y de su osadía de, primero, conspirar para echarle de la secretaría general; y, segundo, de intentar competir contra él en las primarias.

Aunque, peor que esto, es el daño que ha hecho a la separación de poderes. Alguien que no tiene ningún reparo en colocar a su Ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado; a su sucesor en el Ministerio, como Magistrado del Tribunal Constitucional, llevando fuera de la judicatura más de tres décadas; y a Laura Díaz Bueso, que también estuvo en su Gobierno, también la llevó al TC; ha dejado dañado al poder judicial porque le quitó las competencias al CGPJ para nombrar magistrados del Tribunal Supremo. Recursos de casación llegan al Alto Tribunal, y con cada vez menos magistrados para resolverlos. Algo que se podría haber solucionado si hubiera cumplido las recomendaciones de GRECO y cambiar la ley para que sean los 12 vocales judiciales elegidos por los propios jueces y magistrados.

Pero donde se pasó de la raya, fue cuando intentó colar una reforma de dos leyes fundamentales, como la LOTC y la LOPJ por la vía de enmiendas a una reforma del Código Penal. Sabiendo de sobra que el TC amparó a los senadores socialistas cuando durante la segunda legislatura de Aznar la mesa del Senado hizo lo mismo. Pero no contento con ello, cuando el PP se acogió a posibilidad legal que una reforma durante el Gobierno de Zapatero del art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para suspender la tramitación parlamentaria -algo que hizo, por cierto, el PSC en el Parlament catalán (para más info, mi artículo de Brújula Legal)- desde el propio Gobierno y del grupo parlamentario se vertieron ataques injustificados contra la decisión de la mayoría del Tribunal de garantías. Y eso es algo muy grave, por ese motivo, decidí presentar una petición en el Parlamento Europeo. Petición que, dicho sea de paso, va a ser estudiada incluso por la Comisión europea, como pueden ver:

Y no es que me guste mucho este PP, aunque fui militante hasta 2013, y menos gracia me hace que pueda depender de Vox, pero creo, poniendo los pros y contras a cada candidato, considero que es necesario para nuestro país que Sánchez salga de la Moncloa. Otros cuatro años más con él y el deterioro institucional puede ser irreversible. Algunos pueden objetar de la presencia de Vox, pero bueno, con los pactos autonómicos, se han quitado la careta y han demostrado que lo más importante son los sillones que los principios. Además, recordemos que los derechos fundamentales están protegidos por el 168 CE y por un Tribunal Constitucional controlado por Conde Pumpido.

Dicho esto, tampoco pretendo decir lo que tiene que hacer cada uno, ni a quien votar. El voto es libre y respetaré la decisión de cada ciudadano de votar lo que en conciencia estime mejor para el país.

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Elecciones Generales 23 J: se decide si Sánchez sigue o no en la Moncloa, parte I

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Elecciones Generales 23 J: se decide si Sánchez sigue o no en la Moncloa, parte I

Año y medio después de mi última entrada en este blog, lo tengo bastante abandonado, cierto es, pero voy a desempolvarlo para escribir sobre las próximas elecciones generales que se van a celebrar el próximo domingo 23 de julio. Elecciones que ha convocado Pedro Sánchez porque ha querido convertirlo en una segunda vuelta de las pasadas municipales y autonómicas del 28M. Y todo porque, en lugar de dejar libertad y autonomía absoluta a sus candidatos, decidió monopolizar la campaña en su gestión y en su persona. Recordemos que utilizó el Consejo de Ministros para influir en la campaña electoral con medidas como la del cine a 2 € para jubilados o el descuento del 50% para jóvenes para el Interrail, entre otras. (ver Todos los anuncios electorales de Pedro Sánchez antes del 28M). Era dar un mitin, prometer algo y al día siguiente convocar un Consejo de Ministros para aprobarlo. Parecía que se presentaba él a las elecciones, cuando en realidad los que se presentaban eran los candidatos a las presidencias autonómicas en Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Valencia, Baleares, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid, La Rioja, Extremadura y Canarias, además de Ceuta y Melilla y los más de 8000 municipios. Su obligación como líder de su partido, del PSOE, era mantenerse al margen y si acaso apoyar a sus candidatos. Pero no lo hizo porque tiene un ego enorme, además de ser profundamente narcisista y megalómano. El PSOE le importa bien poco, como más adelante expondré, solo le importa Pedro Sánchez y nadie más.

Así es, como habéis leído. Sánchez es un personaje cuyo egocentrismo, narcisismo y megalomanía le impiden aceptar crítica alguna aunque sea bienintencionada. De hecho, le ofende mucho que le digas que ha hecho algo mal. Quien ha seguido los debates parlamentarios, ha podido comprobar los gestos que ponía cuando alguien le cuestionaba sobre algo que hizo o dejó de hacer. Su rictus era de enojo, como si le hubieras mentado a su madre. En cambio, comparen con los gestos que ponían tanto Rajoy como Pablo Iglesias en el Congreso. Hace nada volví a ver una intervención de Rajoy en la que mencionaba al ex Secretario General de Podemos, y éste hasta le sonreía, porque no se lo tomaba a mal. 

Estos atributos que ya de por si no son precisamente buenos, estando en la Moncloa se acentúan más. Porque ya no es solo Pedro Sánchez el Secretario General de un partido político, sino Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, que está rodeado de gente que solo le importa su propia supervivencia y busca salvar su propio pellejo. Esa gente que, cuando cae el líder, son los primeros en acuchillarlo, como hizo Bruto con Julio César. Y mientras tanto, alimentan el ego de su actual jefe diciéndole lo que quiere oír. No vaya a ser que, si son sinceros, sean purgados. En este contexto, enfocó las elecciones municipales como un referéndum hacia su persona, creyendo que era amado por el pueblo. Percepción errónea en la que colaboró uno de sus lameculos oficiales, Tezanos, que le lleva dorándole la píldora con encuestas claramente cocinadas a su favor. Cuando se escrutó el último voto, se enfadó, convocó elecciones generales como segunda vuelta, mediando una admonición al pueblo por no haberle votado a él. Y que tenían el 23 de julio la oportunidad de enmendar su error. Su lenguaje corporal, en sus comparecencias tanto en Moncloa como en el Comité Federal, lo delata. Podría haber esperado a noviembre, pero también pensó que si esperaba podrían conspirar contra él. Ha dejado en el paro a mucho compañero y no podía permitirse que urdieran un complot contra él. Ya dijo en la reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso, tal y como recoge en el documental "el Autócrata", que "he tomado esta decisión pensando en vosotros y en vuestro trabajo" (min. 41:05). Una claro mensaje a su grupo parlamentario que viene a ser lo mismo que dijo en su momento Alfonso Guerra cuando dijo que quien se moviera de la foto, no salía.

Y en este contexto, y ejecutando, a mi modo de ver, una estrategia electoral errónea, nos han llamado a las urnas para decidir sobre si los españoles quieren otra legislatura con Sánchez o si quieren echarlo. Errónea porque vuelve a intentar la táctica fallida del miedo a Vox. El año pasado lo intentaron en las andaluzas, y solo consiguieron que Moreno Bonilla consiguiera mayoría absoluta, por primera vez en la historia del PP en esa región. Si hubiera recogido el guante de Feijóo de dejar gobernar a la mayoría, habría conseguido dos cosas:

1º Le cambias el ritmo al gallego. No se lo espera y tendría que estar diciendo que la credibilidad de Sánchez es nula en lugar de estar repitiendo que él es el voto útil. Que si no quieres que gobierne Sánchez tienen que votar al PP.

2º Desmovilizas a parte del electorado que solo va a votar al PP para evitar que Sánchez siga en la Moncloa, gobernando con separatistas y Bildu. Si hay que conocer la realidad sociológica de Cataluña y País Vasco, lo mismo hay que conocer la realidad de Andalucía, Madrid o Valencia, sitios donde se reparten muchos escaños y que no están dispuestos a aceptar componendas con ciertos partidos. Si creen que Feijóo puede gobernar sin contar con Vox podrían quedarse en casa. Luego, si los resultados de las elecciones lo permiten, puede "cambiar de opinión" otra vez (así lo llaman ahora en Moncloa a mentir) y pactar con quien sea.

Pero esta estrategia no la ha usado porque vive en su burbuja y, como mentiroso patológico que es, se ha llegado a creer sus propias mentiras. Cree que sigue siendo amado por el pueblo, pero que no le han votado en las últimas elecciones autonómicas y municipales por culpa de los medios de comunicación (pese a que él tiene en su bolsillo a muchos medios, sobre todo porque ha sacado el talonario de las subvenciones y de las campañas publicitarias). Pero con ello lo que demuestra es que no tolera ningún tipo de crítica. Solo admite loas a su persona.

De hecho, si perdió el debate con Feijóo, y eso se ha constatado por las reacciones de sus compañeros de partido como medios afines a las mentiras que soltó el candidato popular, fue por su incapacidad para aceptar nada negativo hacia su persona. Se siente muy incómodo cuando alguien discrepa de él. En las sesiones parlamentarias jugaba con ventaja porque tenía todo el tiempo del mundo para replicar, era el último siempre en contestar, y eludía las preguntas que le formulaban contestando lo que ya tenía preparado, sabiendo además que los medios afines iban a recoger lo que le interesaba. Pero en un cara a cara, en igualdad de condiciones, está perdido. Alguno dirá, por qué entonces Feijóo no aceptó más debates con Sánchez, pues lo mismo que Sánchez rechazó un cara a cara con Casado. Los que van por delante en las encuestas no lo necesitan. Además él sabía que seis no lo iba a aceptar, y que más de un par de debates pueden ser contraproducentes porque la gente no es tan fanática de la política como para tragarse seis debates.  

También cree que la gente es idiota y que tiene muy mala memoria, por eso no tiene empacho en decir que el Gobierno no pondrá peajes en las autovías porque así se firmó en 2021 en un documento remitido a Bruselas. Le da lo mismo enmendarle la plana a Pere Navarro, Director de la DGT. No es capaz siquiera de contar una mentira más creíble como decir que lo firmó para conseguir los fondos europeos pero que está negociando con la Comisión europea para no llevar a cabo ese plan. Pero en lugar de eso, pretende insultar la inteligencia y la memoria de los votantes. Sé que alguno dirá que, por el sesgo de confirmación, dirá que es mentira, pero en Twitter ya puse la noticia, y lo vuelvo a hacer ahora (noticia de El Pais): 

Por eso, le dije en Twitter a Felix Bolaños, hay una cosa peor que una mentira, y es que nos tomen por idiotas.

Cosas que lo que hacen es enfadar más al votante, predisponerle a votar en contra suya. La sociedad española tolera con mucha más facilidad que la de EEUU la mentira. En EEUU como pillen mintiendo a un político puede acabar con la carrera política, así estuvo a punto de costarle la presidencia a Clinton, o como se llevó por delante a Nixon por el Watergate. Aquí la sociedad acepta que los políticos van a mentirnos a la cara, pero lo que no le gusta es que le vacilen. 

Y no solo ha mentido (ahora lo llaman cambios de opinión) en esto, sino en todo. Por ejemplo, una de las preguntas que no respondió a Carlos Alsina, ya que se centró en los indultos del procés, es que antes de ser presidente del Gobierno prometió que el CGPJ se eligiera por concurso público: 

También obvió que el criticó a Rajoy por abusar del Decreto ley y prometió no hacer lo mismo, y él en cinco años de mandato lo ha utilizado en 136 ocasiones, mientras que su predecesor, que también abusó de ello, solo en 105 ocasiones en seis años y medio. Y el último que aprobó es una especie de decreto ley omnibus que regula materias diversas de 224 páginas. Lo hace no porque concurran ni siquiera los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que exige el 86.1 de la Constitución, sobre todo porque en muchas de sus reformas operadas por esta vía tienen una vacatio legis de meses, incluso en el último dejando su vigencia pendiente de desarrollo reglamentario, sino porque no quiere que sus proyectos sean modificados por las Cortes Generales. Él solo puede aprobar las leyes, las Cortes solo están para ratificar sus deseos. Ha convertido a los Presidentes de ambas Cámaras en sus lacayos (también pasaba con los anteriores presidentes de las Cámaras, pero disimulaban más), motivo por el cual han incumplido el art. 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y les da lo mismo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les haya pintado la cara. Asi se puede ver en un párrafo de la reciente Sentencia del TEDH:

Como podéis comprobar, pese a ese varapalo judicial, siguen insistiendo en el mantra de que no se ha renovado el CGPJ porque el PP lo ha bloqueado. ¡Ojo! Que no pretendo eximir de responsabilidad al principal partido de la oposición de esta situación, ya que en el pecado llevan la penitencia, y ellos pudieron en dos ocasiones haber cumplido los programas electorales de 2000 y 2011 cuando consiguieron mayoría absoluta. Si hubieran cumplido la palabra dada a los ciudadanos, esto no habría pasado. Además de que optaron por seguir con la práctica inconstitucional de repartirse vocales entre los partidos, contraviniendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/86. 

Continuará...

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LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO NO ES COSA DE SOLO UN DIA.

Bien es cierto que el día contra la violencia de género fue ayer, pero he decidido escribir sobre el tema hoy el tema porque la violencia de género son 365 días al año. Aunque a algunos parece que con cumplir un día es más que suficiente, pero no es suficiente. Hay que estar día a día trabajando para erradicar esta lacra. También sé que hay gente que niega la realidad, pero en mis 9 años de abogado del turno de viogen en la zona rural doy fe de ello. Existe y es preocupante.

Cuando hablo de violencia de género, hablo de los delitos cometidos por machistas que pretenden dominar y controlar a sus parejas. Y eso es una realidad incuestionable, y ya no digamos ya esos extranjeros que pegan una paliza a su pareja justificándolo ante Su Señoría esperando que ésta le aplauda la "valentía" con la que le cruzó la cara a una pobre mujer embarazada. Así ocurrió en diciembre de 2017, en el que él le había dado una paliza a ella, y la cara con hematomas era demostración palpable de la brutalidad de la agresión, y sin cortarse lo más mínimo va y le dice a la juez, muy orgulloso, que él se defendió. Me congratula decir que este individuo acabó en prisión.

Pero no sólo vienen extranjeros con su mentalidad trasnochada, sino que aquí también se cultiva, y muy especialmente en la zona rural es otro mundo. Me acuerdo, por ejemplo, de una pobre chica, en 2012, que se vio obligada a "retirar" la denuncia (en realidad no se puede retirar la denuncia) porque su propia familia la presionaba. Le decía que él era un buen chico, que no siguiera adelante. Ya saben eso de "pueblo pequeño, infierno grande".

Dicho esto, que diga que si existe violencia de género no implica que esté de acuerdo con las medidas que se han aprobado. Ya, para empezar, la LO 1/2004 instaura un sistema que no ayuda a luchar contra la viogen sino que criminaliza las relaciones familiares. Sobre esto ya escribí en otras entradas en este blog.

Primer punto cuestionable es que en delitos como el art. 153.1 CP, entre otros, no castiga la agresión machista. Es decir, cuando existe voluntad o ánimo de dominar, controlar, despreciar, ningunear a la pareja por ser mujer. Lo que castiga es todo, incluso las peleas de pareja que llegan a las manos. Y eso ha servido como arma arrojadiza. Si ya sé que dirán que los datos dicen qué. Pero los datos son eso, datos que no, depende de cómo se recojan y confeccionen pueden dar un resultado u otro. Todo depende de cómo quieran engañarse. (véase artículo LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LAS ESTADISTICAS OFICIALES). Sobre ello, ya escribí aquí, en este blog, que lo importante no es limitarse a ver las estadísticas oficiales sobre denuncias falsas. Sé que para los políticos y para los que se quieren seguir engañando, les dará exactamente lo mismo la verdad. Si las estadísticas que se elaboran se asemejasen a la realidad, se verían obligados a tener que cambiar de política. Y eso no conviene. Y no conviene porque implica reconocer que se han equivocado. Además, da votos. Lo mismo que también da votos la tesis contraria, la que sostiene Vox.

Y hablando de datos. ¿Por qué los gobernantes, a lo largo de todos estos años no han hecho una comparativa entre asesinatos cometidos en ciudades y en zona rural? ¿No será que no interesa quedar retratados? Por curiosidad, he mirado los de este año (en 2018 hice lo mismo, y los resultados son similares) y, s.e.u.o, de las 37 mujeres asesinadas, 19 (aunque creo que 20) fueron en municipios de menos de 50.000 habitantes. Da qué pensar, ¿no? Pero claro cuando un abogado de viogen, denuncia la falta de medios en la zona rural, lo que se encuentra es que los políticos se hacen los suecos. Desde 2018 hasta ahora, dos años que seguimos igual de mal. Salvo por una cosa, que volvieron a abrir el centro de la mujer de Infiesto (en el caso del Oriente Asturias). Es que uno solo abogado de oficio para tres partidos judiciales, como que, en fin, es demasiado tener que cubrir una superficie de 3.800 kms2, tres partidos judiciales, durante una semana entera. Eso sin olvidar que, además de no tener el don de la ubicuidad, te encuentras con incumplimientos del protocolo por parte de la Guardia Civil. Lo incumplen por la falta de medios. Y así otras cuestiones que manifesté en una entrevista en La Nueva España.

Cosas que al final acaban quemando a uno, y decides abandonar el turno especial, porque así es imposible seguir y hacer bien el trabajo. Pero eso no quita que no vaya a insistir en que hay que invertir más en la zona rural. Mientras que algunos seguimos peleando por mejorar el servicio, lo que hacen los políticos es postureo.

Así que si realmente quieren los políticos acabar con la lacra de viogen, primero educación, segundo invertir en más y mejores medios en juzgados, Guardia Civil (no solo CNP) y abogados. Repito la zona rural existe.

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LA NUEVA PLUSVALÍA: OTRA NORMA VICIADA DE INCONSTITUCIONALIDAD

 A raíz de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional y, por lo tanto la nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que dejaba en la práctica a los Ayuntamientos sin una fuente importante de financiación, el Gobierno de España ha decidido cometer intencionadamente otro grave error, cuyas consecuencias no las padecerán sus actuales miembros, ni tampoco el Ejecutivo que le toque asumir una más que probable declaración de inconstitucionalidad que dicte el citado Tribunal, cuando le venga en gana resolver, claro, pero si se verán perjudicados los Ayuntamientos y, sobre todo, muchos ciudadanos.

¿Por qué digo que los Ayuntamientos y los ciudadanos? Por los motivos que expondré más adelante, pero antes considero necesario exponer por qué el Tribunal Constitucional declarará el decreto ley que mañana saldrá en el BOE inconstitucional. Grosso modo por vulneración del ámbito material establecido en el art. 86.1 de la Constitución. Dicho precepto limita, y, por lo tanto, prohíbe que los decretos leyes regulen aspectos que puedan "afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general". Es decir, no basta con alegar la extraordinaria y urgente necesidad, sino que, aunque se den esos supuestos formales, no puede regular, entre otras materias, nada que tenga reserva de ley orgánica, por ejemplo. ¿Y por qué el constituyente incluyó esta limitación? Porque se aprendió del pasado y, con ello, se pretendía impedir que un Gobierno pudiera modificar normas fundamentales por Decreto, sin contar con la aprobación del Parlamento, sede de la soberanía popular y del poder legislativo. El ejemplo más conocido fue cuando los nazis quemaron el Bundestag y empezaron a gobernar por decreto.

La pregunta siguiente es, ¿por qué es inconstitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno? Por lo que dispone el art. 31 de la Constitución (que se encuentra en el título 

"1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

Y ya no es que lo diga yo, sino que existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, recientemente en la STC 156/2021, de 16 de septiembre, la recordó con motivo del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Grupo Parlamentario de Podemos contra el decreto ley 1/2017. En esa sentencia se citaba otras anteriores como la STC 182/1997 por la que se declaró inconstitucional el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes.

El TC, en dicha resolución recuerda que "Es cierto que inmediatamente después, en el mismo fundamento jurídico, se añadía: "pues ya hemos dicho que en el sistema constitucional español no rige de manera absoluta el principio de legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria y que la reserva de Ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración, dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cualquier otra regulación de ellas ni la supresión de las exenciones o su reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de los elementos esenciales del tributo". Ello, sin embargo, se dijo porque era imprescindible para dar respuesta al órgano judicial, que en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad había esgrimido la reserva de Ley tributaria (arts. 133.1 C.E. y art. 31.3 C.E.) como ámbito constitucionalmente vedado al Decreto-ley, y para rechazar que dicho precepto constitucional (el art. 31.3 C.E.) pudiera ser traído allí a colación, dado que la medida adoptada en el Decreto-ley cuestionado [Real Decreto-ley 11/1979, Disposición transitoria segunda, letra b) que reducía los beneficios fiscales de las viviendas de protección oficial en la Contribución Territorial Urbana] quedaba fuera del ámbito de la reserva de Ley tributaria."

Con ello, no está diciendo el TC que no se pueda modificar por Real Decreto Ley normativa tributaria, sino que lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es afectar a elementos esenciales del tributo. Y en el caso en cuestión afirmó que "Con independencia de que es discutible el carácter "moderado" de la elevación de las tarifas, ya hemos dicho que la indagación acerca de si un Decreto-ley afecta o no al deber de contribuir debe atender, no sólo a la cuantía de la modificación que introduce, sino también a otros aspectos distintos, entre los que cobra especial importancia la naturaleza del tributo sobre el que incide. Y, desde esta perspectiva, dado que el tributo que ha resultado alterado por el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992 es el I.R.P.F., no puede negarse que el aumento de su cuantía mediante dicho instrumento normativo ha afectado sensiblemente al deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, tal y como éste se configura en el art. 31.1 C.E."

Pues, mutatis mutandi, y dado que ahora mismo, y aunque el impuesto en sí subsiste, lo que ha desaparecido por la declaración de inconstitucionalidad es la posibilidad de determinar la base imponible del impuesto y, por lo tanto, de la cuota tributaria. En consecuencia, dado que el Gobierno pretende aprobar elementos esenciales del tributo no debería hacerlo por Decreto ley. Y digo que no debería porque, como se ha visto, poder puede hacerlo.

Y qué va a pasar, a partir de mañana, cuando se publique en el BOE, pues que muchos ciudadanos acabarán pagando un impuesto que es inconstitucional pero que no se van a meter en pleitos por los costes que va a traer. Además de que dependerá del Juzgado o Tribunal de lo Contencioso en el que caigan los recursos judiciales y que estén dispuesto a hacer lo mismo que hizo el TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, que no es otra cosa que elevar otra cuestión de inconstitucionalidad. Y, salvo que sea alguien que quiera pelear por el concepto abstracto de justicia,  por 800 o 1000 € no compensa meterse en gastos de abogado y procurador. Desde luego, por cantidades mucho más elevadas, claro que sí compensa. Porque, esa es otra, cuando el TC se pronuncie va a hacer exactamente lo mismo que hizo en esta ocasión: impedir los efectos retroactivos. Por supuesto los otros perjudicados, aunque en menor medida, son los propios Ayuntamientos que se verán avocados a gastar en los procedimientos judiciales en los que se van a ver envueltos por esta chapuza y por el dinero que van a tener que reintegrar o dejar de cobrar.

Pero lo más sorprendente de este Gobierno es su alta capacidad de despreciar las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Ha recibido unos cuantos reveses por parte del TC, además de por otros tribunales, y, en lugar de enmendar el error, sigue empeñado en persistir en los mismos errores.

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LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LAS ESTADISTICAS OFICIALES

Como consecuencia de un hilo que publiqué en el tuit desafortunado de la política Tania Sánchez Melero en el que demuestra un profundo desconocimiento del derecho, y en el que afirmé que hay una realidad distinta a la que arrojan los datos oficiales. Tal y como podéis ver:

 

Algo que algún tuitero, en lugar de tener un comportamiento democrático y, como mínimo, respetar mi opinión, pedía expresamente que me expulsaran del turno de oficio de violencia de género. Y, para ello, citaba a la Ministra de Igualdad, como si ella pudiera hacer que me echen del turno especial, y menos sin haber incurrido en ninguna infracción en el desempeño de mi trabajo, y menos aún por ejercer mi derecho constitucional recogido en el art. 20 de la Constitución. No voy a poner su tuit porque tampoco se merece que le haga publicidad gratuita. Aunque sí considero, por algunos comentarios de personas excesivamente ideologizadas que no tienen además experiencia profesional en este campo, que es necesario escribir esta entrada. Así, con estas líneas, pretendo explicar de una manera más completa lo manifestado e intentar que comprendan por qué lo dije. Por supuesto, si por un casual convenzo a algún político del entorno del Gobierno, mejor que mejor, aunque no albergo muchas esperanzas.

En ese hilo anteriormente mencionado, hice hincapié en la necesidad de que los políticos, antes de tomar decisiones en el ámbito legislativo, conocieran la realidad de primera mano. Estaría bien que acompañasen a algún abogado, tanto de viogen como de asistencia al detenido, para ver, con sus propios ojos, cómo son las personas que se ven en un procedimiento judicial, cuáles son sus historias, su versión de los hechos, sus circunstancias vitales, etc. ; también acompañar a un juez de guardia, otro de violencia sobre la mujer y al juez de lo penal; en otra ocasión con los fiscales, y con policías y guardias civiles... Sería la mejor forma de hacerse una idea de lo que ocurre, e incluso podrían escuchar a los distintos profesionales las propuestas que tengan. Con 350 diputados que hay en el Congreso y 262 senadores, qué menos que 10 diputados y 10 senadores puedan hacer trabajo de campo. ¿No quieren, de verdad, solucionar el problema? Pues, ¿por qué no intentan algo nuevo?

Dicho esto, cuando dije que hay una realidad distinta a la que arrojan los datos oficiales, lo decía con conocimiento de causa. Por ejemplo, con respecto a los datos sobre la existencia de denuncias falsas. Bien es cierto que las condenas por este motivo son prácticamente inexistentes, pero eso no quita que muchas denuncias no lleguen a juicio oral porque el juez de instrucción o de violencia sobre la mujer, en su caso, considere que el testimonio de la víctima no es creíble; o que haya absoluciones por las inconsistencias en la versión de la denunciante. Y esto lo sabe perfectamente cierto Magistrado televisivo, perteneciente a cierta asociación profesional, que sigue insistiendo en que no hay denuncias falsas. Según los datos oficiales, claro que no hay, pero cuántas sentencias hay que dicen que resulta inverosímil la versión de la denunciante. Hay muchas más, pero eso lo obvia.

A continuación, expongo una serie de casos en los que los jueces han decidido no deducir testimonio contra testigos o denunciantes pese a que podían haberlo hecho o, en su caso, consideran, como se podrá comprobar, que su versión es inconsistente o llena de contradicciones. Estas absoluciones no son fruto de ausencia de más pruebas de cargo que el testimonio de la víctima, que cualquier jurista penalista sabe que existe una jurisprudencia consolidada que permite enervar la presunción de inocencia con el único testimonio de la víctima si se cumplen tres requisitos: persistencia incriminatoria, verosimilitud e incredulidad subjetiva. Doctrina aplicada, por ejemplo, en la Sentencia del caso Arandina.

Primer caso. Tuve conocimiento de él durante mi pasantía. No es de viogen. En este procedimiento intervino mi mentor como acusación particular. La sentencia dictada por la sección 3ª de la Audiencia de Asturias, en el que al testigo de la defensa le pillaron mintiendo de la manera más tonta, como pueden ver en la imagen.  La Sentencia la pueden ver en el siguiente enlace: Sentencia.

 A ese testigo no le pasó nada, más allá de quedar en evidencia en la Sentencia.

Segundo caso. Mi primer caso como abogado de acusación particular en la Audiencia Provincial. Era por unas lesiones. Un testigo de la defensa estuvo a punto de ser procesado por un delito de falso testimonio. Sentencia dictada por la Audiencia provincial de Asturias, s. 2ª, de 13 de abril de 2012. Como comentario, me acuerdo como si fuera hoy cómo el Presidente del Tribunal, Begega, le advirtió, muy enfadado, que contestar con evasivas es un delito de falso testimonio. Como miembro del Tribunal, estaba mi profesor de Derecho Penal 2, el ahora catedrático, Fernández Teruelo. Aquí os dejo enlace a la Sentencia

 

Tercer caso. Este si es de viogen. Iba como defensa. Mi cliente absuelto. En la Sentencia dictada en autos de PA 120/2015 del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, el Magistrado realiza la siguiente valoración de la denunciante  (sentencia íntegra):

 

A esta mujer no se le dedujo testimonio por falso testimonio, cosa que si hizo en un caso que comentaré más adelante.

Cuarto caso. Búsqueda CENDOJ. Aunque tengo otra Sentencia de un juicio de faltas, pero la tengo que buscar y escanear, voy a poner dos ejemplos que me he encontrado en el buscador de CENDOJ, poniendo lo siguiente: inconsistencia Y testigo. No tuve que buscar mucho para en contar dos casos en los que se cuestiona la versión de la denunciante. El primero de ellos, dictada por la sección 2ª de la Audiencia de Asturias, de 29 de junio de 2021. Os dejo enlace a la Sentencia íntegra: (Sentencia)

 

Tampoco se dedujo testimonio.

Quinto caso. Sentencia dictada por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 13 de mayo de 2021. Os dejo el enlace a la sentencia íntegra: Sentencia..

 

Tampoco se dedujo testimonio, aunque se cuestiona su versión.

No sobra recordar que en el CENDOJ prácticamente no se publican Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal. Se limitan, salvo excepciones, a Sentencias de órganos colegiados. Y muchas de las veces que se apelan absoluciones, no entran a valorar la prueba ya que se acogen al principio de inmediación y que, para revocar una sentencia absolutoria se precisa la celebración de un nuevo juicio. Por lo tanto, hay muchos más casos de los que acabo de reseñar. Así ¿se puede concluir tajantemente que no hay denuncias falsas más allá de lo que constan en los datos oficiales? La contestación se la dejo al lector de esta entrada.

Expuesto lo anterior, ¿se puede concluir que los jueces toleran que la gente mienta? No necesariamente, ya que puede que el denunciante/testigo haya declarado bajo la influencia de los nervios o de otros factores exógenos. Aunque, si es cierto, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, los Jueces deberían ser menos permisivos con los testigos, y deberían deducir testimonio contra ellos en más ocasiones, aunque solo sea para evitar la tentación de algunos de llevar testigos falsos. En los ejemplos señalados, en los dos primeros casos debería haber sucedido.

En definitiva, a modo de conclusión, lo que si demuestran estos casos que he expuesto es lo que he afirmado. La realidad es mucho más compleja de lo que arrojan datos estadísticos. A lo largo de mi carrera profesional, he comprobado que hay gente que se pone, como ya he comentado antes, muy nerviosa cuando declara. También hay otros que son unos actores consumados y resultan en la sala de vistas muy convincentes. Pero los abogados tenemos una visión diferente de la de jueces y fiscales, ya que tratamos a los clientes y su entorno fuera de los juzgados. Te encuentras a testigos presenciales que no quieren declarar, y no los citas porque puede perjudicar a tu cliente. Esto me trae a la memoria que, en el último domingo de 2012, cuando estaba de guardia de viogen, una amiga del hijo de mi cliente, no quiso declarar que vio al denunciado con un cuchillo jamonero en plena calle amenazándola. No la llevé de testigo no fuera a perjudicar los intereses de mi patrocinada. De todas maneras, el denunciado fue condenado.

También he visto a personas que, en el pasillo del juzgado, mientras esperamos a entrar al juicio, que muestran una frialdad que acatarra. Están ahí esperando como si nada. Luego, dentro, se ponen en modo Terele Pavez. De ahí, la importancia de que los políticos vean con sus propios ojos lo que sucede en la vida real. Así comprenderán lo que pasa y buscarán, con esa nueva visión, la mejor forma de solucionar un problema muy grave.

Bonus Track:

Os comenté que os iba a mencionar un caso en el que el fuera Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo dedujo testimonio contra una denunciante que no quiso declarar contra su ex y se puso a contestar con “no me acuerdo” o “no lo sé”. Se la juzgó por falso testimonio, acusado por el Ministerio Fiscal y el Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, la absolvió. Fiscalía recurrió, y la Audiencia confirmó la Sentencia de Instancia. 

Este caso que llevé la defensa demuestra que forzar a declarar a las denunciantes puede acarrear ser juzgadas por falso testimonio, cuando debería de comprender que estas personas son las que más ayuda necesitan, porque pueden ser presionadas por su entorno, por su ex, o no tengan la confianza suficiente para seguir adelante.

 

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LAS PERSONAS SON MAS QUE ESTADISTICAS

Uno de los problemas que estoy detectando, sobre todo, dentro de la política es que basan sus políticas, argumentos y disputas dialécticas en estadísticas, ya sean oficiales, extraoficiales o inventadas. Queda muy efectivo exponer que el 40, 50 o el 90% de lo que sea confirma su tesis. No digamos ya cuando se sacan gráficos a todo color desde el estrado de la Cámara, el escaño o en el atril delante de las cámaras de televisión. Muy efectivo y, en algunos casos, necesario, como pudiera ser en ámbito económico o en encuestas de intención de voto. Pero, cuando se trata de analizar la política criminal, es, desde mi punto de vista un grave error, sobre todo porque utilizan datos que no se ajustan a la realidad. Y lamento decirlo, muchos estudios académicos cometen en ese mismo error.

¿Por qué digo que es un error? Porque las estadísticas, por lo que he comprobado, deshumanizan a las personas, además de que no se ajustan a la realidad. Es cierto, que muchas estadísticas se basan en datos oficiales. Datos que se basan en las partes dispositivas o fallos de resoluciones judiciales, pero que se olvidan de aspectos importantes que, en muchas de las ocasiones, se pueden ver en los fundamentos de derecho. Incluso, habría que ir más allá, ya que la verdad judicial no tiene por qué coincidir con la verdad material, porque la judicial depende muchas veces de las pruebas que se practiquen en el acto del juicio oral, que depende, como sabemos, de factores múltiples como la estrategia de los letrados y del fiscal, también del propio Juez que puede inadmitir las pruebas, y, por supuesto, de los interesados. Se ha de recordar que la torpeza de las partes en un procedimiento puede inclinar la balanza a favor o en contra. Estos clientes que ocultan información relevante a su abogado, se ponen nerviosos en sala o aportan testigos falsos (que a veces se detecta y otras no).

Supongo que algún avezado lector intuirá por dónde van los tiros. En efecto, podrá deducir que me refiero al manoseado asunto de la violencia de género o violencia machista. Ahora se ha puesto de moda la violencia vicaria. Fenómenos que los que trabajamos como abogados penalistas, y sobre todo los que estamos como letrados de oficio de viogen conocemos de primera mano, pero eso no nos impide ver la realidad, que nada tiene que ver con las estadísticas oficiales. Esas estadísticas oficiales que se empeñan en negar la existencia de denuncias falsas. Y si es cierto que ese dato oficial se basa en un hecho incuestionable como es que el número de procedimientos judiciales abiertos por denuncia falsa y falso testimonio son prácticamente inexistentes. En mi trayectoria profesional solo he llevado dos asuntos. Uno que acabó en sobreseimiento libre porque mi cliente no quería denunciar a su hija y se demostró, a través de la pericial caligráfica, que la firma del documento no era de ella; y otro en sentencia absolutoria en la que la acusada no quería declarar contra su ex pareja. Pero, si tuvieran en cuenta los fundamentos jurídicos de las resoluciones judiciales pues se podría sacar en conclusión que hay más casos en los que la absolución del acusado o el sobreseimiento de la causa contra el denunciado se basa en que el Magistrado no le da credibilidad a su testimonio, porque está plagado de contradicciones. En otro asunto que llevé, de viogen, en este caso, como defensa, el Magistrado absolvió a mi cliente porque consideró que resultaba poco creíble el testimonio de la denunnciante. Pero esto no supuso deducir testimonio contra ella. Y así en muchos casos más. No obstante, políticos, periodistas y tertulianos se agarran al dato oficial, en tanto en cuanto les conviene a sus fines. Y, al que ose cuestionar esos datos, es rápidamente acusado de negar la violencia de género y el machismo.

Otro dato que se niegan a analizar correctamente es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Y es un dato, para mí, muy relevante y que intento hacer hincapié desde hace años y es que los politicos se empeñan en gastar mucho en ciudades, creando Juzgados especializados de violencia sobre la mujer y los UFAM, pero que en la zona rural no tienen el mismo trato. Para empezar tenemos un Juzgado único para todo, unas comandancias de la Guardia Civil sin efectivos suficientes y con mucho territorio que patrullar. De ahí que si analizas el lugar donde se cometen los crímenes machistas, la mayor incidencia es en zona poco poblada. De las que han sido asesinadas este año, Porqueres (4.600 habitantes),  Martín de la Jara (2.700 habs), Alovera (12.000), Pola de Laviana (no llega a 10.000), Corvera de Llobregat (15.000), Sa Pobla (13.000),  la Bisbal del Penedés (3400), Mansilla de Mulas (1700) y El Molar (8600). Y no incluyo en esta lista a Pozuelo de Alarcón (de 86000 habitantes), Sagunto (65000, Torrejón de Ardoz (129000), ni tampoco Sestao que no llega a 28000 habitantes. En resumidas cuentas, de las 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, 9 fueron en localidades de menos de 16.000 habitantes. Teniendo en cuenta la población que reside en ciudades y la que reside en la zona rural, el dato es muy alarmante. Y no es sólo de este año, ya en 2018, cuando hice lo mismo, arrojaba un resultado similar. Pero no interesa, porque se verían obligados a cambiar su discurso y a invertir adecuadamente en los municipios poco poblados.

Por otro lado, tenemos, como expuse en este vídeo que colgué en mi canal de Youtube:

La reforma del Código Penal introducida en la LO 1/2004 introdujo lo que considero como una criminalización de las relaciones familiares en lugar de perseguir comportamientos machistas, que si podría tener cabida en el art. 173.2 CP. Pero, con el resto de tipos penales modificados se ha de llegar a la conclusión de que se ha objetivizado por parte del legislador, o ha dado por bueno que el agresor masculino es por motivos machistas, pero si se analizasen caso por caso en todas las sentencias condenatorias que cuentan en estadísticas, los datos variarían de manera considerable. Como gran exponente de lo que digo el siguiente:

En este caso, del año pasado, en una sentencia de conformidad, ambos fueron condenados por una pelea. Aunque ella fue la que agredió a mi cliente en primer lugar, a él le quedará el estigma de haber cometido un delito machista. Y este caso consta en los datos oficiales como una agresión machista. Como éste, muchos más. Los políticos lo saben, o deberían saberlo, pero no les interesa saber la verdad, lo que realmente sucede en los juzgados, porque no quieren acabar, y es triste decirlo, con la violencia de género, sino que lo que les interesa es mantener su discurso. Porque, si de verdad quisieran erradircarla, pues ya hace tiempo que se habrían tomado otro tipo de decisiones, como la de hacer informes más precisos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues es fácil, dirigiéndose a los Colegios de Abogados de este país para que creen comisiones de estudio, al Consejo General del Poder Judicial comisiones con jueces destinados a Juzgados mixtos con competencia en violencia sobre la mujer; lo mismo en Fiscalía y en Policía y Guardia Civil. En los nueve años que llevo en el turno de oficio, solo en una ocasión, y fue al principio, nos mandaron una encuesta para rellenarla.

De todas maneras, la reforma del Código Penal no es la panacea, así que, aunque se intente endurecer las penas, instaurando la Cadena Perpetua (no hablo ya de la PPR instaurada de manera deficiente), no sirven para reducir la criminalidad. Para acabar con el machismo hay que empezar educando a la sociedad, sobre todo en respeto.

Para concluir, sé que esto, si tiene mucha repercusión, va a levantar ampollas y me van a descalificar de muchas maneras, pero no me importa. Lo que quiero es colaborar en erradicar un problema muy grave que debería quedar alejado de dogmatismos discursos vacíos y peleas partidistas. Y animo a los políticos que traten a las personas como lo que son, no como estadísticas con las que atizar al rival politico. Los justiciables, sean clientes míos o de los miles de compañeros que ejercen en este país, no son estadisticas, son personas de carne y hueso que tienen sentimientos, que tienen su vida, su familia, anhelos, trabajo...

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EL 4M: OTRA DEMOSTRACION DE FALTA DE AUTOCRITICA EN LA POLITICA ESPAÑOLA

Las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo han dejado otra vez patente que nuestros políticos desconocen lo que es hacer autocrítica. Prefieren, como no, echarle la culpa al empedrado o directamente insultar a los votantes. No se paran a pensar en que han podido hacer algo mal para que los ciudadanos les hayan retirado su confianza. En este caso reciente, han sido desde filas del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos los que han optado por no hacer un análisis crítico a su gestión o a sus políticas. En el pasado, fueron los populares. De hecho, en mis tiempos mozos, cuando militaba en Nuevas Generaciones del PP, sobre todo en mi última época, les estuve diciendo por activa y por pasiva los errores que cometían, pero ni después del batacazo de las elecciones autonómicas del 2011, en donde en Asturias perdieron la mitad de los escaños de la Junta General. Recordemos que la marea azul arrolló en aquellas elecciones en toda España. La excusa de la derrota fue culpar a Cascos, que fue el que ganó las elecciones. Cuando apareció Ciudadanos, la culpa era de este partido; hace dos años, de Vox. Desde la dirección regional, todo se hizo bien.

Pues, como dije al principio, lo mismo ha sucedido recientemente. Han salido los dirigentes derrotados sin entonar el mea culpa. Sánchez, el principal responsable del fracaso del PSOE madrileño, ha optado por cortas cabezas la del propio Gabilondo, al que le dirigió la campaña, y también a Franco. Pero, ¿alguien escuchó alguna palabra al Presidente del Gobierno que suene a entonar el mea culpa? Lo que hemos escuchado son las tonterías de su Vicepresidenta primera con absurdos razonamientos de que la extrema derecha ha votado a Ayuso, y de ahí sus espectaculares resultados, obviando intencionadamente que asumió buena parte de los votantes del Cs y parte de su propio electorado. Como el análisis de ese fenómeno, no convenía a su discurso, pues se sigue con las mismas necedades. Pero qué se puede esperar de alguien que, entre sus perlas, se encuentran la de que el dinero público no es de nadie, o:

 

Otro que tal baila, Pablo Iglesias. Que, aunque, a diferencia del PSOE y de Cs, subió en votos con respecto a 2019, y tres escaños, aunque se elegían 4 diputados más, dimitió haciéndose la víctima, cuando ya sabía que era un candidato odiado por muchos ciudadanos. Y lo sabía no sólo cuando era Vicepresidente sino cuando se presentó como candidato a las elecciones generales de 2019. Y si me apuras desde 2015. Pero lo que no hizo fue analizar por qué la gente que le votaba, la que no le odió, dejó de hacerlo. Por qué la gente de su barrio le dio la espalda.

Y es esta miopía que demuestran nuestros políticos, y sus cohorte de fanáticos, la que lastra nuestro sistema político. No tenemos políticos, con alguna honrosa excepción que se suelen encontrar en la política local, que tengan capacidad de empatizar. No salen de su núcleo de confianza por lo que no saben, no son conocedores de las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. Para ellos lo importante no es trabajar en solucionar sus problemas reales, sino en trabajar por su propio interés.

En otra entrada, se analizará otro fenómeno que se dan en todos los partidos políticos españoles, que es la de idolatrar al líder de turno y la de machacarlo cuando es sustituido por otro. Se podría denominar: “Ha muerto el Rey, Viva el Rey” o “fenómeno de vasallaje”.

AUSENCIA TOTAL DE EMPATIA EN LA CLASE POLITICA

 A la vista de las decisiones que se han adoptado desde el Gobierno regional asturiano, manteniendo la prórroga de la suspensión de actividad de la hostelería, lo que ha generado un enorme malestar en el sector, como es obvio. Y no es ya por el cierre en sí, sino por el hecho de que necesitan poder vivir de algo, que, del aire, no se vive. Si, según los expertos, es necesario mantener el cierre del sector, lo que se tendría que habilitar una línea de ayudas mayor de la que aprobaron el pasado mes de noviembre. Según la página web del Principado, la ayuda total asciende a 19.696.000 € para 9745 autónomos y pymes, lo que supone 2021 € cada uno. 

¿Realmente cree el Gobierno de Adrián Barbón que ese dinero sirve para aguantar más de un mes? Para muchos es insuficiente aguantar un mes con esa cantidad, sobre todo los que tienen que pagar ya de alquiler más de 1.000 €/mes por el local, si no es mucho más, pero es que ya no están solo los gastos mínimos de tener un negocio, sino lo que necesita para que su familia pueda vivir. Y si ya es insuficiente para un mes, ¿qué creen que pueden hacer los hosteleros con un cierre que se va a prolongar quince días más?

El problema, como ya manifesté en otras ocasiones, es que los políticos están tan alejados de la realidad, además de que se rodean de esos falsos leales, que solo son más bien unos arribistas, que solo les regalan a sus oídos lo magníficos que son, que es imposible que tengan la más mínima empatía por el pueblo llano. Si tuvieran la decencia de salir de su círculo exclusivo de amigos y compañeros de partido, se pusieran a pasear por las calles de ciudades y pueblos a escuchar a la gente normal, se darían cuenta de que muchas de sus decisiones son equivocadas.

Ejemplo de lo que digo es que, el 26 de octubre de 2020 presenté, en ejercicio del derecho de petición, recogido en la Ley Orgánica 4/2001, un escrito dirigido al Presidente del Gobierno en el que, amén de pedir su dimisión, solicitaba que tuviera en consideración, entre otras medidas, la de realizar las modificaciones legales pertinentes, sobre todo para dotar de un régimen sancionador que evite que muchos incumplidores salgan impunes. Pero, ¿a qué no sabéis cual fue la contestación? Pues, inadmitir la petición, que ya sabía yo que no lo iban a aceptar. De las propuestas, ni se molestaron en valorarlo. Por eso, cuando exigen posiciones constructivas, es absolutamente mentira, porque lo que desean es que todo el mundo agache la cabeza aceptando sus medidas como las únicas válidas.

Por eso, el problema principal que tenemos actualmente en España, con esta pandemia, no es el del propio Coronavirus sino el de la gestión que se realiza desde las Administraciones. Porque, nos encontramos en que, ante medidas erróneas (algunas manifiestamente equivocadas), tanto sanitarias como económicas, nos vamos a ver avocados a ver el drama de muchas familias a las que les están poniendo entre la espada y la pared. Muchos negocios, a los que no han ayudado como debieran, van a cerrar sus puertas. De hecho, en Piloña, ya los dueños del Piloñés ya han anunciado su cierre; y el dueño del Mesón Triana, alquila el local. Y muchos autónomos están con la agua hasta el cuello. No digamos ya cuando se acabe el colchón de los ERTEs, la de cantidad de negocios que van a cerrar, y los ERTEs convertirse en EREs. Mientras tanto, los políticos se refugian en sus despachos y se niegan a ver la realidad. Es la comodidad de tener un sueldo fijo todos los meses. 

Aunque lo peor de todo, y lo más indignante, es la falta de solidaridad y empatía de muchas personas de la calle, que, sin recibir nada del poder, defienden a los gobernantes de manera acrítica todas las decisiones y critican, por ejemplo, a los hosteleros de Asturias que solo piden poder vivir en condiciones normales. 

Solo espero que estas líneas sirvan a algunos para reflexionar sobre lo que está pasando. Que piensen sobre si los políticos tienen que servir a los ciudadanos o los ciudadanos a los políticos. Y que piensen que si no estamos unidos, los políticos van a seguir haciendo lo que ellos quieren, que no tiene por qué coincidir con el interés general. Y si no les hacemos ver que por ese camino nos van a llevar al desastre, las consecuencias serán catastróficas en el futuro.

ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HAYA AVALADO LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONFINAMIENTO

Resulta llamativo que, justo días después de publicarse en el BOE el famoso "comité de la verdad del Gobierno", que nos encontremos con, por así decirlo, una fake news o bulo que beneficia al Gobierno. Un bulo publicado por un medio de comunicación que está sirviendo para desinformar a los ciudadanos. Y así lo he podido comprobar por distintos comentarios que he visto en las redes sociales. Pero vamos a poner en antecedentes al lector para que sepa de lo que estoy hablando.

Esta fake news viene a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de básicamente de toda la conocida como ley mordaza, técnicamente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, salvo el inciso "no autorizado" incluido en el art. 36.23. Los demás preceptos impugnados por los recurrentes fueron avalados por el Alto Tribunal. Facilito el enlace a la nota de prensa del Tribunal (Nota de prensa TC):

Pues bien, de ahí curiosamente se ha publicado en el diario El Comercio que esta resolución justifica las sanciones impuestas durante el Estado de Alarma. Barrunto que el periodista que redactó la noticia recibió la información de fuentes gubernamentales. De hecho, el redactor afirma que "según explican fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado", así que es muy probable que haya escrito la noticia según una información falsa emitida por fuentes oficiales. Y, por esto, el titular de la noticia es la siguiente:

Pero ya además, con un claro y palmario desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico escribe que "los tribunales de primera instancia no tengan ya ningún reparo o duda para ejecutar a ese millón largo de multas del primer estado de alarma". Ya el primer error flagrante es que los Tribunales de primera instancia intervengan en estos asuntos, ya que los competentes son los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Segundo, las sanciones las ejecuta la propia Administración, no necesita del concurso de ningún órgano judicial. Lo que si hacen estos órganos judiciales es revisar si las sanciones son conforme a Derecho.

Pues bien, yendo al fondo de la cuestión, nada tiene que ver la Sentencia del Tribunal Constitucional con las sanciones impuestas en aplicación del art. 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sobre todo porque este precepto no ha sido objeto del recurso planteado por los diputados que plantearon el recurso de inconstitucionalidad. Así que el Tribunal Constitucional no ha podido entrar a valorar nada al respecto. Pero es más los Magistrados que han resuelto los recursos contencioso administrativos presentado hasta ahora lo han hecho considerando que ese artículo es constitucional, puesto que cuya constitucionalidad se presume, y solo, en el caso de que el Juez entienda que no es conforme a la Constitución, debe elevar la cuestión de inconstitucionalidad, suspendiendo, hasta entonces, el curso del procedimiento. Y los que han resuelto los recursos dictando sentencia han entendido que ese precepto es constitucional. Lamento ser reiterativo pero, dado que este artículo va dirigido al profano en derecho, estimo necesario que queden claro ciertos conceptos.

Y lo que dice el art. 36.6 de la LOSC: 

"La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación."

Y este precepto lo que castiga es desobedecer a un agente, no incumplir una norma, por lo tanto no se puede sancionar al que ha sido encontrado en la calle incumpliendo el confinamiento acordado en el Real Decreto de Estado de Alarma. Solo, y en aplicación del art. 25.1 de la Constitución (que consagra el principio de tipicidad), sanciona a quien desobedece a un agente que le dice que tiene que volver a casa y no lo hace. O habiéndole dado esa orden, lo encuentran otro día incumpliendo el mandato que ha dado.

Para acabar, aconsejo al lector que tenga cuidado de las informaciones que se encuentra, da igual que venga de memes o de medios de comunicación. En la medida de lo posible, intenten acudir a la fuente o buscar otros medios para refutar la información.

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