LA NUEVA PLUSVALÍA: OTRA NORMA VICIADA DE INCONSTITUCIONALIDAD

 A raíz de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional y, por lo tanto la nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que dejaba en la práctica a los Ayuntamientos sin una fuente importante de financiación, el Gobierno de España ha decidido cometer intencionadamente otro grave error, cuyas consecuencias no las padecerán sus actuales miembros, ni tampoco el Ejecutivo que le toque asumir una más que probable declaración de inconstitucionalidad que dicte el citado Tribunal, cuando le venga en gana resolver, claro, pero si se verán perjudicados los Ayuntamientos y, sobre todo, muchos ciudadanos.

¿Por qué digo que los Ayuntamientos y los ciudadanos? Por los motivos que expondré más adelante, pero antes considero necesario exponer por qué el Tribunal Constitucional declarará el decreto ley que mañana saldrá en el BOE inconstitucional. Grosso modo por vulneración del ámbito material establecido en el art. 86.1 de la Constitución. Dicho precepto limita, y, por lo tanto, prohíbe que los decretos leyes regulen aspectos que puedan "afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general". Es decir, no basta con alegar la extraordinaria y urgente necesidad, sino que, aunque se den esos supuestos formales, no puede regular, entre otras materias, nada que tenga reserva de ley orgánica, por ejemplo. ¿Y por qué el constituyente incluyó esta limitación? Porque se aprendió del pasado y, con ello, se pretendía impedir que un Gobierno pudiera modificar normas fundamentales por Decreto, sin contar con la aprobación del Parlamento, sede de la soberanía popular y del poder legislativo. El ejemplo más conocido fue cuando los nazis quemaron el Bundestag y empezaron a gobernar por decreto.

La pregunta siguiente es, ¿por qué es inconstitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno? Por lo que dispone el art. 31 de la Constitución (que se encuentra en el título 

"1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

Y ya no es que lo diga yo, sino que existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, recientemente en la STC 156/2021, de 16 de septiembre, la recordó con motivo del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Grupo Parlamentario de Podemos contra el decreto ley 1/2017. En esa sentencia se citaba otras anteriores como la STC 182/1997 por la que se declaró inconstitucional el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes.

El TC, en dicha resolución recuerda que "Es cierto que inmediatamente después, en el mismo fundamento jurídico, se añadía: "pues ya hemos dicho que en el sistema constitucional español no rige de manera absoluta el principio de legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria y que la reserva de Ley se limita a la creación de los tributos y a su esencial configuración, dentro de la cual puede genéricamente situarse el establecimiento de exenciones y bonificaciones tributarias, pero no cualquier otra regulación de ellas ni la supresión de las exenciones o su reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye alteración de los elementos esenciales del tributo". Ello, sin embargo, se dijo porque era imprescindible para dar respuesta al órgano judicial, que en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad había esgrimido la reserva de Ley tributaria (arts. 133.1 C.E. y art. 31.3 C.E.) como ámbito constitucionalmente vedado al Decreto-ley, y para rechazar que dicho precepto constitucional (el art. 31.3 C.E.) pudiera ser traído allí a colación, dado que la medida adoptada en el Decreto-ley cuestionado [Real Decreto-ley 11/1979, Disposición transitoria segunda, letra b) que reducía los beneficios fiscales de las viviendas de protección oficial en la Contribución Territorial Urbana] quedaba fuera del ámbito de la reserva de Ley tributaria."

Con ello, no está diciendo el TC que no se pueda modificar por Real Decreto Ley normativa tributaria, sino que lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es afectar a elementos esenciales del tributo. Y en el caso en cuestión afirmó que "Con independencia de que es discutible el carácter "moderado" de la elevación de las tarifas, ya hemos dicho que la indagación acerca de si un Decreto-ley afecta o no al deber de contribuir debe atender, no sólo a la cuantía de la modificación que introduce, sino también a otros aspectos distintos, entre los que cobra especial importancia la naturaleza del tributo sobre el que incide. Y, desde esta perspectiva, dado que el tributo que ha resultado alterado por el art. 2 del Real Decreto-ley 5/1992 es el I.R.P.F., no puede negarse que el aumento de su cuantía mediante dicho instrumento normativo ha afectado sensiblemente al deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, tal y como éste se configura en el art. 31.1 C.E."

Pues, mutatis mutandi, y dado que ahora mismo, y aunque el impuesto en sí subsiste, lo que ha desaparecido por la declaración de inconstitucionalidad es la posibilidad de determinar la base imponible del impuesto y, por lo tanto, de la cuota tributaria. En consecuencia, dado que el Gobierno pretende aprobar elementos esenciales del tributo no debería hacerlo por Decreto ley. Y digo que no debería porque, como se ha visto, poder puede hacerlo.

Y qué va a pasar, a partir de mañana, cuando se publique en el BOE, pues que muchos ciudadanos acabarán pagando un impuesto que es inconstitucional pero que no se van a meter en pleitos por los costes que va a traer. Además de que dependerá del Juzgado o Tribunal de lo Contencioso en el que caigan los recursos judiciales y que estén dispuesto a hacer lo mismo que hizo el TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, que no es otra cosa que elevar otra cuestión de inconstitucionalidad. Y, salvo que sea alguien que quiera pelear por el concepto abstracto de justicia,  por 800 o 1000 € no compensa meterse en gastos de abogado y procurador. Desde luego, por cantidades mucho más elevadas, claro que sí compensa. Porque, esa es otra, cuando el TC se pronuncie va a hacer exactamente lo mismo que hizo en esta ocasión: impedir los efectos retroactivos. Por supuesto los otros perjudicados, aunque en menor medida, son los propios Ayuntamientos que se verán avocados a gastar en los procedimientos judiciales en los que se van a ver envueltos por esta chapuza y por el dinero que van a tener que reintegrar o dejar de cobrar.

Pero lo más sorprendente de este Gobierno es su alta capacidad de despreciar las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Ha recibido unos cuantos reveses por parte del TC, además de por otros tribunales, y, en lugar de enmendar el error, sigue empeñado en persistir en los mismos errores.

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EL 4M: OTRA DEMOSTRACION DE FALTA DE AUTOCRITICA EN LA POLITICA ESPAÑOLA

Las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo han dejado otra vez patente que nuestros políticos desconocen lo que es hacer autocrítica. Prefieren, como no, echarle la culpa al empedrado o directamente insultar a los votantes. No se paran a pensar en que han podido hacer algo mal para que los ciudadanos les hayan retirado su confianza. En este caso reciente, han sido desde filas del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos los que han optado por no hacer un análisis crítico a su gestión o a sus políticas. En el pasado, fueron los populares. De hecho, en mis tiempos mozos, cuando militaba en Nuevas Generaciones del PP, sobre todo en mi última época, les estuve diciendo por activa y por pasiva los errores que cometían, pero ni después del batacazo de las elecciones autonómicas del 2011, en donde en Asturias perdieron la mitad de los escaños de la Junta General. Recordemos que la marea azul arrolló en aquellas elecciones en toda España. La excusa de la derrota fue culpar a Cascos, que fue el que ganó las elecciones. Cuando apareció Ciudadanos, la culpa era de este partido; hace dos años, de Vox. Desde la dirección regional, todo se hizo bien.

Pues, como dije al principio, lo mismo ha sucedido recientemente. Han salido los dirigentes derrotados sin entonar el mea culpa. Sánchez, el principal responsable del fracaso del PSOE madrileño, ha optado por cortas cabezas la del propio Gabilondo, al que le dirigió la campaña, y también a Franco. Pero, ¿alguien escuchó alguna palabra al Presidente del Gobierno que suene a entonar el mea culpa? Lo que hemos escuchado son las tonterías de su Vicepresidenta primera con absurdos razonamientos de que la extrema derecha ha votado a Ayuso, y de ahí sus espectaculares resultados, obviando intencionadamente que asumió buena parte de los votantes del Cs y parte de su propio electorado. Como el análisis de ese fenómeno, no convenía a su discurso, pues se sigue con las mismas necedades. Pero qué se puede esperar de alguien que, entre sus perlas, se encuentran la de que el dinero público no es de nadie, o:

 

Otro que tal baila, Pablo Iglesias. Que, aunque, a diferencia del PSOE y de Cs, subió en votos con respecto a 2019, y tres escaños, aunque se elegían 4 diputados más, dimitió haciéndose la víctima, cuando ya sabía que era un candidato odiado por muchos ciudadanos. Y lo sabía no sólo cuando era Vicepresidente sino cuando se presentó como candidato a las elecciones generales de 2019. Y si me apuras desde 2015. Pero lo que no hizo fue analizar por qué la gente que le votaba, la que no le odió, dejó de hacerlo. Por qué la gente de su barrio le dio la espalda.

Y es esta miopía que demuestran nuestros políticos, y sus cohorte de fanáticos, la que lastra nuestro sistema político. No tenemos políticos, con alguna honrosa excepción que se suelen encontrar en la política local, que tengan capacidad de empatizar. No salen de su núcleo de confianza por lo que no saben, no son conocedores de las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. Para ellos lo importante no es trabajar en solucionar sus problemas reales, sino en trabajar por su propio interés.

En otra entrada, se analizará otro fenómeno que se dan en todos los partidos políticos españoles, que es la de idolatrar al líder de turno y la de machacarlo cuando es sustituido por otro. Se podría denominar: “Ha muerto el Rey, Viva el Rey” o “fenómeno de vasallaje”.

¿A QUIEN VOTAR EL 26J?

El próximo 26 de junio los españoles nos jugamos mucho, en la que los que creemos en que realmente hay otra manera de hacer política, basada en la honestidad y el sentido común, lo tenemos complicado a la hora de elegir la papeleta. Porque, en realidad, por unos u otros motivos, no me gusta ninguna opción, aunque habrá que decantarse por alguna, creyendo además que la abstención no da el derecho moral de luego quejarse de quien te está gobernando y es un deber moral acudir a las urnas aunque sea para votar en blanco. El voto en blanco no sería mala opción si no fuera porque no supone un castigo a los partidos políticos, lo único que perjudicas a las formaciones pequeñas a los que le vas a impedir pasar el corte que supone la barrera electoral, porque no van a llegar al 3% (en ciertas circunscripciones en los que se reparten 3 o 5 diputados da lo mismo). Si hubiese algún partido, más allá de Escaños en Blanco, que propusiera que los votos en blanco compitiesen con cualquier candidatura que se presente, tendría mucho ganado. Es decir, que si el número de votos en blanco diese para un diputado, éste no sería asignado a ninguno. Pero, por lo que se ve, ninguno está interesado en mejorar el sistema electoral, en dar la oportunidad a los votantes de que el voto en blanco tenga efectividad. 

Por otro lado, están esos partidos que nunca van a conseguir nada, por mucho que lo intenten, debido a que en la sociedad española predomina el voto útil. Así que, a priori, es un voto perdido. 

Ahora toca analizar a los cuatro grandes. A saber, PP, Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos. Con respecto al último, era un proyecto que me gustaba por el mensaje que tenía, pero el problema que tienen es que se han nutrido de trepas de UPyD, como Prendes y su cohorte de pelotas, que han destrozado el partido en Asturias, o que tienen al Lobo, el Sr. Hervías, que encubre al sinvergüenza del Grúas en lugar de mandarle a paseo por pretender colocar a su gente en FCC y en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo.

Con respecto a los socialistas, partiendo ya de que tienen un candidato que ha hecho Historia, pero no en lo positivo sino en el ridículo al bajar por primera vez desde 1977 a los 90 diputados y ser además el cuarto más votado por la circunscripción de Madrid. Estos resultados son, sin lugar a dudas, motivos más que suficientes para que Pedro Sánchez, si hubiera tenido un mínimo de dignidad habría dimitido el mismo día 20 D, pero no, en lugar de hacer eso aspiró a ser candidato a la presidencia del gobierno con el único apoyo de Ciudadanos, sumando 130 diputados. No obstante, para aquellos que son de izquierdas y no pueden votar a los naranjitos es preferible que voten al PSOE que a Unidos Podemos, por los motivos que pondré a continuación.

Y llegando a Unidos Podemos que, según todas las encuestas, le dan como segunda fuerza política, no es una candidatura (no hablo de partido porque son una amalgama de partidos que a saber como se entienden después del 26J) que represente la regeneración política sino más bien son más de lo mismo, que proponen, como dije en la anterior entrada, lo que saben que no van a poder cumplir, como subir el gasto en 60.000 millones, lo que, a todas luces, no le van a permitir en Bruselas. Proponen medidas como impedir desahucios incluso de inquilinos que no paguen la renta mientras que no tengan una alternativa habitacional, como podéis ver a continuación.

Lo que, por ejemplo, no es una buena noticia para esos propietarios que han decidido marchar con los padres alquilarlo para poder pagar la hipoteca, y así no perder el dinero que han invertido en un piso que tampoco pueden vender porque el mercado inmobiliario aún no se ha recuperado, porque se pueden encontrar con la situación de tener un inquilino moroso que no le pague la renta, y no puedan echarlo, con lo que le supondría un perjuicio enorme. Y ya no digamos esos jubilados que alquilan un piso para poder mantener con ellos a su familia en paro, que, de esos, también los hay; o los que lo alquilan porque han encontrado un trabajo en otro sitio y así pagar el alquiler del lugar donde tienen que residir, etc. Esto es una de esas propuestas que ningún otro partido se las ha sacado como ejemplo del disparate. Les parece más importante recordarles el vínculo con Venezuela que analizar algunas de estas propuestas.

Otra de las genialidades que nadie ha cuestionado, como es subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 € en los dos primeros años. Esta debe ser porque políticamente no es correcto, pero el análisis de esta medida que no se puede calificar de otra manera que de populista. Esta medida si no tuviera ningún de consecuencias lo habrían hecho los otros gobiernos. Bueno si, lo hizo Adolfo Suárez, como podéis ver en el gráfico

Como veis, Adolfo Suárez tuvo la idea, más bien desafortunada de subir el SMI un 23,2% en 1976, un 27,5% al año siguiente y un 24,2 en 1978. Por aquella época el paro estaba en el 5%. Consecuencia, un aumento del desempleo del 5% al 21,65% en el período comprendido entre 1976 a 1986. Si se quiere retroceder en la creación de empleo, lo mejor que se puede hacer es votar a Unidos Podemos. Si es que realmente quieren cumplir su programa electoral.

Otra medida populista: La renta garantizada. Una renta mínima de 600 € mensuales si no tienes cargas familiares, pero si las tiene puede llegar a un máximo de 1290 €. Dice Pablo Iglesias que no es una renta suficiente como para desincentivar el acceso de los parados al mercado laboral. Tal vez, y digo tal vez, no sea una renta suficiente como para vivir en ciudades como Madrid, pero ya te digo que si vives en un sitio como en Piloña, tienes de sobra, y más aún si te ahorras lo que es el alquiler. Por no mencionar que vivimos en el país que vio nacer la picaresca como género literario, y si hay gente que ahora mismo gana un sobresueldo en b, como complemento a los 400 €, o a esos mineros prejubilados con 42 años que cobran 2.000 o 3000 € al mes y luego se sacan un extra trabajando en alguna sidrería, todo ello sin declarar, por supuesto, por lo que  no va a ser difícil deducir que algunos van a tener ingresos mayores que esos 600 € mínimos (el A que son esos 600 €+ el B). Y luego al autónomo, que trabaja más de doce horas diarias, para salir adelante y al que se le acribilla a impuestos, se le critica porque no declarar alguna factura.

Otras medidas del mismo corte son la creación de un delito de enriquecimiento injusto por parte de cargos públicos. ¿Esto que es? Según se puede leer en su propuesta es otra manera de llamar a lo que jurídicamente se llama delito de receptación (propuesta 246), que es beneficiarte a sabiendas del resultado de un delito que no se ha cometido. Algo que ya está incluido en el Código Penal, pero no pasa nada por proponerlo como si no existiese. También quieren adscribir funcionalmente la Policía Judicial a los Juzgados, algo que no hace falta porque ya dependen de los Juzgados y Fiscales, por eso se llama Policía Judicial. 

En fin, no sé para qué seguir más analizando las propuestas de quien antes de las elecciones del 20D dijo que no iba a ser vicepresidente de nadie; que ha pasado de ser comunista a ser socialdemócrata y que no ha sido capaz de desmarcarse de las declaraciones de Monedero en las que decía que el Gobierno dará órdenes a los jueces para detener a los sinvergüenzas del PP. Lo cual encaja muy bien en lo que se llama separación de poderes, entiéndase la ironía.

Por último, el PP, el partido de Mariano Rajoy que ha incumplido unas cuantas promesas electorales en 2011, promesas algunas de ellas que no necesitaban de tener a favor el viento de la economía, aunque bien es cierto que ha logrado evitar que España, como país, fuera rescatada, ha logrado reducir el paro (podían ser de mayor calidad), ha reducido la prima de riesgo y crece un 3,4% la economía. 

En fin, ninguno gusta, aunque el que menos me gusta es lo que es a todas luces la mayor estafa electoral de la Historia, que es la que representa Unidos Podemos.

Twitter @josecarrerob