Antes de nada, pedir disculpas a los lectores de este blog por
haberles abandonado durante más de un mes, desde esa última entrada
publicada el día 3 de abri, pero, como podréis entender, lo primero es
lo primero, y el trabajo hay que atenderlo antes que esta humilde
bitácora. Desde luego, no pude dedicarle ni los fines de semana a
escribir nada, porque incluso he tenido que dedicarle los fines de
semana a avanzar asuntos que tenía pendientes que precisaban ser
finalizados para ser presentados en plazo. Ya se sabe que, si no se
presentan los escritos dentro del plazo que señala el Juzgado, se
entienden por no presentados y le haces un flaco favor al cliente que ha
depositado la confianza en un profesional. Ahora que la cosa, por
ahora, está algo más calmada, aunque me encuentre de guardia en
violencia de género, puedo dedicarle unos minutos a escribir sobre algo
que tenía ganas de hacerlo. Por cierto, también pido disculpas por
adelantado por las erratas que podáis encontrar, porque lo que estoy
escribiendo no lo voy a corregir.
Así pues, como dice el título de este artículo, el Consejo General
del Poder Judicial, ese órgano que un Boletín Oficial del Estado de
antaño lo rebautizó como Consejo General del Joder Judicial, y que, a
la vista de dicha propuesta, parece ser que quiere hacer gala de este
último nombre a la vista de la propuesta que ha elaborado, formulado y
remitido al Gobierno. No lo he visto íntegramente, sólo me he limitado a
ver lo que afectaba a Asturias, que es donde ejerzo básicamente mi
profesión, y alguna otra, como Murcia, por motivos afectivos, Madrid o
Aragón. (el estudio completo se puede ver en este enlace)
En lo que respecta a Asturias, páginas 31 a 33 del estudio, acaba
proponiendo que se fusionen los partidos judiciales de Oviedo (concejos
de Oviedo, Las Regueras Ribera de Arriba y Llanera) y Grao (Grao, Somiedo, Teverga, Belmonte de Miranda, Yernes y Tameza y Salas), que suman, entre los dos partidos 266.280 habitante; la fusión de los partidos de Siero (Siero, Noreña, Bimenes y Sariego), Piloña (Piloña, Nava y Cabranes), Villaviciosa (Villaviciosa, Caravia y Colunga) y Cangas de Onis (Cangas de Onis, Ribadesella, Onis, Parres, Amieva y Ponga), que englobaría a 115.417 habitantes; la fusión de los partidos de Mieres (Mieres, Morcín y Riosa), Lena (Lena, Quirós y Aller), Langreo y Laviana (Laviana, Sobrescobio, Caso y San Martín del Rey Aurelio), tendrían en total 156.276 habitantes; Avilés (Avilés, Castrillón, Cudillero, Illas y Soto del Barco) con Pravia (Pravia, Muros del Nalón, Cudillero, Soto del Barco y Candamo), que suman 157.885 habitantes; y finalmente, Valdés (Valdés, Boal, Coaña, Illano, Navia y Villayón), Castropol (Castropol, El Franco, Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos), que englobaría a 62.918 habitantes. Dejan intactos, Gijón (Gijón y Carreño), con 288.198 habitantes, Llanes (Llanes, Ribadedeva, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja) con 20.001 y Cangas del Narcea (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña) con 17.366 residentes.
Estas propuestas que ha formulado el CGPJ , en base a estos principios y criterios:
- Especialización. Como presupuesto inicial para una Justicia de calidad. Apuesta por una justicia titular y profesional: La nueva demarcación permitirá la implantación de la organización colegiada de los Juzgados, con los servicios trabajando de forma coordinada. La Justicia impartida por jueces interinos sería relegada a la excepción.
- Mismos derechos, mismos servicios. Las infraestructuras y las comunicaciones actuales permiten crear partidos judiciales dotados de los servicios al ciudadano de similar calidad para todos los partidos judiciales.
- Tiempo y calidad del servicio. La atención al ciudadano no debe medirse en kilómetros, sino en tiempo de prestación del servicio público, y en la calidad del servicio público.
- Proximidad. El desplazamiento desde un núcleo de población hasta la cabecera del partido judicial no podrá exceder de 1 hora ó de 100 kilómetros de distancia a través de las comunicaciones existentes, como límites de agrupación. La excepción vendría justificada cuando la excesiva distancia o el tiempo empleado para el desplazamiento pueda poner en cuestión el derecho fundamental.
- Eficiencia: Uso de las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías. El desplazamiento físico de las personas a las oficinas judiciales ha de reducirse a los supuestos estrictamente necesarios.
Y supongo que también estará presente el supuesto ahorro, porque, si no para este viaje no se necesitan alforjas. También se dice textualmente: "Esta meta no tiene por qué suponer la desaparición de toda presencia judicial en los partidos, sino que precisamente la idea de aprovechamiento y coordinación de recursos y mayor efectividad exige ponderar todas las circunstancias y actuar con la máxima flexibilidad, de manera que en algunos lugares la reordenación pasará por el mantenimiento de las infraestructuras en los partidos (v.gr. en partidos limítrofes en que las circunstancias lo aconsejen, en un partido podrán permanecer los órganos penales y el otro los civiles; o en partidos en que el volumen de litigiosidad no justifique el mantenimiento del Juzgado en bloque, podrá valorarse la existencia de una oficina de presentación de escritos o de realización de diligencias…) y en otros por su sustitución por oficinas que permitan la práctica de determinadas diligencias (actos de comunicación, testificales y periciales por videoconferencia…) y atender al desplazamiento eventual de la Autoridad judicial, o, en última instancia, por su simple desaparición." Sin embargo, no especifica en el estudio en qué partido quedarían los órganos penales y en qué los civiles, o qué juzgados implicaría su transformación en meras oficinas. En definitiva, le falta detallar más la propuesta, más allá de gastar una hoja informando de cómo están ahora los partidos judiciales, otra en el mapa de la CCAA y la tercera en una propuesta fría y escueta de cómo quedarían los nuevos partidos judiciales.
Al final, a Montoro le va a dar un patatús, porque esto, me parece, va a suponer más bien un incremento del gasto, porque, al final van a quedar, si se aprobase esta propuesta, todas las oficinas abiertas, aunque sólo sea como oficina de registro de escritos o para la práctica de diligencias, además de los costes económicos que van a suponer ponerlo en marcha, con los traslados y con el atasco judicial que suele generar cualquier genialidad que aprueban los políticos, como la que está causando la última reforma del Código Penal que tienen a los Juzgados de lo Penal entretenidos revisando un buen número de ejecutorias a los que se les ha de aplicar los efectos favorables a los reos de la nueva legislación penal, y de ahí que señalen los juicios a dos años vista.
De todas maneras, con independencia de cómo se organice cada nuevo partido judicial, lo que si es constatable es que el principio de que no se tardará más de una hora en llegar a la cabecera de partido judicial, no se cumple. Y, en el caso de Asturias, pongo como ejemplo el del partido judicial en el que resido, el de Piloña, que quedaría integrado en Siero. Pues bien, ese nuevo partido judicial, en el que se incluye el de Cangas de Onis, habría justiciables que se encontrarían a más de una hora de la hipotética cabeza de partido, Pola de Siero, que es el que tiene actualmente cuatro juzgados. Si no que se lo pregunten, por ejemplo, a alguien que resida en Amieva. Tampoco creo que el vecino de Caso lo tenga muy bien para llegar a Mieres, que es el que presupongo como la cabeza del nuevo partido judicial de las Cuencas Mineras. Parece ser que los vocales del CGPJ o CGJJ, según la famosa errata del BOE, no tuvieron a bien conocer la realidad sobre el terreno. Desde el despacho en Madrid se está muy bien y cómodo pero, en estos casos, las probabilidades de equivocarse se amplian. Lo que si han conseguido, por ahora, es generar malestar en jueces, fiscales, abogados y, sobre todo, procuradores.
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