LOS FINES JUSTIFICAN LOS MEDIOS

Con esta sorprendente declaración, la de que los fines justifican los medios, el Magistrado Baltasar Garzón se defendió de las acusación de prevaricación que habían formulado contra él las acusaciones particulares personadas en la causa abierta por el asunto de las escuchas decretadas por él en el caso Gürtel. Esta afirmación tajante ya de por sí debería causa suficiente como para que un cargo público quede moralmente inhabilitado para el ejercicio de su cargo, más aún cuando se trata de quien administra la Justicia en un Estado democrático y de Derecho, que, en mi opinión, demuestra que ha prevaricado en sus decisiones. No olvidemos que esta premisa fue la que utilizaron los que autorizaron a los GAL actuar; por la misma razón los EEUU han hecho lo que no debían hacer, y que la progresía tanto denuncia, como fue, entre otras cosas, tener a una serie de personas detenidas de manera indefinida en Guantánamo, y como éstas otras conculcaciones flagrantes de derechos humanos.

Ahora vamos a averiguar que lo progresista en este país no es defender los derechos humanos, recuerdo que el derecho de defensa está amparado por las convenciones internacionales, como el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Respeto los cambios de opinión, pero colegirán conmigo que si admitimos que por un fin que pretendemos conseguir vale utilizar cualquier medio, ¿por qué narices gastamos tanto dinero en juicios y no vamos por la vía rápida suministrando a todos los detenidos pentotal sódico?. Confiesa, y se le condena. No hace falta llegar a las palizas para que confiesen hasta lo que no han hecho.

Por eso, y en defensa de los derechos constitucionales, en mi condición de abogado, y en interés del justiciable, de las tres causas abiertas contra Garzón la que más daño puede hacer a nuestro Estado democrático de Derecho es el de las escuchas, porque si al final queda absuelto no nos extrañe que, de los 1595 juzgados de instrucción que hay en España, sin contar con los 5 de los Juzgados Centrales, sitos en la Audiencia Nacional, de los que, s.e.u.o., 469 son juzgados únicos y el resto son mixtos (es decir, son primera instancia e instrucción), cualquier titular o sustituto pueda acabar enchironando a quien le apetezca, u ordenando la intervención de las comunicaciones de los imputados con los abogados, de cualquier ciudadano de a pie, incluso de los ahora ardorosos defensores del Sr. Garzón, con la única consecuencia de que un órgano judicial superior anule la decisión.

Recordemos, como ya expuse en este blog en ocasiones anteriores que Garzón ordeno intervenir indiscriminadamente las conversaciones de los imputados, internos en el centro penitenciario en virtud de auto judicial que decretaba prisión preventiva, con sus abogados presentes y futuros, sin haber ningún indicio incriminatorio contra ellos que justifique la medida. Y así lo expuso el Magistrado Instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que, en auto de 16 de marzo de 2011, por el que desestimaba las diligencias de prueba solicitada, afirmaba lo siguiente:

Frente a ello el instructor considera que cualesquiera que fueren los indicios que tuviera contra los imputados no podía instalar micrófonos en los locutorios penitenciarios si los indicios incriminatorios no se extendían también a los letrados nombrados a partir del 3 de marzo de 2009. Y así se le explicó con detalle en el auto de 19 de octubre que lo incrimina. Esos indicios, además, tenían que constar en el momento de dictarse el auto, es decir, ex ante no ex post. Ello quiere decir que aunque posteriormente hallara indicios contra esos letrados —que desde luego no consta en la causa que así fuera—, tampoco esos hallazgos ex post legitimarían su conducta.

Por otra parte, recordemos que, como consecuencia de la intervención de unas comunicaciones declaradas ilegales, no sólo supone la anulación de esas conversaciones sino de todas las pruebas obtenidas gracias a esas conversaciones ilegalmente obtenidas, con lo que puede traer como consecuencia la absolución de implicados, en este caso, de la trama Gürtel, y esto puede ocurrir en los Tribunales españoles como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso, es mi extrañeza de que los que más dicen querer que se haga justicia contra la corruptos del Gürtel son, a la vez, los más defensores del Juez que puede, con su decisión amparada con la premisa de que los fines justifican los medios, hacer salir impunes a algunos corruptos de la trama. En fin, ver para creer, o más bien el sectarismo no deja ver más allá de sus filias y fobias políticas.

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