miércoles, 2 de enero de 2013

SIN NOTICIAS DE LOS PRESUPUESTOS

A 14 de diciembre y el equipo de gobierno local, presidido por Carmen Barrera, no ha presentado los presupuestos para el año 2013. Algo que, en mi modesta opinión, no habla bien de la alcaldesa ni de la concejala de Hacienda, Patricia Ferrero. Alguien que asume las tareas de gobernar una institución, una de sus responsabilidades es, al menos, intentar presentar los Presupuestos para el correspondiente ejercicio, porque ellos, conforme a lo dispuesto en el art. 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente”.

Además, como, a buen seguro, tanto la Secretaria como la Interventora le habrán informado, el art. 164 del citado texto refundido, en su primer apartado, ordena que “Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán (...)”. Y, por lo tanto, no cumplir con lo preceptuado, podría la alcaldesa y la concejala de Hacienda, a parte de en responsabilidades políticas, en las legales que correspondan. No quiero llegar al extremo de insinuar que pudiera incurrir en prevaricación administrativa, pero no es menos cierto que es posible incurrir en el delito de prevaricación administrativa por omisión (Sentencia de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Toledo de 28 de junio de 2005 o la dictada por la sección 1ª de 30 de julio de 2007, haciéndose eco del acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1997), y “queda consumado en la doble modalidad de acción o comisión por omisión con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, y por tanto arbitraria”. Pero, como decía con anterioridad, la responsabilidad puede ser de orden civil, a parte de la penal, en caso de la comisión de un delito, y es así de conformidad con el art. 78.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando los miembros de las corporaciones causen perjuicio por sus acciones u omisiones.

Es obvio que dejar a la deriva el Ayuntamiento, con unos presupuestos prorrogados desde el año 2009, puede generar perjuicios porque la realidad municipal no es la misma ahora que cuando se aprobaron los últimos presupuestos. Así que insto a nuestros representantes municipales a que cumplan con su obligación negocien y aprueben un presupuesto, el que sea, so pena de poder incurrir en un delito tipificado en el art. 404 del Código Penal.

Cuestiones legales aparte, rogaría que dejasen de jugar a costa del erario público y de la paciencia de los ciudadanos convocando plenos absurdos de 49 puntos en el orden del día con el claro fin de demostrar lo desleal que es la oposición que no aprueban las subidas de las tasas conforme al IPC. Mira que el Grupo Popular, a través de su portavoz, se lo dejó en bandeja instando a la Alcaldesa a presentar un presupuesto y sobre él se negociarían las subidas de tasas, y aún así, no ella no se ha molestado en elaborar los Presupuestos Generales del Municipio.

Por último, aunque no estuve en el último pleno ordinario ya que fui a la reconstitución de COSERVI, me gustaría que las próximas mociones sobre violencia contra la mujer, ya que se trata, en mi opinión, de una política de Estado, las fuerzas políticas las consensuaran. Es algo muy serio, un problema muy grave que necesita de comportamientos responsables por parte de los políticos, escuchando, para empezar, a los profesionales que trabajamos asistiendo a las víctimas de violencia de género. Nosotros, los que somos abogados del turno de violencia de género, tenemos un conocimiento directo de la problemática, sabemos cómo está funcionando la legislación vigente en la materia y los instrumentos que han articulado los poderes públicos, y, para colmo, cuando una mujer que sabes que está sufriendo maltrato de verdad y decide retirar la denuncia, te sientes frustrado por no ser capaz de convencerla para que prosiga con lo que ha iniciado e impotente porque, una vez tomada esa decisión, careces de margen de maniobra. Por todo ello, me indigna enormemente cómo los políticos juegan con este tema a tirarse los trastos a la cabeza, porque así, puede que consigan titulares, pero, a buen seguro, no se buscan las mejores soluciones para erradicar este drama.

Publicado en la edición de enero de 2013 de la Crónica de Piloña

Twitter: @josecarrerob