Como consecuencia de la existencia de
una serie de facturas impagadas por el Ayuntamiento, que superan el
millón y medio de euros, y de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, el equipo de gobierno se
vio obligado a redactar un plan de ajuste para poder asumir la
operación de crédito que debía contratar para que los proveedores
pudieran cobrar las facturas. Y aquí empezaron los problemas, porque
el equipo de gobierno sacó adelante con el voto de calidad de la
alcaldesa por los pelos y gracias a la ausencia de Conchita García.
El 30 de marzo fue la Alcaldesa al pleno sin hacer los deberes porque
no fue capaz de llegar a un acuerdo con nadie. Ante esta actitud que
se ha de calificar como irresponsable, me surgen una serie de dudas,
¿por qué no cedió en sus pretensiones para así aprobar con
respaldo suficiente un plan de ajustes que se pueda después aplicar?
¿De qué sirve aprobarlo por los pelos si después ninguna de las
medidas incluidas van a ser aprobadas? De lo que estoy seguro es que
la Alcaldesa pretende seguir tirando para adelante como sea, sin
pararse a pensar en las consecuencias de sus actos. Más bien está
centrando su gestión política en cómo echarle la culpa a la
oposición. Con este asunto, ya ha iniciado su campaña mediática.
Con chantaje moral con claros tintes propagandísticos incluidos. En
efecto, se trata de repetir que si no se aprobaba el plan de ajustes
y sus medidas, que el Ministerio de Hacienda retendría las
cantidades que el Ayuntamiento recibe de los impuestos estatales en
los que participa, y si eso ocurre no se podrían pagar las nóminas
de los trabajadores municipales.
Pues bien, en esa campaña
propagandística orquestada, en mi opinión, existen dos
inexactitudes de entre las afirmaciones formuladas por parte del
equipo de gobierno. Una de ellas, que es sobre la que pivota toda la
polémica municipal, que es la cuantía de subida de las tasas que
propone el gobierno local, que es de un 50% este año y otro 50% el
año que viene. Según manifestaron debería ser así puesto que es
necesario que las tasas financien íntegramente los servicios que se
prestan. A esto opongo una objeción en base al art. 7 del arriba
citado Real Decreto-Ley. Como se suele decir en mi profesión, salvo
opinión mejor fundada en derecho, entiendo que una subida inferior a
la planteada es perfectamente legal, puesto que, en la letra c) del
apartado 2 del art. 7, y cito textualmente, dice: “Una adecuada
financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o
precios públicos, para lo que deberán incluir información
suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación;”
No entiendo que dentro de la expresión “adecuada financiación”
esté implícita la imperiosa necesidad de que los gastos sean
sufragados única y exclusivamente por las tasas. Además de ser así,
ciertas actividades no tendrían mucho sentido que siguieran bajo el
paraguas del Ayuntamiento. Para eso que se encargue el sector privado
de promoverlas.
Por otra parte, una subida tan salvaje,
como la propuesta por el equipo de gobierno, puede llegar a ser
contraproducente, ya que podría podría acabar resultando
deficitario la actividad o servicio que se pretende pagar
íntegramente mediante las tasas. Pongamos, a modo de ejemplo, las
tasas de la piscina, ya que está en boca de todos por los motivos
que todos conocemos. Si se sube como pretende el gobierno local
podría producirse un efecto disuasorio. Recordemos que las piscinas
municipales de Nava y Arriondas no es tan muy lejos de Infiesto, no
digamos ya de otras zonas del concejo más próximas a estos
municipios. Por no olvidarnos de que a más de uno le podría
compensar ir a la playa. En definitiva, ¿la Alcaldesa ha pensado en
la posibilidad de que, con su magnífica propuesta, asistan, por
ejemplo, a la piscina sólo la mitad de los que suelen ir? ¿Con la
mitad de usuarios se podrían pagar todos los costes? Y si esto
ocurre, ¿qué piensa hacer? ¿Subir aún más las tasas? En fin, me
parece que no tuvo muy presente que Piloña compite con sus concejos
limítrofes, principalmente, Nava, Cabranes y Parres.
En cuanto a la subida de las tasas de
basura y agua, no niego la necesidad de que se actualicen, pero una
cosa es una subida razonable y otra es pretender que sea del 50% este
año y de otro 50% el siguiente. Es más, es un disparate, no sólo
porque supondría, como primer efecto, un descenso en el consumo,
puesto que si del salario se detrae más dinero para pagar impuestos
y tasas, habrá menos para el consumo dentro del concejo, lo que
ocasionará que el comercio local se resienta aún más. El segundo
efecto que podría darse, y dada la tasa de paro que tenemos, podrían
aumentarse considerablemente los impagos. Hay mucha gente que antes
que dejar de comer optarán por no pagar algunos recibos, como
podrían ser los de la basura y el agua. ¿La Alcaldesa qué piensa
hacer si se produce este aumento? ¿Ordenará, como es debido, la
ejecución forzosa de las obligaciones tributarias? ¿Qué bienes
lograrán embargar? El sueldo, no, porque no tienen. Sólo una
vivienda que está hipotecada que pagan a duras penas gracias a la
ayuda familiar.
En cuanto a la segunda inexactitud, es
la vertida por el portavoz socialista, el Sr. Cuevas, en la que
afirmaba que si no se aprobaban las subidas de tasas que ellos
solitos aprobaron que el Ministerio de Hacienda retendrá lo que le
corresponda al Ayuntamiento en concepto de impuestos estatales.
Según mi entender, y salvo criterio mejor fundado en Derecho, esto
sólo se produciría en el caso de que el Ayuntamiento dejara de
abonar las cuotas del crédito a amortizar, suscrito para el pago a
los proveedores. Y esto es así puesto que el art. 11 textualmente
dispone que:
“En el caso de que las entidades
locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o en el
caso de que la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de
pago derivadas de la misma, el órgano competente del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente
efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de
pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos
del Estado, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás
obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero
contempladas en el plan de ajuste.”
Como se podrá comprobar con la lectura
de dicho artículo, sólo sería posible en el caso de que el
Ayuntamiento decida no concertar la operación de endeudamiento o, de
haberlo concertado, decidan no pagar el préstamo. Es, entonces,
cuando actúa Hacienda reteniendo la cantidad suficiente como para ir
satisfaciendo las amortizaciones del crédito, además la retención
que se practique por el Gobierno central no podrá afectar al
cumplimiento de las demás obligaciones comprometidas en el plan de
ajuste. Porque, es más, mientras que se pague el crédito y se
cumpla con la legislación vigente de estabilidad presupuestaria, al
Estado le importa bien poco si suben o bajan las tasas. Por lo que
afirmar que uno de los efectos de la citada retención del Estado sea
que no se puedan pagar las nóminas de los empleados municipales no
resulta muy ajustado a la realidad, sino más bien es un intento de
escurrir el bulto y derivar las responsabilidades a otros.
Dicho lo cual, sigo insistiendo en que
la Alcaldesa debe asumir su situación, que es la de gobernar en
minoría. Por eso, debe negociar, como hacen otros regidores que
están en su misma situación, y para ello debe ser flexible a la
hora de sentarse a hablar con los portavoces de la oposición. Y si
tiene que ceder en mucho, ha de hacerlo, porque más vale un mal
acuerdo que seguir dejando pasar los días, meses y años sin poder
aprobar, por ejemplo, un simple presupuesto que derogue el de 2009.
Pero si sigue en sus trece, la principal responsabilidad recaerá en
ella, algo que ya están viendo muchos piloñeses por mucho que
intente derivar la responsabilidad a los ediles de la oposición.
Publicado en la edición de junio de la Crónica de Piloña
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