Una de las consecuencias de la crisis económica que estamos padeciendo en España, ha sido, sin lugar a dudas, destapar las vergüenzas de la gestión de nuestros representantes políticos en todos los ámbitos, ya sea municipal, autonómico y estatal. Incluso, últimamente, debido al cambio de color político en muchas Administraciones Públicas, nos hemos desayunado noticias de deudas ocultas, véanse los ejemplos de Castilla la Mancha y Extremadura. Pero, con independencia de los presuntos pufos heredados, todas las Comunidades Autónomas tienen un nexo en común y es que todas pasan por apuros financieros.
Y uno se puede preguntar, ¿por qué se ha llegado a esta dramática situación? Pues se puede resumir en una palabra: irresponsabilidad. Exacto, la irresponsabilidad por la que nuestros gobernantes han dispuesto del dinero público, el dinero de todos -aunque alguna ex ministra de cultura dijera que no es de nadie-. Aunque con mayor o menor acierto o desacierto en la gestión pública, todos han despilfarrado, ya que se han sumado todos a la espiral del gasto superfluo en la época en la que nuestro país estaba en pleno crecimiento económico. Todos se sumaron al café para todos, si uno tenía un medio de propaganda, los demás querían lo mismo, así que todos se sumaron a la moda de las Televisiones autonómicas; si uno quería una transferencia determinada, los demás las querían; si unos funcionarios lograban un incremento salarial en una Comunidad Autonónoma, los demás acaban equiparando a sus empleados para evitar protestas; etc.
¿Qué pasa ahora? Pues se han dado cuenta de que el ritmo de gasto que llevaban, y siguen llevando, es insostenible, por lo que han aparecidos voces, sobre todo en el seno del Partido Popular, pidiendo que se devuelvan las competencias de Sanidad, Justicia y Educación al Estado. Y,¡cómo no! También se está pidiendo la privatización de las TV autonómicas, para lo cual solicitan que el Gobierno modifique la Ley General de Comunicación Audiovisual (que derogó la ley reguladora del tercer canal de televisión, cuyo art. 6 disponía: La gestión que se concede no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto en cada Comunidad Autónoma). Lo que uno se puede preguntarse es ¿por qué no meditaron bien la decisión de crear canales de TV públicos antes de tirarse sin paracaídas? Aquí en Asturias se decidió tirar para adelante con la RTPA con la principal justificación de que Comunidades Autónomas gobernadas por el PP también lo han hecho. Por supuesto, con las necesidades que tiene Asturias lo prioritario es distraer de los Presupuestos Generales importantes partidas para sostener lo que es un capricho. Calificación que se sostiene viendo que, con nuestro dinero, se paga por emitir el fútbol del sábado y la Fórmula, dos eventos que emite gratis la Sexta.
Por otra parte, entrando a analizar las voces que piden que las competencias de Justicia, Sanidad y Educación vuelvan a ser gestionadas por el Estado, lo que me pregunto, ¿por qué se asumieron las competencias, dos de ellas siendo Presidente del Gobierno José María Aznar? ¿Quién les obligó a asumirlas? Creo que nadie, y si han decidido asumirlas, como presuntas personas responsables, que apechuguen con las consecuencias. ¡Ya está bien de llorar a papá Estado cuando el juguetito se rompe! Lo que no es éticamente admisible es marear al personal con tanto cambio de criterio, dando además un mal ejemplo. Por eso no me extraña que quien por haber tomado la mala decisión de hipotecarse hasta las cejas clame por perder el piso y seguir endeudado de por vida. De todas maneras, en lo que yo conozco, sería un retroceso enorme el devolver las competencias de Justicia, por la sencilla razón de que volveríamos a la inoperante situación anterior en la que cuando se agota el tóner de una impresora de un juzgado el Gerente de Justicia del Ministerio largaba el pedido a Madrid para que allí se acordara la adquisición de uno nuevo. Pero bueno, a ver en qué depara todo esto.
Y uno se puede preguntar, ¿por qué se ha llegado a esta dramática situación? Pues se puede resumir en una palabra: irresponsabilidad. Exacto, la irresponsabilidad por la que nuestros gobernantes han dispuesto del dinero público, el dinero de todos -aunque alguna ex ministra de cultura dijera que no es de nadie-. Aunque con mayor o menor acierto o desacierto en la gestión pública, todos han despilfarrado, ya que se han sumado todos a la espiral del gasto superfluo en la época en la que nuestro país estaba en pleno crecimiento económico. Todos se sumaron al café para todos, si uno tenía un medio de propaganda, los demás querían lo mismo, así que todos se sumaron a la moda de las Televisiones autonómicas; si uno quería una transferencia determinada, los demás las querían; si unos funcionarios lograban un incremento salarial en una Comunidad Autonónoma, los demás acaban equiparando a sus empleados para evitar protestas; etc.
¿Qué pasa ahora? Pues se han dado cuenta de que el ritmo de gasto que llevaban, y siguen llevando, es insostenible, por lo que han aparecidos voces, sobre todo en el seno del Partido Popular, pidiendo que se devuelvan las competencias de Sanidad, Justicia y Educación al Estado. Y,¡cómo no! También se está pidiendo la privatización de las TV autonómicas, para lo cual solicitan que el Gobierno modifique la Ley General de Comunicación Audiovisual (que derogó la ley reguladora del tercer canal de televisión, cuyo art. 6 disponía: La gestión que se concede no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto en cada Comunidad Autónoma). Lo que uno se puede preguntarse es ¿por qué no meditaron bien la decisión de crear canales de TV públicos antes de tirarse sin paracaídas? Aquí en Asturias se decidió tirar para adelante con la RTPA con la principal justificación de que Comunidades Autónomas gobernadas por el PP también lo han hecho. Por supuesto, con las necesidades que tiene Asturias lo prioritario es distraer de los Presupuestos Generales importantes partidas para sostener lo que es un capricho. Calificación que se sostiene viendo que, con nuestro dinero, se paga por emitir el fútbol del sábado y la Fórmula, dos eventos que emite gratis la Sexta.
Por otra parte, entrando a analizar las voces que piden que las competencias de Justicia, Sanidad y Educación vuelvan a ser gestionadas por el Estado, lo que me pregunto, ¿por qué se asumieron las competencias, dos de ellas siendo Presidente del Gobierno José María Aznar? ¿Quién les obligó a asumirlas? Creo que nadie, y si han decidido asumirlas, como presuntas personas responsables, que apechuguen con las consecuencias. ¡Ya está bien de llorar a papá Estado cuando el juguetito se rompe! Lo que no es éticamente admisible es marear al personal con tanto cambio de criterio, dando además un mal ejemplo. Por eso no me extraña que quien por haber tomado la mala decisión de hipotecarse hasta las cejas clame por perder el piso y seguir endeudado de por vida. De todas maneras, en lo que yo conozco, sería un retroceso enorme el devolver las competencias de Justicia, por la sencilla razón de que volveríamos a la inoperante situación anterior en la que cuando se agota el tóner de una impresora de un juzgado el Gerente de Justicia del Ministerio largaba el pedido a Madrid para que allí se acordara la adquisición de uno nuevo. Pero bueno, a ver en qué depara todo esto.
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