Como uno de los medios para luchar contra la Ley de Tasas Judiciales que ayer el Senado dio el visto bueno, rechazando todas las enmiendas y vetos presentados, un compañero me ha mandado un correo electrónico con un modelo de escrito para enviar por correo electrónico a la oficina de la Defensora del Pueblo para hacerle llegar la indignación de los españoles con respecto a dicha ley. Cuanta más gente envíe este correo electrónico mejor.
A continuación paso a reproducir el correo electrónico que este compañero me ha mandado, adaptándola a las actuales circunstancias:
Por favor, colaborar y remitid un correo a:
Para: registro@defensordelpueblo.es [1]
Asunto: inconstitucional ley de tasas judiciales Importancia: Alta
DEFENSORA DEL PUEBLO
Soy............ (datos de identificación completos incluida dirección postal) y me dirijo a usted por un asunto urgente y grave en relación con el cual solicito su urgente intervención: ley de tasas judiciales martes 15 de noviembre de 2012, fue aprobado en el Senado, y que se pretende que entre en vigor toda la ley el 1 de enero de 2013.
El Tribunal Constitucional, siguiendo a los tribunales europeos,
sólo admite las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos y ése va a ser el efecto sin ninguna duda. En Civil, cualquier pleito civil normal y corriente costará 2.000€ y bastante más solo la demanda (efecto de la tasa variable, conforme al sistema de 300€ de tasa fija más el 0,5% de la “cuantía procesal”, es decir, del interés del pleito, por demanda en juicios ordinarios”), con análogas cantidades en contencioso-administrativo; y en la
jurisdicción social el trabajador o el pensionista para recurrir una sentencia
desfavorable pagará 500€.
Se pretende que abonen esas tasas en todas las jurisdicciones, excepto la penal todas las personas físicas sin derecho a
justicia gratuita (lo que nadie cuenta es que para tener ese derecho a litigar gratuitamente, la unidad familiar en su conjunto, es decir, en
una familia, no pueden entrar más de 1.200 € al mes) y las jurídicas. Única excepción: el Estado en todas sus formas,
y el Fiscal. Por materia ni siquiera excluido Derecho de Familia, salvo
menores y alimentos.
¿Quién hay en España que pueda pagar 2.000 y 3.000 euros
que resultan en cuanto hay un inmueble por medio o una reclamación de indemnización
por muerte, o hasta los 400€ de mínimo de cualquier pleito sin cuantía, y ello contando solo primera instancia? No desde luego las familias
que malviven con 1.100€ pero tampoco la gran masa de clase media. Es el fin de Derecho del Consumo (se ve frotarse las manos a
las compañías telefónicas, aéreas y demás empresas que
sistemáticamente abusan delos consumidores) y de la protección contra la
arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa
(¿quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por error
médico en la Sanidad Pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantías
elevadísimas, o quién recurrirá una multa de tráfico arbitraria de 200€ cuando tiene
que pagar de tasas el doble?); y en Derecho Civil, la ley del más fuerte. Ante la impunidad para el Estado y para el más poderoso, decir que volvemos
a una situación preconstitucional es decir muy poco.
Ya es sangrante que el Estado no pague tasas y que a las empresas les resulta
irrelevante tanto la tasa como cualquier otro gasto procesal (se deducen
tanto las tasas como el IVA de sus abogados y procuradores al 21% y las
minutas completas de éstos) mientras los particulares asumen tasas, IVA, gastos y minutas.
Abogados de todos los sectores e ideologías de toda España se están movilizando individual, colectiva e institucionalmente para conseguir máxima difusión de lo que constituye un gravísimo atropello contra el Estado de Derecho, como repiten con rechazo categórico el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, que intentaron evitar que saliera adelante el proyecto al que se oponen todos los Grupos parlamentarios en la oposición y numerosos operadores jurídicos
incluyendo fiscales y jueces, catedráticos de universidad, procuradores, juristas de todo tipo, las asociaciones de consumidores, sindicatos y numerosas entidades.
Me dirijo a usted en la certeza de que tiene que compartir nuestra preocupación y no quedará impasible ante tal ataque contra la esencia del Estado de Derecho, porque bajo ningún pretexto puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión masiva e irreversible de los ciudadanos. Que la Defensora del Pueblo, cuando se publique en el BOE, presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad y se reuna, cuanto antes, con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que rectifique y reforme cuanto antes la ley, ya aprobada. Está en juego el mismo Estado de Derecho.
Gracias por su atención y un
saludo
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Twitter: @josecarrerob
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