EL FAMOSO AUTO DEL JUEZ PEDRAZ

El Auto dictado por el Magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado número 1 de los Centrales de Instrucción, con sede en la Audiencia Nacional, por decretar el sobreseimiento libre y archivo de la causa en relación a los delitos de los que la Audiencia Nacional es competente en virtud del art. 65 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), que son los delitos contra las Instituciones del Estado, por considerarlos que los hechos denunciados en el atestado policial no son constitutivos de delito, ha generado una polémica desproporcinada, con apoyatura en la desafortunada afirmación del Magistrado realizada en la página ocho de la citada resolución en la que se decía, y cito textualmente: "...por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". Y digo bien que es desafortunada por incluir este tipo de valoraciones que no aportan nada a la decisión que ha tomado. Estaba lo suficientemente argumentado como para cumplir con más que suficiente solvencia el mandato constitucional dimanante del art. 120.3 CE. De hecho, los archivos acordados en la inmensa mayoría de las ocasiones no excede de un folio, frente a las 9 páginas del auto dictado por Pedraz. Atendiendo sólo a la cantidad de hojas, se puede calificar de una resolución exhaustiva.

Pero no sólo no aporta nada el tipo de valoraciones que ha realizado el Magistrado sino que puede servir para cuestionar su profesionalidad, imparcialidad y objetividad cuando tenga, por ejemplo, que imputar a uno de esos políticos, dando la posibilidad de que sus defensas lo recusen. Los artículos constitucionales 117 y 127 son bastante clarificadores al respecto. Además no olvidemos que sacado de contexto puede dar pie a que haya quien quiera tomar la justicia por su mano y decidir agredir o matar a uno de esos políticos pertenecientes a esa clase política decadente. Tampoco olvidemos que la libertad de expresión o el derecho de manifestación no están sometidos a condicionamientos de tipo ideológico, moral o histórico. Es decir, uno puede estar completamente equivocado en sus planteamientos o motivaciones a nuestro parecer, pero ello no impide que pueda ejercitar su derecho a expresarlo o a manifestarlo en la calle. La única condición, por así decirlo, es cumplir con los límites formales que establece la propia Constitución.

No obstante, por muy equivocado que esté el Magistrado no justifica en absoluto que los políticos le repliquen como si fueran unos navajeros. Por ejemplo, calificarle de pijo ácrata es un completo disparate. Algunos parece que lo hacen aposta. No sé si entre sus intenciones era el que tuviera más seguidores que los que tenía antes.

En cuanto al fondo de la cuestión. En mi opinión, como ya anticipé anteriormente, es un Auto bastante razonado, y, aunque se pueda discrepar de los razonamientos utilizados por el Magistrado, es bastante sólido, salvando, en mi opinión, el charco en el que se ha metido él solito y alguna decisión que se puede calificar como incongruente. En efecto, partiendo de los razonamientos usados, no es congruente con practicar algunas diligencias de prueba como las tendentes a averiguar a los promotores o dirigentes de la convocatoria de la manifestación, como era oficiar para que comunicasen al Juzgado los titulares de los números de teléfono y por las direcciones de IP, así como a los titulares de las dos cuentas corrientes. Son completamente innecesarias si concluye que los hechos no encajan en ninguno de los delitos contra las Instituciones del Estado. El resultado de la práctica de estas diligencias no ha sido, de ningún modo, utilizado por el Magistrado, ya que sus razonamientos se centran en que fue la propia Delegada del Gobierno la que autorizó la manifestación considerando que: "la verdadera intención de la convocatoria es permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso de los Diputados". Además el perímetro de seguridad distaba muchos metros del propio edificio del Congreso, con lo cual no pudieron acceder a la sede del Parlamento, ni han perturbado el trabajo de los diputados, ni tampoco han intentado acceder al Congreso portando armas u otro instrumento peligroso para presentar en persona o colectivamente a la Cámara.

Dicho esto, no significa que de los incidentes ocurridos el 25-S, no pudieran ser constitutivos de algún tipo de delito, de hecho los hechos denunciados por la propia Policía en el atestado que son la “resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos" su conocimiento corresponde al Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid. Digo esto porque una cosa es que no haya delito alguno contra las Instituciones del Estado y otra cosa es que no haya delito alguno. En este Auto se resolvió sobre el primero, cuya competencia es de la Audiencia Nacional.

P.D.: Ruego disculpen los lectores si encuentran alguna errata, pero es lo que puede ocurrir si uno escribe y no lo vuelve a releer.