lunes, 6 de septiembre de 2021

LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LAS ESTADISTICAS OFICIALES

Como consecuencia de un hilo que publiqué en el tuit desafortunado de la política Tania Sánchez Melero en el que demuestra un profundo desconocimiento del derecho, y en el que afirmé que hay una realidad distinta a la que arrojan los datos oficiales. Tal y como podéis ver:

 


Algo que algún tuitero, en lugar de tener un comportamiento democrático y, como mínimo, respetar mi opinión, pedía expresamente que me expulsaran del turno de oficio de violencia de género. Y, para ello, citaba a la Ministra de Igualdad, como si ella pudiera hacer que me echen del turno especial, y menos sin haber incurrido en ninguna infracción en el desempeño de mi trabajo, y menos aún por ejercer mi derecho constitucional recogido en el art. 20 de la Constitución. No voy a poner su tuit porque tampoco se merece que le haga publicidad gratuita. Aunque sí considero, por algunos comentarios de personas excesivamente ideologizadas que no tienen además experiencia profesional en este campo, que es necesario escribir esta entrada. Así, con estas líneas, pretendo explicar de una manera más completa lo manifestado e intentar que comprendan por qué lo dije. Por supuesto, si por un casual convenzo a algún político del entorno del Gobierno, mejor que mejor, aunque no albergo muchas esperanzas.

En ese hilo anteriormente mencionado, hice hincapié en la necesidad de que los políticos, antes de tomar decisiones en el ámbito legislativo, conocieran la realidad de primera mano. Estaría bien que acompañasen a algún abogado, tanto de viogen como de asistencia al detenido, para ver, con sus propios ojos, cómo son las personas que se ven en un procedimiento judicial, cuáles son sus historias, su versión de los hechos, sus circunstancias vitales, etc. ; también acompañar a un juez de guardia, otro de violencia sobre la mujer y al juez de lo penal; en otra ocasión con los fiscales, y con policías y guardias civiles... Sería la mejor forma de hacerse una idea de lo que ocurre, e incluso podrían escuchar a los distintos profesionales las propuestas que tengan. Con 350 diputados que hay en el Congreso y 262 senadores, qué menos que 10 diputados y 10 senadores puedan hacer trabajo de campo. ¿No quieren, de verdad, solucionar el problema? Pues, ¿por qué no intentan algo nuevo?

Dicho esto, cuando dije que hay una realidad distinta a la que arrojan los datos oficiales, lo decía con conocimiento de causa. Por ejemplo, con respecto a los datos sobre la existencia de denuncias falsas. Bien es cierto que las condenas por este motivo son prácticamente inexistentes, pero eso no quita que muchas denuncias no lleguen a juicio oral porque el juez de instrucción o de violencia sobre la mujer, en su caso, considere que el testimonio de la víctima no es creíble; o que haya absoluciones por las inconsistencias en la versión de la denunciante. Y esto lo sabe perfectamente cierto Magistrado televisivo, perteneciente a cierta asociación profesional, que sigue insistiendo en que no hay denuncias falsas. Según los datos oficiales, claro que no hay, pero cuántas sentencias hay que dicen que resulta inverosímil la versión de la denunciante. Hay muchas más, pero eso lo obvia.

A continuación, expongo una serie de casos en los que los jueces han decidido no deducir testimonio contra testigos o denunciantes pese a que podían haberlo hecho o, en su caso, consideran, como se podrá comprobar, que su versión es inconsistente o llena de contradicciones. Estas absoluciones no son fruto de ausencia de más pruebas de cargo que el testimonio de la víctima, que cualquier jurista penalista sabe que existe una jurisprudencia consolidada que permite enervar la presunción de inocencia con el único testimonio de la víctima si se cumplen tres requisitos: persistencia incriminatoria, verosimilitud e incredulidad subjetiva. Doctrina aplicada, por ejemplo, en la Sentencia del caso Arandina.

Primer caso. Tuve conocimiento de él durante mi pasantía. No es de viogen. En este procedimiento intervino mi mentor como acusación particular. La sentencia dictada por la sección 3ª de la Audiencia de Asturias, en el que al testigo de la defensa le pillaron mintiendo de la manera más tonta, como pueden ver en la imagen.  La Sentencia la pueden ver en el siguiente enlace: Sentencia.


 A ese testigo no le pasó nada, más allá de quedar en evidencia en la Sentencia.

Segundo caso. Mi primer caso como abogado de acusación particular en la Audiencia Provincial. Era por unas lesiones. Un testigo de la defensa estuvo a punto de ser procesado por un delito de falso testimonio. Sentencia dictada por la Audiencia provincial de Asturias, s. 2ª, de 13 de abril de 2012. Como comentario, me acuerdo como si fuera hoy cómo el Presidente del Tribunal, Begega, le advirtió, muy enfadado, que contestar con evasivas es un delito de falso testimonio. Como miembro del Tribunal, estaba mi profesor de Derecho Penal 2, el ahora catedrático, Fernández Teruelo. Aquí os dejo enlace a la Sentencia

 

Tercer caso. Este si es de viogen. Iba como defensa. Mi cliente absuelto. En la Sentencia dictada en autos de PA 120/2015 del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, el Magistrado realiza la siguiente valoración de la denunciante  (sentencia íntegra):



 

A esta mujer no se le dedujo testimonio por falso testimonio, cosa que si hizo en un caso que comentaré más adelante.

Cuarto caso. Búsqueda CENDOJ. Aunque tengo otra Sentencia de un juicio de faltas, pero la tengo que buscar y escanear, voy a poner dos ejemplos que me he encontrado en el buscador de CENDOJ, poniendo lo siguiente: inconsistencia Y testigo. No tuve que buscar mucho para en contar dos casos en los que se cuestiona la versión de la denunciante. El primero de ellos, dictada por la sección 2ª de la Audiencia de Asturias, de 29 de junio de 2021. Os dejo enlace a la Sentencia íntegra: (Sentencia)

 


Tampoco se dedujo testimonio.

Quinto caso. Sentencia dictada por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 13 de mayo de 2021. Os dejo el enlace a la sentencia íntegra: Sentencia..

 


Tampoco se dedujo testimonio, aunque se cuestiona su versión.

No sobra recordar que en el CENDOJ prácticamente no se publican Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal. Se limitan, salvo excepciones, a Sentencias de órganos colegiados. Y muchas de las veces que se apelan absoluciones, no entran a valorar la prueba ya que se acogen al principio de inmediación y que, para revocar una sentencia absolutoria se precisa la celebración de un nuevo juicio. Por lo tanto, hay muchos más casos de los que acabo de reseñar. Así ¿se puede concluir tajantemente que no hay denuncias falsas más allá de lo que constan en los datos oficiales? La contestación se la dejo al lector de esta entrada.

Expuesto lo anterior, ¿se puede concluir que los jueces toleran que la gente mienta? No necesariamente, ya que puede que el denunciante/testigo haya declarado bajo la influencia de los nervios o de otros factores exógenos. Aunque, si es cierto, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, los Jueces deberían ser menos permisivos con los testigos, y deberían deducir testimonio contra ellos en más ocasiones, aunque solo sea para evitar la tentación de algunos de llevar testigos falsos. En los ejemplos señalados, en los dos primeros casos debería haber sucedido.

En definitiva, a modo de conclusión, lo que si demuestran estos casos que he expuesto es lo que he afirmado. La realidad es mucho más compleja de lo que arrojan datos estadísticos. A lo largo de mi carrera profesional, he comprobado que hay gente que se pone, como ya he comentado antes, muy nerviosa cuando declara. También hay otros que son unos actores consumados y resultan en la sala de vistas muy convincentes. Pero los abogados tenemos una visión diferente de la de jueces y fiscales, ya que tratamos a los clientes y su entorno fuera de los juzgados. Te encuentras a testigos presenciales que no quieren declarar, y no los citas porque puede perjudicar a tu cliente. Esto me trae a la memoria que, en el último domingo de 2012, cuando estaba de guardia de viogen, una amiga del hijo de mi cliente, no quiso declarar que vio al denunciado con un cuchillo jamonero en plena calle amenazándola. No la llevé de testigo no fuera a perjudicar los intereses de mi patrocinada. De todas maneras, el denunciado fue condenado.

También he visto a personas que, en el pasillo del juzgado, mientras esperamos a entrar al juicio, que muestran una frialdad que acatarra. Están ahí esperando como si nada. Luego, dentro, se ponen en modo Terele Pavez. De ahí, la importancia de que los políticos vean con sus propios ojos lo que sucede en la vida real. Así comprenderán lo que pasa y buscarán, con esa nueva visión, la mejor forma de solucionar un problema muy grave.

Bonus Track:

Os comenté que os iba a mencionar un caso en el que el fuera Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo dedujo testimonio contra una denunciante que no quiso declarar contra su ex y se puso a contestar con “no me acuerdo” o “no lo sé”. Se la juzgó por falso testimonio, acusado por el Ministerio Fiscal y el Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, la absolvió. Fiscalía recurrió, y la Audiencia confirmó la Sentencia de Instancia. 


Este caso que llevé la defensa demuestra que forzar a declarar a las denunciantes puede acarrear ser juzgadas por falso testimonio, cuando debería de comprender que estas personas son las que más ayuda necesitan, porque pueden ser presionadas por su entorno, por su ex, o no tengan la confianza suficiente para seguir adelante.

 

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domingo, 13 de junio de 2021

LAS PERSONAS SON MAS QUE ESTADISTICAS

Uno de los problemas que estoy detectando, sobre todo, dentro de la política es que basan sus políticas, argumentos y disputas dialécticas en estadísticas, ya sean oficiales, extraoficiales o inventadas. Queda muy efectivo exponer que el 40, 50 o el 90% de lo que sea confirma su tesis. No digamos ya cuando se sacan gráficos a todo color desde el estrado de la Cámara, el escaño o en el atril delante de las cámaras de televisión. Muy efectivo y, en algunos casos, necesario, como pudiera ser en ámbito económico o en encuestas de intención de voto. Pero, cuando se trata de analizar la política criminal, es, desde mi punto de vista un grave error, sobre todo porque utilizan datos que no se ajustan a la realidad. Y lamento decirlo, muchos estudios académicos cometen en ese mismo error.



¿Por qué digo que es un error? Porque las estadísticas, por lo que he comprobado, deshumanizan a las personas, además de que no se ajustan a la realidad. Es cierto, que muchas estadísticas se basan en datos oficiales. Datos que se basan en las partes dispositivas o fallos de resoluciones judiciales, pero que se olvidan de aspectos importantes que, en muchas de las ocasiones, se pueden ver en los fundamentos de derecho. Incluso, habría que ir más allá, ya que la verdad judicial no tiene por qué coincidir con la verdad material, porque la judicial depende muchas veces de las pruebas que se practiquen en el acto del juicio oral, que depende, como sabemos, de factores múltiples como la estrategia de los letrados y del fiscal, también del propio Juez que puede inadmitir las pruebas, y, por supuesto, de los interesados. Se ha de recordar que la torpeza de las partes en un procedimiento puede inclinar la balanza a favor o en contra. Estos clientes que ocultan información relevante a su abogado, se ponen nerviosos en sala o aportan testigos falsos (que a veces se detecta y otras no).

Supongo que algún avezado lector intuirá por dónde van los tiros. En efecto, podrá deducir que me refiero al manoseado asunto de la violencia de género o violencia machista. Ahora se ha puesto de moda la violencia vicaria. Fenómenos que los que trabajamos como abogados penalistas, y sobre todo los que estamos como letrados de oficio de viogen conocemos de primera mano, pero eso no nos impide ver la realidad, que nada tiene que ver con las estadísticas oficiales. Esas estadísticas oficiales que se empeñan en negar la existencia de denuncias falsas. Y si es cierto que ese dato oficial se basa en un hecho incuestionable como es que el número de procedimientos judiciales abiertos por denuncia falsa y falso testimonio son prácticamente inexistentes. En mi trayectoria profesional solo he llevado dos asuntos. Uno que acabó en sobreseimiento libre porque mi cliente no quería denunciar a su hija y se demostró, a través de la pericial caligráfica, que la firma del documento no era de ella; y otro en sentencia absolutoria en la que la acusada no quería declarar contra su ex pareja. Pero, si tuvieran en cuenta los fundamentos jurídicos de las resoluciones judiciales pues se podría sacar en conclusión que hay más casos en los que la absolución del acusado o el sobreseimiento de la causa contra el denunciado se basa en que el Magistrado no le da credibilidad a su testimonio, porque está plagado de contradicciones. En otro asunto que llevé, de viogen, en este caso, como defensa, el Magistrado absolvió a mi cliente porque consideró que resultaba poco creíble el testimonio de la denunnciante. Pero esto no supuso deducir testimonio contra ella. Y así en muchos casos más. No obstante, políticos, periodistas y tertulianos se agarran al dato oficial, en tanto en cuanto les conviene a sus fines. Y, al que ose cuestionar esos datos, es rápidamente acusado de negar la violencia de género y el machismo.

Otro dato que se niegan a analizar correctamente es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Y es un dato, para mí, muy relevante y que intento hacer hincapié desde hace años y es que los politicos se empeñan en gastar mucho en ciudades, creando Juzgados especializados de violencia sobre la mujer y los UFAM, pero que en la zona rural no tienen el mismo trato. Para empezar tenemos un Juzgado único para todo, unas comandancias de la Guardia Civil sin efectivos suficientes y con mucho territorio que patrullar. De ahí que si analizas el lugar donde se cometen los crímenes machistas, la mayor incidencia es en zona poco poblada. De las que han sido asesinadas este año, Porqueres (4.600 habitantes),  Martín de la Jara (2.700 habs), Alovera (12.000), Pola de Laviana (no llega a 10.000), Corvera de Llobregat (15.000), Sa Pobla (13.000),  la Bisbal del Penedés (3400), Mansilla de Mulas (1700) y El Molar (8600). Y no incluyo en esta lista a Pozuelo de Alarcón (de 86000 habitantes), Sagunto (65000, Torrejón de Ardoz (129000), ni tampoco Sestao que no llega a 28000 habitantes. En resumidas cuentas, de las 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, 9 fueron en localidades de menos de 16.000 habitantes. Teniendo en cuenta la población que reside en ciudades y la que reside en la zona rural, el dato es muy alarmante. Y no es sólo de este año, ya en 2018, cuando hice lo mismo, arrojaba un resultado similar. Pero no interesa, porque se verían obligados a cambiar su discurso y a invertir adecuadamente en los municipios poco poblados.

Por otro lado, tenemos, como expuse en este vídeo que colgué en mi canal de Youtube:



La reforma del Código Penal introducida en la LO 1/2004 introdujo lo que considero como una criminalización de las relaciones familiares en lugar de perseguir comportamientos machistas, que si podría tener cabida en el art. 173.2 CP. Pero, con el resto de tipos penales modificados se ha de llegar a la conclusión de que se ha objetivizado por parte del legislador, o ha dado por bueno que el agresor masculino es por motivos machistas, pero si se analizasen caso por caso en todas las sentencias condenatorias que cuentan en estadísticas, los datos variarían de manera considerable. Como gran exponente de lo que digo el siguiente:

En este caso, del año pasado, en una sentencia de conformidad, ambos fueron condenados por una pelea. Aunque ella fue la que agredió a mi cliente en primer lugar, a él le quedará el estigma de haber cometido un delito machista. Y este caso consta en los datos oficiales como una agresión machista. Como éste, muchos más. Los políticos lo saben, o deberían saberlo, pero no les interesa saber la verdad, lo que realmente sucede en los juzgados, porque no quieren acabar, y es triste decirlo, con la violencia de género, sino que lo que les interesa es mantener su discurso. Porque, si de verdad quisieran erradircarla, pues ya hace tiempo que se habrían tomado otro tipo de decisiones, como la de hacer informes más precisos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues es fácil, dirigiéndose a los Colegios de Abogados de este país para que creen comisiones de estudio, al Consejo General del Poder Judicial comisiones con jueces destinados a Juzgados mixtos con competencia en violencia sobre la mujer; lo mismo en Fiscalía y en Policía y Guardia Civil. En los nueve años que llevo en el turno de oficio, solo en una ocasión, y fue al principio, nos mandaron una encuesta para rellenarla.

De todas maneras, la reforma del Código Penal no es la panacea, así que, aunque se intente endurecer las penas, instaurando la Cadena Perpetua (no hablo ya de la PPR instaurada de manera deficiente), no sirven para reducir la criminalidad. Para acabar con el machismo hay que empezar educando a la sociedad, sobre todo en respeto.

Para concluir, sé que esto, si tiene mucha repercusión, va a levantar ampollas y me van a descalificar de muchas maneras, pero no me importa. Lo que quiero es colaborar en erradicar un problema muy grave que debería quedar alejado de dogmatismos discursos vacíos y peleas partidistas. Y animo a los políticos que traten a las personas como lo que son, no como estadísticas con las que atizar al rival politico. Los justiciables, sean clientes míos o de los miles de compañeros que ejercen en este país, no son estadisticas, son personas de carne y hueso que tienen sentimientos, que tienen su vida, su familia, anhelos, trabajo...

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domingo, 9 de mayo de 2021

EL 4M: OTRA DEMOSTRACION DE FALTA DE AUTOCRITICA EN LA POLITICA ESPAÑOLA

Las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo han dejado otra vez patente que nuestros políticos desconocen lo que es hacer autocrítica. Prefieren, como no, echarle la culpa al empedrado o directamente insultar a los votantes. No se paran a pensar en que han podido hacer algo mal para que los ciudadanos les hayan retirado su confianza. En este caso reciente, han sido desde filas del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos los que han optado por no hacer un análisis crítico a su gestión o a sus políticas. En el pasado, fueron los populares. De hecho, en mis tiempos mozos, cuando militaba en Nuevas Generaciones del PP, sobre todo en mi última época, les estuve diciendo por activa y por pasiva los errores que cometían, pero ni después del batacazo de las elecciones autonómicas del 2011, en donde en Asturias perdieron la mitad de los escaños de la Junta General. Recordemos que la marea azul arrolló en aquellas elecciones en toda España. La excusa de la derrota fue culpar a Cascos, que fue el que ganó las elecciones. Cuando apareció Ciudadanos, la culpa era de este partido; hace dos años, de Vox. Desde la dirección regional, todo se hizo bien.

Pues, como dije al principio, lo mismo ha sucedido recientemente. Han salido los dirigentes derrotados sin entonar el mea culpa. Sánchez, el principal responsable del fracaso del PSOE madrileño, ha optado por cortas cabezas la del propio Gabilondo, al que le dirigió la campaña, y también a Franco. Pero, ¿alguien escuchó alguna palabra al Presidente del Gobierno que suene a entonar el mea culpa? Lo que hemos escuchado son las tonterías de su Vicepresidenta primera con absurdos razonamientos de que la extrema derecha ha votado a Ayuso, y de ahí sus espectaculares resultados, obviando intencionadamente que asumió buena parte de los votantes del Cs y parte de su propio electorado. Como el análisis de ese fenómeno, no convenía a su discurso, pues se sigue con las mismas necedades. Pero qué se puede esperar de alguien que, entre sus perlas, se encuentran la de que el dinero público no es de nadie, o:

 


Otro que tal baila, Pablo Iglesias. Que, aunque, a diferencia del PSOE y de Cs, subió en votos con respecto a 2019, y tres escaños, aunque se elegían 4 diputados más, dimitió haciéndose la víctima, cuando ya sabía que era un candidato odiado por muchos ciudadanos. Y lo sabía no sólo cuando era Vicepresidente sino cuando se presentó como candidato a las elecciones generales de 2019. Y si me apuras desde 2015. Pero lo que no hizo fue analizar por qué la gente que le votaba, la que no le odió, dejó de hacerlo. Por qué la gente de su barrio le dio la espalda.

Y es esta miopía que demuestran nuestros políticos, y sus cohorte de fanáticos, la que lastra nuestro sistema político. No tenemos políticos, con alguna honrosa excepción que se suelen encontrar en la política local, que tengan capacidad de empatizar. No salen de su núcleo de confianza por lo que no saben, no son conocedores de las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. Para ellos lo importante no es trabajar en solucionar sus problemas reales, sino en trabajar por su propio interés.

En otra entrada, se analizará otro fenómeno que se dan en todos los partidos políticos españoles, que es la de idolatrar al líder de turno y la de machacarlo cuando es sustituido por otro. Se podría denominar: “Ha muerto el Rey, Viva el Rey” o “fenómeno de vasallaje”.


jueves, 3 de diciembre de 2020

AUSENCIA TOTAL DE EMPATIA EN LA CLASE POLITICA

 A la vista de las decisiones que se han adoptado desde el Gobierno regional asturiano, manteniendo la prórroga de la suspensión de actividad de la hostelería, lo que ha generado un enorme malestar en el sector, como es obvio. Y no es ya por el cierre en sí, sino por el hecho de que necesitan poder vivir de algo, que, del aire, no se vive. Si, según los expertos, es necesario mantener el cierre del sector, lo que se tendría que habilitar una línea de ayudas mayor de la que aprobaron el pasado mes de noviembre. Según la página web del Principado, la ayuda total asciende a 19.696.000 € para 9745 autónomos y pymes, lo que supone 2021 € cada uno. 



¿Realmente cree el Gobierno de Adrián Barbón que ese dinero sirve para aguantar más de un mes? Para muchos es insuficiente aguantar un mes con esa cantidad, sobre todo los que tienen que pagar ya de alquiler más de 1.000 €/mes por el local, si no es mucho más, pero es que ya no están solo los gastos mínimos de tener un negocio, sino lo que necesita para que su familia pueda vivir. Y si ya es insuficiente para un mes, ¿qué creen que pueden hacer los hosteleros con un cierre que se va a prolongar quince días más?

El problema, como ya manifesté en otras ocasiones, es que los políticos están tan alejados de la realidad, además de que se rodean de esos falsos leales, que solo son más bien unos arribistas, que solo les regalan a sus oídos lo magníficos que son, que es imposible que tengan la más mínima empatía por el pueblo llano. Si tuvieran la decencia de salir de su círculo exclusivo de amigos y compañeros de partido, se pusieran a pasear por las calles de ciudades y pueblos a escuchar a la gente normal, se darían cuenta de que muchas de sus decisiones son equivocadas.

Ejemplo de lo que digo es que, el 26 de octubre de 2020 presenté, en ejercicio del derecho de petición, recogido en la Ley Orgánica 4/2001, un escrito dirigido al Presidente del Gobierno en el que, amén de pedir su dimisión, solicitaba que tuviera en consideración, entre otras medidas, la de realizar las modificaciones legales pertinentes, sobre todo para dotar de un régimen sancionador que evite que muchos incumplidores salgan impunes. Pero, ¿a qué no sabéis cual fue la contestación? Pues, inadmitir la petición, que ya sabía yo que no lo iban a aceptar. De las propuestas, ni se molestaron en valorarlo. Por eso, cuando exigen posiciones constructivas, es absolutamente mentira, porque lo que desean es que todo el mundo agache la cabeza aceptando sus medidas como las únicas válidas.



Por eso, el problema principal que tenemos actualmente en España, con esta pandemia, no es el del propio Coronavirus sino el de la gestión que se realiza desde las Administraciones. Porque, nos encontramos en que, ante medidas erróneas (algunas manifiestamente equivocadas), tanto sanitarias como económicas, nos vamos a ver avocados a ver el drama de muchas familias a las que les están poniendo entre la espada y la pared. Muchos negocios, a los que no han ayudado como debieran, van a cerrar sus puertas. De hecho, en Piloña, ya los dueños del Piloñés ya han anunciado su cierre; y el dueño del Mesón Triana, alquila el local. Y muchos autónomos están con la agua hasta el cuello. No digamos ya cuando se acabe el colchón de los ERTEs, la de cantidad de negocios que van a cerrar, y los ERTEs convertirse en EREs. Mientras tanto, los políticos se refugian en sus despachos y se niegan a ver la realidad. Es la comodidad de tener un sueldo fijo todos los meses. 

Aunque lo peor de todo, y lo más indignante, es la falta de solidaridad y empatía de muchas personas de la calle, que, sin recibir nada del poder, defienden a los gobernantes de manera acrítica todas las decisiones y critican, por ejemplo, a los hosteleros de Asturias que solo piden poder vivir en condiciones normales. 

Solo espero que estas líneas sirvan a algunos para reflexionar sobre lo que está pasando. Que piensen sobre si los políticos tienen que servir a los ciudadanos o los ciudadanos a los políticos. Y que piensen que si no estamos unidos, los políticos van a seguir haciendo lo que ellos quieren, que no tiene por qué coincidir con el interés general. Y si no les hacemos ver que por ese camino nos van a llevar al desastre, las consecuencias serán catastróficas en el futuro.

jueves, 19 de noviembre de 2020

ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HAYA AVALADO LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONFINAMIENTO

Resulta llamativo que, justo días después de publicarse en el BOE el famoso "comité de la verdad del Gobierno", que nos encontremos con, por así decirlo, una fake news o bulo que beneficia al Gobierno. Un bulo publicado por un medio de comunicación que está sirviendo para desinformar a los ciudadanos. Y así lo he podido comprobar por distintos comentarios que he visto en las redes sociales. Pero vamos a poner en antecedentes al lector para que sepa de lo que estoy hablando.

Esta fake news viene a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de básicamente de toda la conocida como ley mordaza, técnicamente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, salvo el inciso "no autorizado" incluido en el art. 36.23. Los demás preceptos impugnados por los recurrentes fueron avalados por el Alto Tribunal. Facilito el enlace a la nota de prensa del Tribunal (Nota de prensa TC):


Pues bien, de ahí curiosamente se ha publicado en el diario El Comercio que esta resolución justifica las sanciones impuestas durante el Estado de Alarma. Barrunto que el periodista que redactó la noticia recibió la información de fuentes gubernamentales. De hecho, el redactor afirma que "según explican fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado", así que es muy probable que haya escrito la noticia según una información falsa emitida por fuentes oficiales. Y, por esto, el titular de la noticia es la siguiente:

Pero ya además, con un claro y palmario desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico escribe que "los tribunales de primera instancia no tengan ya ningún reparo o duda para ejecutar a ese millón largo de multas del primer estado de alarma". Ya el primer error flagrante es que los Tribunales de primera instancia intervengan en estos asuntos, ya que los competentes son los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Segundo, las sanciones las ejecuta la propia Administración, no necesita del concurso de ningún órgano judicial. Lo que si hacen estos órganos judiciales es revisar si las sanciones son conforme a Derecho.

Pues bien, yendo al fondo de la cuestión, nada tiene que ver la Sentencia del Tribunal Constitucional con las sanciones impuestas en aplicación del art. 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Sobre todo porque este precepto no ha sido objeto del recurso planteado por los diputados que plantearon el recurso de inconstitucionalidad. Así que el Tribunal Constitucional no ha podido entrar a valorar nada al respecto. Pero es más los Magistrados que han resuelto los recursos contencioso administrativos presentado hasta ahora lo han hecho considerando que ese artículo es constitucional, puesto que cuya constitucionalidad se presume, y solo, en el caso de que el Juez entienda que no es conforme a la Constitución, debe elevar la cuestión de inconstitucionalidad, suspendiendo, hasta entonces, el curso del procedimiento. Y los que han resuelto los recursos dictando sentencia han entendido que ese precepto es constitucional. Lamento ser reiterativo pero, dado que este artículo va dirigido al profano en derecho, estimo necesario que queden claro ciertos conceptos.

Y lo que dice el art. 36.6 de la LOSC: 

"La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación."

Y este precepto lo que castiga es desobedecer a un agente, no incumplir una norma, por lo tanto no se puede sancionar al que ha sido encontrado en la calle incumpliendo el confinamiento acordado en el Real Decreto de Estado de Alarma. Solo, y en aplicación del art. 25.1 de la Constitución (que consagra el principio de tipicidad), sanciona a quien desobedece a un agente que le dice que tiene que volver a casa y no lo hace. O habiéndole dado esa orden, lo encuentran otro día incumpliendo el mandato que ha dado.

Para acabar, aconsejo al lector que tenga cuidado de las informaciones que se encuentra, da igual que venga de memes o de medios de comunicación. En la medida de lo posible, intenten acudir a la fuente o buscar otros medios para refutar la información.

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martes, 17 de noviembre de 2020

CAMBIOS NORMATIVOS EN LA SEGURIDAD VIAL: CUIDADO LA INFORMACION QUE DAN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Mucho cuidado hay que tener, no sólo con los bulos o fakenews que pululan por las redes sociales, sino también con las informaciones que dan medios de comunicación serios. Un ejemplo claro es la dada por el medio digital El Confidencial, que titula una noticia de la siguiente manera: "La DGT multará por conducir con el móvil aunque no se esté utilizando", y, como subtítulo, lo siguiente: "La nueva normativa entrará en vigor en 2021 y establece un aumento de la sanción: se retirarán seis puntos del carné por conducir con el teléfono en la mano". Cualquier lego en la materia, daría por buena la información, pero los que nos dedicamos a la práctica del derecho, lo primero que hacemos, o deberíamos hacer, es comprobar que la información es la correcta. Por eso acudimos a la fuente oficial, que no es otra que el BOE, dado que se trata de una normativa estatal. Si fuera una norma a nivel autonómico pues acudiríamos al boletín correspondiente.


Pues bien, si acudimos al BOE, nos encontramos con que el día 11 de noviembre se publicaron en este diario oficial dos Reales Decretos. El primero,  el RD 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico; y el segundo, el RD 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. Este último, entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su disposición final segunda, el pasado 12 de este mes. El primero, entra en vigor el día 2 de enero de 2021, salvo la modificación del art. 50 del Reglamento General de Circulación, que es dentro de seis meses.

Así pues, de la lectura de la noticia, se podría desprender que la modificación normativa por la que te pueden sancionar si tienes el móvil en la mano mientras conduces viene nada por el RD 970/2020. Pero no, por mucho que se lea y relea no encuentras nada que puedas inferir, ni siquiera en una flagrante y palmaria infracción del principio de tipicidad recogido en el art. 25.1 de la Constitución, que si a partir del 2 de enero te ve un agente conduciendo con el móvil en la mano te puedan sancionar.  Lo que si modifica esta nueva norma es, entre otras cuestiones, los límites de velocidad en vías urbanas y travesías, pero que entrará en vigor a los seis meses.

Entonces, ¿de dónde se sacó Carlos Cancela, el autor del artículo, que a partir del 2 de enero de 2021, se sancionará a quien lleve el móvil en la mano? Pues la respuesta es muy sencilla, del anteproyecto de ley que aprobó el Gobierno cuyo objetivo es modificar el texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En este texto, si que incluye una modificación del Anexo II por el que se señalan las infracciones que llevan aparejadas pérdida de puntos del carnet. En concreto, en el apartado 8 se incluye: "Utilizar, sosteniendo o sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil conduciendo". Y esta conducta supone la pérdida de 6 puntos.



Con lo cual, el periodista oyó campanas y no supo dónde, mezcló los reglamentos que se publicaron al día siguiente del Consejo de Ministros con un anteproyecto de ley. Pero, como todo el mundo debería saber, los anteproyectos de ley son lo que la propia palabra dice, una propuesta sobre la que el Gobierno trabaja, que no tiene eficacia alguna. Así que, hasta que el Gobierno no apruebe el proyecto de ley, lo remita a las Cortes para su aprobación, y que éstas lo aprueben, sin perjuicio de la introducción de enmiendas, y se publique en el BOE, no hay absolutamente nada al respecto. Por lo que, no es sancionable, ni ahora ni a partir del 2 de enero de 2021, tener el teléfono en la mano mientras se conduce. Otra cosa es que no debamos hacerlo por responsabilidad al volante.

P.D.: Resulta extraño que el Gobierno no lo haya denunciado como bulo o fake news.

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lunes, 26 de octubre de 2020

EL NUEVO ESTADO DE ALARMA: BREVES CONSIDERACIONES

Al final se confirmó lo que ya intuía hace meses que iba a ocurrir. Hoy se ha publicado en el BOE el nuevo Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se decreta el estado de alarma. Pensaba que iba a ser en septiembre, pero lo pospusieron para finales de este mes. Esta vez, las condiciones impuestas son distintas a las que se acordó mediante Real Decreto el 14 de marzo, ya que aquí no se plantea un confinamiento domiciliario sino más bien limitaciones de movilidad siempre y cuando así lo acuerden las autoridades delegadas, es decir las CCAA dentro de su territorio. Pero bueno, ya hablaré más detenidamente más adelante.



Como primera pincelada, después de leer el Real Decreto, no puedo obviar la pésima técnica que se utiliza en la redacción. Sinceramente, es manifiestamente mejorable. ¿Por qué lo digo? Porque genera confusión. Uno que se pone a leerlo de manera rápida, da a entender que el artículo 6 establece una prohibición para todos los ciudadanos de salir de las CCAA en las que residan, y que los gobiernos regionales pueden establecer limitaciones de ámbito inferior. Pero, en su artículo 9, lo que dice es que los artículos 6 a 8, pueden determinar su eficacia si lo acuerdan las autoridades delegadas si las circunstancias sanitarias lo aconsejan, previa comunicación al Ministerio de Sanidad. Por cierto, el artículo 9 está redactado de manera farragosa. 

Y volvemos otra vez con los mismos errores que en el anterior decreto de estado de alarma, en el que se establecen una serie de supuestos genéricos por los que se autoriza salir de la región como parece ser el cajón de sastre de las causas de fuerza mayor o situación de necesidad, o actividad análoga debidamente justificada [letras g) y h del art. 5 y j) y k) del art. 6]. Habría estado bien establecer una definición de qué se entiende como causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad, así como señalar ejemplos de actividades análogas. Sobre todo, porque, cuando se trata de restringir derechos fundamentales, resulta necesario establecer con una mayor precisión las situaciones en las que se puede o no desplazarse o salir de casa, en el caso de que se adopten esas medidas por parte de las autoridades delegadas. No se puede dejar al criterio de un agente de policía sobre qué es una causa de fuerza mayor. Si ya es cuestionable que los jueces tengan que integrar las carencias normativas, con más motivo se debería impedir que sea un policía, cuya formación jurídica es muy limitada, la que tenga que llenar estas lagunas. No es un desdoro o una ofensa para ellos afirmar que no tienen la formación adecuada, sino más bien una llamada de atención al gobernante para que se dé cuenta de que no puede comprometerles obligándoles a decidir sobre qué comportamientos están justificados y cuales no, porque lo que va a ocurrir es que, como ya me manifestó uno, acaben no denunciando porque no saben qué es lo que pueden o no pueden denunciar.

Otras de las novedades de este decreto está en su artículo 5, en el que se establece el famoso toque de queda para todo el territorio nacional, salvo para Canarias, que será cuando así lo determinen las autoridades delegadas de la región. En otras palabras, para todos, menos para los canarios, a partir de las 23:00 hasta las 6:00 no se puede salir de casa salvo los supuestos autorizados. Así es puesto que en el apartado 2 del artículo 9 dispone que entrará en vigor "será eficaz en todo el territorio nacional en el momento de la entrada en vigor de este real decreto."

Para no extenderme demasiado, otra de las carencias está en el régimen sancionador. Vuelve a remitir al régimen sancionador del art. 10 de la LO 4/1981, de 1 de junio, de estado de alarma, excepción y sitio. Y, sorpresa sorpresa, dicho precepto dice:

"1. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

2. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto de culpa al Juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario.

3. Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia."

Como pueden observar, volvemos a caer en el mismo error. Se remite a un precepto que, a su vez, remite genéricamente a otras leyes, aunque no se sabe a que leyes hemos de aplicar, así que volvemos a hacer ingeniería jurídica aplicando la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 2015 porque es la única norma que puede castigar la desobediencia, pero no a la norma que ha entrado hoy en vigor sino a la de los agentes que den la orden y que el ciudadano decida obviarla. Al menos ese es el criterio que el Magistrado del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Vigo ha utilizado al anular la sanción impuesta. Y como él, otros Magistrados en el mismo sentido. Lo peor es que el Gobierno podía haber subsanado esta deficiencia en los 7 meses que han transcurrido desde el 14 de marzo. 

Y, por último, de la lectura del Real Decreto, en concreto de su art. 2.3, la finalidad de su aprobación no es otra que obviar la situación engorrosa de que las medidas restrictivas, al amparo de la legislación sanitaria, tengan que ser sometidas a ratificación por los Juzgados de lo Contencioso y las salas de lo Contencioso de los TSJ. Así que, mientras dure el estado de alarma, los presidentes autonómicos pueden acordar cualquier medida restrictiva, dentro de los supuestos recogidos en los arts. 5 a 11, sin precisar la tramitación de procedimiento administrativo alguno, ni tampoco de someterlo a ratificación. Por cierto, dicho sea de paso, bien podían haber aprobado las modificaciones legislativas para no tener que obligar a las CCAA a someter a ratificación de las medidas restrictivas. De todas maneras, aunque pudiera dudarse de la constitucionalidad de dichos cambios, que no creo, ya que, en todo caso, sus decisiones, durante una emergencia sanitaria, serían controladas a posteriori por los Tribunales si alguien decidiese recurrirlas. Pero si fuera inconstitucional la ley que lo amparase, ya resolvería el Tribunal Constitucional, en su momento, pero que, en todo caso, sería después de salir de esta crisis. 

Dicho esto, nada nuevo bajo el sol. Hasta la próxima entrada.

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jueves, 15 de octubre de 2020

LA REFORMA PRETENDIDA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR EL PSOE Y PODEMOS

 En la anterior entrada de este blog ya trataba sobre un tema de candente y polémica actualidad, en el que explicaba en A VUELTAS CON LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, desde un plano jurídico, a los efectos de que el lector profano pudiera tener información más fidedigna que la que dan los medios de comunicación y, por supuesto, los interesados partidos políticos. Dicho sea de paso, lo que escribí no es dogma de fe ni una verdad absoluta, ya se sabe que en Derecho hay distintas tesis sobre un mismo asunto, aunque los que ejercemos la abogacía nos tenemos que ceñir a lo que resuelven los de las puñetas, en especial el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque muchas veces nos limitamos al criterio de las Audiencias Provinciales, ya que muchos asuntos mueren en ese Órgano Judicial.



Pues bien, a raíz de la Proposición de Ley Orgánica presentada por los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos, que pueden leer en el siguiente enlace que ha facilitado El País: proposición de ley orgánica, se ha montado una enorme polvareda ya que pretende modificar el artículo 572 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial por el que, si en segunda vuelta no se obtienen 3/5 de la Cámara para nombrar a los nuevos vocales se nombrarán por mayoría absoluta. Algo que obviamente no ha gustado a los partidos de la oposición, pero tampoco a la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales y a la Unión Europea. Incluso Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, ha apelado a la necesidad de ponerse a dialogar antes de reformar la ley. Y todo esto porque al Presidente del Gobierno no le ha gustado que el actual Consejo haya nombrado a Magistrados del Tribunal Supremo, aunque lo haya hecho con una amplia mayoría de 18 vocales de 20. Sólo Álvaro Cuesta, elegido por el PSOE, y la vocal de IU se abstuvieron. Los demás vocales progresistas votaron a favor. Personalmente me da la sensación de que esta reacción ha sido debido a que le ha molestado no participar en el nombramiento de los nuevos Magistrados, algo que contraviene la separación de poderes, porque, aunque se hubiera renovado el Consejo, el Gobierno no debe sugerir, proponer, ni dar el visto bueno al nombramiento de ningún juez o magistrado para el ejercicio de la actividad jurisdiccional. La función de las Cortes se debe limitar a nombrar a los vocales, y una vez nombrados ellos tienen que tener la suficiente autonomía e independencia para hacer su trabajo sin que tenga que recibir la llamada de nadie del poder ejecutivo ni legislativo.

En el sentido anteriormente expuesto, y como ya dije que el criterio interpretativo válido es el de los Tribunales, el Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, validó la forma de elección llevada a cabo por el propio PSOE en 1985, que es el que se ha perpetuado a lo largo de los años hasta el día de hoy, en base, entre otros, al siguiente razonamiento:

"Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial."

Como se puede observar la elección por parte de las dos Cámaras de las Cortes Generales de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es admisible siempre y cuando no se politice el órgano de gobierno de los jueces. De ahí la necesidad de la mayoría de 3/5 lo que obliga a un consenso entre las fuerzas políticas. Aunque dicho sea de paso que este planteamiento ha sido obviado en lo sucesivo por el PSOE y el PP, ya que se han limitado a repartir el número de vocales entre ellos, cuando deberían haber pactado uno a uno el nombre de los nuevos vocales, analizando su valía profesional en lugar de sus simpatías políticas. Si hubieran procedido por su valía profesional, no habrían elegido como vocales, por ejemplo, a Álvaro Cuesta, cuya trayectoria como abogado es prácticamente inexistente; o Enrique López, actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que fue elegido como vocal en la segunda legislatura de Aznar.

Pues bien, esta reforma que pretende los partidos del Gobierno, que saben que es inconstitucional -por eso los grupos parlamentarios que lo sostienen han sido los que han presentado la proposición de ley, ya que así obvian los informes preceptivos que tienen que pedir, y que le dirían a Sánchez lo que no quiere- de aprobarse acarreará consecuencias nefastas para nuestro país. Primero porque va a suponer una mayor politización del poder judicial, en el que todos los vocales serán elegidos por la mayoría parlamentaria, ya no sólo en esta legislatura sino en las sucesivas, que, puede que tenga otro color político. Porque dudo mucho que, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ninguna futura mayoría parlamentaria va a tocarlo ya que se querrán beneficiar de ello eligiendo a los suyos en el órgano de gobierno judicial. Ya se vio como el PP, que recurrió la LOPJ, y que prometió de manera sucesiva volver al sistema anterior, que era el que respetaba, según mi criterio, el espíritu del art. 122.3 de la Constitución, al final aceptó la reforma de González porque le beneficiaba políticamente. Así que, una vez elegidos por el Gobierno de turno, a través de su mayoría parlamentaria, éstos, cuan dóciles, nombrarán a los magistrados afines a los efectos de impedir que se les juzgue, teniendo en cuenta que están aforados, y parece que van a seguir estándolo. A esto, hay que añadirle que podemos acabar siendo sancionados por la Unión Europea. 

Los afines al Gobierno lo justifican en la actitud del PP, pero una cosa es, dada la situación modifiquen la LOPJ para reducir las funciones de un Consejo en funciones en caso de bloqueo, algo que ya plantean los promotores en la reforma que pretenden, pero otra cosa es pasarse de la raya, con su intención de modificar la forma de elección que va a conllevar a una mayor politización del Poder Judicial y con ello un deterioro de la calidad democrática de nuestro país.

Existe, por último, otro intento del Gobierno de modificar la justicia, en concreto la instrucción de las causas criminales, por el que pasará a manos de la Fiscalía la responsabilidad de instruir la causa, pero eso es harina de otro costal, y del que dio cuenta de manera muy certera mi paisano y ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas Cerezuela, en su blog, en su entrada "El libro negro de la justicia", sin perjuicio de que pueda desarrollar mi opinión en otra entrada en este mi blog.

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jueves, 10 de septiembre de 2020

A VUELTAS CON LA RENOVACION DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL


Esta es la primera entrada que publico después del "Diario de un abogado en aislamiento", aunque, en esta ocasión, es un tema más serio. Es un asunto que merece la pena perder unos minutos y dejarlo negro sobre blanco, porque así el profano en Derecho puede tener una mejor información que la que le dan los medios de comunicación y los propios partidos políticos, interesados en lanzar su mensaje se sustente en la verdad o no. En este sentido, quiero rescatar dos fragmentos fantásticos de la mítica serie El Ala Oeste de la Casa Blanca, de la sexta temporada, el primero del capítulo "En Dios confiamos" y el segundo "2162 votos". Los dos fragmentos resalta lo que debería ser la política. Supongo que los guionistas pensaron en la política americana, pero yo creo que se puede extrapolar a la española.



El mensaje tanto de los personajes Arnold Vinick como de Matt Santos, candidatos a la presidencia de los EEUU por los partidos Republicano y Demócrata, respectivamente, es claro. Decirle la verdad a los electores y exigirle al votante que sea exigente pidiéndole al político que sea honesto y que diga lo que piensa hacer, no lo que quiere oír.

Dicho esto, y a lo que iba, quiero hablar sobre la polémica sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que se está contando muchas medias verdades:

1º En mi opinión, como la de otros muchos juristas, las Cortes Generales debería nombrar solo 8 de los 20 vocales en aplicación de lo que dispone el art. 122.3 de la Constitución. Bien es cierto, que el Tribunal Constitucional, en su STC 108/1986, avaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 cambiase al criterio que se está utilizando ahora, y que ningún partido ha querido cambiar pese a que alguno lo llevó en su programa electoral y pudo haberlo hecho, ya que tenía mayoría para ello. 

2º De todas maneras, lo que es incuestionable es que no ha sido declarado inconstitucional el art.  567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que el sistema legal de renovación es el que es. Se necesitan, por lo tanto, 3/5 de ambas Cámaras para que cada una elija a 10 vocales. Así que resulta necesario que se pongan de acuerdo los suficientes partidos para llegar a esa mayoría. Mientras tanto, no se puede renovar.

3º El artículo 567 LOPJ no establece que los grupos parlamentarios se tengan que repartir los vocales del Consejo. Lo que dispone que las Cámaras elegirán a 10 vocales cada uno por 3/5. Así que lo que se habla de que el PSOE elija a tantos vocales y el PP a tantos otros, es algo pactada entre ellos.

4º A diferencia, del Gobierno, a partir del día después de la celebración de las elecciones, el Consejo General del Poder Judicial, aunque su mandato haya expirado seguirá ejerciendo sus funciones, tal y como previene el art. 570.2 LOPJ. Con lo cual puede seguir cubriendo vacantes.

5º Partiendo de la base que es, en mi modesta opinión, un error político negarse a negociar la renovación del Consejo, ya que das la imagen de obstruccionista (se puede ser obstruccionista pero siendo mucho más inteligente, como aceptar negociar pero rechazando los candidatos), por mucho que se diga y se repita en los medios de comunicación ningún grupo parlamentario está obligado a votar a favor de la renovación del Consejo. De la misma manera, que ningún diputado está obligado legalmente a votar por un candidato a la Presidencia del Gobierno, aprobar la ley de presupuestos o cualquier otra cuestión que se someta a votación. Esto que digo, va, entre otros, por el señor Iñaki Gabilondo, que se ha descolgado con un vídeo, que deja mucho que desear, el que lo quiera ver aquí dejo el enlace de su cuenta de twitter:


Vídeo que es una manipulación grosera de la realidad, porque, ya que menciona como argumento la propia Constitución, y habla de que son iguales de constitucionales todos los artículos de la Constitución, se olvida del art. 67.2. Un artículo que deja muy claro que los miembros de las Cámaras no está sujeto a mandato imperativo, por lo que puede votar lo que le dé la gana. Otro cantar sería si les hubiera acusado de irresponsables o desleales con el país, que podría tener una mayor justificación. Pero lo que no es aceptable es que intente engañar a los legos en Derecho con este tipo de afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Además queda como un hipócrita cuando nada ha dicho sobre el anterior Gobierno presidido por Sánchez, que tanto defiende, no ha cumplido con la Constitución, como por ejemplo, no presentando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso en el plazo de tres meses antes de acabar el año. No lo hizo el año pasado, aunque tenía la excusa de la repetición de las elecciones, y tampoco lo hizo con respecto a los de 2019, y le quedan 20 días para presentar los de 2021, y me da la sensación de que no van a estar a tiempo. Y llegará octubre y el Sr. Gabilondo no dirá ni pío sobre que este Gobierno no cumple con la Constitución. Eso sí, dirán que es un buen periodista, pero con estas afirmaciones se desacredita él solito.

Viviendo en un país de trincheras, en el que los afines a cada uno de los partidos políticos abrazan de manera acrítica todo lo que les conviene ideológicamente, y rechazan de plano, sin pararse siquiera a pensar un poco, lo que contraviene lo manifestado por sus líderes, no me extrañaría que esta entrada enfadase a más de un ultra del Gobierno, y pasase al ataque ad hominem, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Así que nada nuevo bajo el sol, así que pueden centrar su furia contra mí, aunque lo único que demostraría es que estoy en lo cierto. Si estuviera equivocado, no haría falta insulto alguno.

Lástima que no tengamos políticos como los de The West Wing, y que ninguno haya aprendido algo de ellos.

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sábado, 20 de junio de 2020

DIARIO DE UN ABOGADO EN AISLAMIENTO: ULTIMO DIA DEL ESTADO DE ALARMA

ULTIMO DIA DEL ESTADO DE ALARMA: 71 DEL DIARIO

Después de 98 días el Estado de Alarma se acaba, al menos por ahora. A saber qué pasa a partir de septiembre, pero viendo lo inconsciente que es la gente cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, el martes estuve por Oviedo y, a parte de haber mucha gente por la calle, había de todo: gente sin mascarilla, con ella en la mano, de cubrepapada, tapando la boca pero no la nariz... Y yo como un tonto llevándola puesta y eso que me incomoda bastante. 

Por otro lado, ¿os acordáis de la gente protestando amargamente contra el Gobierno por su gestión? Como la gente ya puede salir a los bares, estar en la barra tomándose una cervecita o un vinito, ver el fútbol con los colegas y todo lo demás, para qué quejarse. Si al final se quejaban no porque creyesen que lo estaba haciendo mal sino porque no podían ir al bar a tomar algo o ver el fútbol. Y como la gente, no todos por suerte, hace lo que le da la gana y no respeta las recomendaciones ni tampoco las normas nos acabarán confinando otra vez y es cuando se volverán a quejarse y las culpas a Pedro.

Dicho sea de paso, estas palabras no sirven para eximir a nuestro Gobierno de su responsabilidad. Que haya ciudadanos irresponsables no implica que toda la culpa sea de ellos. Como ya dije hace tiempo se debería haber confinado a la gente antes. De hecho, decía en Twitter que se empezarían a tomar medidas después del 8M o incluso decía irónicamente que el Covid19 iba a dar tregua para el 8M. Para muestra estas capturas de pantalla de mi cuenta de Twitter en el que se pueden ver las fechas:



El 7 de marzo ya ironizaba con que el Covid19 iba a dar una tregua a los manifestantes.


 

Y esta última del 8 de marzo. Para que luego me llamen capitán a posterior.


También dije en la semana del 9 de la necesidad del Estado de Alarma. Al final, la realidad fue tozuda y el sábado 14 de marzo fue cuando se decretó. Pero es más, como bien sabéis yo intuía a principios de abril que iban a obligar a llevar mascarillas, motivo por el que me pasé a las lentillas.

No es que yo sea un fenómeno, que tal vez si lo sea a la vista de mis aciertos o me compare con los propios políticos y sus asesores políticos, pero si creo que tengo bastante sentido común. Sentido común que no tienen nuestros dirigentes. Por cierto, he de decir que mi único fallo fue pensar que el Estado de Alarma no iba a durar tanto. Tal vez fueron mis ganas de escaparme en Semana Santa impidieron ver las cosas con más objetividad, por ser optimista para atenuar las secuelas del confinamiento o por ambas cosas a la vez. Y si me preguntan qué debería hacer el Gobierno, y lo digo ahora, en el futuro, pues modificar la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para regular un buen sistema que permita confinar a la población sin tener que acudir al Estado de Alarma, en el que el único que deba controlar la legalidad de la medida sea el Poder Judicial, en lugar de estar con cambios de cromos en las Cortes Generales; mejorar el sistema de suministro de material médico; hacer pruebas de PCR y test rápidos a más gente, y al que dé positivo, confinarlo. Y, ya por último, reformar el régimen sancionador para que las sanciones que se pudieran imponer tengan base legal y no retorcer la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a los que no cumplen las normas.

Iba a hablar de la estupidez de la gente con el tema del racismo, en concreto lo de censurar películas, pero creo que ya lo he tratado en mis redes sociales. Así que voy a contar cómo ha ido desde la última entrada. Pues, en primer lugar, he de contaros que en la guardia me he comido un mojón. Una semana entera de guardia y solo me han avisado una sola vez. El día que publiqué mi última entrada me llamaron los del puesto de la Guardia Civil de Cangas de Onís para asistir a un chaval que le dio por cambiar la pegatina de la ITV de un coche al suyo por el hecho de que como no le daban cita para la inspección por el Estado de Alarma, y como necesitaba el coche para trabajar, tuvo esa ocurrencia con el fin de que no le tocasen las narices por tener la ITV caducada. En total, esa semana de guardia me ha supuesto un rédito económico de 90 €. Exactamente 93 € brutos. A 13 € diarios. ¡No sé qué hacer con tanta pasta! Aunque si lo comparo con los poco más de 8 € que un Letrado de la Administración de Justicia le tasó las costas de ejecución a Fredo pues ni tan mal. A ver si prospera su impugnación de la tasación de costas.

Por otro lado, este martes tuve mi primera vista desde que se acordó suspender todos los procedimientos. Mi segunda vista sin toga, en este caso el apoyo a la dispensa fue el art. 22 del Real Decreto Ley 16/2020. Su Señoría nos dispensó de llevar la mascarilla en estrados teniendo en cuenta que se cumplía la distancia de seguridad y que el Fiscal, como viene siendo habitual desde hace muchos meses, intervenía a través de videoconferencia. De la vista salí muy contento porque llegamos a un acuerdo inmejorable para mi cliente en una modificación de medidas de familia. Mi cliente ya está exento de pagar legalmente los alimentos ni gastos extraordinarios por la hija menor de edad en base a que él se tiene que hacer cargo del mayor de edad. Además en cinco años la vivienda familiar se podrá vender. Son de estos casos que me hacen amar esta profesión. Cuando planteas una estrategia y te sale mucho mejor de lo planeado.

Dicho esto, cierro el diario del confinamiento. Aunque no descarto escribir sobre la fase post Estado de Alarma o iniciar otro diario en el caso de que nos vuelvan a confinar. Hasta la próxima.